STC9585-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9585-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2021-01186-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Asociaci\u00f3n de Pensionados por Invalidez de la Polic\u00eda Nacional contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad procesal, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se le conceda \u00abla petici\u00f3n de que la administraci\u00f3n de la demandada y propietaria de los bienes \u201cAsopipnal\u201d contin\u00fae en su calidad de administradora del Centro Vacacional \u201cAsopipnal\u201d bajo la dependencia del secuestre designado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Gloria Esperanza Padilla Palma y Mario Monta\u00f1a Murcia (cesionario SSmart SAS) contra la Asociaci\u00f3n de Pensionados por Invalidez de la Polic\u00eda Nacional, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite en el que fue nombrada la ejecutada como secuestre. Posteriormente, en audiencia de 1\u00ba de junio de 2021 rechaz\u00f3 las cuentas rendidas por aquella, orden\u00f3 su relevo por no haber cumplido cabalmente con las funciones que le impon\u00eda su cargo y comision\u00f3 a otro estrado en el municipio en donde se encontraba el bien con miras a que nombrara su reemplazo. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 la accionante que la Asociaci\u00f3n estaba integrada por un grupo de polic\u00edas retirados con asignaciones de retiro y pensiones, quienes construyeron un centro vacacional llamado \u201cAsopipnal\u201d, ubicado en el Tolima con miras a buscar bienestar recreacional; que en octubre de 2011 otorg\u00f3 hipoteca a dos acreedores de la asociaci\u00f3n, quienes en 2012 promovieron proceso ejecutivo en su contra, en el que se decret\u00f3 el secuestro del inmueble dado en garant\u00eda. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que hasta el 2016 existi\u00f3 un secuestre designado pero la administraci\u00f3n la manten\u00eda la Asociaci\u00f3n, por lo que le rend\u00eda cuentas y este a su vez, las remit\u00edan al estrado judicial; y que ese mismo a\u00f1o, las partes de com\u00fan acuerdo, solicitaron dejar como secuestre a la Asociaci\u00f3n, petici\u00f3n que fue acogida por el fallador. <\/p>\n
2.4. Adujo que, en virtud de un desacuerdo con los demandantes, estos solicitaron una rendici\u00f3n de cuentas, las que presentaron en debida forma, pero fueron objetadas por la parte ejecutante, lo que conllev\u00f3 a que el Juez ordenara relevarlos de su cargo y designar a un nuevo secuestre. <\/p>\n
2.5. Sostuvo que solicit\u00f3 se le concediera su administraci\u00f3n, lo que fue desestimado, empero, el centro vacacional no es auto sostenible, pues es la Asociaci\u00f3n la que asume las obligaciones con los recursos con los que cuentan en Bogot\u00e1, luchando por su conservaci\u00f3n; y que puso en conocimiento del despacho los numerales 8 y 9 del art\u00edculo 595 del C\u00f3digo General del Proceso, pero se deneg\u00f3 su petici\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que en diligencia de 25 de junio de 2013 se llev\u00f3 a cabo el secuestro de los bienes dados en garant\u00eda; que se design\u00f3 una secuestre la que su vez, celebr\u00f3 contrato de dep\u00f3sito gratuito provisional con la accionante; que luego se nombr\u00f3 a otro auxiliar y despu\u00e9s, las partes deprecaron que se designara como secuestre a la ejecutada; que se le inst\u00f3 con miras a que rindiera cuentas, las que fueron objetadas y en audiencia de 1\u00ba de junio de los corrientes, se rechazaron y se relev\u00f3 del cargo a la ahora accionante; que dicha determinaci\u00f3n se encuentra en firme \u00aben la medida que no fue objeto de recurso alguno\u00bb; que cualquier discrepancia con las decisiones adoptadas en el juicio, no constitu\u00eda transgresi\u00f3n de las garant\u00edas esenciales; que hab\u00eda tramitado el proceso conforme a derecho; que la promotora cont\u00f3 con todas las herramientas legales pertinentes para ejercer su derecho de defensa, empero, no recurri\u00f3 la decisi\u00f3n censurada; que esta acci\u00f3n excepcional no era una instancia adicional; y que no quebrant\u00f3 ni amenaz\u00f3 derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. SSmart SAS refiri\u00f3 que el 31 de diciembre se realiz\u00f3 visita a los predios secuestrados, en donde constat\u00f3 que se encontraban llenos de turistas, sin que se rindieran esas cuentas ante el juzgado; que deprec\u00f3 la remoci\u00f3n del secuestre ante la grave situaci\u00f3n de los bienes, pues el auxiliar no ha pagado deudas que han conllevado al deterioro de los predios y a su ruina financiera; que objet\u00f3 las cuentas presentadas; que no se han pagado servicios p\u00fablicos, impuestos ni administraci\u00f3n, conceptos que a la fecha casi hacen inviable un remate o venta; que los lotes estaban siendo explotados econ\u00f3micamente; que la tutela no es una instancia adicional; y que la Asociaci\u00f3n ha intentado por diversos medios dilatar el tr\u00e1mite y desgastar a la justicia. <\/p>\n
3. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que la decisi\u00f3n criticada de 1\u00ba de junio de 2021 no fue recurrida, por lo que qued\u00f3 en firme; que esta no es la v\u00eda id\u00f3nea para conceder su pretensi\u00f3n de administraci\u00f3n del inmueble; que las actuaciones surtidas no transgred\u00edan sus derechos fundamentales; que no encontraba una situaci\u00f3n excepcional que pusiera a la promotora en indefensi\u00f3n o en absoluta imposibilidad de hacer uso de los medios judiciales a su alcance, pues incluso advert\u00eda que actu\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado judicial y elev\u00f3 peticiones que le fueron sido resueltas, garantizando as\u00ed sus prerrogativas. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que la falladora le indic\u00f3 que no proced\u00edan recursos, por lo que le cerraron sus posibilidades de recurrir la decisi\u00f3n censurada; y que se desconocieron los numerales 8 y 9 del art\u00edculo 595 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la Asociaci\u00f3n promotora desaprovech\u00f3 el mecanismo ordinario de defensa judicial que tuvo a su alcance para exponer las inconformidades que ahora plantea, pues no recurri\u00f3 el prove\u00eddo de 1\u00ba de junio de 2021, en donde fue relevada de su cargo de secuestre, sin que sean de recibo los argumentos que ahora expone, pues lo cierto es que guard\u00f3 silencio ante dicha determinaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo el reclamo actual resulta improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el promotor del amparo desperdici\u00f3 \u00ablas diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (STC, 6 jul. 2010, rad. 00241 01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015 01, STC, 8 mar. 2012, rad. 2012-00101-01). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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