STC9623-2021 <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9623-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 70001-22-14-000-2021-00101-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 22 de junio de 2021, dictado por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo en la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Francisco Mart\u00ednez Buelvas contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa urbe, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en la litis n\u00b0 2011-00296-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El libelista solicit\u00f3 ordenar i) el desarchivo del expediente de pertenencia; ii) la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida en el proceso referido despu\u00e9s su admisi\u00f3n; y iii) que la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Sincelejo anule las anotaciones 004 y 005 del certificado de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 340-55223. <\/p>\n
En respaldo, se\u00f1al\u00f3 que Miriam Oviedo Mart\u00ednez impetr\u00f3 en dos ocasiones demanda de pertenencia, las cuales correspondi\u00f3 al estrado convocado. Cont\u00f3 que en la primera oportunidad (exp. 2000-00019) se decret\u00f3 la perenci\u00f3n por inactividad superior a seis meses (15 may. 2002), mientras que en el segundo (exp. 2011-00296) se dict\u00f3 sentencia estimatoria de las pretensiones (17 feb. 2012), decisi\u00f3n que constituye una v\u00eda de hecho por violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, toda vez que no se realiz\u00f3 el emplazamiento seg\u00fan el art\u00edculo 407, numeral 9, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, luego conculc\u00f3 sus prerrogativas porque la agencia judicial ten\u00eda conocimiento de los herederos por haber iniciado el tr\u00e1mite con anterioridad. <\/p>\n
Asever\u00f3 que no tuvo conocimiento de los procesos referidos, por lo que solicit\u00f3 flexibilizar el presupuesto de inmediatez de la acci\u00f3n de tutela ya que: i) A finales del a\u00f1o 2019, uno de los familiares se enter\u00f3 de la existencia del proceso por un aviso de venta que colocaron en el predio, de ah\u00ed que se contactaron con \u00e9l y empez\u00f3 a visitar el juzgado encartado, as\u00ed como a revisar los libros radicadores en los que encontr\u00f3 tres litigios instaurados por Miriam Oviedo Mart\u00ednez. ii) El 26 de febrero de 2020 obtuvo el certificado de tradici\u00f3n del predio con folio n\u00b0 340-55223, donde observ\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia de pertenencia -anotaci\u00f3n n\u00b0 004-. iii) El 12 de noviembre de 2020 la agencia convocada remiti\u00f3 a su correo electr\u00f3nico el link de los expedientes solicitados \u00ab00-0019 y 2011-00296\u00bb. Y iv) el 27 de marzo de 2021 se reuni\u00f3 con su poderdante y puso en conocimiento \u00abla realidad jur\u00eddica y toda la situaci\u00f3n que hab\u00eda sucedido en los procesos de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
2. El juzgado convocado, tras realizar un recuento de la actuaci\u00f3n surtida y defender su legalidad, indic\u00f3 que el amparo es improcedente por no satisfacer el presupuesto de temporalidad. <\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Sincelejo desestim\u00f3 el ruego por carecer del requisito de inmediatez y subsidiariedad, el primero porque \u00abel actor en ning\u00fan momento aduce (\u2026) motivos validos de su inactividad frente a la acci\u00f3n (\u2026) teniendo en cuenta que tuvo conocimiento de la existencia del proceso a finales del a\u00f1o 2019, tal como lo alega en el libelo genitor de tutela\u00bb y, respecto del segundo, por disponer de \u00abotro medio de defensa extraordinario (\u2026) como lo es la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n; el cual se encuentra consagrado en el art\u00edculo 354 y subsiguientes de la ley 1564 del 2012\u00bb. <\/p>\n
4. El gestor se alz\u00f3 fincado en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, adem\u00e1s de enfatizar que no existe otro medio de defensa extraordinario, puesto que los t\u00e9rminos est\u00e1n vencidos para interponer el recurso de revisi\u00f3n conforme al art\u00edculo 356, inciso 2\u00ba, del C\u00f3digo General del Proceso. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que el Tribunal no tuvo en cuenta que s\u00f3lo tuvo conocimiento del proceso hasta \u00abel 27 de marzo de 2021\u00bb cuando pudo obtener asesor\u00eda de su abogado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El prove\u00eddo opugnado debe ratificarse porque al margen de la pertinencia que puedan o no tener las elucubraciones del gestor, lo cierto es que el resguardo carece de inmediatez en la medida en que el c\u00f3mputo debe contabilizarse desde la data que aquel tuvo conocimiento de la existencia del prove\u00eddo que ahora censura, esto es, para la \u00e9poca que obtuvo el certificado de tradici\u00f3n del predio con folio de matr\u00edcula n\u00b0 340-55223, donde vislumbr\u00f3 el registro de la sentencia de pertenencia (26 feb. 2020). As\u00ed las cosas, desde aquel tiempo hasta el momento en que interpuso esta s\u00faplica (2 jul. 2021), han transcurrido m\u00e1s de seis meses, es decir, qued\u00f3 superado el lapso que esta Corporaci\u00f3n ha considerado razonable para acudir a esta senda excepcional. <\/p>\n
Sobre la tem\u00e1tica, esta Colegiatura ha enfatizado que <\/p>\n
(\u2026) aunque no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponerlo, se impone ejercerlo dentro de un \u00abplazo razonablemente prudencial\u00bb a efectos de que no se desnaturalice su objeto que no es otro que la \u00abprotecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales\u00bb de la persona. <\/p>\n
As\u00ed acontece porque aunque la ley no prev\u00e9 un l\u00edmite temporal en el cual debe operar el decaimiento del empe\u00f1o frente al quehacer jurisdiccional por falta del comentado elemento, \u00abs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u00bb, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u00abseis meses\u00bb contados a partir de que se dict\u00f3 la \u00abprovidencia\u00bb batallada en procura de que la aspiraci\u00f3n ius fundamental \u00abno pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC3156-2019, reiterada, en CSJ STC6917-2020, CSJ STC196-2021 entre otras). <\/p>\n
El panorama no cambia a\u00fan cuando se contara el t\u00e9rmino aludido desde que tuvo a su disposici\u00f3n el expediente, esto es, desde el 12 de noviembre de 2020, pues es evidente que desde esta calenda hasta la interposici\u00f3n de la tutela tambi\u00e9n se superaron los 6 meses con lo que contaba para ello. Y no se diga que dicho periodo debe contabilizarse desde el momento en que su abogado le inform\u00f3 sobre \u00abla realidad jur\u00eddica y toda la situaci\u00f3n que hab\u00eda sucedido en los procesos de pertenencia\u00bb por cuanto ello no ha sido contemplado por la constituci\u00f3n, la ley o la jurisprudencia como motivo de exculpaci\u00f3n. Las reglas son claras: cuando el actor conoce de la existencia del proceso con anterioridad a la emisi\u00f3n del prove\u00eddo fustigado, el tiempo con el que cuenta para buscar la revisi\u00f3n constitucional de aqu\u00e9l inicia desde su notificaci\u00f3n, y cuando no, comenzar\u00e1 desde el momento en que se enter\u00f3 de su existencia, sin que ello dependa del conocimiento o no de su abogado de confianza. <\/p>\n
En este orden de ideas, ser\u00e1 negada la s\u00faplica por ser evidente que lejos est\u00e1 de satisfacer el presupuesto de inmediatez como requisito general de procedibilidad, rep\u00edtase, porque el t\u00e9rmino de los seis meses no se contabiliza desde que el ciudadano pudo obtener asesor\u00eda legal sino desde que conoci\u00f3 del prove\u00eddo confutado, el cual, en este caso, sin lugar a duda, por lo menos ocurri\u00f3 el 12 de noviembre de 2020. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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