STC9538-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9538-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00961-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sara Paola Palacio Saldarriaga contra el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, trabajo y m\u00ednimo vital, que dice vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, se le ordene a las accionadas \u00abtramitar de manera inmediata [su] tarjeta profesional y realizar la entrega efectivamente en el menor tiempo posible\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la accionante que el 19 de abril de los corrientes present\u00f3 la solicitud para la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional de abogada en el correo electr\u00f3nico destinado para el efecto y en la plataforma Sirna de la Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional de la Judicatura de \u00abMedell\u00edn\u00bb (sic), adjuntando los requisitos se\u00f1alados para el efecto. <\/p>\n
2.2. Se\u00f1al\u00f3 que el 19 de mayo siguiente recibi\u00f3 correo con acuse de recibo, inform\u00e1ndole que su solicitud hab\u00eda sido trasladada al personal encargado del tr\u00e1mite, sin embargo, hab\u00edan pasado m\u00e1s de dos meses sin que se expidiera dicho documento; y que el d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o, envi\u00f3 un correo electr\u00f3nico solicitando informaci\u00f3n, el que no le fue contestado en el t\u00e9rmino legal. <\/p>\n
2.3. Sostuvo que como profesional del derecho no ha podido ejercer, pues no cuenta con tarjeta profesional; que aspira a tener ingresos econ\u00f3micos que le permitan solventar y suplir los gastos para una congrua subsistencia y constituir una expectativa de calidad vida. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura refiri\u00f3 que la accionante solicit\u00f3 su inscripci\u00f3n como abogada y la expedici\u00f3n de la tarjeta profesional; que procedi\u00f3 a inscribirla, asign\u00e1ndole el n\u00famero de tarjeta profesional 362.537, la que envi\u00f3 al contratista para la elaboraci\u00f3n del pl\u00e1stico y una vez le sea entregada, la remitir\u00e1 a trav\u00e9s del servicio de correo certificado de 4\/72 al domicilio registrado; que la peticionaria pod\u00eda acceder a la certificaci\u00f3n de vigencia de la tarjeta profesional de abogado, la que puede ser descargada o consultada por la p\u00e1gina web de la Rama Judicial; anex\u00f3 el oficio remitido a la tutelante con el que le informaba sobre el tr\u00e1mite surtido; que no existe vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; y que se trataba de un hecho superado. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia manifest\u00f3 que los correos electr\u00f3nicos a los que la gestora remiti\u00f3 las solicitudes, no corresponden a esa dependencia; que revisando el sistema interno de gesti\u00f3n de correspondencia -SIGOBIUS-, no se encuentra ninguna petici\u00f3n de Sara Paola relacionada con la expedici\u00f3n de su tarje profesional; que no ha vulnerado las garant\u00edas imploradas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la gestora ya est\u00e1 inscrita como abogada, se le asign\u00f3 n\u00famero de tarjeta profesional, encontr\u00e1ndose disponible el certificado de vigencia en la p\u00e1gina web, y el pl\u00e1stico de su tarjeta est\u00e1 en elaboraci\u00f3n, el que le ser\u00e1 enviado al domicilio por ella registrado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada en el tr\u00e1mite de la presente tutela, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que la autoridad criticada inscriba a la gestora como abogada y emita el n\u00famero de la tarjeta profesional. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u2026[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
3. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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