STC9559-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05001-22-10-000-2021-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Rub\u00e9n Dar\u00edo L\u00f3pez Zapata frente a la sentencia del 15 de junio de 2021, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente instaur\u00f3 contra el Juzgado 2\u00ba de Familia de Medell\u00edn, extensiva a los intervinientes en el proceso No. 2007-00151-00 y a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El gestor pretende que se ordene a la autoridad accionada que proceda con la correcci\u00f3n de los errores aritm\u00e9ticos contenidos en la sentencia proferida el 12 de febrero de 2013, en el proceso de sucesi\u00f3n en comento, conforme a los contenidos en la nota devolutiva de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn, Zona Norte. <\/p>\n
Como fundamento de su pretensi\u00f3n adujo que en el proceso de sucesi\u00f3n intestada de su progenitora Eloisa Zapata de L\u00f3pez, el Juzgado accionado aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes relictos y, en consecuencia, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la decisi\u00f3n en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias Nos. 01N-96404, 01N-395743, 01N-75944, 01N-395744 de la Oficina de Registro de Medell\u00edn, Zona Norte (12 febrero 2013); sin embargo, adelantado el tr\u00e1mite correspondiente, dicha entidad gener\u00f3 una nota devolutiva, por lo que en octubre 22 de 2019 present\u00f3 ante el Juzgado solicitud de correcci\u00f3n de los errores aritm\u00e9ticos contenidos en la referida decisi\u00f3n. Indic\u00f3 que, por error involuntario, en su escrito se\u00f1al\u00f3 como radicado el \u00ab2017-00151\u00bb y no \u00ab2007-00151\u00bb; sin embargo, los anexos de la petici\u00f3n daban cuenta que la misma estaba relacionada con el \u00faltimo radicado. <\/p>\n
Precis\u00f3 que al advertir que no se daba respuesta a su pedimento, se acerc\u00f3 a la secretar\u00eda del Despacho accionado para aclarar lo referente al radicado del proceso y presentar el memorial en debida forma; sin embargo, su pedimento no ha sido atendido. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado 2\u00ba de Familia de Medell\u00edn solicit\u00f3 que se niegue el amparo reclamado por hecho superado, toda vez que en octubre 22 de 2019 fue radicada la petici\u00f3n de correcci\u00f3n referida por el accionante; no obstante, contrario a lo manifestado por el gestor, la solicitud fue resuelta mediante auto proferido el 20 de febrero de 2020, notificado por estado el 25 del mismo mes y a\u00f1o, en el que orden\u00f3 requerir a los apoderados de los herederos que presentaron el trabajo de partici\u00f3n, para que lo aclararan en los t\u00e9rminos de la nota devolutiva de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn Zona Norte, para lo cual les concedi\u00f3 el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, sin que a la fecha los profesionales del derecho se hubieran manifestado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn neg\u00f3 el amparo reclamado tras considerar que no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que \u00e9l no act\u00fao v\u00e1lidamente en el proceso referido, habida cuenta que la solicitud de correcci\u00f3n de la sentencia la present\u00f3 en nombre propio sin ser abogado, por lo que desconoci\u00f3 los art\u00edculos 73 del C\u00f3digo General del Proceso y 25 del Decreto 196 de 1971 (15 junio 2021). <\/p>\n
4. El promotor del amparo impugn\u00f3. Como fundamento de su reproche insisti\u00f3 en que la autoridad judicial accionada no ha resuelto de fondo su pedimento de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica por \u00e9l elevada. <\/p>\n
Delanteramente advierte la Sala que la decisi\u00f3n de primera instancia ser\u00e1 revocada, toda vez que en el presente asunto se colige que el Juzgado 2\u00ba de Familia de Medell\u00edn incurri\u00f3 en mora judicial, circunstancia que vulnera el derecho fundamental al debido proceso del actor. <\/p>\n
La censura se contrae a que, a juicio del gestor, la autoridad judicial accionada no ha resuelto de fondo su solicitud de correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos de la sentencia calendada el 12 de febrero de 2013. <\/p>\n
Ahora, revisado el expediente se hall\u00f3 que el 20 de febrero de 2020, el juzgado, con el fin de atender la petici\u00f3n referida, dispuso \u00abrequerir a los profesionales del derecho que realizaron el trabajo de partici\u00f3n, a fin que aclaren el mismo, en los t\u00e9rminos del requerimiento realizado por el Registrador en la nota devolutiva de fecha 13 de septiembre de 2019, proveniente de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Medell\u00edn- Zona Norte\u00bb; sin embargo, aunque los requeridos no cumplieron con la carga impuesta, lo cierto es que la autoridad fustigada tambi\u00e9n adopt\u00f3 una conducta pasiva, toda vez que ha permitido que el asunto permanezca sin impulso alguno m\u00e1s de un (1) a\u00f1o. <\/p>\n
Lo anterior indica que el Juzgador cuestionado soslay\u00f3 el deber que le impone el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso de \u00ab[d]irigir el proceso, velar por su r\u00e1pida soluci\u00f3n (\u2026), adoptar las medidas conducentes para impedir la paralizaci\u00f3n y dilaci\u00f3n del proceso y procurar la mayor econom\u00eda procesal\u00bb, toda vez que no despleg\u00f3 actuaci\u00f3n alguna tendiente a obtener el cumplimiento de su mandato y tampoco emiti\u00f3 orden oficiosa que permitiera solventar el conflicto que ha impedido a los interesados materializar la sentencia que puso fin al juicio de sucesi\u00f3n, para lo cual requieren inscribir en los folios de matr\u00edcula respectivos la providencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n, liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes relictos. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que en aras de la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso\u00bb y el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb que consagran los art\u00edculos 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, est\u00e1 proscrita cualquier dilaci\u00f3n o pasividad infundada en los litigios porque incide directa o indirectamente en las prerrogativas primordiales de las partes y terceros que acuden a la administraci\u00f3n de justicia en procura de obtener una resoluci\u00f3n eficaz y c\u00e9lere. De all\u00ed que sea pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala al se\u00f1alar que <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u201cinjustificadas\u201d, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) As\u00ed entonces, resultar\u00eda viable la protecci\u00f3n si logra verificarse que la dilaci\u00f3n denunciada carece de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, esto es, \u00ab(\u2026) que sean el indisimulado producto \u201cde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (STC5481-2020, reiterada en STC2561-2021). <\/p>\n
No en vano el C\u00f3digo General del Proceso reconoce a los ciudadanos el derecho a gozar de la \u00abtutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus intereses, con sujeci\u00f3n a un debido proceso de duraci\u00f3n razonable\u00bb (art. 2), en otras palabras, a obtener una soluci\u00f3n tempestiva de las disputas que someten a consideraci\u00f3n de los funcionarios encargados de impartir justicia, quienes -en el desempe\u00f1o de esa labor- est\u00e1n llamados a cumplir \u00abestrictamente\u00bb los plazos previstos por el legislador \u00abpara la realizaci\u00f3n de sus actos\u00bb (art. 117) o, si se quiere, a \u00abdictar las providencias dentro de los t\u00e9rminos legales\u00bb (art. 42, n\u00fam. 8). <\/p>\n
Establecido el anterior panorama y escrutado el expediente, se observa que no est\u00e1 acreditada circunstancia alguna que evidencie fuerza mayor, caso fortuito o raz\u00f3n suficiente que excuse el retraso y la paralizaci\u00f3n acontecida en la causa analizada, de all\u00ed que pueda concluirse que la morosidad presentada le es imputable al accionado. Sobre la ausencia de justificaci\u00f3n como presupuesto de la mencionada figura, ha decantado esta corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, STC1863-2017, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021Y STC3963-2021 entre otras). <\/p>\n
Por lo expuesto, se impone revocar la decisi\u00f3n de primer grado para, en su lugar, conceder la salvaguarda reclamada por el actor y, consecuencialmente, ordenar a la autoridad judicial accionada que, en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a adoptar las medidas judiciales pertinentes con el fin de dar respuesta de fondo a la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica elevada por Rub\u00e9n Dar\u00edo L\u00f3pez Zapata. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de naturaleza, origen y fecha anotada. En su lugar, CONCEDER el amparo requerido por Rub\u00e9n Dar\u00edo L\u00f3pez Zapata. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar al Juzgado 2\u00ba de Familia de Medell\u00edn que, en el t\u00e9rmino de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, proceda a adoptar las medidas judiciales pertinentes con el fin de dar respuesta de fondo a la solicitud de correcci\u00f3n aritm\u00e9tica elevada por Rub\u00e9n Dar\u00edo L\u00f3pez Zapata en el proceso No. 2007-00151-00, la cual, en todo caso, debe ser solventada en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de 30 d\u00edas. <\/p>\n
TERCERO: Informar a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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