STC9582-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9582-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-00522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica, que dicen vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que \u00abse anule la sentencia por vulneraci\u00f3n de [sus] derechos y garant\u00edas procesales\u2026 por la imposibilidad en la que [se] encontraba al no poder asistir a [su] proceso\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro de un juicio penal adelantado en contra de Hugo Alexander Castellanos Osorio por la comisi\u00f3n del delito de cohecho por dar u ofrecer, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 profiri\u00f3 sentencia el 30 de julio de 2015, en la que lo conden\u00f3 a la pena de 48 meses de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que tras ser apelada, fue confirmada por el Tribunal Superior del mismo lugar en fallo de 24 de enero de 2018. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que fue imputado del delito el 3 de abril de 2014, condenado en 2015 y en segunda instancia en 2018; que desconoc\u00eda la existencia de esa actuaci\u00f3n en su contra; que en septiembre de 2019 fue capturado por cuenta de otro proceso, en el que le concedieron la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, empero, al salir le legalizaron la captura del juicio criticado. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que fue condenado sin su presencia, pues nunca lo condujeron o informaron de las distintas diligencias; que desde el 26 de diciembre de 2014 se encontraba privado de la libertad por cuenta de otra causa surtida ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite que concluy\u00f3 con sentencia condenatoria del 29 de febrero de 2016; y que su la defensa fue deficiente, pues no se preocup\u00f3 por establecer su paradero. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Fiscal\u00eda 63 Local de Cajamarca inform\u00f3 que el accionante fue capturado en flagrancia por el delito de cohecho por dar u ofrecer, por lo que remiti\u00f3 el asunto a los Fiscales Seccionales de la Unidad de Delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica de Ibagu\u00e9. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Ibagu\u00e9 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas y solicit\u00f3 se verificara si en las fechas en las que se adelantaron las audiencias de conocimiento, el accionante se encontraba privado de la libertad. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda 27 Seccional de Delitos contra la Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica relat\u00f3 lo acontecido y se\u00f1al\u00f3 que no era cierto que el accionante desconociera las diligencias, pues fue presentado ante un Juez de Garant\u00edas como capturado en flagrancia, en donde brind\u00f3 informaci\u00f3n de arraigo, remiti\u00e9ndole las comunicaciones a dicha direcci\u00f3n; que ante la no ubicaci\u00f3n de la profesional del derecho de confianza que lo asist\u00eda, se dispuso la designaci\u00f3n de defensor p\u00fablico; y que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
4. El Juzgado Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, pues los funcionarios de esa especialidad no eran competentes para discutir o establecer la posible existencia de irregularidades en las etapas investigativa y de conocimiento. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda 10\u00ba Judicial II Penal de Apoyo a V\u00edctimas de Ibagu\u00e9 sostuvo que no se transgredieron las garant\u00edas fundamentales del promotor, pues fue capturado en flagrancia; que aunque no fue sometido a medida de aseguramiento y fue dejado en libertad, s\u00ed ten\u00eda conocimiento de la actuaci\u00f3n surtida en su contra; que en la audiencia preliminar se le advirti\u00f3 sobre la obligaci\u00f3n de estar atento al desarrollo del proceso y asistir a las diligencias; que el juzgador remiti\u00f3 las citaciones a la direcci\u00f3n informada, pero no se logr\u00f3 su comparecencia, lo cual denota un descuido de su parte y no encuentra excusa en el hecho de haber estado privado de la libertad, pues ha debido indagar sobre su caso, m\u00e1xime cuando ya hab\u00eda sido procesado en distintas oportunidades; que estuvo asistido en todo momento por un defensor que particip\u00f3 en todas las audiencias e incluso recurri\u00f3 la sentencia condenatoria. <\/p>\n
6. La Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 adujo que en fallo de 24 de enero de 2018 confirm\u00f3 la sentencia condenatoria de primer grado; que en la providencia criticada se expusieron los argumentos por los cuales se le dio credibilidad a lo expuesto por el testigo, de quien se consider\u00f3 que hizo una narraci\u00f3n clara, coherente y detallada de los hechos objeto de acusaci\u00f3n, sin que presentara contradicciones de ninguna clase, adem\u00e1s de ser encontrarse presente, \u00abde quien se demostr\u00f3 que tuviera inter\u00e9s en los resultados del proceso, ni que hubiera tenido problemas o diferencias con el acusado\u00bb; que el an\u00e1lisis permiti\u00f3 concluir que la conducta desplegada por el actor se encuadraba en el punible; que en dicha determinaci\u00f3n se contestaron todos los argumentos propuestos por la defensa; que no se advert\u00eda una actuaci\u00f3n caprichosa o arbitraria, sino el resultado del an\u00e1lisis serio y cumplimiento de los mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que los reproches eran improcedentes, dado que el gestor fue aprehendido en flagrancia el 3 de abril de 2014 y puesto a disposici\u00f3n de los jueces de control de garant\u00edas al d\u00eda siguiente, fecha en la que la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 la legalizaci\u00f3n de su captura, le formul\u00f3 imputaci\u00f3n por el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargos que no acept\u00f3; que el fallador no le impuso medida de aseguramiento pero lo previno sobre la obligaci\u00f3n de estar atento al curso del proceso y comparecer a los llamados que se le hicieran; que el promotor conoc\u00eda de la existencia de la actuaci\u00f3n penal, por lo que cont\u00f3 con la posibilidad de ejercer su defensa material e intervenir en la actuaci\u00f3n, empero, resolvi\u00f3 no hacerlo y no inform\u00f3 al fallador sobre la situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad que le sobrevino; que el advenimiento de la medida restrictiva no justificaba el actuar rebelde al llamado de la administraci\u00f3n de justicia, pues desde antes de ser recluido, el actor hab\u00eda sido notificado de la audiencia de formulaci\u00f3n de acusaci\u00f3n programada para el 22 de agosto de 2014, empero, ni \u00e9l ni su defensora de confianza comparecieron, as\u00ed como tampoco a las fechas siguientes -anteriores a su privaci\u00f3n de libertad-, sin que hubiera devoluci\u00f3n de las comunicaciones, por lo que fue necesario nombrarle un abogado de la defensor\u00eda p\u00fablica que asumiera su representaci\u00f3n. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el quejoso tampoco present\u00f3 explicaci\u00f3n en esta acci\u00f3n excepcional frente a su desinter\u00e9s y descuido evidente; que los antecedentes permit\u00edan concluir la decisi\u00f3n voluntaria de rehuir la comparecencia a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que resulta reprochable que lo pretenda ahora subsanar por esta v\u00eda; que el peticionario en principio cont\u00f3 con la asistencia de una abogada de confianza, pero al no obtener su comparecencia, se le design\u00f3 un defensor de oficio, quien desempe\u00f1\u00f3 cabalmente su papel y agenci\u00f3 sus intereses de manera activa, pues no solo se hizo presente en todas las audiencias, particip\u00f3 en la pr\u00e1ctica probatoria, present\u00f3 sus alegatos de conclusi\u00f3n y apel\u00f3 la sentencia condenatoria, sino que despleg\u00f3 labores infructuosas tendientes a lograr la ubicaci\u00f3n de su prohijado; que el resultado adverso de sus intereses no pod\u00eda equipararse a la ausencia de defensa, m\u00e1xime cuando asumi\u00f3 una actitud de indiferencia ante las citaciones que se le hicieron y no se preocup\u00f3 por mantenerse al tanto del estado de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que con el abogado exist\u00eda un deber de actuar de manera conjunta, pues ya le hab\u00eda informado sobre su deseo de firmar un preacuerdo para obtener una rebaja de condena, lo que el defensor de oficio no advirti\u00f3, ni tampoco constat\u00f3 la situaci\u00f3n en la que se encontraba. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre la sentencia de segunda instancia criticada de 24 de enero de 2018; y la interposici\u00f3n de la tutela el 16 de marzo de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Se destaca que si bien el gestor indic\u00f3 que se enter\u00f3 de la actuaci\u00f3n criticada en enero del 2021 cuando se legaliz\u00f3 su captura y le concedieron la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos en otro proceso, lo cierto es que de las actuaciones surtidas ante el juez de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad se advierte que en marzo de 2019, el promotor elev\u00f3 solicitud de nulidad de la sentencia que aqu\u00ed cuestiona, supuesto suficiente para afirmar que desde esa fecha ya conoc\u00eda de la providencia en cuesti\u00f3n, por lo que su alegaci\u00f3n no derruye la anterior conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, en lo atinente a las supuestas anomal\u00edas en las que incurrieron los defensores del promotor, se advierte que la supuesta negligencia de los mismos: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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