STC9553-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9553-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00177-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 1\u00b0 de julio de 2021 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Libia Alejandra Mazo Aguirre contra el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 al Juzgado Veintisiete Civil Municipal de esa misma ciudad, a las partes e intervinientes en el proceso atacado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la autoridad accionada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la autoridad querellada que \u00abrevoque el auto n\u00b0 125 de 2021, y en su lugar admita la demanda de radicado 2021-00152 y d\u00e9 tr\u00e1mite al proceso conforme a los t\u00e9rminos expuestos en ella\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la accionante que el 17 de febrero de 1981 naci\u00f3 en la ciudad de San Crist\u00f3bal (Venezuela), acto que fue inscrito en ese pa\u00eds \u00aben el registro civil de nacimiento\u2026 n\u00b0 01049061 y apostillado con el sello n\u00b0 00698330\u00bb. <\/p>\n
2.2. Anot\u00f3 que sus padres, ambos colombianos, inscribieron nuevamente su nacimiento \u00aben la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn, con el Registro Civil de Nacimiento n\u00b0 810217-30238, sin embargo, hubo una equivocaci\u00f3n, pues sentaron como lugar de nacimiento la ciudad de Medell\u00edn\u00bb, cuando en realidad es San Crist\u00f3bal (Venezuela). <\/p>\n
2.3. Relat\u00f3 que ante tal situaci\u00f3n, acudi\u00f3 a la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil donde le informaron que la autoridad competente para efectuar la cancelaci\u00f3n del registro civil de nacimiento era la jurisdicci\u00f3n ordinaria, raz\u00f3n por la que formul\u00f3 la respectiva demanda, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Sexto Civil Municipal de Medell\u00edn, quien el 14 de mayo de 2019 la rechaz\u00f3 por falta de competencia. <\/p>\n
2.4. Manifest\u00f3 que formul\u00f3 petici\u00f3n a la Registradur\u00eda a fin de que le informaran el tr\u00e1mite para pretender la cancelaci\u00f3n de su registro civil de nacimiento, entidad que el 5 de septiembre de 2019 le inform\u00f3 que \u00abla nulidad del registro civil de nacimiento colombiano debe ser por medio de un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntario con un abogado, por tratarse de un doble registro civil con diferente lugar de nacimiento\u00bb. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 que, a trav\u00e9s de apoderada, formul\u00f3 demanda de jurisdicci\u00f3n voluntaria a fin de efectuar \u00abla correcci\u00f3n del registro civil de nacimiento\u00bb, por cuanto conten\u00eda una informaci\u00f3n falsa respecto de su lugar de nacimiento, adem\u00e1s porque incide en su nacionalidad y estado civil; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn, que el 31 de mayo de 2021 la rechaz\u00f3 por falta de competencia, remitiendo las diligencias a los Juzgados Civil Municipales de esa municipalidad <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, de la decisi\u00f3n referida a espacio, pues, deduce, que la correcci\u00f3n pretendida implica el cambio de nacionalidad y de estado civil, por lo que los atributos de la personalidad cambiar\u00edan. De ah\u00ed que la competencia para conocer de su demanda sea de los jueces de familia. <\/p>\n
2.7. Manifest\u00f3 que conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, el estrado querellado debe asumir el conocimiento del asunto, pues la correcci\u00f3n pretendida refiere a un aspecto sustancial, que no formal, situaci\u00f3n que ha sido expuesta en precedentes jurisprudenciales (STC4267-2020). <\/p>\n
2.8. Agreg\u00f3 que sus prerrogativas est\u00e1n quebrantadas, pues \u00abdesde febrero de 2019\u2026 ha ido pasando de despacho en despacho desde las autoridades administrativas hasta las judiciales sin haber encontrado una soluci\u00f3n, ya que todas afirman no ser competentes para conocer del asunto\u00bb <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn remiti\u00f3 el link a fin de consultar el juicio fustigado; anot\u00f3 que dichas diligencias las remiti\u00f3 por conocimiento a los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad, correspondi\u00e9ndole al despacho Veintisiete. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Medell\u00edn manifest\u00f3 que el asunto le fue repartido el pasado 22 de junio y est\u00e1 pendiente de estudio; que estar\u00e1 atento a lo dispuesto por el fallador constitucional; el 29 de junio de 2021 rechaz\u00f3 por competencia el conocimiento del asunto, remitiendo las diligencias a los Juzgados de Familia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional concedi\u00f3 el resguardo, al considerar que lo pretendido con la correcci\u00f3n del registro civil de la actora es el cambio de lugar de nacimiento, lo que incide con su nacionalidad, ergo, en su estado civil, de ah\u00ed que la competencia para conocer del asunto recae en los Jueces de Familia conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que orden\u00f3: <\/p>\n
SEGUNDO: Para materializar el amparo concedido se DEJA SIN EFECTO el auto proferido por la Jueza D\u00e9cima (E) de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia en mayo veintisiete (27) de dos mil veintiuno (2021), inclusive y el prove\u00eddo emitido en junio veintiocho (28) del mismo a\u00f1o, por el Juez Veintisiete Civil Municipal mediante el cual rechaz\u00f3 la demanda por competencia. <\/p>\n
TERCERO: ORDENAR al Juzgado Veintisiete Civil Municipal de Medell\u00edn, Antioquia, que proceda inmediatamente a remitir la demanda de correcci\u00f3n de registro civil de nacimiento de Libia Alejandra Mazo Aguirre, radicada con el Nro. 05001-40-03-027-2021-00665-00, al Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia, por ser este el despacho competente para conocer de la misma. <\/p>\n
CUARTO: ORDENAR a la Jueza D\u00e9cima (E) de Familia de Oralidad de Medell\u00edn, Antioquia, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este fallo, resuelva sobre la admisi\u00f3n de la demanda de correcci\u00f3n de registro civil de nacimiento, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la titular del Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn al considerar que el auto de 27 de mayo de 2021, por medio del cual rechaz\u00f3 la demanda y remiti\u00f3 el conocimiento a los juzgados civiles municipales de esa ciudad, no luce arbitrario, pues est\u00e1 ajustado a la normatividad aplicable al caso concreto. <\/p>\n
Destac\u00f3 que la accionante \u00abnacida en el extranjero, tiene por padres a nacionales colombianos, aunado a que se encuentra domiciliada en territorio colombiano, concretamente en el municipio de Medell\u00edn, [por lo que] concluy\u00f3 que, por el hecho de procederse con la correcci\u00f3n pedida, en su registro civil de nacimiento, del dato al parecer errado, de su lugar de nacimiento, dicha correcci\u00f3n per se no implica alteraci\u00f3n alguna de su estado civil, por el factor de la nacionalidad, ya que, independiente que se indique en la referida partida que la promotora es nacida en Venezuela o en Colombia, ser\u00e1 y continuar\u00e1 siendo nacional colombiana, con estricto arreglo en lo dispuesto en el literal b) del num. 1\u00b0 del art. 96 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, modificado por el art. 1\u00b0 del Acto Legislativo n\u00b0 1 de 2002, esto es, por el Ius Sanguinis. Contrario ser\u00eda que, la se\u00f1ora Libia Alejandra Mazo Aguirre no tuviese por padres a nacionales colombianos, caso en el cual, la correcci\u00f3n pedida definitivamente modificar\u00eda o alterar\u00eda su estado civil, ya que variar\u00eda de ser nacional colombiana a dejar de serlo y, de contera, ser\u00eda del resorte el Juez de Familia la competencia para conocer dicho asunto, a voces del num. 2\u00b0 del art. 22 del C.G. del P.\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
2. Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
No obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183, reiterada, entre muchas otras, en STC15895-2017, 3 oct., rad. 2017-02583-00). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juez se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al caso sub examine advierte la Corte que tal y como lo sostuvo el a quo constitucional, el estrado querellado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, con el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 la demanda de jurisdicci\u00f3n voluntaria g\u00e9nesis de la acci\u00f3n objeto de reclamo constitucional, desconoci\u00f3 lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 22 del C\u00f3digo General del Proceso y los precedentes constitucionales vigentes en punto al tr\u00e1mite a impartir a fin de corregir datos falsos, err\u00f3neos o simulados contenidos en el Registro Civil del Nacimiento. <\/p>\n
Aquella norma establece que \u00ablos jueces de familia conocen, en primera instancia, de los siguientes asuntos: \u2026 2. De la investigaci\u00f3n e impugnaci\u00f3n de la paternidad y maternidad y de los dem\u00e1s asuntos referentes al estado civil que lo modifiquen o alteren\u2026\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Por otra parte, el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 577 \u00eddem estable que \u00abse sujetar\u00e1n al procedimiento de jurisdicci\u00f3n voluntaria los siguientes asuntos: \u2026 9. Cualquier otro asunto de jurisdicci\u00f3n voluntaria que no tenga se\u00f1alado tr\u00e1mite diferente\u00bb. <\/p>\n
Deviene lo anterior, que al pretender la \u00abcorrecci\u00f3n\u00bb del Registro Civil de Nacimiento a fin de cambiar los datos all\u00ed insertos que modifican la realidad, para el caso concreto, el lugar de su nacimiento, ergo, su nacionalidad, es un aspecto sustancial, que no formal, por lo que se altera su estado civil en la medida en que se ve involucrada la capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones, por tanto es un asunto que debe adelantar por v\u00eda judicial ante los juzgados de familia. <\/p>\n
Entonces, al ser la pretensi\u00f3n principal \u00abla correcci\u00f3n del Registro Civil de nacimiento\u2026 expedido por la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn y con n\u00b0 810217-30238, en lo referente a su lugar de nacimiento\u00bb y, en consecuencia, \u00aboficiar a la Notar\u00eda D\u00e9cima de Medell\u00edn\u2026 [hacer] el cambio del lugar de nacimiento\u2026 de Medell\u00edn Colombia a San Crist\u00f3bal Venezuela\u00bb, se itera, no hab\u00eda lugar al rechazo de la demanda por tal circunstancia, en la medida en que lo pretendido altera el estado civil. <\/p>\n
Sobre el particular, en asuntos con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: <\/p>\n
\u2026La queja est\u00e1 orientada a conseguir que las autoridades querelladas accedan a modificar la fecha de nacimiento en el registro civil de la tutelante. <\/p>\n
2. Frente al tema objeto de debate, en pret\u00e9ritas oportunidades1 esta Corporaci\u00f3n ha estudiado lo atinente a las variaciones en el aludido documento, conceptuando acerca de los tipos y procedencia de las reformas, as\u00ed como la autoridad competente de tramitar esa clase de peticiones. <\/p>\n
2.1. Delanteramente, debe precisarse que el art\u00edculo 1 del Decreto 1260 de 1970, define el estado civil como \u201c(\u2026) la situaci\u00f3n jur\u00eddica en la familia para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El canon 5\u00ba de la misma disposici\u00f3n, menciona los actos relativos al estado civil que deben someterse a registro, a saber: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]acimientos, reconocimiento de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpo y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seud\u00f3nimos, manifestaciones de avecindamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunci\u00f3n de muerte, as\u00ed como los hijos inscritos , con indicaci\u00f3n del folio y el lugar del respectivo registro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Sobre la prueba del estado civil, se pueden diferenciar en nuestro sistema jur\u00eddico tres estadios: <\/p>\n
(i) Para hechos acaecidos en vigencia del art\u00edculo 22 de la Ley 57 de 1887, la prueba del estado civil correspond\u00eda a las partidas de car\u00e1cter eclesi\u00e1stico: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se tendr\u00e1n y admitir\u00e1n como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, o matrimonios, o defunciones de personas bautizadas, o casadas, o muertas en el seno de la Iglesia cat\u00f3lica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes p\u00e1rrocos, insertando las actas o partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas a ser rechazadas o redarg\u00fcidas y suplidas en los mismos casos y t\u00e9rminos que aquellas a que se contrae este t\u00edtulo, a las cuales se las asimila\u201d. <\/p>\n
\u201cLos libros parroquiales no podr\u00e1n ser examinados por orden de la autoridad civil sino a virtud de mandamiento judicial, para verificar determinado punto sometido a controversia, en los mismos casos en que las Leyes facultan a los jueces para decretar la inspecci\u00f3n parcial de los libros de las notar\u00edas p\u00fablicas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(ii) Durante la Ley 92 de 1938, la prueba principal del estado civil se limit\u00f3 al registro civil, pero admiti\u00f3 supletoriamente las partidas eclesi\u00e1sticas: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo 11. La inscripci\u00f3n en el registro civil de los nacimientos y defunciones, se har\u00e1 con la firma de dos testigos que ser\u00e1n preferentemente los parientes, vecinos, comadronas o m\u00e9dicos que hayan asistido al respectivo caso (\u2026). <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo. 18. A partir de la vigencia de la presente ley solo tendr\u00e1n el car\u00e1cter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias aut\u00e9nticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Art\u00edculo. 19. La falta de los respectivos documentos del estado civil podr\u00e1 suplirse, en caso necesario, por otros documentos aut\u00e9nticos, o por las actas de partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas p\u00e1rrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia cat\u00f3lica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesi\u00f3n de ese estado civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(iii) El precepto 105 del Decreto 1260 de 1970 prescindi\u00f3 de las pruebas complementarias, de modo que lo relativo a los estados civiles para hechos ocurridos con posterioridad a esa norma, pueden probarse exclusivamente con el registro civil, eliminando categ\u00f3ricamente la existencia entre principales y supletorias: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1933, se probar\u00e1n con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos\u201d. <\/p>\n
\u201cEn caso de p\u00e9rdida o destrucci\u00f3n de ellos, los hechos, y actos se probar\u00e1n con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripci\u00f3n conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 100\u201d. <\/p>\n
\u201cY en caso de falta de dichas partidas o de los folios, el funcionario competente del estado civil, previa comprobaci\u00f3n sumaria de aquella, proceder\u00e1 a las inscripciones que correspondan abriendo los folios, con fundamento, en su orden: en instrumentos p\u00fablicos o en copias de partidas de origen religioso, o en decisi\u00f3n judicial basada, ya sea en declaraciones de testigos presenciales de los hechos o actos constitutivos de estado civil de que se trate, o ya sea en la notoria posesi\u00f3n de ese estado civil (…)\u201d. <\/p>\n
2.2. Una cosa son las acciones relativas al estado civil y otra son los mecanismos previstos para corregir y reconstruir actas y folios cuando existen yerros en el mismo, o en su proceso de extensi\u00f3n, otorgamiento y autorizaci\u00f3n prestado por el funcionario que lo registra (art. 28 y 29 Dto. 1260 de 1970). <\/p>\n
El procedimiento de correcci\u00f3n del registro civil se encuentra regulado por el precepto 91 del Decreto 1260 de 1970: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una vez realizada la inscripci\u00f3n del estado civil, el funcionario encargado del registro, a solicitud escrita del interesado, corregir\u00e1 los errores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos y aquellos que se establezcan con la comparaci\u00f3n del documento antecedente o con la sola lectura del folio, mediante la apertura de uno nuevo donde se consignar\u00e1n los datos correctos. Los folios llevar\u00e1n notas de rec\u00edproca referencia\u201d. <\/p>\n
\u201cLos errores en la inscripci\u00f3n, diferentes a los se\u00f1alados en el inciso anterior, se corregir\u00e1n por escritura p\u00fablica en la que expresar\u00e1 el otorgante las razones de la correcci\u00f3n y protocolizar\u00e1 los documentos que la fundamenten. Una vez autorizada la escritura, se proceder\u00e1 a la sustituci\u00f3n del folio correspondiente. En el nuevo se consignar\u00e1n los datos correctos y en los dos se colocar\u00e1n notas de referencia rec\u00edproca. <\/p>\n
\u201cLas correcciones a que se refiere el presente art\u00edculo se efectuar\u00e1n con el fin de ajustar la inscripci\u00f3n a la realidad y no para alterar el estado civil (…)\u201d. <\/p>\n
Del texto citado fluyen las siguientes hip\u00f3tesis: <\/p>\n
Primer grupo: \u201c(\u2026) correcciones con el fin de ajustar la inscripci\u00f3n a la realidad\u201d (art. 91 Dto. 1260 de 1970); sin perjuicio de las decisiones judiciales que sobre ellas recayeren (\u2026)\u201d (art. 93 ib\u00edd.). Estandariza dos situaciones: <\/p>\n
1. Enmiendas a realizar por el funcionario encargado del registro, \u201ca solicitud escrita del interesado\u201d, por \u201clos errores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos y aquellos que se establezcan con la comparaci\u00f3n del documento antecedente o con la sola lectura del folio\u201d, requiriendo la apertura de uno nuevo para plasmar los datos correctos, y con \u201cnotas de reciproca referencia\u201d. <\/p>\n
Segundo grupo: Correcciones \u201cpara alterar el registro civil\u201d. Implican variar la realidad de los datos insertos en el registro, sea porque esta es falsa, err\u00f3nea o simulada, modificaci\u00f3n que por virtud del art. 95 del mismo Estatuto demanda decisi\u00f3n judicial en firme: \u201c(\u2026) Toda modificaci\u00f3n de una inscripci\u00f3n en el registro del estado civil que envuelva un cambio de estado, necesita (de escritura p\u00fablica) o decisi\u00f3n judicial en firme que la ordene o exija, seg\u00fan la ley civil (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Si se comparan las reglas 91 y 95 citadas, en el primer evento se hace alusi\u00f3n a correcciones de tipo formal que no modifican la realidad, simplemente la ajustan tras confrontar el mismo folio o los documentos o pruebas antecedentes que de conformidad con el art. 49 del Dto. 1260 de 1970, sirvieron de base para la inscripci\u00f3n oportuna; o que de conformidad con el art. 50 permitieron su registro extempor\u00e1neo, o de los documentos o pruebas que pueden ser protocolizados con la escritura p\u00fablica, y que permiten al notario, autorizarla \u201cpara ajustar la inscripci\u00f3n a la realidad\u201d (art. 91 del Dto. 1260 de 1970), en todo caso, no elaborados, pero s\u00ed coet\u00e1neos a la fecha de los hechos. <\/p>\n
Estas correcciones de ning\u00fan modo pueden implicar alteraci\u00f3n de los elementos configurantes de la realidad, y como secuela del estado civil; pero si, por ejemplo, el galeno que asisti\u00f3 el parto certifica que el nacimiento ocurri\u00f3 tal o cual d\u00eda, o que la madre es tal, y se omiti\u00f3 en la inscripci\u00f3n por el funcionario del registro, y de la comparaci\u00f3n del antecedente probatorio se infiere esa \u201crealidad\u201d, no podr\u00e1 negarse la correcci\u00f3n. <\/p>\n
El segundo grupo entra\u00f1a una modificaci\u00f3n o alteraci\u00f3n del estado civil, porque no corresponde a la realidad. En este caso, de ning\u00fan modo pueden efectuarse por v\u00eda administrativa, sino por el sendero de la decisi\u00f3n judicial, porque no es un aspecto formal, sino sustancial, as\u00ed concierna a la fecha de nacimiento cuando los elementos antecedentes o simult\u00e1neos al registro no lo muestren patentemente, porque ello se relaciona con la capacidad de ejercicio de los derechos pol\u00edticos de las personas, etc.; o cuando se refiera al lugar de nacimiento cuando implica cambio de nacionalidad; y mucho m\u00e1s cuando apareja modificaci\u00f3n de la filiaci\u00f3n paterna o materna. De tal forma que cuando se transita por la senda de lo simulado o de lo falso, o se procura alterar injustificadamente el estado civil, o los pilares de la filiaci\u00f3n, en fin un aspecto nodal, corresponde al juez decidir tema tan crucial, porque no se trata de un mero error de comparaci\u00f3n, o de \u201cerrores mecanogr\u00e1ficos, ortogr\u00e1ficos\u201d o de aquellos que se establezcan con la confrontaci\u00f3n del documento antecedente id\u00f3neo. <\/p>\n
Compete al juez, en estos casos, cuando se pretenden modificar elementos que integran el estado civil, su indivisibilidad o unicidad, la situaci\u00f3n en la familia o en la sociedad o la capacidad para ejercer derechos o contraer obligaciones. <\/p>\n
Este criterio es coincidente con la decisi\u00f3n de 14 de febrero de 1942, donde esta Corte expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Una partida o acta de bautismo o de matrimonio, ya sea de origen civil o eclesi\u00e1stico, no comprueba por s\u00ed, sino el hecho del bautismo o el acto del matrimonio (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Ahora bien: la veracidad de lo certificado, respecto del nacimiento o del matrimonio, por el notario o por el cura p\u00e1rroco, se presume y por ese aspecto mientras el acta no sea redarg\u00fcida u objetada de falsa y demostrada la tacha, el certificado hace plena prueba. M\u00e1s respecto de las dem\u00e1s circunstancias expresadas en las actas la veracidad no la garantiza la ley por cuanto el notario o el p\u00e1rroco se limitan, porque no pod\u00eda ser de otra manera, a expresar lo que digan los interesados. De ah\u00ed el art\u00edculo 394 del C.C., aplicable a las actas civiles y eclesi\u00e1sticas. M\u00e1s si no est\u00e1 garantizada la veracidad de esas declaraciones, eso no quiere decir, no significa que deba hacerse caso omiso de ellas, que deban pasarse por alto, pues se mantienen en pie mientras no se demuestre su falsedad\u201d (G.J. N\u00b0 53, p\u00e1g. 50 y ss) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y una memorada y no muy reciente sentencia de esta misma Corporaci\u00f3n, haciendo un an\u00e1lisis en problem\u00e1ticas de este linaje, luego de compendiar el criterio doctrinal expone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El antecedente jurisprudencial que viene de exponerse denota, muy a las claras, que tradicionalmente para la Corte, as\u00ed lo pone de presente ahora una vez m\u00e1s esta Corporaci\u00f3n, la acci\u00f3n judicial tendiente a que se declare falso el hecho de la maternidad, lo que conlleva en el fondo es, en realidad, la acci\u00f3n de impugnaci\u00f3n de esa maternidad, como lo consagra el art\u00edculo 335 del C.C., porque si dicha acta est\u00e1 destinada a probar documentalmente el parto y la identidad del producto de \u00e9ste, la falsedad solicitada respecto del hecho all\u00ed declarado ataca, sin lugar a dudas, los mencionados pilares de esa filiaci\u00f3n, as\u00ed el actor solicite, en la pr\u00e1ctica, la declaraci\u00f3n de nulidad del registro u otra petici\u00f3n espec\u00edfica cualquiera (invalidez, inoponibilidad, ineficacia, cancelaci\u00f3n del registro, etc.), pues, ll\u00e1mesele como se le llamare, lo cierto e indiscutible es que la acci\u00f3n as\u00ed propuesta tiene como soporte fundamental la falsedad de la maternidad afirmada en la partida; falsedad que implica, desde luego, que el parto es irreal, haya participado o no en el fraude, como luego se ver\u00e1, la supuesta madre (\u2026)\u201d2. (CSJ, STC3474-2014, 19 mar., rad. 2013-00933-01; criterio reiterado en STC7221-2017, 24 may., rad. 2017-00123-01; STC20284-2-2017, 1\u00b0 dic., rad. 2016-00120-02). (Negrillas y subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Perspectiva jurisprudencial cuyos argumentos atemperados al caso concreto aqu\u00ed auscultado resultan aplicables mutatis mutanti. Sin embargo, el estrado acusado, en el auto de 27 de mayo de 2021, rechaz\u00f3 la demanda de jurisdicci\u00f3n voluntaria incoada por la accionante, al concluir que el conocimiento de la petici\u00f3n de: <\/p>\n
\u2026correcci\u00f3n de registro civil de nacimiento\u2026 no es de resorte de e[se] despacho judicial, de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 18 del C\u00f3digo General del Proceso, numeral 6\u00b0 (\u2026) sino en los Juzgados Civiles Municipales de esta localidad\u2026 <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, las consideraciones que anteceden, llevan a desestimar la impugnaci\u00f3n interpuesta, pues lo cierto es que al pretender la correcci\u00f3n del lugar de nacimiento en el registro civil de nacimiento, involucra la nacionalidad y, al margen de que los padres de la peticionaria sean colombianos y, de alguna manera, por dicha situaci\u00f3n conserve \u00e9sta nacionalidad, lo cierto es que tal correcci\u00f3n y cambio interfiere en su nacionalidad, esto es, adquirir la Venezolana, ergo, en su estado civil, por lo que el conocimiento del asunto le compete a los jueces de familia; por lo anterior se impone confirmar el fallo de primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil, STC3474 de 20 de marzo de 2014, exp. 2013-00933-01. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Civil. Casaci\u00f3n del 25 de agosto del 200, radicado 5215. <\/p>\n
10 <\/p>\n
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STC9553-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9553-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-10-000-2021-00177-01 Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante frente al fallo proferido el 1\u00b0 de julio de 2021 por la Sala de Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55868","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55868","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55868"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55868\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55868"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55868"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55868"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}