STC9616-2021 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9616-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2021-01297-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la opugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Marta Patricia Tarazona Bravo frente a la sentencia del 2 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades, extensiva a los intervinientes en el proceso de intervenci\u00f3n judicial con radicado n\u00b0 76745. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretendi\u00f3 que se ordene al accionado decretar la totalidad de las pruebas que fueron rechazadas en auto del 29 de marzo hoga\u00f1o. <\/p>\n
Adujo que, como consecuencia de una investigaci\u00f3n administrativa por captaci\u00f3n no autorizada de dineros del p\u00fablico en forma masiva, la encartada orden\u00f3 la intervenci\u00f3n bajo la medida de toma de posesi\u00f3n de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la Sociedad ABC FOR WINNERS S.A.S. (14 nov. 2017). <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 29 de marzo de la presente anualidad, a fin de resolver las solicitudes de \u00abdesintervenci\u00f3n\u00bb elevadas por los accionistas de la compa\u00f1\u00eda, se profiri\u00f3 auto que, adem\u00e1s de decretar algunas pruebas de oficio y otras aportadas por las partes, rechaz\u00f3 las testimoniales pedidas por la actora y otros intervinientes. Se\u00f1al\u00f3 que la reposici\u00f3n que interpuso al referido prove\u00eddo fue desatada desfavorablemente, por lo que consider\u00f3 lesionadas sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
2. La Superintendencia accionada defendi\u00f3 la legalidad de sus actos. El interventor y representante legal de la sociedad ABC For Winners SAS hizo un relato de las actuaciones surtidas y su papel en el tr\u00e1mite. La agente interventora de otras sociedades vinculadas al sumario aleg\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que las decisiones atacadas se encuentran \u00abmotivadas y cuentan adem\u00e1s con un grado de razonabilidad que impide calificarla como arbitraria[s]\u00bb. <\/p>\n
4. La impugnante reiter\u00f3 sus argumentos iniciales y critic\u00f3 la motivaci\u00f3n del fallo objetado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado porque la decisi\u00f3n fustigada se percibe adoptada bajo criterios de interpretaci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por la autoridad convocada; en ese sentido no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
En efecto, la queja de Marta Patricia Tarazona Bravo se circunscribe al rechazo de las pruebas (distintas a las documentales) que solicit\u00f3 en el tr\u00e1mite objeto de observaci\u00f3n porque, a su parecer, tal situaci\u00f3n limita el ejercicio a su derecho de defensa como accionista de la sociedad intervenida. As\u00ed, queda sentado desde ya que la verdadera intenci\u00f3n de aquella se halla cimentada sobre la base de discutir el raciocinio desplegado por el juzgador natural de su causa a pesar de que no se vislumbra caprichoso, fortuito o abiertamente contrario al ordenamiento jur\u00eddico como se pasa a exponer. <\/p>\n
Revisada la providencia acusada se observa que la autoridad querellada, previo a la toma de la decisi\u00f3n y respecto de la naturaleza de las \u00absolicitudes de desintervenci\u00f3n\u00bb que le fueron presentadas, adujo que: <\/p>\n
(\u2026) las solicitudes de desintervenci\u00f3n deben tramitarse como objeciones al inventario. <\/p>\n
(\u2026) Esto, como quiera que en el escenario de la intervenci\u00f3n aqu\u00e9llas no son tr\u00e1mites accesorios y por tanto no deben seguir el procedimiento incidental se\u00f1alado en el art\u00edculo 8 de la Ley 1116 de 2006, de conformidad con lo explicado en Auto 420-000854 de 22 de enero de 2018, providencia a trav\u00e9s de la cual se precisaron las etapas del proceso de intervenci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) Una vez presentado el inventario valorado de bienes y puesto en traslado, durante el t\u00e9rmino del mismo podr\u00e1n presentarse objeciones, que se tramitar\u00e1n conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 53 del anotado estatuto de insolvencia, que su vez, remite a los art\u00edculos 29 y 30 de la misma norma. <\/p>\n
(\u2026) De acuerdo con estas normas, las objeciones que se presenten ser\u00e1n puestas en traslado por el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas, venido el cual, el auxiliar tendr\u00e1 10 d\u00edas para conciliar las mismas. Vencido este plazo, el Juez convocar\u00e1 a audiencia para decidir aquellas objeciones que no sean conciliadas, previo auto que decrete sobre las pruebas a tener en cuenta. Como lo se\u00f1alan dichas normas, las \u00fanicas pruebas admisibles para resolver las objeciones, ser\u00e1n las documentales aportadas, tanto en la presentaci\u00f3n de cr\u00e9ditos como en las objeciones. <\/p>\n
En sustento de su decisi\u00f3n, conforme a lo dicho en otras ocasiones por esta Corporaci\u00f3n, predic\u00f3 que: <\/p>\n
En ese orden, frente al caso concreto, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de rechazar las probanzas diferentes a las documentales aportadas fincada en el siguiente argumento medular: <\/p>\n
\u00abse rechazar\u00e1 la solicitud de pruebas diferentes a las documentales aportadas, como quiera que no cumple con lo dispuesto en el art\u00edculo 29 de la Ley 1116 de 2006, en la medida en que esta norma prescribe que las pruebas admisibles son s\u00f3lo aquellas documentales aportadas con el escrito de objeciones, con el escrito de solicitud de exclusi\u00f3n o con la respuesta a las mismas\u00bb <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que la decisi\u00f3n fustigada se encuentra soportada en la interpretaci\u00f3n razonable que la encartada desarroll\u00f3 sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica sometida a su consideraci\u00f3n de cara a los hechos y pruebas que le adosaron y sobre la cual efectu\u00f3 su ejercicio hermen\u00e9utico, lo que la llev\u00f3 a concluir que, para el caso concreto, no se hallaban presentes los presupuestos necesarios para admitir probanzas diferentes a las documentales adosadas, lo que pone en evidencia que lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto y la hermen\u00e9utica judicial desplegada. <\/p>\n
Queda claro pues, que el anhelo de la censor se reduce a exponer su inconformidad con el auto atacado e imponer su opini\u00f3n sobre la forma en que considera se debi\u00f3 dirimir el asunto, sin que ello, por s\u00ed, deje al descubierto un desatino may\u00fasculo ni constitutivo de la lesi\u00f3n que endilga, situaci\u00f3n que desconoce c\u00f3mo este mecanismo no tiene la finalidad de contrastar las posiciones de la parte y el juzgador a fin de precisar cu\u00e1l de ellas ostenta mayor asidero, pues como bien lo ha dicho esta Sala <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). <\/p>\n
Finalmente, el procedimiento de intervenci\u00f3n Estatal de \u00ablos negocios, operaciones y patrimonio de las personas naturales o jur\u00eddicas que desarrollan o participan en la actividad financiera sin la debida autorizaci\u00f3n\u00bb, se encuentra regulado en el Decreto 4334 de 2008, cuyo art\u00edculo 15 dispuso que \u00ab[e]n lo no previsto en el presente decreto, se aplicar\u00e1n, en lo pertinente, supletivamente las reglas establecidas en (\u2026) el R\u00e9gimen de Insolvencia Empresarial\u00bb. En ese orden, la Ley 1116 de 2006 contempl\u00f3 en sus art\u00edculos 29 y 30 que \u00ab[l]a \u00fanica prueba admisible para el tr\u00e1mite de objeciones ser\u00e1 la documental\u00bb precepto que resulta aplicable tanto en el tr\u00e1mite de reorganizaci\u00f3n empresarial como en el de liquidaci\u00f3n judicial (art. 53). <\/p>\n
Al respecto sobre el tratamiento criticado cavil\u00f3 la encartada en el auto que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n al prove\u00eddo cuestionado que: <\/p>\n
Teniendo claro que las solicitudes de desintervenci\u00f3n deb\u00edan ser propuestas y resueltas como objeciones al inventario valorado, y en aras de que no quede duda respecto a las reglas que deb\u00edan aplicarse, resulta necesario remitirnos al art\u00edculo 2.2.2.15.1.4. del Decreto 1074 de 2015 que, establece que, para la presentaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del inventario valorado de los bienes distintos a sumas de dinero, en los procesos de intervenci\u00f3n se aplicar\u00e1 lo dispuesto para el proceso de Liquidaci\u00f3n Judicial de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
42. En efecto, el art\u00edculo 53 de la Ley 1116, que se refiere a la aprobaci\u00f3n del inventario en el proceso de Liquidaci\u00f3n Judicial, remite a los art\u00edculos 29 y 30.1 del mismo estatuto. Estas normas establecen que solamente se tendr\u00e1n como pruebas las documentales aportadas por las partes con los escritos de objeci\u00f3n. (Resaltado de ahora) <\/p>\n
De all\u00ed que, como ya se dijo, al margen de que se comparta la hermen\u00e9utica de la convocada, es ostensible que su proceder no resulta irreflexivo de cara al procedimiento que se acusa. <\/p>\n
En definitiva, la frustraci\u00f3n del amparo no se hace esperar pues resulta evidente que las decisiones cuestionadas no se hallan caprichosas, antojadizas o abiertamente contrarias al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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