AC2918-2021 (2016-00279-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-030-2016-00279-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpusieron los convocantes frente a la sentencia de 30 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovieron Inversiones Caralga S.A. y Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez contra Inversiones Egope S.A.S. y Carbonari Loboguerrero S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
Los demandantes pidieron declarar que \u00abentre la sociedad Carbonari Lobo Guerrero S.A.S. y el se\u00f1or Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez se suscribi\u00f3 una promesa de compraventa cuyo objeto era la transferencia definitiva de los inmuebles identificados con n\u00famero[s] de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20069831, 50N-631876, 50N-631877 y 50N-722144\u00bb, convenci\u00f3n que habr\u00eda sido incumplida por la promitente vendedora, al transferir esos predios a Inversiones Egope S.A.S. <\/p>\n
Asimismo, reclamaron que se ordenara a las convocadas \u00abcumplir con la transferencia del dominio (…) y entregar (…) los inmuebles a favor del prometiente comprador (…), por el precio definido en la promesa de compraventa\u00bb, y que se les impusiera condena por \u00ablos perjuicios consistentes en da\u00f1o emergente por trescientos veintisiete millones de pesos ($327.000.000), suma que se da en raz\u00f3n del cambio de precio unilateral que se dio por parte de la promitente vendedora y se compense con la disminuci\u00f3n del precio a pagar el d\u00eda de la escrituraci\u00f3n de los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. El 28 de septiembre de 2011, Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez, obrando como representante legal de Inversiones Caralga S.A., celebr\u00f3 un contrato de promesa de compraventa con Carbonari Lobo Guerrero S.A.S., en el cual esta se comprometi\u00f3 a transferir a aquella la propiedad de cuatro inmuebles urbanos. <\/p>\n
2.2. Los contrayentes pactaron como precio la suma global de $4.230.000.000; adem\u00e1s, se obligaron a otorgar la escritura que recoger\u00eda el contrato prometido el 22 de marzo de 2013, a las diez de la ma\u00f1ana. <\/p>\n
2.3. No obstante, algunos meses antes de esa fecha \u2013m\u00e1s exactamente, el 13 de abril de 2012\u2013 la promitente vendedora enajen\u00f3 los predios prometidos en venta a un tercero, Inversiones Egope S.A.S., \u00ab[d]eterminando as\u00ed la situaci\u00f3n de incumplimiento al promitente comprador, toda vez que si estaban prometidos en venta a la persona natural, al venderle a un tercero, le es imposible al promitente vendedor inicial, darle cumplimiento al contrato de promesa por perder la calidad de propietario inscrito (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.4. Posteriormente, las ahora demandadas exigieron al promitente comprador que firmara un otros\u00ed, \u00abcambiando al promitente vendedor para sanar el vicio en el que ellos incurrieron con la venta enunciada y amenazaron con no vender, y adicionalmente aumentar el precio en la suma de trescientos veintisiete millones de pesos ($327.000.000)\u00bb. El se\u00f1or Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez accedi\u00f3 a esas modificaciones, as\u00ed como a la fijaci\u00f3n de una nueva fecha para cumplir la prestaci\u00f3n de hacer derivada de la promesa, con el prop\u00f3sito de \u00abno perder el negocio\u00bb. <\/p>\n
2.5. Llegada la calenda en la que se deb\u00eda otorgar el contrato prometido, Inversiones Egope S.A.S. se neg\u00f3 a formalizar la compraventa, \u00absimplemente manifestando que lo har\u00eda el a\u00f1o siguiente, [en] fecha que informar\u00eda al promitente comprador, exigiendo s\u00ed que le fuera pagado el precio en su totalidad antes de [fijar] la nueva fecha, colocando nuevamente al promitente comprador en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n\u00bb; de este modo, entonces, \u00abse aplaz\u00f3, unilateralmente la venta y firma de la escritura p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.6. En consideraci\u00f3n a lo anterior, \u00ab[a]l d\u00eda de hoy la sociedad Inversiones Caralga S.A. ha pagado un total de tres mil setenta y nueve millones moneda legal colombiana ($3.079.000.000) del precio convenido en la primera promesa de compraventa y luego del precio exigido en el otros\u00ed firmado, bajo condiciones de indefensi\u00f3n y con un claro y determinado vicio en el consentimiento (\u2026) que se ve reflejado en el hecho de que sobre los inmuebles objeto del contrato existe una lesi\u00f3n enorme que se dio en el momento en que Carbonari Lobo Guerrero S.A.S., vendi\u00f3 los inmuebles a Inversiones Egope S.A.S., por un precio inferior a la mitad del precio real de los inmuebles\u00bb; aunado a ello, \u00abla prometiente vendedora solo acepta firmar las escrituras de compraventa por un nuevo precio de la suma total de $15.479.000.000, en un nuevo acto de extorsi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.7. Teniendo en cuenta la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual \u00abde la sociedad Carbonari Lobo Guerrero S.A.S., a la sociedad Inversiones Egope S.A.S., la primera se hace responsable por la existencia y validez de la promesa cedida, y por tanto es necesario involucrarla en la demanda, como demandado a t\u00edtulo de litisconsorcio\u00bb. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Enteradas del inicio de este tr\u00e1mite, las sociedades querelladas excepcionaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, \u00abfalta de causa para pedir\u00bb, \u00abincumplimiento de la condici\u00f3n o plazo contenida en el contrato de promesa\u00bb, \u00abcontrato no cumplido\u00bb y \u00abculpa exclusiva de la demandante\u00bb. En s\u00edntesis, dichas defensas se fincaron en que Inversiones Egope S.A.S. \u00abno estaba en la obligaci\u00f3n de suscribir el contrato prometido por cuanto el promitente comprador no acredit[\u00f3] el pago del impuesto predial del a\u00f1o 2013 y aun a la fecha de la demanda, no ha cancelado el valor total que se estipul\u00f3 para poder perfeccionar la compraventa, encontr\u00e1ndose en mora y siendo carente de facultades para exigir el cumplimiento por parte del promitente vendedor por su culpa exclusiva\u00bb. <\/p>\n
3.2. Las convocadas tambi\u00e9n presentaron demanda de reconvenci\u00f3n, en la que solicitaron \u00ab[q]ue se declare que la parte demandada incumpli\u00f3 el denominado contrato de promesa de compraventa\u00bb, orden\u00e1ndose su resoluci\u00f3n, previo el pago de la cl\u00e1usula penal pactada (que asciende a $430.000.000). Adem\u00e1s, pidieron \u00ab[c]ondenar a la parte demandada a favor de la parte demandante a la restituci\u00f3n de los predios\u00bb, o a pagar su precio comercial actual, si la devoluci\u00f3n no fuere posible. <\/p>\n
3.3. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 consider\u00f3 que Inversiones Caralga S.A. hab\u00eda incumplido las prestaciones a su cargo y, en consecuencia, decret\u00f3 la resoluci\u00f3n de la promesa, conden\u00f3 a la promitente compradora a restituir los predios prometidos en venta a Inversiones Egope S.A.S., y a esta a devolverle a su contraparte $2.748.713.375, \u00aba t\u00edtulo de restituci\u00f3n de los dineros recibidos como parte del precio, una vez descontados los cuatrocientos treinta millones ($430.000.000) por concepto de cl\u00e1usula penal\u00bb. <\/p>\n
Ambas partes apelaron esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal modific\u00f3 el fallo de primera instancia, con miras a precisar que el importe que deb\u00eda restituir Inversiones Egope S.A.S. a Inversiones Caralga S.A. asciende a $2.560.576.639. Como fundamento de esa resoluci\u00f3n, expuso los siguientes argumentos: <\/p>\n
(i) La validez del contrato de promesa de compraventa resulta incuestionable, en tanto que \u00aba folios 1 a 5 del cuaderno principal milita el documento que contiene la promesa de compraventa, el que cumple a cabalidad los requisitos consagrados en el art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887, pues consta por escrito el negocio prometido, se previ\u00f3 un plazo para el perfeccionamiento del contrato prometido (compraventa) con plena identificaci\u00f3n de la notar\u00eda en que ello ocurr\u00eda\u00bb. <\/p>\n
(ii) De igual forma, se acredit\u00f3 que el 5 de octubre de 2012 las partes alteraron de mutuo acuerdo los t\u00e9rminos originales de dicho convenio a trav\u00e9s de un otros\u00ed, introduciendo modificaciones que \u00abson eficaces en la medida en que const[a]n por escrito, prov[ienen] de ambas partes, s[on] el fiel reflejo de su inequ\u00edvoco querer y de la exteriorizaci\u00f3n de su preciada libertad de vincularse a determinada relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(iii) En lo que ata\u00f1e a la cr\u00edtica fundada en la trasgresi\u00f3n de la cl\u00e1usula de prohibici\u00f3n de cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual sin preaviso, es claro que \u00abninguno de esos argumentos fue propuesto en el escrito inicial como sustento del incumplimiento del que se acus\u00f3 al demandante, no se aludi\u00f3 a ellos al descorrer el traslado de la contestaci\u00f3n de la demanda principal y solamente se hizo menci\u00f3n al cambio de precio en el contrato al ripostar la reconvenci\u00f3n que se le formul\u00f3\u00bb. <\/p>\n
(iv) Por esa v\u00eda, se tiene que \u00abla causa para acusar la desatenci\u00f3n del negocio radic\u00f3 en que la transferencia realizada por el inicial promitente vendedor a su cesionario gestaba, por s\u00ed mismo, el incumplimiento, al perder la calidad de propietario inscrito, y que ese negocio entre Carbonari Inversiones y Egope era constitutivo de lesi\u00f3n enorme, enunciando que la cesi\u00f3n fue producto de presi\u00f3n \u2013alegato que (…) no fue probado\u2013 haci\u00e9ndole aceptar un nuevo precio. Adem\u00e1s, dentro de las pretensiones elevadas por los accionantes, la declaratoria del incumplimiento pesaba igualmente sobre el otros\u00ed, al paso de buscar el cumplimiento del contrato, de all\u00ed que lo cierto es que estaba reconociendo la validez de esa modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(v) De ah\u00ed que \u00abesa sorpresiva introducci\u00f3n de fundamentos f\u00e1cticos, sobre los que el demandado principal no tuvo la oportunidad, en su momento, de ejercer la correspondiente contradicci\u00f3n y adosar los elementos probatorios para rebatirlos, no es procedente, al quebrantar el principio de la congruencia\u00bb. <\/p>\n
(vi) Pero aun si se abordara \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 la cuesti\u00f3n planteada por el extremo actor, \u00abla validez del otros\u00ed no se afecta al haberse apartado las partes de lo estipulado en la cl\u00e1usula d\u00e9cima primera, porque a pesar de que en ella se consignaron unas condiciones para la cesi\u00f3n de la posici\u00f3n contractual, los convencionistas en desarrollo de su poder de negociaci\u00f3n, de com\u00fan acuerdo y en forma conjunta, despreciaron la originaria regulaci\u00f3n en materia de la cesi\u00f3n para su vinculaci\u00f3n a la promesa\u00bb. <\/p>\n
(vii) Por ese sendero, los contratantes \u00abcambiaron ambos elementos personales, aclararon la cl\u00e1usula atinente al precio y forma de pago, puntualizaron que los intereses moratorios en que hab\u00eda incurrido el promitente comprador estaban al d\u00eda y se\u00f1alaron la presencia de nuevos plazos \u2013ante el probado y precedente incumplimiento del promitente comprador\u2013, gest\u00e1ndose un mecanismo de redenci\u00f3n del contrato, razones que justifican la eficacia del otros\u00ed, la que tampoco se debilita con las inferencias de mala fe y abuso planteados por el demandante principal, que al no estar probadas, solo constituyen apreciaciones subjetivas\u00bb. <\/p>\n
(viii) Tampoco se constat\u00f3 que los contrayentes hubiesen acordado modificar verbalmente la fecha para otorgar la escritura p\u00fablica prometida, debi\u00e9ndose agregar que \u00abera necesario adosar al proceso el material de prueba que acredite que las condiciones del negocio preparatorio variaron, esto es, que efectivamente ocurri\u00f3 esa modificaci\u00f3n, libre y voluntariamente expresada por las partes. Sin embargo, ese material no se trajo al debate y sobre el t\u00f3pico lo \u00fanico que existe es la afirmaci\u00f3n del interesado, la cual, por s\u00ed sola, carece de vigor probatorio, cambio que tampoco puede colegirse indiciariamente del \u201cmemorando de entendimiento\u201d de 2016 atribuido al promitente vendedor y no desvirtuado por este, ya que de su contenido se desprende que las fechas que hab\u00edan sufrido alteraciones eran las de pago y que la propuesta era \u201cdejar sin efecto alguno el mencionado contrato de promesa toda vez que sus plazos se encuentran ampliamente vencidos\u201d, como se indic\u00f3, espec\u00edficamente, en las consideraciones B y E sin que en esa misiva se acepte que, como insiste el demandante, la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica se postergara para el a\u00f1o 2014\u00bb. <\/p>\n
(ix) En id\u00e9ntico sentido, la resoluci\u00f3n contractual que dispuso el juez a quo se sustent\u00f3 en el incumplimiento en los pagos a cargo de la promitente compradora, \u00ablo que liberaba a la contraparte de satisfacer [su] d\u00e9bito, comoquiera que cuando los compromisos adquiridos deben ser observados de manera escalonada, correspondi\u00e9ndole a uno de los convencionistas asumir delanteramente las prestaciones a su cargo sin importar si su objeto recae sobre materia diferente a la suscripci\u00f3n del contrato prometido \u2013obligaci\u00f3n principal\u2013, ese temprano desacato va a generar unas consecuencias en derecho, referidas, entre otras, a la imposibilidad sustancial de ejercer las acciones derivadas de la estipulaci\u00f3n, porque como ya se dijo, solo el contratante cumplidor est\u00e1 legitimado para su ejercicio\u00bb. <\/p>\n
(x) En la versi\u00f3n inicial del contrato de promesa, \u00ablos contratantes (…) se comprometieron a extender la escritura p\u00fablica el d\u00eda 13 de marzo de 2013 \u201csiempre y cuando el promitente comprador est\u00e9 al d\u00eda en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, especialmente en cuanto al pago de las sumas pagaderas para antes de la escritura de la venta\u201d. Asimismo, est\u00e1 probado que el promitente comprador asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de pagar el saldo del precio en dos cuotas, el 1 de diciembre de 2012 y en la fecha de la firma del instrumento notarial, prestaciones no cumplidas, puesto que llegada esa calenda hab\u00eda desembolsado $2.410.372.000 de un total de $4.557.000.000, afectando su legitimaci\u00f3n para reclamar la resoluci\u00f3n del negocio lo que, a su vez, habilit\u00f3 a su contraparte para proponer, con \u00e9xito, tal medio defensivo y la pretensi\u00f3n de aniquilamiento del negocio\u00bb. <\/p>\n
(xi) El anterior raciocinio no sufre mengua porque el promitente vendedor hubiera transferido el derecho de dominio de los bienes prometidos a un tercero, \u00aben la medida [en] que ello no encarna un incumplimiento del negocio, por cuanto en el contrato no se consign\u00f3 que en el interregno entre la celebraci\u00f3n del precontrato y la compraventa los inmuebles no pudieren ser enajenados. Tampoco constituy\u00f3 una imposibilidad absoluta de cumplir en tanto que para la satisfacci\u00f3n del \u00faltimo d\u00e9bito bastaba que para ese d\u00eda \u00e9l fuera propietario o que el titular de esos derechos le diera cumplimiento a la transmisi\u00f3n de dominio\u00bb. <\/p>\n
(xii) Adicionalmente, \u00abcomo la demandada en reconvenci\u00f3n incumpli\u00f3 primero la obligaci\u00f3n de pagar el precio, la cual anteced\u00eda a la de suscripci\u00f3n del instrumento p\u00fablico, las eventuales dificultades que pudieran presentarse para la fecha de extensi\u00f3n de ese documento, la cual se agotar\u00eda (sic) el mismo d\u00eda del pago de la \u00faltima cuota, no tienen ninguna influencia en el triunfo de las aspiraciones sustanciales reclamadas por el promitente comprador\u00bb. <\/p>\n
(xiii) En lo que ata\u00f1e a la apelaci\u00f3n de las demandadas (demandantes en reconvenci\u00f3n), encaminada a derruir los criterios empleados por el juzgador para determinar las restituciones mutuas, se\u00f1al\u00f3 que \u00aben la operaci\u00f3n realizada por el funcionario de primera instancia para fijar el valor de la condena ciertamente existe un defecto, que entra en contradicci\u00f3n con la forma en que zanj\u00f3 la pendencia\u00bb. Lo anterior, pues a pesar de \u00abhaberse autorizado la retenci\u00f3n de los $430.000.000 a favor del demandado principal, la indexaci\u00f3n de ese monto se orden\u00f3 incluir dentro de la cifra que se debe restituir al demandante inicial, apremio equivocado en la medida [en] que al definir que esa suma obra a favor de Inversiones Egope \u2013punto no discutido en la apelaci\u00f3n de Inversiones Caralga\u2013 no existe justificaci\u00f3n para que la actualizaci\u00f3n de tal cifra se incluya en los valores de la \u201crestituci\u00f3n de los dineros como parte del precio\u201d\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocante (principal) present\u00f3 oportunamente la demanda de sustentaci\u00f3n del citado remedio extraordinario, formulando un \u00fanico reproche, al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1, es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio2, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes 3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Formulaci\u00f3n del cargo \u00fanico. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se acus\u00f3 al tribunal de violar indirectamente \u00abnormas de rango sustancial\u00bb, por la falta de aplicaci\u00f3n \u00abdel art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil\u00bb, lo cual deriv\u00f3 en la infracci\u00f3n de los preceptos \u00ab63, 769, 1502.1516, 1602, 1603, 1604, 1609, 1610, numeral 1, 1614, 1616 y 1618 y 1622 de la misma obra, los art\u00edculos 20. Numeral 1, 822, 824, 826, 863, 870, 871 del C\u00f3digo de Comercio, art\u00edculos 164, 167, 176, 191, 243, 250, 260 del C.G.P. y de rango constitucional, los art\u00edculos 83, 228 y el 230\u00bb; lo anterior, a causa de \u00aberrores de hecho manifiestos y ostensibles con motivo de la falta de apreciaci\u00f3n de la demanda y de determinadas pruebas trascendentales\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de ese reproche, precisaron los actores que \u00abmuy a pesar de que el Tribunal aborda el an\u00e1lisis del problema a partir de la responsabilidad civil contractual que se pregona a prop\u00f3sito del incumplimiento de las obligaciones que derivan de la promesa de contrato, enmarcado este negocio jur\u00eddico dentro de un escenario propio de la etapa pre-contractual, no apreci\u00f3 en debida forma los actos procesales de introducci\u00f3n ni mucho menos algunas pruebas que, obrantes en la actuaci\u00f3n procesal, evidencian el comportamiento contractual del prometiente vendedor que fue a la postre determinante para hacer fallido el cumplimiento de las obligaciones previstas en dicho contrato de promesa de compraventa, no obstante que el prometiente vendedor siempre estuvo dispuesto a allanarse para dicho cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, recalcaron que \u00absi bien el ad quem (…) tom\u00f3 como referente normativo el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, al colegir que opera la resoluci\u00f3n del contrato por el incumplimiento del demandante, desatiende en su aplicaci\u00f3n no solamente la apreciaci\u00f3n de las pruebas, sino adem\u00e1s al contenido de los actos procesales de introducci\u00f3n, que se integran en conjunto con la demanda principal, su contestaci\u00f3n y la demanda de reconvenci\u00f3n con su respectiva r\u00e9plica, para afirmar (…) que dej\u00f3 de apreciar que el comportamiento negocial del prometiente vendedor fue el que condujo a la imposibilidad de suscribir el negocio jur\u00eddico el d\u00eda 22 de marzo de 2013, y muy a pesar de ello, se acredit\u00f3 dentro del proceso una serie de actos por parte del demandante principal, orientados a hacer prevalecer el inter\u00e9s de las partes de llevarlo a cabo, y de ah\u00ed que sea \u00e9ste el argumento sobre el cual se soporta la violaci\u00f3n indirecta, por la no apreciaci\u00f3n de dichos actos, generando un error de hecho, manifiesto y ostensible que incidi\u00f3 en el desacierto de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De haber considerado las maniobras de las demandadas, forzosamente se habr\u00eda colegido \u00abque el demandante, por una parte, siempre se allan\u00f3 a cumplir con las obligaciones derivadas de la promesa de compraventa, y que, por otra parte, am\u00e9n del abuso de posici\u00f3n dominante que tuvo durante el proceso de contrataci\u00f3n el prometiente vendedor, de todas maneras, hubo actos que permiten inferir el inter\u00e9s de modificar el plazo para la firma de la escritura de compraventa, por causa atribuible al prometiente vendedor; y que al recibir el pago de intereses de plazo sobre la suma adeudada, constituye un consentimiento t\u00e1cito de aquel inter\u00e9s, y que por tanto, exime de cualquier responsabilidad al aqu\u00ed demandante\u00bb. <\/p>\n
A lo anterior se agrega que, desde la fase precontractual, se evidenciaron conductas del promitente vendedor que defraudaron la confianza de su contraparte, \u00aby si bien [dichos comportamientos] fueron convalidados por v\u00eda del otros\u00ed suscrito el 5 de octubre de 2012, terminaron siendo determinantes en menoscabar la buena fe que se espera de quien concurre a un negocio jur\u00eddico; como lo fue el hecho de no hab\u00e9rsele informado por parte de dicho prometiente vendedor, al prometiente comprador que enajenar\u00eda los inmuebles prometidos en venta a una sociedad que no formaba parte del Grupo Empresarial Carbonari Loboguerrero S.A.S, y que, parad\u00f3jicamente, uno de los socios gestores, ostentaba la calidad de fundaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro, pero adem\u00e1s, que el precio acordado en dicha negociaci\u00f3n, no alcanzaba ni siquiera a la tercera parte del valor contenido en la promesa de venta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Bajo las premisas que anteceden, resaltaron los recurrentes que el tribunal soslay\u00f3 el deber de informaci\u00f3n \u00abintr\u00ednsecamente ligado\u00bb al principio de buena fe, \u00abque por su trascendencia, juega en materia negocial un papel preponderante, pues aunado al de la autonom\u00eda de la voluntad y el pacta sunt servanda, am\u00e9n de las reglas que rigen la interpretaci\u00f3n de los contratos, y en especial, la que establece la preponderancia de la intenci\u00f3n por encima del tenor literal, han de determinar el marco de acci\u00f3n en el que deben ce\u00f1ir los contratantes, su comportamiento negocial\u00bb. <\/p>\n
Consecuentemente, explicaron que \u00abla buena fe objetiva a la que venimos aludiendo, supone por tanto, el cumplimiento y correlativa presencia de los deberes de honestidad y probidad, colaboraci\u00f3n y solidaridad, como tambi\u00e9n el de claridad, diligencia, equilibrio, reciprocidad y por supuesto, el de lealtad, pues a la postre, son esos deberes, los que permiten materializar en la pr\u00e1ctica, a tan preciado principio, y que en materia negocial, buscan evitar el abuso del derecho que lleven por ejemplo, a estar modificando frecuentemente los t\u00e9rminos del contrato; reglas todas ellas, que emanan del principio de buena fe, y que se concretan en valores objetivos, que no admiten discrecionalidad alguna, pues inclusive, el propio juez en su aplicaci\u00f3n, est\u00e1 sometido a los preceptos del principio\u00bb. <\/p>\n
La pregonada inobservancia del principio de buena fe, entonces, se refleja en la ausencia de \u00abun an\u00e1lisis mucho m\u00e1s profundo y pormenorizado de esos actos que constituyen la m\u00e1s clara expresi\u00f3n de la mala fe en el actuar del prometiente vendedor y que incidieron en las consecuencias que acarrearon en la imposibilidad de suscribir los contratos de compraventa, y esa desatenci\u00f3n, conllev\u00f3 a su vez, a concluir que el contratante incumplido lo fue el aqu\u00ed demandante, siguiendo para el efecto, la misma l\u00ednea argumentativa esbozada por a quo, y como consecuencia de ello, declarar la prosperidad de la demanda de reconvenci\u00f3n, bajo el entendido que por no haberse cumplido con el pago del precio para la fecha de la firma de la escritura, es decir el 22 de marzo de 2013, por ello oper\u00f3 dicho incumplimiento, sin percatarse que la inasistencia a la Notar\u00eda se predic\u00f3 de ambas partes\u00bb. <\/p>\n
Ya en lo que tiene que ver con la falta de prueba del acuerdo escrito mediante el cual se habr\u00eda modificado la fecha para suscribir la escritura p\u00fablica, adujeron los casacionistas que la promesa de contrato \u00abpued[e] verse permeada (…) por acuerdos que relacionados con el objeto del contrato, [que] puedan derivar en variables que no desnaturalizan el negocio jur\u00eddico y que por el contrario, marcan el accionar que ha de incidir en el comportamiento negocial de los contratantes\u00bb, de lo que se sigue que \u00abmuy a pesar de haberse previsto como fecha de suscripci\u00f3n del contrato prometido (…) el d\u00eda 22 de marzo de 2013, dicha actividad no se llev\u00f3 a cabo precisamente porque, dado algunos consensos entre las partes, se estableci\u00f3 postergar la firma de tales documentos, acuerdo que si bien no consta por escrito, es posible colegir dicha intencionalidad a partir de algunos elementos probatorios dejados de apreciar por el Tribunal, para llegar a la conclusi\u00f3n que aqu\u00ed se se\u00f1ala, y al que enfatizaremos en el an\u00e1lisis pormenorizado de cada uno de ellos, m\u00e1s adelante\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, expusieron que \u00abes evidente que incurre el Tribunal en un manifiesto error, al no haber apreciado de manera integral los actos procesales contenidos tanto en la demanda principal, su contestaci\u00f3n; la demanda de reconvenci\u00f3n y su correlativa contestaci\u00f3n y que se integran como un conjunto dentro del contradictorio, para colegir como en efecto debi\u00f3 hacerlo, que esos acuerdos aludidos inicialmente, constituyen la m\u00e1s clara expresi\u00f3n de la intencionalidad que les asist\u00eda a las contratantes en relaci\u00f3n con el negocio prometido en venta, de modificar la fecha para la suscripci\u00f3n de las escrituras, sin necesidad de tener que acudir a f\u00f3rmula escritural alguna, pues se reitera, es normal dentro de la costumbre mercantil que esos consensos se hagan de forma verbal\u00bb. <\/p>\n
De haber sido apreciadas las pruebas de forma correcta por parte del tribunal, habr\u00eda concluido que \u00abJuan Carlos Garz\u00f3n Gutierrez, en su propio nombre y en representaci\u00f3n de Inversiones Caralga S.A. estuvo presto a allanarse al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la promesa del contrato de compraventa suscrita el d\u00eda 28 de septiembre de 2011, y su otros\u00ed del 05 de octubre de 2012\u00bb; y que, por el contrario, \u00abCarbonari Loboguerrero S.A.S. y luego Inversiones Egope S.A.S., asaltaron en su buena fe (…) generando la sensaci\u00f3n de que, en todos los casos, el negocio jur\u00eddico habr\u00eda de celebrarse, pese al vencimiento del plazo para suscribir las escrituras de compraventa\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatizaron en que \u00abla violaci\u00f3n indirecta denunciada en este cargo, llev\u00f3 al Tribunal a decidir de una manera dis\u00edmil a la que realmente correspond\u00eda, en la medida en que decidi\u00f3 confirmar la sentencia del a quo, y muy a pesar de que el an\u00e1lisis lo orient\u00f3 en el \u00e1mbito de la responsabilidad civil contractual, prescindi\u00f3 de valorar las pruebas que obrantes en la actuaci\u00f3n procesal (…) permiten inferir que el prometiente vendedor omiti\u00f3 el deber de suministrar la informaci\u00f3n al adquirente, como un acto de mala fe, de la intencionalidad que ten\u00eda de transferir en venta los bienes prometidos, pretendiendo por v\u00eda de la imposici\u00f3n de nuevos condicionamientos a los que fue sometido el prometiente comprador, a provocar un eventual incumplimiento del contrato y como \u00faltimo prop\u00f3sito, el de lograr una significativa modificaci\u00f3n en el valor de los inmuebles, lo que qued\u00f3 expresado tanto en el otros\u00ed del 5 de octubre de 2012, y luego en el memorando de entendimiento de marzo de 2016\u00bb. <\/p>\n
3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
(i) Sea lo primero se\u00f1alar que los argumentos que expusieron los recurrentes en la sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario no se contraponen con los raciocinios que cimentaron la sentencia del tribunal; es decir, no existe simetr\u00eda entre las razones esgrimidas en el \u00fanico cuestionamiento propuesto y la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, contrariando as\u00ed el rigor t\u00e9cnico de este remedio excepcional, que reclama del recurrente la formulaci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
Ciertamente, la colegiatura ad quem resolvi\u00f3 confirmar la prosperidad de las pretensiones de la demanda de mutua petici\u00f3n, tras concluir que la promitente compradora no hab\u00eda pagado el precio en el plazo pactado, pese a que deb\u00eda hacerlo con antelaci\u00f3n a la fecha en la que la promitente compradora tendr\u00eda que cumplir las prestaciones a su cargo consistentes en otorgar la escritura que recoger\u00eda el contrato prometido. Adem\u00e1s, el tribunal desestim\u00f3 los reparos de la convocante principal, relacionados con la imposibilidad de ceder la posici\u00f3n contractual del promitente comprador, la invalidez del otros\u00ed y la modificaci\u00f3n de la fecha de celebraci\u00f3n del contrato prometido, conforme se expuso. <\/p>\n
Los casacionistas, a su turno, dejaron de lado todas las premisas de las que se sirvi\u00f3 el fallo de segundo grado para refrendar la resoluci\u00f3n del contrato reclamada por las demandantes en reconvenci\u00f3n, y obviaron tambi\u00e9n hacer alusi\u00f3n frontal a las razones vertidas para desestimar la alzada que propusieron las actoras principales, salvo alguna referencia tangencial a la prueba de la alteraci\u00f3n de la fecha en la que se celebrar\u00eda el contrato de compraventa, sobre la que volver\u00e1 la Corte m\u00e1s adelante. <\/p>\n
Esa desconexi\u00f3n radical entre el recurso y la sentencia atacada es contraria a las exigencias de la demanda de casaci\u00f3n, pues esta debe desandar el sendero argumentativo construido en la resoluci\u00f3n judicial impugnada, con el objetivo de derruir la totalidad de los pilares que le sirven de apoyo, porque en la medida en que sus razones basilares se mantengan inc\u00f3lumes, como aqu\u00ed ocurre, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor del ad quem la torna inquebrantable. <\/p>\n
3.2.2. Como necesaria secuela de lo expuesto, queda evidenciado que los recurrentes concentraron sus esfuerzos en tem\u00e1ticas que hasta ahora eran ajenas a la litis \u2013y, por lo mismo, a la motivaci\u00f3n del fallo recurrido\u2013, tales como una presunta infracci\u00f3n al deber precontractual de informaci\u00f3n, o la exculpaci\u00f3n de la inobservancia de la promitente compradora en el pago del precio a partir de la conducta negocial (\u00abde mala fe\u00bb) de su contraparte. <\/p>\n
Consecuentemente, am\u00e9n de que la motivaci\u00f3n del tribunal se mantuvo al margen de la censura, resulta evidente que el grueso de los alegatos compendiados en el cargo que se estudia vinieron a exteriorizarse en esta sede, o lo que es lo mismo, no fueron incluidos ni en la demanda principal, ni en la oposici\u00f3n a la de reconvenci\u00f3n, ni en ninguna otra de las oportunidades procesales pertinentes, lo que configura tambi\u00e9n una inobservancia de las pautas formales propias de este recurso. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte, los argumentos que no fueron sometidos a consideraci\u00f3n del juez y de las dem\u00e1s partes a lo largo de la litis, constituyen un \u201cmedio nuevo\u201d en esta sede, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Sala insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar los <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). <\/p>\n
\u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.) <\/p>\n
(iii) Cabe agregar que, al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, el interesado no puede limitarse a exponer la que ser\u00eda \u2013en su sentir\u2013 la interpretaci\u00f3n correcta del material probatorio, sino que tiene la carga de demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por el tribunal es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. A voces de la jurisprudencia, la tarea de acreditar los yerros atribuidos al sentenciador de instancia, <\/p>\n
\u00abno se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se observa que las querellantes sustentaron sus tesis en una particular lectura de los \u00abmedios de prueba\u00bb recaudados \u2013a los que adem\u00e1s, se refirieron en forma gen\u00e9rica, y no individualizada y concreta\u2013, proclam\u00e1ndola como correcta, pero sin ocuparse de indicar por qu\u00e9 las interpretaciones divergentes \u2013como la que defendi\u00f3 el tribunal\u2013 ser\u00edan improcedentes. <\/p>\n
As\u00ed ocurri\u00f3 con lo que ata\u00f1e a la justificaci\u00f3n del impago oportuno del precio, o a la modificaci\u00f3n de la fecha definitiva de celebraci\u00f3n del contrato prometido, pues el extremo convocante (principal) se limit\u00f3 a arg\u00fcir que tales variables se encontraban debidamente verificadas en este caso, pero no indic\u00f3 cu\u00e1les pruebas demostraban tal supuesto, ni de qu\u00e9 manera el tribunal las hab\u00eda tergiversado, cercenado, o pretermitido, para arribar a una conclusi\u00f3n opuesta a la que se defiende en el recurso. <\/p>\n
Por consiguiente, se impone colegir que la demanda de sustentaci\u00f3n tampoco cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para revelar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). <\/p>\n
En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase, respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. <\/p>\n
Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El \u00fanico cargo formulado presenta deficiencias formales, pues no se dirigi\u00f3 contra la motivaci\u00f3n del tribunal, sino que intent\u00f3 construir una teorizaci\u00f3n alterna a la defendida por dicha corporaci\u00f3n en el fallo impugnado. Adem\u00e1s, se bas\u00f3 en un relato distinto del que defendieron las interesadas en las oportunidades procesales pertinentes. <\/p>\n
A ello cabe agregar que las casacionistas se limitaron a ofrecer una lectura alternativa de los medios de prueba, sin ocuparse previamente de aniquilar, uno a uno, los razonamientos que llevaron al ad quem a colegir que el contrato de promesa de compraventa que otrora uni\u00f3 a las partes fue incumplido por las convocantes. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y dado que el ataque planteado en la demanda de casaci\u00f3n carece de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa su inadmisi\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n que interpusieron los convocantes frente a la sentencia de 30 de julio de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso verbal que promovieron Inversiones Caralga S.A. y Juan Carlos Garz\u00f3n Guti\u00e9rrez contra Inversiones Egope S.A.S. y Carbonari Loboguerrero S.A.S. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC2918-2021 (2016-00279-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-030-2016-00279-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpusieron los […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55898","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55898\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}