STC9591-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9591-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Port Service S.A.S. contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Frontera Energy Corp., Sucursal Colombia, e Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja, relat\u00f3 que \u00abEntre PORT SERVICE S.A. y I.R.I. DE COLOMBIA S.A.S., celebraron un contrato de Arrendamiento de espacio de un \u00e1rea de 17.000 M2 cuyo objeto es el almacenamiento de una tuber\u00eda en el inmueble ubicado en el patio Comboy, v\u00eda alterna-interna, km. 10, del Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abSe adelant\u00f3 proceso abreviado de Restituci\u00f3n del bien inmueble arrendado, en contra de I.R.I de Colombia S.A.S., por incumplimiento contractual, al incurrir en mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura, bajo el radicado 2016-00083-00. <\/p>\n
El Juzgado convocado declar\u00f3 el incumplimiento del contrato y orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble, mediante prove\u00eddo del 27 de agosto de 2019. <\/p>\n
En el \u00abproceso de Restituci\u00f3n se practicaron medidas cautelares, y se secuestraron bienes de I.R.I. de Colombia S.A.S., de conformidad con el numeral 7 del art\u00edculo 384 el C.G.P., tal como lo hizo conocer el arrendatario en BL de importaci\u00f3n como tambi\u00e9n con su actitud y aptitud de se\u00f1or y due\u00f1o que siempre demostr\u00f3 desde el mismo momento de la celebraci\u00f3n del contrato de arrendamiento hasta la fecha\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abUna tercera empresa identificada como FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, se vincula al proceso por v\u00eda INCIDENTAL, acudiendo a la posibilidad de ACCI\u00d3N JUDICIAL que contiene el art\u00edculo 596 del C\u00f3digo General del Proceso, para OPONERSE AL EMBARGO Y SECUESTRO, aduciendo ser propietaria y poseedora de los bienes objeto de las medidas cautelares (\u2026) Dicho v\u00ednculo se realiza a trav\u00e9s de amparo mediante sentencia de Tutela T-117.2.019 del 12 de noviembre de 2.019, otorgado por el TRIBUNAL SUPERIOR DE BUGA \u2013 VALLE DEL CAUCA, sala quinta de decisi\u00f3n \u2013Civil \u2013Familia. Tutela esta, que fue impugnada en t\u00e9rmino ante la Corte Suprema de Justicia por parte de Port Service S.A.\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de aquella salvaguarda el 10 de diciembre de 2019, ordenando \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de IRI de Colombia S.A.S.\u00bb, pero \u00abel a-quo en total desobediencia y mediante Auto Interlocutorio No.003 del 16 de enero de 2.020, decide continuar con el incidente dando tr\u00e1mite a lo ordenado por el mismo, en el auto interlocutorio No. 877 notificado el d\u00eda 19 de noviembre de 2019 y que hab\u00eda sido expedido con base en la Tutela anulada por la Corte Suprema de Justicia\u00bb. <\/p>\n
La \u00abdecisi\u00f3n del JUEZ TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA es tomada en contrav\u00eda a lo ordenado por el superior, en raz\u00f3n a que este no podida subsanar, por mutuo propio la irregularidad procesal, pues el proceso ya se encontraba totalmente ejecutoriado. Es decir, el Juez de primera instancia en desobediencia de su superior, toma una decisi\u00f3n totalmente arbitraria y en contra de la legalidad del proceso\u00bb. <\/p>\n
El 25 de noviembre de 2019 se opuso a las pretensiones de la incidentante, pues, \u00abaunque NO ESTABAMOS DE ACUERDO con esa decisi\u00f3n del se\u00f1or Juez, atendimos el descorrer del traslado de la solicitud (\u2026) a fin de no perder los t\u00e9rminos procesales\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado accionado, mediante prove\u00eddo del 5 de marzo de 2020, accedi\u00f3 a levantar las medidas cautelares y orden\u00f3 la entrega de los bienes que garantizaban la obligaci\u00f3n, con base en una valoraci\u00f3n sesgada y equivocada de las pruebas. <\/p>\n
No obstante, en auto del 16 de marzo de 2021, el Tribunal convocado deneg\u00f3 la petici\u00f3n de control de legalidad, con un \u00abindebido an\u00e1lisis del caso\u00bb y, el 18 de mayo del mismo a\u00f1o, confirm\u00f3 el auto del a quo. <\/p>\n
La tutelante acus\u00f3 al Juzgado convocado de incurrir en defecto sustantivo, al proferir el auto No. 3 del 16 de enero de 2020, \u00abpor medio del cual decide continuar con el incidente DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR, que ya hab\u00eda ordenado OBEDECER; a mandato superior, en el Auto Interlocutorio N\u00b0 877 notificado el d\u00eda 19 de noviembre de 2019 y por medio del cual se ORDEN\u00d3 EL MISMO subsanar su propio ERROR PROCESAL; lo irregular de esta actuaci\u00f3n es que la Tutela fue ANULADA por la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 10 de diciembre de 2019\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el prove\u00eddo del 5 de marzo de 2020 tambi\u00e9n adolece del mismo vicio y, adem\u00e1s, incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, porque \u00abimpuso de manera caprichosa he infundada, su criterio de considerar que las partes celebraron un contrato de compraventa y no uno de suministro\u00bb. <\/p>\n
Aleg\u00f3 que el Juzgado tambi\u00e9n incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, al valorar ciertos medios de prueba que no hab\u00edan sido debidamente aportados al proceso y darles \u00abun alcance probatorio que no tienen\u00bb, y el Tribunal convocado en defecto f\u00e1ctico y en defecto sustantivo, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Conforme a lo relatado, la accionante inst\u00f3 \u00abTutelar el Derecho Constitucional Fundamental AL DEBIDO PROCESO en conexidad con EL DERECHO A LA DEFENSA, A LA IGUALDAD, Y AL ACCESO A LA JUSTICIA, en consecuencia ordenar en el marco de Tutela Judicial Efectiva el reconocimiento a la vulneraci\u00f3n de los mismo (sic) por las decisiones tomadas por el Juez Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y el Honorable Tribunal Superior de Justicia de Buga, Sala Civil-Familia, en Fallo del 5 de Marzo de 2.021 confirmado en segunda instancia mediante fallo del 18 de mayo de 2.021 respectivamente, donde a trav\u00e9s de una falsa motivaci\u00f3n fundamentan en una equivocada y errada apreciaci\u00f3n de las pruebas, configuro (sic) m\u00faltiples Defectos Facticos (sic) y Sustanciales; de apreciaci\u00f3n probatoria que distorsionan y cercenan su expresi\u00f3n f\u00e1ctica, una interpretaci\u00f3n errada de la norma y de un an\u00e1lisis deficiente del acervo probatorio, en concordancia con la norma misma, donde propusieron una decisi\u00f3n arbitraria a la verdad jur\u00eddica y procesal, desacatando incluso lo (sic) \u00f3rdenes superiores. En consecuencia y con el mayor respeto, solicitamos se declare que no existe prueba ni derecho que d\u00e9 lugar al levantamiento de las medidas cautelares, Por lo tanto, se declare NEGADA la solicitud de Levantamiento de Medidas Cautelares al Incidentante FRONTERA ENRGY (sic) CORP\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura alleg\u00f3 copia digital del expediente del proceso de marras y manifest\u00f3 que, \u00abAdmitida la demanda, mediante providencia de 22 de agosto de 2018, acreditada la cauci\u00f3n de que trata el numeral 2 del art. 590 del C.G.P., se orden\u00f3 el embargo y secuestro de los bienes muebles de propiedad del demandado empresa IRI DE COLOMBIA S.A.S., comisionando a los Jueces Civiles Municipales de Buenaventura para que adelanten la respectiva diligencia de secuestro de los bienes muebles del demandado, facult\u00e1ndolos para nombrar secuestre de la Lista de auxiliares de la Justicia de la ciudad\u00bb. <\/p>\n
Dicha comisi\u00f3n \u00abfue devuelta por el comisionado corri\u00e9ndole a las partes el t\u00e9rmino que trata en inciso 2 del art\u00edculo 40 del C. G. del P., iniciando as\u00ed un incidente de desembargo la empresa FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP dentro del aludido proceso de restituci\u00f3n de bien inmueble, por lo que a trav\u00e9s de auto 877 de noviembre dieciocho (18) de dos mil dieciocho (2018) se abri\u00f3 a tr\u00e1mite, en el cual, atendiendo la decisi\u00f3n del 12 de noviembre de 2019, adoptada por la Sala Civil Familia del Honorable Tribunal Superior de Buga Valle, se obedeci\u00f3 y cumpli\u00f3 lo resuelto en sede de tutela y se dispuso correr traslado a las partes por el termino de tres (03) d\u00edas de conformidad con el art. 129, inc. 3 del C.G.P., quienes no presentaron objeci\u00f3n alguna dentro del t\u00e9rmino concedido\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, \u00abEn la hora y fecha acordada, se instal\u00f3 la audiencia de que trata el inc. 3 del art. 129 del C.G.P., la cual finalmente se profiri\u00f3 auto interlocutorio de 5 de marzo de 2020, accediendo a la solicitud de levantamiento de la medida de embargo y secuestro sobre la tuber\u00eda que se encuentra en los patios de PORT SERVICE S.A., descritos en la diligencia de secuestro que se efectu\u00f3 el d\u00eda 11 de octubre de 2018, y como consecuencia de ello se orden\u00f3 el levantamiento de la medida de embargo y secuestro sobre la tuber\u00eda objeto de discusi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue apelada por la parte incidentada\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que \u00abtodo el tr\u00e1mite se ha surtido con el respeto al debido proceso, propendiendo por el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las partes, incluso en sede de tutela (donde (\u2026) la Sala Civil de la corte Suprema de Justicia, ordeno mediante providencia diciembre 10 de 2019, la nulidad de todo lo actuado dentro de la acci\u00f3n de tutela que se surt\u00eda en la Oficina de la (\u2026) Magistrada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga – Valle), y de la cual, el auto No. 003 de enero 16 de 2020 no es ajeno, pues se encamina a la protecci\u00f3n del derecho al Acceso a la Administraci\u00f3n de Justicia, de quienes acuden a la Jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con \u00ab(los defectos sustancial, defecto factico positivo y negativo que se\u00f1ala el accionante), se surti\u00f3 el tramite (sic) se\u00f1alado en el numeral 8 del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con el inciso 3 del art\u00edculo 129 ibidem, procediendo a continuar con el estudio de los requisitos intr\u00ednsecos de las pruebas solicitadas por las partes para decretarlas y convocar a la audiencia respectiva\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, \u00abuna vez practicadas las pruebas y valoradas en conjunto mediante el an\u00e1lisis de la sana cr\u00edtica, se acredit\u00f3 no solo la propiedad de la sociedad incidentante, si no el ejercicio de su posesi\u00f3n de la tuber\u00eda, pues IRI DE COLOMBIA S.A.S., solo firmo (sic) dos contratos comprometi\u00e9ndose a suministrar a t\u00edtulo de venta una tuber\u00eda de l\u00ednea, las cuales se facturaron y pagaron a la sociedad IRI DE COLOMBIA S.A.S., por lo que la empresa FRONTERA ENERGY COLOMBIA CORP, dejo (sic) sobre su custodia la tuber\u00eda cautelada a la empresa IRI DE COLOMBIA S.A.S., conforme el acta de entrega de febrero 27 de 2014, que a su vez dejo (sic) el almacenaje, siempre conservando la propiedad de los tubos y concluyendo que la empresa IRI DE COLOMBIA S.A.S., es un simple tenedor de los tubos\u00bb. <\/p>\n
2.- El apoderado general de Frontera Energy Corp., Sucursal Colombia, manifest\u00f3 que \u00ablo que verdaderamente pretende Port Service con la presente acci\u00f3n de tutela no es salvaguardar, ni proteger ning\u00fan derecho fundamental que se haya vulnerado, sino por el contrario crear una nueva instancia procesal para discutir los asuntos de fondo de un litigio en los que ha tenido m\u00faltiples oportunidades para ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que, \u00abLuego de enterarse del embargo de la tuber\u00eda de su propiedad, Frontera present\u00f3 en diversas ocasiones ante el Juzgado su intenci\u00f3n de participar en el proceso\u00bb pero, ante su negativa, \u00abinterpuso una acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura por considerar que, en su calidad de propietario de la tuber\u00eda embargada, deb\u00eda ser o\u00eddo en el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga tutel\u00f3 sus derechos y orden\u00f3 su vinculaci\u00f3n al tr\u00e1mite, fallo que fue impugnado y, como consecuencia, esta Corporaci\u00f3n \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, por no haberse notificado a IRI de la existencia del proceso de acci\u00f3n de tutela (\u2026) por lo que se entiende que, para dicho momento, a la aqu\u00ed accionante, se le hab\u00edan garantizado con creces sus derechos al debido proceso, la defensa, la contradicci\u00f3n y las garant\u00edas m\u00ednimas de cualquier proceso judicial\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00abel 31 de enero de 2020, el Tribunal Superior de Buga profiri\u00f3 nuevamente sentencia y en esta ocasi\u00f3n neg\u00f3 el amparo (\u2026) no porque no existiera una vulneraci\u00f3n de los derechos de Frontera, sino por carencia de objeto, pues el Juzgado Tercero Civil del Circuito, en cumplimiento de la primera sentencia, hab\u00eda vinculado correctamente al proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado a Frontera\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abno existe la amenaza o afectaci\u00f3n de ning\u00fan derecho fundamental de Port Service. Por el contrario, Port Service cont\u00f3 con la garant\u00eda de sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n a lo largo del tr\u00e1mite del incidente de desembargo de la tuber\u00eda que se adelant\u00f3 ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y posteriormente en apelaci\u00f3n ante el Tribunal Superior de Buga. Cosa distinta es que Port Service no se encuentre satisfecha con las decisiones adoptadas en ambas instancias del proceso por los jueces competentes y quiera discutirla nuevamente, abusando del mecanismo de la acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus garantias fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que considera vulneradas con la providencia dictada en primera instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura el 5 de marzo de 2021, por medio de la cual se resolvi\u00f3 el incidente de levantamiento de embargo y secuestro promovido por Frontera Energy Corp., Sucursal Colombia, y la proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 18 de mayo de 20211, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.- De manera preliminar resulta pertinente precisar que, si bien el reclamo se dirige contra las providencias dictadas en primera y en segunda instancia, el presente examen se circunscribir\u00e1 a la proferida en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n, pues, en \u00faltimas, fue la que defini\u00f3 el asunto objeto de controversia. <\/p>\n
Al respecto, ha definido la jurisprudencia que, \u00ab[…] aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3.- Pues bien, pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada, en raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n rebatida no contiene anomal\u00eda que imponga la perentoria protecci\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida. <\/p>\n
Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a confirmar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
3.1.- En efecto, en primer lugar, relat\u00f3 los antecedentes del caso, resumi\u00f3 el fallo del a quo y delimit\u00f3 el objeto del recurso de alzada, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abDe la recensi\u00f3n que viene de hacerse brota que el problema jur\u00eddico axial a resolver en este caso estriba en auscultar, por supuesto con miramiento de la prueba acaudalada en el expediente, si la compa\u00f1\u00eda FRONTERA acredit\u00f3, cual es el presupuesto de m\u00e9rito del numeral 8., art\u00edculo 597 del C.G.P., su condici\u00f3n de poseedora de la tuber\u00eda que result\u00f3 embargada y secuestrada en el presente proceso\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, precis\u00f3 que, \u00abPara lo primero se debe acudir a la teor\u00eda del t\u00edtulo y modo que nos viene desde el derecho romano, la cual pregona como fundamentales dos fuerzas en el camino de adquisici\u00f3n de un derecho real: El acuerdo de voluntades creador de obligaciones y la ejecuci\u00f3n de ese acuerdo en un estadio posterior al inicial. Ahora, ese recorrido se inicia con una fuente, consistente en una serie de fen\u00f3menos jur\u00eddicos tales como el negocio jur\u00eddico, el hecho il\u00edcito, estados de hecho o de derecho originarios de obligaciones. El paso siguiente es el t\u00edtulo propiamente dicho, esto es el acto o hecho dinamizador de la fuente (\u2026) valga decir, la compraventa, permuta, donaci\u00f3n, cuasidelito, etc. Y, por \u00faltimo, debe operarse el modo, que es la forma de ejecuci\u00f3n o realizaci\u00f3n del t\u00edtulo, esto es, la tradici\u00f3n, la ocupaci\u00f3n, accesi\u00f3n, prescripci\u00f3n, etc\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Manifest\u00f3, entonces, que \u00abel contrato de suministro a t\u00edtulo de venta de la tuber\u00eda de marras celebrado entre FRONTERA e IRI, no transfiere el dominio, no por cuanto como lo afirma la incidentada, no haya sido perfeccionado, pues siendo aquel, como el contrato de compraventa consensuales, se perfeccionan con el solo acuerdo de voluntades o expresi\u00f3n del consentimiento -arts. 1500 y 1857 C.C.-, sino por cuanto, como se expuso, constituye apenas el t\u00edtulo generador de obligaciones, entre otras, la de traditar el dominio\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u00abLas partes de este juicio de restituci\u00f3n celebraron diversos contratos marco de suministro a t\u00edtulo de venta, dentro de los cuales est\u00e1n los numerados 5500000210 y 5500000596 ajustados respectivamente el 3 de junio de 2010 con duraci\u00f3n de 3 a\u00f1os y 16 de diciembre 2010 con vigencia de 2 a\u00f1os desde el 1o de enero de 2011. El objeto de la negociaci\u00f3n era el suministro por parte de IRI de la tuber\u00eda que requer\u00eda FRONTERA para la operaci\u00f3n de campos petroleros, es decir, que el contrato ten\u00eda por objeto el suministro a t\u00edtulo de compraventa de bienes muebles\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que el art\u00edculo 754 del C\u00f3digo Civil dispone diversos modos de tradici\u00f3n del dominio de bienes muebles, \u00aba saber: Real -num. 1o; longa manu – num. 2o-; simb\u00f3lica -num. 3o-; entrega entendida -num. 4o-; brevi manu – num. 5o-; y, constitutum possessorium\u00bb y que, \u00abEn consecuencia, cuando se trata de traditar bienes muebles, la \u00fanica forma de operar el modo no es la entrega material de la cosa, sino que puede hacerse de distintas maneras, incluso de forma simb\u00f3lica\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abel contrato de suministr\u00f3 a t\u00edtulo de compraventa es un acuerdo consensual en cuanto se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes, que no cuando se liberan las \u00f3rdenes de compra y se hace efectivo el pago, pero la propiedad y por esa v\u00eda la posesi\u00f3n de los muebles objeto de los mismos opera a trav\u00e9s de la entrega, esta que puede darse en cualquiera de las formas ya indicadas\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 \u00abque el pago es un modo de extinguir las obligaciones en general, y en este caso particular, una de las obligaciones que surgieron del contrato de suministro a t\u00edtulo de venta, el cual no incide en la tradici\u00f3n de los muebles negociados, a fortiori si se tiene en cuenta que conforme al clausulado de los contratos marco, el proceso para la ejecuci\u00f3n normal de la operaci\u00f3n consist\u00eda en que la compa\u00f1\u00eda suministrada hac\u00eda la orden de pedido, seguidamente ven\u00eda la entrega de la mercanc\u00eda, pasados diez d\u00edas calendarios desde la entrega la proveedora deb\u00eda presentar la facturaci\u00f3n y por \u00faltimo el pago. Por esta raz\u00f3n, no es con la presentaci\u00f3n de las facturas canceladas, ni con la prueba del pago que deb\u00eda FRONTERA acreditar el dominio y posesi\u00f3n de los bienes cautelados, como se afirma por parte de POR SERVICE, amen, que si as\u00ed fuera, es de apuntar que conforme a las actas de liquidaci\u00f3n de los dos contratos marco arrimadas por FRONTERA firmadas el 31 de enero y 9 de mayo de 2014, las compa\u00f1\u00edas contratantes, con la salvedad de la suma retenida como garant\u00eda para el contrato No. 5500000210, y las de cl\u00e1usulas 1.4, 2.8, 2.10, 2.11, 2.19, 2.23 y 2.24 para el contrato 5500000595, se declararon a paz y salvo sin reclamos pendientes\u00bb. <\/p>\n
3.3.- De otro lado, valor\u00f3 la prueba documental allegada por Frontera tras el decreto de oficio y concluy\u00f3 que \u00abla presunci\u00f3n de autenticidad que por virtud del art\u00edculo 244 del C.G.P., amparaba los documentos en trato, qued\u00f3 desvirtuada, atendiendo a que, hu\u00e9rfanos de firma, ni habiendo sido manuscritos por la persona respecto de quien se hacen valer, m\u00e1s desconocidos por \u00e9sta, era carga de FRONTERA, quien los aport\u00f3, verificar su autenticidad, todo a la luz del art\u00edculo 272 del C\u00f3digo en cita. Es de anotar que el traslado que dispone esta norma qued\u00f3 surtido dos d\u00edas despu\u00e9s del env\u00edo de la r\u00e9plica que hizo el apoderado de PORT SERVICE en los t\u00e9rminos del par\u00e1grafo, art\u00edculo 9o, Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
No obstante, \u00abrealizado el escrutinio de fondo del material de evidencia militante en el expediente, se concluye con el a quo, que existen las suficientes pruebas para el despacho favorable de la deprecaci\u00f3n de levantamiento de la cautela\u00bb. Seguidamente, procedi\u00f3 a despachar los dem\u00e1s reparos del recurrente. <\/p>\n
3.4.- Expres\u00f3 que, seg\u00fan la recurrente, \u00abuna venta a futuro sin la entrega material de los bienes no transfiere la propiedad, porque seg\u00fan los contratos, los sitios f\u00edsicos de entrega, ejecuci\u00f3n y perfeccionamiento del objeto eran los campos Quifa y Rubiales, este \u00faltimo ubicado en Puerto Gait\u00e1n a 171 kil\u00f3metros del municipio, previa orden de compra. Ello es parcialmente cierto, porque, tambi\u00e9n debe considerarse que, primero, esos campos petroleros no eran los \u00fanicos sitios de entrega de la tuber\u00eda, puesto que si bien en sendas cl\u00e1usulas intituladas \u2018Lugar de Ejecuci\u00f3n o Lugar de Entrega (sic)\u2019 se se\u00f1al\u00f3 los aludidos puntos como destino de las mercanc\u00edas, en los mismos contratos en las estipulaciones denominadas \u2018INSPECCI\u00d3N DE LOS BIENES\u2019 se pact\u00f3 que: \u2018LA COMPA\u00d1\u00cdA una vez recibidos los Bienes del Objeto del presente Contrato, en la F\u00e1brica del CONTRATISTA, en el lugar de entrega o en las bodegas de tr\u00e1nsito (si aplica), realizar\u00e1 la inspecci\u00f3n correspondiente…\u2019, lo cual deja claro que el recibo de la tuber\u00eda negociada no necesariamente ten\u00eda que surtirse en los referidos campos petroleros; segundo, nada obsta que las partes en ejercicio de su libertad contractual y autonom\u00eda de la voluntad, de com\u00fan acuerdo modificaran el sitio de entrega; y tercero, como ya qued\u00f3 antes explicado, la entrega material no es la \u00fanica forma de realizar la tradici\u00f3n de los bienes muebles\u00bb. <\/p>\n
Consider\u00f3 que la \u00ablectura que hace la incidentante de las actas de entrega de materiales de inventario no es de recibo para el Tribunal, en cuanto, a la par de ir a contrapelo con la evidencia procesal, propugna por darle un alcance distinto al que la literalidad y claridad de las mismas ofrecen\u00bb, y procedi\u00f3 a valorar el contenido de dichas actas, para concluir que, \u00abAnte la claridad literal de los comentados documentos en donde se dej\u00f3 escrito que META PETROLEUM CORP -hoy FRONTERA-, hac\u00eda entrega material de la tuber\u00eda relacionada y almacenada en los patios de IRI, dej\u00e1ndola bajo su custodia y acordando dos d\u00edas despu\u00e9s el costo del dep\u00f3sito a cargo de IRI, (\u2026) la empresa suministrada ya hab\u00eda recibido, as\u00ed fuera simb\u00f3licamente esos muebles y que, en ejercicio de su calidad de propietaria y poseedora, los entreg\u00f3 en custodia a la proveedora, quien en tales condiciones califica como mera tenedora de esos materiales\u00bb. <\/p>\n
Con respecto a un correo electr\u00f3nico del 13 de abril de 2016, de Importaciones y Representaciones Industriales de Colombia S.A.S. a Frontera Energy Corp., Sucursal Colombia, precis\u00f3 que \u00abEs evidente que esta comunicaci\u00f3n hace referencia a la tuber\u00eda que conforme a las actas antes analizadas qued\u00f3 bajo la tenencia de IRI, (\u2026) Y es que no hay evidencia en el expediente en torno a que entre META PETROLEUM CORP e IRI se hubiese concertado el dep\u00f3sito de otra tuber\u00eda, como para concluirse que ese email no correspondiese a las mercanc\u00edas que antes se hab\u00eda entregado en custodia\u00bb y agreg\u00f3 que \u00abEl motivo por el cual no se hab\u00eda retirado -bien porque IRI no corr\u00eda con los costos de transporte o por falta de espacio en los campos petroleros-, as\u00ed como el lugar de destino -Santa Marta- resultan intrascendentes en el prop\u00f3sito de la recurrente orientado a desconocer la relaci\u00f3n entre la comunicaci\u00f3n que se comenta y las actas de dep\u00f3sito precedentes, puesto que lo importante es el reconocimiento de la relaci\u00f3n de tenencia que all\u00ed obra, y el lugar de destino, ya se explic\u00f3, no estaba dispuesto en un solo lugar, am\u00e9n que pod\u00eda variarse por la voluntad de los extremos contractuales\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, \u00abContrario a lo predicado por la disidencia del fallo de primer grado, este Despacho coincide con la postura del a quo, dado que hacer entrega material de unos bienes para que sean custodiados, luego recibir una manifestaci\u00f3n del depositario expresando la imposibilidad de hacerse cargo del acarreo y los gastos en que est\u00e1 incurriendo por concepto de almacenaje, en consecuencia urgiendo el retiro de ellos, a lo que se agrega el acercamiento con el arrendador del inmueble en donde se hallaban depositados y la oferta de $ 500.000.000 para recuperar su tenencia, son actos asaz expresivos de se\u00f1or\u00edo\u00bb. <\/p>\n
Acot\u00f3, pues, que \u00abla circunstancia de haber comparecido al proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado a la altura en que lo hizo FRONTERA, se explica por cuanto el inter\u00e9s para ingresar al mismo solo surgi\u00f3 a partir del momento en el cual sus bienes fueron cautelados, pues antes no pod\u00eda hacerlo dado que era un tercero absolutamente extra\u00f1o en esa controversia, la cual se trab\u00f3 entre PORT SERVICE como arrendadora e IRI como arrendataria del bien inmueble que le serv\u00eda de bodega a la segunda\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 que \u00ablas declaraciones extrajuicio rendidas ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Buenaventura, de 14 de septiembre de 2016 por JHON ALEXANDER QUIROGA BUSTOS y MAGNOLIA GONZ\u00c1LEZ LOZANO, las cuales sirvieron de prueba del contrato de arrendamiento entre PORT SERVIDE e IRI, nada aportan en lo que al centro de esta controversia hace referencia, puesto que no hacen relaci\u00f3n a la posesi\u00f3n o tenencia de los bienes objeto de la medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que era \u00abpertinente hacer alusi\u00f3n a los alegatos formulado por la empresa apelante respecto de las pruebas que se asumieron y decretaron de oficio, concretamente, las actas de liquidaci\u00f3n de los contratos marco multicitados en esta providencia y la demanda formulada por IRI en frente de FRONTERA ante el Tribunal de Arbitramento de la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1\u00bb. Sobre lo primero advirti\u00f3 que el alegato de la apelante \u2013en el sentido de que el obligado a suministrar habr\u00eda cumplido parcialmente y, por tanto, a la parte no cumplida corresponder\u00eda a las tuber\u00edas en cuesti\u00f3n- era una mera hip\u00f3tesis \u00abhu\u00e9rfan(a) de respaldo probatorio, puesto que en las actas de liquidaci\u00f3n (\u2026) ni en ninguna otra pieza procesal hay evidencia de esa afirmaci\u00f3n\u00bb. Frente a lo segundo, en el sentido de que, en el Tribunal de Arbitramento, se estaba debatiendo el abuso de posici\u00f3n dominante y perjuicios derivados de incumplimiento de contratos celebrados entre Frontera Energy e IRI, destac\u00f3 que \u00abson, por lo pronto, solas afirmaciones de IRI, que deber\u00e1n ser comprobadas luego del largo debate que se espera en el Tribunal de Arbitramento, de las cuales a lo sumo podr\u00edan derivarse indicios -algunos tambi\u00e9n en contra de la tesis de la apelante- que no alcanzan a derrumbar el abundante insumo prob\u00e1tico que soporta la decisi\u00f3n de primer grado\u00bb. <\/p>\n
4.- De lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente en las pruebas allegadas y la normativa que gobierna el asunto, independientemente de que la postura sea o no compartida, todo lo cual llev\u00f3 al Tribunal a confirmar la decisi\u00f3n del a quo en los t\u00e9rminos arriba indicados. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal consider\u00f3 que estaba demostrado que el propietario de las tuber\u00edas ubicadas en el inmueble objeto de restituci\u00f3n era Frontera Energy Corp., por cuanto las hab\u00eda adquirido a t\u00edtulo de compraventa \u2013en el marco de un contrato de suministro celebrado con el arrendatario del inmueble objeto de restituci\u00f3n- y hab\u00eda operado uno de los modos de tradici\u00f3n de bienes muebles. En consecuencia, resolvi\u00f3 que deb\u00eda prosperar el incidente de levantamiento de embargo y secuestro promovido. <\/p>\n
Sobre la entrega de bienes muebles, esta Corporaci\u00f3n, de vieja data, tiene dicho que \u00abella puede ser material o tambi\u00e9n figurada, como lo avala la doctrina comparada (Federico Puig Pe\u00f1a, Guillermo Borda, Luis Mu\u00f1oz, entre varios), y como inequ\u00edvocamente lo regula, en el plano legislativo, el art\u00edculo 754 del C\u00f3digo Civil, precepto que disciplina la traditio de cosas corporales muebles, siendo admisible, entonces, cualquiera de los medios ex lege que permiten consolidarla\u00bb (CSJ SC, sentencia de 22 de marzo de 2000 citada en CSJ STC10314-2019 del 2 de agosto de 2019). <\/p>\n
5.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para decretar el levantamiento del embargo y secuestro de los bienes. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que se hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso. En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia(\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas. <\/p>\n
<\/p>\n
Asimismo, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
6.- De otro lado, la Sala advierte que la gestora cuestion\u00f3 que el a quo hubiese actuado \u00aben total desobediencia\u00bb al superior, en la medida en que, tras la declaratoria de nulidad de lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela con radicado 2019-00243-01 por parte de esta Corporaci\u00f3n, sigui\u00f3 adelante con el incidente de levantamiento de medidas cautelares. <\/p>\n
Al respecto, se precisa que, mediante fallo T-117 de 2019, del 12 de noviembre de 20192, la Sala Quinta de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga ampar\u00f3 el derecho fundamental al debido proceso de Frontera Energy Corp. y orden\u00f3 al Juzgado aqu\u00ed convocado dejar sin efecto las providencias por medio de las cuales rechaz\u00f3 la solicitud de la tutelante al incidente de levantamiento de medidas cautelares. No obstante, esta Corporaci\u00f3n, mediante prove\u00eddo del 10 de diciembre de 20193, declar\u00f3 la nulidad del tr\u00e1mite de tutela mencionado, por falta de notificaci\u00f3n a IRI de Colombia S.A.S. <\/p>\n
El Juzgado accionado resolvi\u00f3 continuar con el incidente, en prove\u00eddo del 16 de enero de 2020, por encontrarlo acorde con las normas, en concreto con el art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
6.1.- Sobre el particular, se advierte que la providencia cuestionada, como se observa, fue proferida el 16 de enero de 2020, pero la tutela se radic\u00f3 el 25 de junio de 2021 y, por tanto, debe concluirse que no se cumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
6.2.- Respecto del citado principio, pese a no existir un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo \u00abrazonable\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha establecido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb4. <\/p>\n
6.3.- En cualquier caso, n\u00f3tese que el Juzgado continu\u00f3 con el tr\u00e1mite del incidente de levantamiento de medidas cautelares soportado en las normas vigentes sobre el caso, pero el ahora tutelante no cuestion\u00f3 en esa sede el supuesto desobedecimiento al superior que ahora alega en esta senda extraordinaria. <\/p>\n
7.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(Salvamento de Voto) <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADA HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02065-00 <\/p>\n
Con el mayor respeto hacia los Magistrados que emitieron la providencia de la cual tomo distancia, me permito expresar los motivos de discrepancia con la soluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
La Sala mayoritaria neg\u00f3 la tutela instaurada por PORT SERVICE S.A. contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
Pretendi\u00f3 la actora la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que estim\u00f3 vulnerados con las providencias de ambas instancias (5 mar. y 18 may. 2021), proferidas en el incidente de levantamiento de embargo y secuestro incoado por FRONTERA ENERGY CORP., Sucursal Colombia, en el proceso de restituci\u00f3n que PORT SERVICE S.A. le adelant\u00f3 a I.R.I. DE COLOMBIA S.A.S. por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento (2016-00083). <\/p>\n
Bien pronto advirti\u00f3 esta Corporaci\u00f3n que el resguardo carec\u00eda de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, deb\u00eda ser denegado, \u00aben raz\u00f3n a que la determinaci\u00f3n rebatida no contiene anomal\u00eda que imponga la perentoria protecci\u00f3n, independientemente de que sea o no compartida\u00bb. <\/p>\n
Para ello, con vista en el prove\u00eddo del Tribunal de Buga que fue el que defini\u00f3 el asunto al resolver el recurso de apelaci\u00f3n, coligi\u00f3 que all\u00ed se expusieron motivadamente las razones por las cuales se consideraba que hab\u00eda lugar a confirmar la decisi\u00f3n del a quo, con apoyo en una adecuada valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, jur\u00eddica y probatoria. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces: \u00abEn efecto, el Tribunal consider\u00f3 que estaba demostrado que el propietario de las tuber\u00edas ubicadas en el inmueble objeto de restituci\u00f3n era Frontera Energy Corp., por cuanto las hab\u00eda adquirido a t\u00edtulo de compraventa \u2013en el marco de un contrato de suministro celebrado con el arrendatario del inmueble objeto de restituci\u00f3n- y hab\u00eda operado uno de los modos de tradici\u00f3n de bienes muebles. En consecuencia, resolvi\u00f3 que deb\u00eda prosperar el incidente de levantamiento de embargo y secuestro promovido\u00bb. <\/p>\n
No comparto tal determinaci\u00f3n por las siguientes razones: <\/p>\n
(i). Queda claro que lo controvertido en esta acci\u00f3n de tutela es lo dirimido en el incidente de levantamiento de embargo y secuestro promovido dentro de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble, en el que, por aducirse como causal la mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, se tramita en \u00fanica instancia. <\/p>\n
(ii) El incidente de \u00ablevantamiento de embargo y secuestro\u00bb previsto en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 597 del C\u00f3digo General del Proceso, constituye un tr\u00e1mite especial \u2013 art. 127 y ss CGP -, aunque de estructura similar al proceso, en la medida que impone la formulaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n, un t\u00e9rmino propio para pruebas y su decisi\u00f3n, su principal caracter\u00edstica es el de ser accesorio a \u00e9ste y, por ende, constituyen elementos de su naturaleza, i) La existencia de un pleito previo; ii) Que la \u00abcuesti\u00f3n\u00bb tenga el car\u00e1cter de \u00abaccesoria\u00bb respecto de aquel y, iii) Una resoluci\u00f3n judicial que lo dirima. <\/p>\n
Esa condici\u00f3n de \u00abaccesoriedad\u00bb, es precisamente la que impide, cualquiera sea la \u00abcuesti\u00f3n a definir\u00bb, que altere la esencia misma del \u00abproceso principal\u00bb, de acuerdo con el principio general del derecho \u00ablo accesorio sigue la suerte de lo principal\u00bb, y no al contrario. <\/p>\n
De manera, que, de conformidad con dicho \u00abprincipio\u00bb, las cosas \u00abaccesorias\u00bb que dependen de las \u00abprincipales\u00bb correr\u00e1n, material, ideal o jur\u00eddicamente la suerte de esta. <\/p>\n
(iii). El art\u00edculo 321 de la misma codificaci\u00f3n, en su numeral 5\u00b0, prev\u00e9 que es apelable el auto emitido en primera instancia, que \u00abrechace de plano un incidente y el que lo resuelva\u00bb, lo que, en mi criterio, no permite la interpretaci\u00f3n extensiva que se hace en el interlocutorio del que tom\u00f3 distancia. <\/p>\n
Cuando la norma se refiere a \u00abautos proferidos en primera instancia\u00bb, excluye de entrada los expedidos en \u00fanica instancia, como lo es el asunto examinado que, por tratarse de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, al tenor del art\u00edculo 384, numeral 9, ib\u00eddem, \u00abse tramita en \u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
La principal caracter\u00edstica de los \u00abprocesos de \u00fanica instancia\u00bb es, precisamente, que las providencias all\u00ed adoptadas carecen del recurso de apelaci\u00f3n, lo que constituye una de las excepciones al \u00abprincipio de la doble instancia\u00bb contemplado en los art\u00edculos 31 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 9 del C\u00f3digo General del Proceso, que, tal como lo estima la jurisprudencia constitucional, no es absoluto \u201cpues no hace parte del n\u00facleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelaci\u00f3n puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte\u201d desde luego \u201c\u2026 siempre y cuando con esa determinaci\u00f3n no vulnere normas constitucionales, especialmente, las que consagran derechos fundamentales (\u2026)\u00bb (C-179 de 1995 reiterado en la C- 103 de 2005). <\/p>\n
(iv). Si en el sub lite el tr\u00e1mite del \u00abincidente de levantamiento de embargo y secuestro\u00bb se present\u00f3 en un \u00abproceso de \u00fanica instancia\u00bb, que como qued\u00f3 dicho no tiene apelaci\u00f3n, la decisi\u00f3n que lo neg\u00f3, tampoco la tiene a menos de desatender la unidad del proceso civil en el que, adem\u00e1s, la igualdad como principio que regula la instancia impone una razonable equivalencia de posibilidades en el ejercicio de la acci\u00f3n y la defensa, las que no se visibilizan cuando al \u201ctercero\u201d se le otorga, sin que la forma procedimental lo prevea, el acto procesal de provocar la segunda instancia no permitido a la parte en esta clase de asuntos – arts. 13, 31 CN; 4 y 9 C.G.P. -. <\/p>\n
Por consiguiente, no era posible que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura concediera la apelaci\u00f3n del auto por medio del cual resolvi\u00f3 la articulaci\u00f3n referida, que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga tramitara la alzada de aquel y, mucho menos que esta Sala avalar\u00e1 tales procederes. <\/p>\n
Con el debido respeto, dejo as\u00ed consignada mi discrepancia. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n 11001-02-03-000-2021-02065-00 <\/p>\n
Discrepo de la postura adoptada por la mayor\u00eda de la Sala, en cuanto pas\u00f3 por alto que la decisi\u00f3n por medio de la cual, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura levant\u00f3 las medidas cautelares practicadas en el proceso objeto de queja constitucional, era inapelable. <\/p>\n
En efecto, el juicio controvertido es de aquellos que deben tramitarse en \u00fanica instancia, de acuerdo con lo contemplado en el numeral 9\u00b0 del art\u00edculo 384 del estatuto adjetivo, ya que se trata de un proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, donde se invoc\u00f3 como \u00fanica causal la mora en el pago de los c\u00e1nones. <\/p>\n
Ahora, el panorama no cambia porque la resoluci\u00f3n confrontada sea el resultado de la intervenci\u00f3n de un tercero, Frontera Energy Corp. Sucursal Colombia, quien promovi\u00f3 incidente con el fin de que se cancelaran las cautelas practicadas sobre la tuber\u00eda que se denunci\u00f3 como de propiedad de la sociedad demandada, pues, como lo he destacado en otras ocasiones, el proceso es una unidad y, por ende, la procedencia o no del remedio vertical no puede supeditarse a la intervenci\u00f3n de sujetos ajenos a la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, quienes quedan sometidos a las reglas bajo las cuales debe impulsarse el tr\u00e1mite. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no hab\u00eda lugar a que la Sala Civil-Familia del Tribunal de Buga se pronunciara en segunda instancia sobre la directriz mencionada, como tampoco era viable que la Sala revisara la directriz que dicha Corporaci\u00f3n expidi\u00f3 en este escenario. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, ut supra, <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
STC9591-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02065-00 <\/p>\n
1. Disiento de la decisi\u00f3n acogida en la providencia objeto de este pronunciamiento porque, en mi criterio, trat\u00e1ndose de un juicio de \u00fanica instancia, esto es, de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, fundado exclusivamente en la mora del demandado en el pago de los c\u00e1nones correspondientes, resultaba inviable efectuar el estudio sobre la providencia proferida por el colegiado denunciado, en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Se memora, Port Service S.A.S. impuls\u00f3 el resguardo contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Buenaventura y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga aduciendo, en s\u00edntesis, que tras la emisi\u00f3n de la sentencia donde se accedi\u00f3 a sus pretensiones, relativas a declarar incumplido el enunciado contrato suscrito con I.R.I de Colombia S.A.S. y la consecuente restituci\u00f3n del inmueble objeto de tal negocio, se vincul\u00f3 al asunto Frontera Energy Colombia Corp, quien, en calidad de tercera, deprec\u00f3 el levantamiento del embargo y secuestro decretados sobre ciertos bienes en el decurso. <\/p>\n
Acot\u00f3 que, luego de la formulaci\u00f3n de otra salvaguarda, el juzgado atacado, el 5 de marzo de 2020 accedi\u00f3 a tramitar el incidente propuesto y levantar dichas medidas, disponiendo, asimismo, la entrega de los bienes cautelados. <\/p>\n
El tribunal, a su turno, el 18 de mayo de 2021, se neg\u00f3 a efectuar un control de legalidad y ratific\u00f3 la determinaci\u00f3n anterior. <\/p>\n
La tutelante sostuvo el quebranto de sus prerrogativas, dada la indebida valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n y los defectos f\u00e1cticos y sustantivos cometidos por el colegiado querellado. <\/p>\n
3. Esta Sala, en el pronunciamiento mayoritario del cual me aparto, para resolver la queja propuesta, verific\u00f3 las consideraciones plasmadas por el tribunal en la decisi\u00f3n de 18 de mayo de 2021 y neg\u00f3 el amparo como consecuencia. No obstante, releg\u00f3 pronunciarse en torno a la habilitaci\u00f3n de esa autoridad para intervenir en el juicio cuestionado; ello, a pesar de tratarse, como se anunci\u00f3, de un litigio de \u00fanica instancia. <\/p>\n
4. El mencionado fallo, como otros de similar linaje donde tambi\u00e9n me he visto compelido a separarme5, avala la tesis consistente en que las actuaciones promovidas a instancias de un tercero opositor, dentro de los juicios de restituci\u00f3n de inmueble arrendado cuando son de \u00fanica instancia, gozan de la doble, o de que con independencia de si el proceso principal, del cual se derivan, carece o no de dicho beneficio. <\/p>\n
Esa visualizaci\u00f3n del problema rompe abruptamente el sistema procesal colombiano y la autonom\u00eda de configuraci\u00f3n legislativa, de la cual es titular el Estado de Derecho a trav\u00e9s de sus \u00f3rganos legislativos, facultados para reglamentar el derecho de acci\u00f3n dentro de las previsiones constitucionales. <\/p>\n
Confunde el juzgamiento, depara la incertidumbre sobre lo que est\u00e1 claro, equipara los juicios penales o sancionatorios con los civiles, cuyas controversias se hallan guiadas por el respeto al principio de la autonom\u00eda de la voluntad. <\/p>\n
5. En la terminolog\u00eda del actual Estatuto Procesal, como en sus antecedentes, inmediatos y mediatos, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (art. 1356) y el C\u00f3digo Judicial de 1931 (art. 3917), se denominan incidentes a los tr\u00e1mites que tienen por objeto la resoluci\u00f3n de cuestiones accidentales o accesorias suscitadas entre los intervinientes al interior del proceso o como parte de \u00e9l, con motivo del adelantamiento de la respectiva actuaci\u00f3n procesal principal. <\/p>\n
5.1. Tal, en l\u00edneas generales, ha sido la definici\u00f3n que de \u00e9stos han elaborado la mayor\u00eda de los expositores patrios, antiguos y modernos. <\/p>\n
En efecto, Demetrio Porras, el paname\u00f1o autor de la primus opera sobre el Derecho Procesal colombiano, en 1882 expres\u00f3: <\/p>\n
\u201cLa palabra incidente, derivada del lat\u00edn incido, incidens (acontecer, interrumpir, suspender), significa en su m\u00e1s lata acepci\u00f3n, lo que sobreviene accesoriamente en alg\u00fan asunto fuera de lo principal. En sentido jur\u00eddico es toda cuesti\u00f3n que sobreviene entre los litigantes durante el curso de la acci\u00f3n deducida en juicio. Seg\u00fan esto, se aplica esta palabra a todas las contestaciones que se originan en una instancia, que interrumpen, alteran o suspenden el procedimiento ordinario del negocio de que se trata: incidu in rem de qua agitur. Tanto la jurisprudencia como nuestros C\u00f3digos Procesales reconocen las cuestiones incidentales con el nombre de art\u00edculos, incidencias o articulaciones\u201d8. <\/p>\n
El pensamiento del antioque\u00f1o, Julio Gonz\u00e1lez Vel\u00e1squez, miembro de la Comisi\u00f3n para la Revisi\u00f3n del C\u00f3digo Judicial de 19319, camina por la misma senda: <\/p>\n
\u201cDefine el art\u00edculo (el 391 del C\u00f3digo Judicial) los incidentes diciendo que son las controversias o cuestiones accidentales que la ley permite discutir en el curso de un juicio y que requieren una decisi\u00f3n especial (\u2026). <\/p>\n
\u201cEl incidente (de incido, incides: acontecer, suspender, interrumpir) tiene su naturaleza propia y su objeto es la definici\u00f3n de las cuestiones suscitadas entre las partes con motivo del adelantamiento futuro, actual o pasado de los litigios, lo que muestra que por s\u00ed mismos no son independientes. Por tanto, ese objeto ha de estar constituido por uno de cualquiera de los elementos de los juicios, porque a ellos hacen relaci\u00f3n\u201d10. <\/p>\n
Seg\u00fan Hernando Morales Molina, quien sigue parcialmente a Manresa y a Mortara, <\/p>\n
\u201cAl lado de la cuesti\u00f3n principal pueden presentarse en el curso del proceso cuestiones accesorias o secundarias que con una voz gen\u00e9rica se denominan incidentes, y que generalmente requieren decisi\u00f3n previa y especial. <\/p>\n
\u201cEnse\u00f1a Manresa que al palabra incidente significa \u201ctoda cuesti\u00f3n o contestaci\u00f3n accesoria que sobreviene o se forma durante el curso del negocio o acci\u00f3n principal\u201d, pudiendo agregarse que su nota caracter\u00edstica es la vinculaci\u00f3n o relaci\u00f3n inmediata con el proceso en que surja. Mortara dice que la misma etimolog\u00eda de la palabra pone de presente la funci\u00f3n de los incidentes en el proceso, pues viene del lat\u00edn incidere (interrumpir, surgir en medio), de modo que constituyen \u201cverdaderos episodios del debate\u201d, del cual toman vida y al cual se refieren, pueden aportar nuevas luces para el descubrimiento de la verdad y facilitan, en otro aspecto, la reintegraci\u00f3n del derecho violado o desconocido. <\/p>\n
\u201cEn nuestra ley prevalece la distinci\u00f3n entre las cuestiones definitivas que se deciden en la sentencia, y las que el juez resuelve sobre incidentes inter locutus, de donde se deriva su denominaci\u00f3n de interlocutorias\u201d11. <\/p>\n
Similares razonamientos son los expuestos por Monroy Cabra, Eduardo Garc\u00eda Sarmiento y por el uruguayo, Eduardo J. Couture, cuyas respectivas obras, en obsequio de la brevedad, me limito a relacionar en nota al pie12. <\/p>\n
Esta Corte, en fallo del 6 de agosto de 1958 (M.P. Jos\u00e9 Hern\u00e1ndez Arbel\u00e1ez), condens\u00f3 su pensamiento sobre la cuesti\u00f3n, sentenciando: \u201cEn los procedimientos judiciales la articulaci\u00f3n no es otra cosa que un juicio accesorio en diminutivo sobre materias cuyo juzgamiento interesa al proceso en curso\u201d. <\/p>\n
5.2. De la anotada finalidad y del concepto mismo de los incidentes se extrae una de sus caracter\u00edsticas m\u00e1s acusadas13: la conexidad de lo secundario con el pleito principal, y su relaci\u00f3n de dependencia con el petitum y la causa petendi objeto del debate. Tienen su origen en la necesidad de desembarazar el procedimiento para que prospere y llegue a feliz t\u00e9rmino, y hacen parte de su estructura unitaria. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, a un tr\u00e1mite secundario, articulaci\u00f3n o actuaci\u00f3n especial, ll\u00e1mese como se le quiera denominar, promovido a continuaci\u00f3n o junto a un determinado juicio, o como consecuencia de \u00e9l, le son aplicables las mismas reglas regulatorias de la competencia derivadas de los factores funcional y objetivo que sigue el tr\u00e1mite principal. <\/p>\n
6. Luego, si como aconteci\u00f3 en el sub\u00e9xamine, el proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado se gestion\u00f3 por la v\u00eda de la \u00fanica instancia; en virtud de ello, estando ya fijada la competencia, si la ley lo provey\u00f3 apenas de una etapa; adem\u00e1s, si no correspond\u00eda a un derecho sancionatorio por versar sobre una relaci\u00f3n arrendaticia con causal ayuna de apelaci\u00f3n; no es posible proponer frente a las decisiones que en \u00e9l se adopten, cualesquiera que ellas sean, una instancia adicional, por v\u00eda de la excepci\u00f3n, contrariando normas expresas e imperativas y, por tanto, de obligatoria observancia. <\/p>\n
Otorgarla, al rompe, contrar\u00eda lo preceptuado en los incisos 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 321 del Estatuto Procesal, as\u00ed como la regla 384-9 del CGP, y desconoce caros valores y derechos como la confianza leg\u00edtima y la seguridad jur\u00eddica ciudadana. <\/p>\n
\u201c[C]orresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce [entre otras] las siguientes funciones: <\/p>\n
\u201c1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. <\/p>\n
\u201c2. Expedir C\u00f3digos en todos los ramos de la legislaci\u00f3n y reformar sus disposiciones\u201d. <\/p>\n
Si la actuaci\u00f3n cardinal es de \u00fanica instancia tambi\u00e9n lo ser\u00e1n las etapas o fases complementarias que sigan a la misma, y entre las cuales despuntan las tramitaciones incidentales. <\/p>\n
7. La decisi\u00f3n de la Corte desnaturaliza el proceso, siembra la confusi\u00f3n, desordena los juicios, invita a desconocer la Ley procesal. Lo m\u00e1s grave, en lugar de proteger los derechos fundamentales, los desequilibra al interior del proceso: \u00bfSi el proceso es una unidad, y si la Constituci\u00f3n manda respetar el derecho a la igualdad, por qu\u00e9 raz\u00f3n, la \u00fanica instancia en un juicio de restituci\u00f3n por mora en el pago de los c\u00e1nones de arrendamiento, surte efectos y se aplica \u00fanicamente para las partes o extremos litigantes que intervienen en el proceso, pero no para los terceros que concurren al mismo debate? Esta es una l\u00f3gica ficticia, realmente. <\/p>\n
Cuestiones como la debatida se hallan en contra de la consolidada doctrina probable de esta Sala, as\u00ed como la de car\u00e1cter constitucional vigente en el punto (ej. Sent. C-103 de 2005). <\/p>\n
La decisi\u00f3n no explica ni polemiza, ni falsea la tesis hasta entonces vigente en esta Corte, por el contrario, la ignora; tampoco demuestra porqu\u00e9, a pesar de la existencia de normas legales que amparan la decisi\u00f3n de los jueces tutelados, resulta de mayor energ\u00eda y eficacia la nueva para la protecci\u00f3n de los derechos. <\/p>\n
8. En los t\u00e9rminos anteriores dejo salvado mi voto. <\/p>\n
Fecha ut supra, <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c23AutoConfirma.pdf\u201d del Cuaderno del Tribunal que se encuentra en el expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 257 a 261 del archivo \u201c01ActuacionesIncidente.pdf\u201d del Cuaderno Incidente Levantamiento Medida Cautelar del expediente digital del proceso de marras. <\/p>\n
3\u0002 ATC1930-2019. <\/p>\n
5\u0002 As\u00ed: Salvamentos de voto frente a las STC4312-2018, exp. 2018-00013-01, de 4 de abril, a la STC11873-2018, exp. 2018-01404-01, de 13 de septiembre, y a la STC1826-2019, exp. 2018-02928-01, de 20 de febrero. En similar l\u00ednea: aclaraci\u00f3n de voto respecto de la STC7352-2018, exp. 2018-00104, del 6 de junio. <\/p>\n
6\u0002 \u201cSe tramitar\u00e1n como incidente las cuestiones accesorias que la ley expresamente se\u00f1ale; las dem\u00e1s se resolver\u00e1n de plano, y si hubiere hechos que probar, a la petici\u00f3n se acompa\u00f1ar\u00e1 prueba siquiera sumaria de ellos\u201d. <\/p>\n
7\u0002 \u201cSon incidentes las controversias o cuestiones accesorias que la ley permite discutir en el curso del juicio y que requieren una decisi\u00f3n especial\u201d. <\/p>\n
8\u0002 PORRAS, Demetrio. Pr\u00e1ctica Forense o Prontuario de Jurisdicci\u00f3n. Tomo II. Bogot\u00e1. 1882. P\u00e1g. 276. <\/p>\n
9\u0002 Seg\u00fan Decreto 1887 de 1969. <\/p>\n
10\u0002 GONZ\u00c1LEZ V\u00c9LASQUEZ, Julio. Instituci\u00f3n Procesal Civil Colombiana. 1946. P\u00e1g. 186. <\/p>\n
11\u0002 MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 1978. P\u00e1g. 389. <\/p>\n
12\u0002 Vide: MONROY CABRA, Marco Gerardo. Principios de Derecho Procesal Civil. Bogot\u00e1. 1974. P\u00e1g. 330; GARC\u00cdA SARMIENTO, Eduardo. Incidentes, Incidencias y Nulidades Procesales. Bogot\u00e1. 1991. P\u00e1g. 13; COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jur\u00eddico. Montevideo-Buenos Aires. 2010. P\u00e1gs. 397-398. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. PORRAS, Demetrio. Practica Forense \u00f3 Prontuario de Jurisdicci\u00f3n. Tomo II. Bogot\u00e1. 1882. P\u00e1g. 276; OSSORIO, An\u00edbal B. Estudio sobre el Procedimiento Civil. Tomo I. 1935. P\u00e1gs. 352-355; GONZ\u00c1LEZ V\u00c9LASQUEZ, Julio. Instituci\u00f3n Procesal Civil Colombiana. Medell\u00edn. 1946. P\u00e1g. 186; MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Bogot\u00e1. 1978. P\u00e1gs. 389-390. <\/p>\n
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STC9591-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC9591-2021 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiuno (2021). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Port Service S.A.S. contra el Juzgado Tercero Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55887","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55887","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55887"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55887\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55887"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55887"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55887"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}