STC9588-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9588-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 68001-22-13-000-2021-00124-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de mayo de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Agust\u00edn R\u00edos Cortes contra los Juzgados Primero Civil del Circuito de esa ciudad y Primero Civil Municipal de Floridablanca, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados Edgar Rafael L\u00f3pez Vargas, B\u00e1rbara Vargas Pinto, \u00c1lvaro Aparicio, Juliana Andrea Hern\u00e1ndez Moreno, Javier Enrique Aparicio Mart\u00ednez, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Floridablanca y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y propiedad, que dice vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo promovido por Edgar Rafael L\u00f3pez Vargas contra B\u00e1rbara Vargas Pinto, el 24 de noviembre de 2016 fue rematado y adjudicado el bien secuestrado a Agust\u00edn R\u00edos Cortes, quien en distintas ocasiones ha solicitado su entrega, \u00faltima que fue denegada el 14 de julio de 2020 por el Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca, decisi\u00f3n que recurrida, fue confirmada el 23 de febrero de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. Indic\u00f3 el accionante que dentro de juicio criticado fue adjudicatario del inmueble; y que la almoneda se llev\u00f3 a cabo el 24 de noviembre de 2016, empero, no se le ha entregado el bien. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 que en autos de 14 de julio de 2020 y 23 de febrero de 2021 se desestimaron sus peticiones con fundamento en que las circunstancias que dieron cabida a la oposici\u00f3n presentada por el se\u00f1or \u00c1lvaro Aparicio en 2017 se manten\u00edan; que aquel pero se opuso al secuestro y solo interpuso demanda de pertenencia en el 2016, la que fue denegada. <\/p>\n
2.4. Adujo que las providencias criticadas desconoc\u00edan \u00abla cosa juzgada de la diligencia de remate\u00bb; que as\u00ed se hubiere reconocido la posesi\u00f3n no se pod\u00eda dejar de cumplir con lo dispuesto en la almoneda; y que la tutela era el mecanismo id\u00f3neo para acceder a su vivienda, antes de agotar las acciones indemnizatorias por error judicial, pues se encontraba en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica dif\u00edcil. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil Municipal de Floridablanca indic\u00f3 que observ\u00f3 todas las disposiciones del ordenamiento sustancial y procesal; que el inmueble que fue objeto de las cautelas y rematado \u00abpresenta toda una serie de sospechas respecto de su historial reportado en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, aunado al v\u00ednculo de consanguineidad de las partes (hijo \u2013 madre)\u00bb, lo que avizor\u00f3 el fallador de conocimiento con posterioridad a la aprobaci\u00f3n del remate; que el accionante cumpli\u00f3 con los requisitos para que le fuera adjudicado el bien, pero en la entrega salieron a la luz una serie de indicios que demostraban irregularidades entorno al mismo, las que fueron puestas en conocimiento de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y del Consejo Superior de la Judicatura; que tras efectuar un estudio detallado del asunto, el 14 de julio de 2020 deneg\u00f3 la entrega del bien, decisi\u00f3n que fue recurrida y confirmada por el ad-quem; que el gestor interpuso vigilancia administrativa en su contra; que el inmueble fue vendido a Juliana Andrea Hern\u00e1ndez Moreno el 31 de diciembre de 2019; que ha obrado conforme a la legislaci\u00f3n, doctrina y jurisprudencia; y que no ha conculcado derecho fundamental alguno. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bucaramanga refiri\u00f3 que en auto de 23 de febrero de 2021 confirm\u00f3 la providencia de 14 de julio de 2020, con la que deneg\u00f3 la entrega del inmueble rematado; que en dicha determinaci\u00f3n consign\u00f3 los argumentos que sirvieron de fundamento de la misma; y que la tutela no era una tercera instancia para debatir situaciones que ya fueron resueltas en derecho dentro del proceso. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Floridablanca adujo que se aten\u00eda a lo que resultare probado, resaltando que ese despacho procuraba evitar situaciones que afectaran los derechos fundamentales de las partes. <\/p>\n
4. \u00c1lvaro Aparicio sostuvo que el promotor instaur\u00f3 esta acci\u00f3n excepcional de forma temeraria, pues pretende se le entregue el bien adjudicado, pese a que los despachos judiciales le han desestimado dicha petici\u00f3n; que junto con su hijo son los poseedores del inmueble; que se omit\u00eda informar que en otro proceso, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bucaramanga declar\u00f3 la nulidad de lo actuado del 2001 al 2007, por lo que dej\u00f3 sin efecto la adjudicaci\u00f3n del inmueble, pero como no qued\u00f3 registrado se continu\u00f3 con la venta del bien; que el accionante no ostentaba ninguna calidad respecto del inmueble, en tanto que no era su propietario, raz\u00f3n por la que carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en esta tutela; y que en diversas ocasiones solicit\u00f3 se informara lo acontecido a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y present\u00f3 una denuncia penal. <\/p>\n
5. Juliana Andrea Hern\u00e1ndez Moreno se\u00f1al\u00f3 que Agust\u00edn R\u00edos Cortes le transmiti\u00f3 todos los derechos de dominio, sin que haya podido disfrutar de su propiedad por la perturbaci\u00f3n que \u00c1lvaro Aparicio ejerce, quien adem\u00e1s no logr\u00f3 probar su supuesta posesi\u00f3n; que se desconoc\u00edan los derechos que le asist\u00edan como propietaria y, subsidiariamente, la acci\u00f3n de dominio; que con todas las pruebas presentadas, se deneg\u00f3 la entrega del predio con razones que no son justificables; que quer\u00eda dejar constancia que como al referido se\u00f1or le negaron la demanda de pertenencia, ahora su hijo instaur\u00f3 un nuevo proceso; que se le ocasiona un da\u00f1o irremediable; y que coadyuvaba la tutela. <\/p>\n
6. La curadora ad-litem de B\u00e1rbara Vargas Pinto indic\u00f3 que se aten\u00eda a lo que resultara probado en esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con la subsidiariedad, pues Juliana Andrea Hern\u00e1ndez Moreno (nueva propietaria y coadyuvante en este tr\u00e1mite) desde\u00f1\u00f3 el uso de las herramientas procesales, pues pudo promover demanda de reconvenci\u00f3n en procesos de pertenencia promovidos en su contra, uno de los cuales se encuentra en tr\u00e1mite o, de ser el caso, presentar demanda reivindicatoria para que le sea restituida la posesi\u00f3n del bien de su propiedad; y que no expres\u00f3 el perjuicio al que se encontraba expuesta. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante y Juliana Andrea Hern\u00e1ndez Moreno impugnaron la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en los escritos presentados y aduciendo que les extra\u00f1aba la desestimaci\u00f3n del resguardo; que los falladores no pod\u00edan desconocer las normas; que se deb\u00eda cumplir la providencia emitida, pues contaban con el derecho, mas no iniciar un proceso especial reivindicatorio o una reconvenci\u00f3n en un juicio inexistente; que se ten\u00edan que atender las inscripciones del registro y no certificados espurios; que los preocupaba la situaci\u00f3n por la que atravesaban, pues los abogados que asesoraban a los opositores trababan y dilataban el proceso; que las pruebas eran claras; y que Hern\u00e1ndez Moreno carec\u00eda de recursos para contratar a un profesional del derecho. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que se hubiesen agotado los mecanismos de defensa que tienen a su alcance. <\/p>\n
En efecto, la parte impugnante, cumpliendo con los requisitos exigidos para el efecto, bien pude promover un juicio reivindicatorio con miras a recuperar la posesi\u00f3n del inmueble que adquiri\u00f3, sin que sea procedente atender dichas aspiraciones a trav\u00e9s de esta tutela. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, es de advertirse que no es de recibo el argumento de la impugnante atinente a que carece de medios econ\u00f3micos para instaurar otro proceso, pues ello desconoce los instrumentos especialmente dise\u00f1ados por el legislador para tutelar los derechos de quienes se encuentren en una situaci\u00f3n como la descrita, en desconocimiento nuevamente de la subsidiariedad de la tutela. <\/p>\n
Basta recordar que, conforme a los c\u00e1nones 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso, la persona que carece de \u00abcapacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia\u00bb, podr\u00e1 acudir al amparo de pobreza, incluso antes de la \u00abpresentaci\u00f3n de la demanda\u00bb, con el fin, entre otros, de que el juzgador le designe \u00abel apoderado que [la] represente en el proceso\u00bb (art\u00edculo 154). <\/p>\n
4. Finalmente, en lo que hace a las alegadas anomal\u00edas en las que incurrieron los abogados intervinientes, se advierte que la supuesta negligencia de los mismos: <\/p>\n
\u2026no es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues, como reiteradamente lo ha sostenido la Corte, aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que (\u2026) con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales (CSJ STC 18 may. 2009, rad. 00508 -01). <\/p>\n
5. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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