STC9620-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9620-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 41001-22-14-000-2021-00134-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda y Alirio P\u00e9rez P\u00e9rez frente a la sentencia de 7 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Teruel – Huila, extensiva a los intervinientes en el declarativo de resoluci\u00f3n de contrato con radicado n\u00b0 41 801 40 89 001 2020 00058 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores pidieron que se \u00abinvalide\u00bb lo actuado por el juzgado accionado para que en su lugar se remita el expediente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva que conoci\u00f3 primigeniamente el pleito. <\/p>\n
En compendio, adujeron que Carolina Vargas Cerquera impetr\u00f3 la causa cuestionada en contra de Libardo Di\u00f3genes Morales a fin de obtener la nulidad del contrato de compraventa que en su momento celebraron. Se\u00f1alaron que dicha demanda fue radicada ante el juzgado del Circuito referido y que dicho estrado remiti\u00f3 por competencia el asunto al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Teruel (10 mar. 2020), qui\u00e9n asumi\u00f3 competencia el 22 de octubre de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Adujeron que tras la muerte del demandado (17 ene. 2021) la autoridad accionada reconoci\u00f3 (21 abr. 2021) como sucesores procesales a sus \u00abherederos\u00bb (M\u00f3nica, Libardo Y Diego Morales D\u00edaz) y a su \u00abc\u00f3nyuge sup\u00e9rstite\u00bb (Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda). Agregaron, que en ese mismo prove\u00eddo se neg\u00f3 \u00abpersoner\u00eda adjetiva al se\u00f1or Alirio P\u00e9rez P\u00e9rez para litigar en causa ajena dentro del presente asunto, en representaci\u00f3n de Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda\u00bb. <\/p>\n
Expusieron que ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva curs\u00f3 proceso ejecutivo de Libardo Di\u00f3genes Morales en contra de Carolina Vargas Cerquera que termin\u00f3 con sentencia favorable a la ejecutada. Consideran que era en ese coercitivo donde la ejecutada deb\u00eda proponer \u00abreconvenci\u00f3n\u00bb en lugar de iniciar una nueva acci\u00f3n de resoluci\u00f3n de contrato, como en efecto lo hizo. <\/p>\n
En suma, reprochan que el juzgado accionado i). asumiera el conocimiento del pleito a pesar de su falta de competencia y de la existencia del proceso ejecutivo, ii). aceptara la solicitud de sucesi\u00f3n procesal que vincul\u00f3 a los herederos y a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y que, iii). negara personer\u00eda judicial al se\u00f1or \u00abAlirio P\u00e9rez P\u00e9rez para litigar en causa ajena dentro\u00bb de la contienda fustigada. <\/p>\n
2. El Juzgado accionado defendi\u00f3 la legalidad de sus actos e hizo un relato de las actuaciones surtidas en el expediente. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 el despacho del circuito que conoci\u00f3 inicialmente la disputa. <\/p>\n
Carolina Vargas Cerquera expuso que el ejecutivo que se adelant\u00f3 en su contra fue resuelto en su favor a causa de la \u00abmala fe\u00bb del entonces ejecutante, qui\u00e9n celebr\u00f3 un contrato sobre un bien, a su juicio, inexistente. Indic\u00f3 que, a causa de ello, impetr\u00f3 la acci\u00f3n declarativa que se censura y que en dicho tr\u00e1mite se han respetado los derechos de los intervinientes. Agreg\u00f3 que a la interposici\u00f3n del resguardo se encontraban corriendo los t\u00e9rminos para que la accionante ejerciera su derecho de defensa dentro del litigio. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que los actores no recurrieron las decisiones fustigadas y que, la decisi\u00f3n de no reconocer personer\u00eda judicial al promotor, resultaba razonable conforme a lo reglado en el Decreto 196 de 1971. <\/p>\n
4. Los impugnantes reiteraron sus argumentos iniciales y reprocharon que nada se resolviera sobre los derechos del Alirio P\u00e9rez P\u00e9rez para litigar en causa ajena. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado porque se extra\u00f1a del expediente que los actores hubiesen ventilado sus inconformidades, primigenia y oportunamente, ante el juez natural de la causa, situaci\u00f3n que devela su incuria en el uso de los mecanismos que la ley les otorgaba para controvertir tales situaciones y el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario de este amparo supralegal. <\/p>\n
En efecto, la queja de los promotores se circunscribe a que la autoridad convocada asumiera el conocimiento del pleito a trav\u00e9s del auto admisorio de la demanda y que haya aceptado la solicitud de sucesi\u00f3n procesal que vincul\u00f3 a los herederos y a la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite, de igual forma reprochan que se negara \u00abpersoner\u00eda adjetiva al se\u00f1or Alirio P\u00e9rez P\u00e9rez para litigar en causa ajena dentro del presente asunto, en representaci\u00f3n de Cecilia D\u00edaz Casta\u00f1eda\u00bb; Sin embargo, revisado el expediente y la base de datos p\u00fablica de consulta de procesos de la rama judicial se observa que los promotores no acudieron de forma preferente y tempestiva ante el juez natural del asunto a exponer los disentimientos que elevaron de manera directa por este excepcional tr\u00e1mite ius fundamental, de lo que se impone la improcedencia del resguardo por falta de subsidiariedad. <\/p>\n
(\u2026) el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de s\u00faplica y contra los de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen (\u2026). (Resaltado propio) <\/p>\n
De lo anterior expuesto, en breve se colige la incuria de los libelistas frente a la posibilidad que tuvieron de reprochar las decisiones que por este auxilio reprochan, por lo que se hace ostensible el desconocimiento del car\u00e1cter subsidiario y excepcional que caracteriza a este tipo de tr\u00e1mite constitucional. No en vano, sobre la desidia que se pone de presente, ha reiterado esta Sala que: <\/p>\n
Es decir, cont\u00f3 con la oportunidad de exponerle al juzgado acusado las razones de su inconformidad y reclamarle en pro de sus intereses y no lo hizo; por el contrario, dej\u00f3 fenecer el t\u00e9rmino procesal que le fuera otorgado para que pudiera rebatir tal resoluci\u00f3n y as\u00ed le fuera revisado su descontento, sin que este camino pueda convertirse en un medio alternativo para revivir las oportunidades desaprovechadas, cuesti\u00f3n que cercenar\u00eda los principios nodales que edifican este mecanismo constitucional. Por tanto, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche expresado, dado el car\u00e1cter residual de este resguardo, que impone el agotamiento previo de los instrumentos de defensa previstos al interior del tr\u00e1mite; de otra manera, se convertir\u00eda en una ruta para renacer las etapas clausuradas, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo. (Sentencia STC7560-2018). Subrayas resaltadas. <\/p>\n
Ahora, a pesar de las manifestaciones gen\u00e9ricas de apremio y perjuicio insalvable que acotaron los impulsores, se echa de menos la acreditaci\u00f3n de su existencia, situaci\u00f3n suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota (\u2026) gravedad y urgencia (\u2026)\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
En definitiva, al haberse acreditado que ante el juez natural no se expusieron primeramente las inconformidades de los censores, ni se propusieron oportunamente los recursos de reposici\u00f3n respectivos, no queda alternativa diferente a la de desestimar el auxilio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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