AC2917-2021 (2014-00039-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2917-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05360-31-03-001-2014-00039-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpusieron los intervinientes excluyentes Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo G\u00f3mez y Claudia Marcela Toro Pareja \u2013esta \u00faltima en representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Gustavo de Jes\u00fas Toro Bedoya\u2013, frente a la sentencia de 12 de marzo de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en el proceso de pertenencia que promovi\u00f3 Dora Luc\u00eda Agudelo Villada contra Rosa Mar\u00eda Montoya Mej\u00eda y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La se\u00f1ora Agudelo Villada pidi\u00f3 que se declarara que adquiri\u00f3 por el modo originario de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio de un inmueble ubicado en el municipio de Itag\u00fc\u00ed, \u00abcon cabida superficial de 556,30 metros cuadrados\u00bb, y que forma parte de otro de mayor extensi\u00f3n, al que le corresponde el folio de matr\u00edcula n.\u00ba 001-173665. <\/p>\n
En sustento de su s\u00faplica, relat\u00f3 que a partir del mes de abril de 1990 tom\u00f3 posesi\u00f3n de la heredad referida, \u00aby luego continu\u00f3 su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica (…) de manera directa o a trav\u00e9s de terceros\u00bb, sin reconocer dominio ajeno, y exteriorizando actos de se\u00f1or\u00edo, tales como \u00abpagar el impuesto predial (…); edificar mejoras [como] la construcci\u00f3n de cuatro plantas f\u00edsicas, distribuidas dos hacia el frente, que dan a la carrera 50 A y dos hacia la planta interna del parqueadero (…); trabajos de adecuaci\u00f3n y mantenimiento (…) y el arrendamiento de locales comerciales\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que se \u00abha demostrado la posesi\u00f3n que ostenta [la actora] ante las autoridades judiciales, y se afirma ello porque, de manera temeraria y de mala fe, los se\u00f1ores Hern\u00e1n Giraldo G\u00f3mez y Gustavo Toro Bedoya, intentaron con argumentos carentes de veracidad (…) despojarla de dicha posesi\u00f3n (…) y la demandaron en procesos de restituci\u00f3n de bien inmueble, ante [los] Juzgados Primero y Segundo Civil Municipal de Itag\u00fc\u00ed, y en ambos procesos las peticiones de los demandantes no prosperaron, porque [la se\u00f1ora Agudelo Villada] siempre ha tenido la calidad de poseedora\u00bb. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
2.1. La demanda de pertenencia fue admitida por auto de 11 de febrero de 2014, en el que se orden\u00f3 el emplazamiento de la demandada Montoya Mej\u00eda, as\u00ed como de las dem\u00e1s personas indeterminadas. <\/p>\n
2.2. Notificado el curador ad l\u00edtem de los sujetos emplazados, contest\u00f3 la demanda diciendo que \u00abno me opongo a la prosperidad de la presente acci\u00f3n, siempre que se respete el m\u00ednimo de derechos y se den por probados los fundamentos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.3. En el decurso de la primera instancia, Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo G\u00f3mez y Claudia Marcela Toro Pareja, esta \u00faltima alegando su condici\u00f3n de heredera de Gustavo de Jes\u00fas Toro Bedoya, presentaron intervenci\u00f3n ad excludendum, solicitando que se les reconozca como propietarios, tambi\u00e9n por el modo originario de la prescripci\u00f3n de \u00abuna porci\u00f3n del 40% para cada uno\u00bb, del predio con matr\u00edcula inmobiliaria 001-173665 <\/p>\n
Para fincar su reclamo, dijeron ser poseedores de una porci\u00f3n de la heredad en disputa, alegando que \u00abla se\u00f1ora Dora Luc\u00eda Agudelo Villada ten\u00eda en arrendamiento [una] faja de terreno (…), cuya \u00e1rea y linderos no coinciden plenamente con lo que manifiesta poseer, y cuyos arrendadores eran los se\u00f1ores Toro Bedoya y Giraldo G\u00f3mez, y estos le entablaron demanda de restituci\u00f3n, en la cual se decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato de tenencia y la restituci\u00f3n del inmueble a los arrendadores. Pero las partes convinieron en celebrar un nuevo contrato de arrendamiento (…)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Mediante fallo de 4 de noviembre de 2015, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Itag\u00fc\u00ed rechaz\u00f3 las pretensiones de los intervinientes excluyentes y acogi\u00f3 en su integridad el petitum de la se\u00f1ora Agudelo Villada, declarando que ella \u00abha adquirido por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb el bien ra\u00edz descrito previamente. <\/p>\n
Los intervinientes apelaron. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales1 confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del juez a quo. Como fundamento de esa resoluci\u00f3n, expuso los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) El lote de mayor extensi\u00f3n donde se ubica la heredad en disputa \u00abfue debidamente identificado\u00bb, en tanto los linderos que reporta el folio de matr\u00edcula correspondiente \u00abtienen un alto grado de coincidencia y similitud con el bien descrito en el libelo introductor y en el dictamen pericial obrante a folios (…), los cuales se encuentran actualizados y conforme a la nomenclatura vigente y oficial del municipio donde se ubica\u00bb. <\/p>\n
(ii) De igual forma, \u00ablos linderos del bien de menor extensi\u00f3n que denomin\u00f3 \u201cLote I\u201d y que es objeto de reclamo de la se\u00f1ora Dora Luc\u00eda Agudelo Villada, se muestran concordantes con los enunciados anteriormente y lo vislumbrado en la inspecci\u00f3n judicial realizada el 3 de septiembre de 2015 por el juez de primera instancia, quedando sentado que el \u00e1rea pretendida es coherente con lo evidenciado f\u00edsicamente y lo indicado en el escrito genitor, la cual es de 556,30 metros cuadrados\u00bb. <\/p>\n
(iii) Por consiguiente, \u00abde acuerdo a los elementos de prueba allegados a la tramitaci\u00f3n, como el dictamen pericial y la inspecci\u00f3n judicial, puede decirse que existe certeza del inmueble de menor extensi\u00f3n objeto de la prescripci\u00f3n implorada (…), as\u00ed como el que lo contiene de mayor \u00e1rea, identificados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
(iv) En contraposici\u00f3n \u00abno puede predicarse lo mismo del terreno pretendido por el se\u00f1or Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo G\u00f3mez y la sucesi\u00f3n il\u00edquida del se\u00f1or Gustavo de Jes\u00fas Toro Bedoya, habida cuenta que en la demanda se limitaron a indicar las objeciones que ten\u00edan frente al \u00e1rea deprecada por la actora principal, sin establecer con certeza la cabida y linderos de los terrenos a usucapir en su favor\u00bb. <\/p>\n
(v) De ah\u00ed que, \u00absi bien en la demanda ad excludendum se reputan poseedores del 80% del predio de mayor extensi\u00f3n, 40% en cabeza de cada uno, se dedicaron a individualizar dos franjas que, a su juicio, es lo \u00fanico pose\u00eddo por la se\u00f1ora Dora Luc\u00eda Agudelo Villada, argumentando que la porci\u00f3n de terreno restante deprecada por la citada no la posee, pues \u00fanicamente transita por esa \u00e1rea para acceder a la franja No. 2\u00bb, pero \u00aben ning\u00fan aparte del escrito de los contendores se especifica la cabida y linderos de los porcentajes suplicados, impidiendo al juzgador establecer con precisi\u00f3n la cosa sobre la que recae su derecho de posesi\u00f3n y ejercen actos de se\u00f1ores y due\u00f1os, presupuesto necesario para una sentencia favorable a sus intereses\u00bb. <\/p>\n
(vi) La individualizaci\u00f3n del \u00e1rea que dijeron poseer los intervinientes \u00abtampoco se desprende de la transacci\u00f3n celebrada el 20 de octubre de 2005\u00bb, pues all\u00ed \u00abnada se dijo de las especificaciones para enmarcar cada porcentaje en una porci\u00f3n de terreno determinada\u00bb. <\/p>\n
(vii) Adem\u00e1s, \u00abel planteamiento de la demanda ad excludendum a partir de una posesi\u00f3n sobre ciertos porcentajes del inmueble, sin que se cuente con elementos suficientes para determinar materialmente la divisi\u00f3n de tales participaciones, a los ojos de esta colegiatura carece de sentido, toda vez que cada cuota no est\u00e1 circunscrita a una parte espec\u00edfica de la cosa de manera que no hay forma de identificar sus derechos con una porci\u00f3n particular del inmueble a fin de deducir sobre qu\u00e9 fragmento cada cual es poseedor, [siendo] desacertado pensar que cada uno de los interesados ejerce actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre una cuota abstracta y sobre el restante act\u00faa como mero tenedor, con ocasi\u00f3n del derecho de posesi\u00f3n de los dem\u00e1s, m\u00e1s a\u00fan cuando esto no ser\u00eda m\u00e1s que reconocer dominio ajeno, supuesto que destruye sus pedimentos\u00bb. <\/p>\n
(viii) De otro lado, no existen elementos de juicio \u00abque den cuenta de la posesi\u00f3n que ejercen el se\u00f1or Giraldo G\u00f3mez y la sucesi\u00f3n il\u00edquida del se\u00f1or Toro sobre el bien de mayor extensi\u00f3n; en contraposici\u00f3n al conjunto probatorio que demuestra el \u00e1nimos y corpus de la se\u00f1ora Dora Luc\u00eda Agudelo Villada sobre los 556,30 metros cuadrados que pretende usucapir\u00bb. <\/p>\n
(ix) Aun cuando \u00abel apoderado de los intervinientes realiz\u00f3 esfuerzos en desvirtuar la posesi\u00f3n de la demandante durante la inspecci\u00f3n judicial, trayendo diferentes testigos \u2013Ferney Palacio, Pedro Vel\u00e1squez, Guillermo \u00c1lvarez, Gabriel Laverde, Diego Valencia, John Jairo Osorio, Elkin Chavarriaga, Armando Sierra, Orlando Garc\u00eda, Jos\u00e9 Luis G\u00f3mez, Arley Castro y Albino Ot\u00e1lvaro\u2013 que relataron los pagos que efectuaban al se\u00f1or Osvaldo Gallego, quien se reputa administrador de los negocios de los se\u00f1ores Hern\u00e1n Jos\u00e9 y Gustavo de Jes\u00fas, lo cierto es que fueron declaraciones pobres, escuetas e intrascendentes, circunscritas a indicar que cancelaban ciertas sumas de dinero al se\u00f1or Gallego, sin especificar por qu\u00e9 conceptos se efectuaron dichos pagos, ni se les indag\u00f3 sobre la condici\u00f3n de los intervinientes respecto del terreno inspeccionado\u00bb. <\/p>\n
(x) Tampoco merece credibilidad \u00abla declaraci\u00f3n de Osvaldo de Jes\u00fas Gallego Ram\u00edrez, administrador del parqueadero de los se\u00f1ores Gustavo Toro y Hern\u00e1n Giraldo (…), que si bien resalt\u00f3 ser el encargado de cancelar el impuesto predial, cobrar los c\u00e1nones a todos los arrendatarios semanalmente, destacando que la se\u00f1ora Dora Luc\u00eda Agudelo Villada es una mera tenedora (…), a la par refiri\u00f3 nunca haber recibido pagos de ella por concepto de canon de arrendamiento, ni tampoco le ha cobrado desde que labora en el lugar\u00bb. <\/p>\n
(xi) El testigo Gilberto Salazar Ocampo, \u00abse limit\u00f3 a relatar aspectos similares a lo informado por el anterior testigo, sin evidenciar un amplio conocimiento sobre lo acontecido con los extremos procesales en relaci\u00f3n con el bien objeto de la controversia\u00bb, al paso que \u00abel deponente Fabio Alberto Carmona Restrepo tampoco aport\u00f3 elementos contundentes para acreditar la posesi\u00f3n en cabeza de los excluyentes, en tanto desconoce si la se\u00f1ora Agudelo Villada paga c\u00e1nones de arrendamiento\u00bb. <\/p>\n
(xii) En contraste, \u00ablos testigos tra\u00eddos por la demandante principal (…) fueron claros, contestes y un\u00e1nimes al reconocerla como \u00fanica due\u00f1a de la heredad de menor extensi\u00f3n, atribuy\u00e9ndole actividades de mantenimiento, adecuaci\u00f3n y mejoramiento del predio para beneficio de ella y de los dem\u00e1s que tienen all\u00ed sus negocios, la instalaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos domiciliarios, el pago de los grav\u00e1menes fiscales y contratos de arrendamiento en calidad de arrendadora, [actos de dominio] ejercidos desde hace m\u00e1s de 23 a\u00f1os, sin que nadie haya concurrido arrog\u00e1ndose la calidad de due\u00f1o del terreno\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Los intervinientes excluyentes presentaron oportunamente la demanda de sustentaci\u00f3n del citado remedio extraordinario, formulando un \u00fanico reproche, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2, es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo \u00fanico. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, los intervinientes excluyentes denunciaron \u00abun error de hecho manifiesto y trascendente respecto de las pruebas practicadas en el proceso de pertenencia por parte del Tribunal Superior del Distrito de Manizales, de cara con (sic) los presupuestos legales contenidos en los art\u00edculos 762, 765, 768, 2518, 2531 y 2532 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Como sustento de ese reproche, manifestaron que el tribunal tuvo por acreditadas las alegaciones de la demandante, obviando lo que suger\u00eda la evidencia: <\/p>\n
\u00ab1) Que la extensi\u00f3n de terreno pretendida dentro del terreno de mayor extensi\u00f3n, tiene zonas de terreno que son usufructuadas por la parte interviniente, a trav\u00e9s de una tercera persona, bajo el concepto de arrendamiento; <\/p>\n
2) Que las construcciones alegadas como mejoras por parte de la demandante, no revisten de la certeza suficiente, pues, nada allega sobre el valor, materiales, contratista y dem\u00e1s que hayan adelantado las mismas y, muy por el contrario, las declaraciones hechas por diferentes personas al interior del proceso, se\u00f1alan que ella remodel\u00f3 y mantuvo la zona de terreno en donde funciona el almac\u00e9n \u201cAutofrenos\u201d y tres (3) locales en la parte posterior del lote. <\/p>\n
3) Que el reconocimiento como poseedora respecto del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria no. 001-17366, pese a que en dicho documento no se estableciera de manera concreta las porciones y linderos de tierra, se hizo hasta el 20 de octubre del a\u00f1o 2005, conforme a una transacci\u00f3n suscrita por ella misma, afectando con ello el cumplimiento del requisito temporal de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en la modalidad extraordinaria. <\/p>\n
4) De manera indirecta, las declaraciones recepcionadas, se\u00f1alaron la calidad de poseedor de la parte interviniente por m\u00e1s de 25 a\u00f1os, incluso, dentro de los trabajos de identificaci\u00f3n del predio, se tomaron registros fotogr\u00e1ficos que daban cuenta de la posesi\u00f3n de la parte interviniente, m\u00e1xime, cuando en la demanda de pertenencia se se\u00f1ala que el resto del terreno no pretendido, que hace parte del folio de matr\u00edcula 001-173665 pertenece a los se\u00f1ores Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo y Gustavo de Jes\u00fas (sic)\u00bb. <\/p>\n
A lo expuesto a\u00f1adieron lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDesde nuestro punto de vista y para efectos del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el problema de investigaci\u00f3n radica en que si el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Manizales, al confirmar la sentencia de primera instancia expedida por el Juzgado Primero Civil del Circuito, incurri\u00f3 en un error de hecho al mantener una decisi\u00f3n que adjudicaba el derecho de dominio en cabeza de Dora Luc\u00eda Agudelo sobre la totalidad de la extensi\u00f3n de terreno pretendido en la demanda, cuando las pruebas se\u00f1alaban que, zonas del terreno pretendido estaba siendo usufructuado por los intervinientes ad excludendum? (sic). <\/p>\n
As\u00ed fue, con la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia, el Tribunal vulner\u00f3 los derechos posesorios que fueron probados de manera indirecta con los actos de usufructo de zonas o partes de terreno que la se\u00f1ora Dora Agudelo pretende usucapir, pues no es claro que los linderos del bien inmueble de menor extensi\u00f3n que la parte demandante denomin\u00f3 \u201cLote 1\u201d sean concordantes con la realidad de los actos realizados como poseedora por parte de Dora Agudelo. <\/p>\n
Adicionalmente, el Tribunal no es coherente e indica en el fallo que hubo desidia por parte de los intervinientes al no estar presentes en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, cuando fue el apoderado de esta misma parte quien exigi\u00f3 al Despacho identificar plenamente quienes se encontraban usando y gozando el bien respecto de la zona norte que alegaba la parte demandante poseer y quien solicit\u00f3 se indagara por la calidad en que dichas personas permanec\u00edan en dichas instalaciones. <\/p>\n
Igualmente, es necesario se\u00f1alar que la indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas atr\u00e1s mencionadas, violentaron de manera indirecta los presupuestos contenidos en el articulo 762 respecto de la definici\u00f3n de posesi\u00f3n en relaci\u00f3n con los requisitos para solicitar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, pues, conforme a lo demostrado por las pruebas, la se\u00f1ora Dora Agudelo no ejerci\u00f3 actos contundentes, claros y p\u00fablicos sobre algunas zonas de terreno que le fueron entregados con la sentencia de primera instancia y la confirmaci\u00f3n por parte del Tribunal. <\/p>\n
Ahora bien, al calificar las declaraciones de los se\u00f1ores Ferney Palacio Bland\u00f3n, Pedro Vel\u00e1squez, Guillermo \u00c1lvarez, Gabriel Laverde, Diego Iv\u00e1n Valencia Calder\u00f3n, Jhon Jairo Osario, Elkin Chavarriaga, Armando Sierra, Orlando Garc\u00eda, Jos\u00e9 Lu\u00eds G\u00f3mez, Yul Arley Castro y Albino Ot\u00e1lvaro, que relataron los pagos que efectuaban al se\u00f1or Osvaldo Gallego, quien se reputa administrador de los negocios de los se\u00f1ores Hern\u00e1n Jos\u00e9 y Gustavo de Jes\u00fas\u2000 como pobres, escuetas e intrascendentes, cuando, las declaraciones realizadas por los testigos de la parte demandante, daban cuenta de la existencia del se\u00f1or Gallego en calidad de administrador y quien cobraba sumas por concepto de arrendamiento a las personas que gozaban espacios al interior de la zona pretendida por Dora Agudelo. Igualmente, es preciso indicar que los mismos arrendatarios se\u00f1alaron que dicho se\u00f1or era el administrador, a quien le pagaban por el uso del espacio. Adem\u00e1s, el Honorable Tribunal se contradice al manifestar que hubo pasividad por la parte interviniente dentro de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial, al no participar en la misma y, por otro lado, se\u00f1ala que fueron vanos sus esfuerzos\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
(i) Acorde con el precedente de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. <\/p>\n
S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
Precisado lo anterior, debe memorarse que, con el prop\u00f3sito de refrendar el despacho desfavorable de las pretensiones excluyentes de los censores, el tribunal esgrimi\u00f3 dos argumentos principales, a saber: (i) los intervinientes no acreditaron sobre qu\u00e9 porci\u00f3n exacta de terreno se materializaba su alegada posesi\u00f3n del \u00ab40% del lote de mayor extensi\u00f3n, para cada uno\u00bb; y (ii) tampoco probaron haber desarrollado actos de posesi\u00f3n sobre el predio en disputa \u2013mientras que la convocante s\u00ed lo hizo\u2013. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que el reproche formulado no abarc\u00f3 la totalidad de los pilares sobre los cuales se edific\u00f3 la sentencia de segunda instancia, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n, en el entendido de que esta se hubiera dirigido contra el despacho desfavorable de las s\u00faplicas que elevaron Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo G\u00f3mez y Claudia Marcela Toro Pareja (esta \u00faltima en representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n del causante Gustavo de Jes\u00fas Toro Bedoya). <\/p>\n
(ii) Ahora bien, es posible interpretar que el remedio extraordinario se enfil\u00f3 \u2013\u00fanicamente\u2013 contra la decisi\u00f3n de acoger los reclamos de la demandante Dora Luc\u00eda Agudelo Villada, la cual, per se, podr\u00eda ser potencialmente contraria a los intereses econ\u00f3micos de los intervinientes. Pero aun en este escenario hipot\u00e9tico, la suerte de la demanda de sustentaci\u00f3n no variar\u00eda, debido a sus deficiencias formales. <\/p>\n
En efecto, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, la parte recurrente no puede limitarse a exponer la que en su sentir ser\u00eda la interpretaci\u00f3n correcta del material probatorio, sino que tiene la carga de demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por el tribunal es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. A voces de la jurisprudencia, la tarea de acreditar los yerros atribuidos al sentenciador de instancia, <\/p>\n
\u00abno se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
Decantado lo anterior, se advierte que los intervinientes sustentaron su tesis en una particular lectura de algunos de los \u00abmedios de prueba\u00bb recaudados, proclam\u00e1ndola como correcta, pero sin ocuparse de indicar por qu\u00e9 las hermen\u00e9uticas divergentes, como la defendida por el tribunal, ser\u00edan improcedentes. De hecho, en el cargo analizado \u00fanicamente se hizo referencia a las evidencias que los casacionistas estiman favorables a su teor\u00eda del caso, ignorando por completo los testimonios, la prueba pericial y la inspecci\u00f3n judicial que emplearon los jueces de instancia para sustentar sus providencias definitivas. <\/p>\n
Por consiguiente, la demanda de sustentaci\u00f3n tampoco cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para revelar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). <\/p>\n
En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase, respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. <\/p>\n
Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El \u00fanico cargo formulado presenta deficiencias formales, pues no se dirigi\u00f3 contra todos los pilares de la motivaci\u00f3n del tribunal; adem\u00e1s, los casacionistas se limitaron a ofrecer una lectura alternativa de los medios de prueba, sin ocuparse previamente de aniquilar, uno a uno, los razonamientos probatorios que llevaron al ad quem a colegir que la se\u00f1ora Agudelo Villada hab\u00eda pose\u00eddo, por el t\u00e9rmino previsto en el ordenamiento, la porci\u00f3n de terreno descrita en su demanda de pertenencia. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y dado que el ataque planteado en la demanda de casaci\u00f3n carece de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa su inadmisi\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que interpusieron los intervinientes excluyentes Hern\u00e1n Jos\u00e9 Giraldo G\u00f3mez y Claudia Marcela Toro Pareja \u2013esta \u00faltima en representaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Gustavo de Jes\u00fas Toro Bedoya\u2013, frente a la sentencia de 12 de marzo de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 All\u00ed se remiti\u00f3 el expediente en virtud de las medidas de descongesti\u00f3n adoptadas en el Acuerdo PCSJA19-11327, emitido por el Consejo Superior de la Judicatura. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC2917-2021 (2014-00039-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2917-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05360-31-03-001-2014-00039-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55897","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55897","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55897"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55897\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55897"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55897"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55897"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}