AC2920-2021 (2017-00011-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC2920-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-31-03-003-2017-00011-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la convocada frente a la sentencia de 18 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Multidesarrollos Urbanos S.A.S. contra Grama Construcciones S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
La actora pidi\u00f3 declarar \u00abque la Sociedad Multidesarrollos Urbanos S.A.S. sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme (…) en el contrato de compraventa de los bienes inmuebles identificados con matr\u00edculas inmobiliarias 080-122706 y 080-122707\u00bb. Tambi\u00e9n reclam\u00f3 la rescisi\u00f3n de dicha convenci\u00f3n, as\u00ed como la restituci\u00f3n de los inmuebles enajenados, \u00abjunto con todos sus componentes, construcciones, anexidades, mejoras y usos (…) sus accesiones y frutos hasta el d\u00eda de la entrega\u00bb, previa depuraci\u00f3n de \u00ablas hipotecas u otros derechos reales que haya constituido sobre ellos\u00bb. <\/p>\n
Subsidiariamente, solicit\u00f3 que se ordenara a la parte demandada \u00abcompletar el justo precio, vigente al momento de la venta de los inmuebles\u00bb, con la respectiva actualizaci\u00f3n monetaria e intereses moratorios, a la \u00abtasa m\u00e1xima autorizada por ley\u00bb. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. Mediante escritura p\u00fablica n.\u00ba 377, otorgada el 15 de febrero de 2015 en la Notar\u00eda Tercera de Santa Marta, la actora transfiri\u00f3 a Grama Construcciones S.A. y a Promotora Tamac\u00e1 S.A.S., a t\u00edtulo de compraventa, los inmuebles distinguidos con folios de matr\u00edcula n.\u00ba 080-122706 y 080-122707. Las estipulantes pactaron un precio total de $3.000.000.000. <\/p>\n
2.2. Algunos meses despu\u00e9s de celebrar el convenio traslaticio, un experto estim\u00f3 el valor comercial de las heredades compravendidas, habiendo concluido que \u00abel precio real por el cual ha debido celebrar la compraventa (…) debi\u00f3 corresponder a la suma de $12.873.745.605\u00bb. <\/p>\n
2.3 As\u00ed las cosas, dado que los activos inmobiliarios \u00abval\u00edan m\u00e1s de cuatro veces\u00bb el precio fijado contractualmente, se \u00abtipifica de manera indiscutible, evidente y clara la lesi\u00f3n enorme sufrida por el vendedor, y que est\u00e1 prevista en el art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
2.4. Grama Construcciones S.A. desarroll\u00f3 sendos proyectos constructivos en los inmuebles adquiridos; en el que le corresponde el folio n.\u00ba 080-122706, o \u201cLote B2\u201d, est\u00e1 edificando el proyecto \u201cAtardecer de la Sierra\u201d, mientras que en la heredad con folio n.\u00ba 080-122707, o \u201cLote B3\u201d, erigi\u00f3 el proyecto \u201cSierra Mar\u201d, que qued\u00f3 sometido al r\u00e9gimen de propiedad horizontal, dando lugar al surgimiento de 259 unidades privadas, con folios independientes. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. Notificada de la admisi\u00f3n de la demanda, Grama Construcciones S.A. compareci\u00f3 de forma tempestiva, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum y formulando excepciones, orientadas a descartar que el valor \u00abreal o justo\u00bb de las heredades fuera superior al doble del estipulado en el contrato de compraventa que celebr\u00f3 con la convocante. <\/p>\n
3.2. La Promotora Tamac\u00e1 S.A.S. fue vinculada oficiosamente por el juez a quo como litisconsorte necesario por pasiva; tras enterarse de esa decisi\u00f3n, dicha sociedad permaneci\u00f3 silente. <\/p>\n
3.3. Mediante fallo de 6 de septiembre de 2018, la juez de primer grado accedi\u00f3 parcialmente a las s\u00faplicas de la demanda, reconociendo la existencia del vicio objetivo denunciado. No obstante, neg\u00f3 la rescisi\u00f3n del contrato, pretextando que las integrantes del extremo pasivo no son las titulares actuales de los activos enajenados, raz\u00f3n por la cual dispuso que estas \u00abcompletaran\u00bb el justo precio de la compraventa. <\/p>\n
3.4. Grama Construcciones S.A. interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 la sentencia del a quo, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(ii) Para establecer si este vicio objetivo se configur\u00f3, la jurisprudencia ha relievado la utilidad de acudir a la prueba pericial, \u00abque aunque determinante, no puede analizarse de manera aislada y definitiva, sino en conjunto con los dem\u00e1s elementos probatorios conducentes para solucionar el problema jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
(iii) Es claro que \u00abel \u00fanico punto de censura [de la parte apelante] es el dictamen pericial allegado por el extremo activo, el cual fue calificado de incongruente y contradictorio con las reglas fijadas en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, expedida por el IGAC, en el sentido que carece de sustento f\u00e1ctico y argumentativo en la recolecci\u00f3n de datos, dentro de los que destaca las cotizaciones de ofertas en el sector, y la omisi\u00f3n en el juramento que deb\u00eda contener\u00bb. <\/p>\n
(iv) La demandada controvirti\u00f3 oportunamente la experticia aportada por su contraparte; de hecho, arrim\u00f3 dos dict\u00e1menes de refutaci\u00f3n, pero el primero fue rechazado, por cuanto quien lo elabor\u00f3 no acredit\u00f3 contar con los conocimientos especializados que eran exigibles, \u00abaspecto sobre el que no se plante\u00f3 discusi\u00f3n\u00bb; y el segundo corri\u00f3 la misma suerte, porque su autor no expuso de manera clara, precisa y adecuada, los fundamentos de sus conclusiones, tal como lo sostuvo la juez a quo, sin reproche de la interesada. <\/p>\n
(v) La sociedad convocada tambi\u00e9n pidi\u00f3 la comparecencia a la audiencia de juzgamiento del perito que confeccion\u00f3 el dictamen arrimado junto con la demanda, pero las preguntas que all\u00ed se le hicieron al experto fueron superfluas, reiterativas y carentes del vigor necesario para \u00abrebatir o derrumbar los puntos del dictamen que ahora critica, [y] al guardar silencio frente a ellos, se supone su conformismo\u00bb. <\/p>\n
(vi) Tampoco debe perderse de vista que \u00abla norma procesal solo contempla dos estadios para controvertir la prueba pericial, y ninguno de ellos fue aprovechado en su m\u00e1ximo potencial, por lo que no puede pretenderse ventilar en esta instancia t\u00f3picos que no fueron agotados al interior de la primera, concretamente lo relativo al juramento del experto (…) [la falta de] prueba de las cotizaciones en el sector, la [omisi\u00f3n de] relacionar y adjuntar los documentos utilizados para la elaboraci\u00f3n del dictamen y la idoneidad del perito\u00bb. <\/p>\n
(vii) Pero aun prescindiendo de los efectos de tal incuria, lo cierto es que en el dictamen que elabor\u00f3 Juan Bautista N\u00fa\u00f1ez Cantillo reposa prueba de su expertice y experiencia como avaluador; adem\u00e1s, all\u00ed se describieron de forma prolija las caracter\u00edsticas de los bienes objeto de la negociaci\u00f3n cuestionada, y se \u00abcalcul\u00f3 el aval\u00fao comercial a partir de las apreciaciones de un grupo de cinco expertos en el tema, en el que se encuentra incluido efectivamente el [mismo] perito N\u00fa\u00f1ez Cantillo\u00bb. <\/p>\n
(viii) Las f\u00f3rmulas de c\u00e1lculo aplicadas all\u00ed tambi\u00e9n lucen apropiadas, dadas las circunstancias del caso, siendo pertinente indicar que el \u00absistema de aval\u00fao de comparaci\u00f3n o de mercado bajo la modalidad de encuestas\u00bb, al que se acudi\u00f3, \u00abresulta id\u00f3neo y competente a la luz de lo prescrito en la mentada Resoluci\u00f3n [620 de 2008], sin que de ninguna manera pueda desestimarse su concepto [el del perito] por no haberse extendido su juramento por escrito, pues en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento surtida en primera instancia, [se] hizo el juramento de rigor\u00bb. <\/p>\n
(ix) Cabe anotar que, \u00abluego del reconocimiento del terreno (…) no [se] encontr\u00f3 oferta alguna en el sector d\u00f3nde se ubicaron los inmuebles en cuesti\u00f3n, raz\u00f3n por la que [el perito] debi\u00f3 acudir a las apreciaciones de sus colegas. De otro lado, el hecho de haberse \u201cauto encuestado\u201d no le resta eficacia probatoria al dictamen, habida cuenta que su apreciaci\u00f3n coincide con la de los dem\u00e1s encuestados\u00bb. <\/p>\n
(x) La juez de primer grado opt\u00f3 por \u00abtener en cuenta \u00fanicamente el dictamen de la parte demandante, por las calidades expuestas, desechando en su totalidad el arrimado por [la demandada]; adem\u00e1s, le dio plena validez a las escrituras n\u00famero 2027 y 2028 del 4 de agosto de 2015, que se tuvieron como prueba en la audiencia inicial, a trav\u00e9s de las cuales las sociedades Multidesarrollos Urbanos S.A.S. y Campogrande Ltda. le vendieron a Promotora Tamac\u00e1 S.A.S. los lotes con matr\u00edculas inmobiliarias 080-112961 y 080-123439\u00bb, ubicados en las inmediaciones del \u201cLote B\u201d y el \u201cLote C\u201d, a un precio bastante superior al que pactaron con la querellante. <\/p>\n
(xi) De lo anterior se sigue que \u00abel experticio arrimado por la demandante re\u00fane todos los requisitos para ser valorado como lo hizo la a quo, m\u00e1xime que [esta] tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en el valor de la venta de dos predios ubicados en el sector\u00bb, y que ser\u00edan similares a los negociados entre los litigantes, evidenci\u00e1ndose a trav\u00e9s de dichos medios de juicio que el precio incluido en las convenciones censuradas fue inferior a la mitad del \u201cjusto precio\u201d de los inmuebles compravendidos. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocada interpuso oportunamente el citado remedio, formulando seis cargos, tres al amparo de la causal primera y las restantes invocando el numeral segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
Es pertinente advertir que el remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual todo lo concerniente al mismo se ha de regir por esa normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio1, es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes 3. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Metodolog\u00eda de an\u00e1lisis. <\/p>\n
La Sala abordar\u00e1 de manera conjunta el estudio de los cargos primero, segundo, cuarto y sexto, para luego emprender el de los dos restantes, pues as\u00ed agrupadas las censuras presentan defectos formales id\u00e9nticos, que, por lo mismo, ameritan una respuesta jurisdiccional an\u00e1loga. <\/p>\n
3.2. Cargos conjuntados. <\/p>\n
3.2.1. Formulaci\u00f3n del cargo primero. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 336-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la querellada manifest\u00f3 que la sentencia de segunda instancia viol\u00f3 directamente los c\u00e1nones 1946, 1947, 1948 y 1951 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En opini\u00f3n de la recurrente, en este caso no se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en la normativa sustancial para que se configurara la lesi\u00f3n enorme, puntualmente \u00abla permanencia del inmueble en cabeza del comprador\u00bb. Igualmente, afirm\u00f3 que en caso de ser declarada la rescisi\u00f3n, \u00abnace una opci\u00f3n legal a favor del contratante contra quien se pronuncia la rescisi\u00f3n, consistente en el derecho, que la ley le otorga, a pagar el complemento o a restituir el exceso\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil se quebrant\u00f3 \u00abdirectamente\u00bb en el fallo censurado, \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida (…), porque el tribunal de segunda instancia, no obstante haber confirmado la negativa de la rescisi\u00f3n del contrato, seguidamente decidi\u00f3 confirmar la [condena] al comprador demandado a completar forzadamente el justo precio que determin\u00f3 para los inmuebles en la \u00e9poca de la compraventa, con una deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte; complemento que (…) la propia norma estableci\u00f3 exclusivamente como opcional del comprador para una hip\u00f3tesis f\u00e1ctica y jur\u00eddica diferente: exclusivamente para cuando la rescisi\u00f3n se declara porque el comprador mantiene el dominio pleno de la cosa objeto de litigio\u00bb. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abel sentenciador de segundo grado, por rebote, quebrant\u00f3 derechamente el art\u00edculo 1951 del [C\u00f3digo Civil], por falta de aplicaci\u00f3n de la consecuencia prevista por la norma para el caso de que el bien no permanezca en cabeza del comprador demandado\u00bb, debi\u00e9ndose tener en cuenta que \u00absi el Tribunal hubiera atendido tales supuestos especialmente consagrados en esa disposici\u00f3n, condicionados no solo a la presencia de lesi\u00f3n enorme sino tambi\u00e9n a que, en lugar de la recisi\u00f3n del contrato impugnado \u00fanicamente cab\u00eda disponer del pago del beneficio o utilidad reportados por la segunda transferencia de dominio, esto es, en tanto y en cuanto se hubiese realizado por un precio superior al primer convenio, hasta la concurrencia del justo precio, con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte, es palmario que no hubiera procedido a resolver como lo hizo, al disponer con notoria equivocaci\u00f3n el complemento del precio de que trata el art\u00edculo 1948 del [C\u00f3digo Civil]\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Formulaci\u00f3n del cargo segundo. <\/p>\n
Tras reiterar lo expuesto previamente, la recurrente asever\u00f3 que \u00abel inciso segundo del art\u00edculo 1951 del [C\u00f3digo Civil] (…) result\u00f3 derechamente violado por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea que le hubiera dado el cabal alcance que le corresponde (sic), el ad quem debi\u00f3 decidir en la segunda instancia que no era posible reconocer el fundamento a la pretensi\u00f3n del vendedor, enfilada a que se completara el precio de los inmuebles vendidos (…), como \u00e9ste lo deprec\u00f3 expresamente en la demanda, porque ese derecho se le hab\u00eda extinguido y, entonces, que al vendedor \u00fanicamente le quedaba la acci\u00f3n personal para reclamarle a su comprador \u201cel exceso\u201d que le hubiera obtenido en la posterior venta, \u201cpero solo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte\u201d como lo dice el mismo art\u00edculo 1951 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. Formulaci\u00f3n del cargo cuarto. <\/p>\n
Invocando el art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandada critic\u00f3 al tribunal por incurrir en \u00aberror de derecho\u00bb, que conllev\u00f3 la \u00abviolaci\u00f3n indirecta\u00bb de los art\u00edculos 1946, 1947, 1948 y 1951 del C\u00f3digo Civil. En esa l\u00ednea, afirm\u00f3 que la manera de \u00abexaminar la prueba por parte del Tribunal, sin hacer la ponderaci\u00f3n evaluando cada uno de los medios recaudados, as\u00ed como la que fluye de su conjunto, constituye apenas una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, abstracta y general que dista de los mandatos contenidos en la ley procesal (…)\u00bb. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, detall\u00f3 el conjunto de pruebas arrimadas al proceso, a las \u00abque el fallador de segunda instancia les neg\u00f3 cualquier m\u00e9rito probatorio para examinarlas en conjunto con las dem\u00e1s\u00bb, a pesar de que, \u00abrectamente aplicadas las reglas de experiencia y de sana cr\u00edtica, imped\u00edan aceptar a rajatabla el valor asignado por el perito con una superlativa valorizaci\u00f3n de m\u00e1s de seiscientos cincuenta por ciento (650%) aproximadamente, cuando en el corto lapso que transcurri\u00f3 entre las dos transacciones (dos a\u00f1os y cuatro meses), el cual el IPC apenas vari\u00f3 en menos del diez (10%). El c\u00e1lculo del perito, mirando en conjunto con los dos [contratos de compraventas de los predios aleda\u00f1os, adquiridos por la Promotora Tamac\u00e1 S.A.] lo convierte en no cre\u00edble y, por ende, inaceptable cualquier m\u00e9rito demostrativo derivado del mismo\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed coligi\u00f3 que, \u00abde no haber incurrido en el error de derecho que he denunciado, el ad quem hubiera concluido sin hesitaci\u00f3n alguna que los dict\u00e1menes no constitu\u00edan prueba suficiente para valorar el precio justo de los inmuebles para el d\u00eda de la compraventa. Y que, miradas esas pruebas t\u00e9cnicas en conjunto con los dem\u00e1s medios probatorios que acabo de se\u00f1alar como preterido, lo hubiera conducido a la pac\u00edfica conclusi\u00f3n de que el precio fijado en el contrato de compraventa que fue atacado en el proceso, era un precio muy ajustado a las negociaciones de la \u00e9poca (…)\u00bb. <\/p>\n
3.2.4. Formulaci\u00f3n del cargo sexto. <\/p>\n
Tambi\u00e9n por la senda directa, la impugnante indic\u00f3 que la sentencia del ad quem hab\u00eda transgredido los art\u00edculos 1946, 1947, 1948, 1951 2322 y 2325 del C\u00f3digo Civil, \u00abporque result\u00f3 imponiendo una condena \u201csolidaria\u201d en contra de Grama Construcci\u00f3n S.A. y Tamac\u00e1 S.A.S., a completar el justo precio de los bienes para la \u00e9poca de la compra, descontada una d\u00e9cima parte (…) no comprendi\u00f3 que no existi\u00f3 entre los comuneros un pacto expreso y tampoco alguna norma establece que en caso de no prosperar la rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enrome, porque el bien adquirido en comunidad por dos o m\u00e1s personal ha dejado de pertenecer en todo o en parte a estos\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior dedujo que, \u00abde haber aplicado rectamente las normas que viol\u00f3, el Tribunal hubiera llegado a la conclusi\u00f3n de que a Grama Construcciones S.A. solo se le hubiera podido condenar en forma proporcional a su derecho cuota comprado, cincuenta por ciento (50%), y solo hasta el valor de la utilidad, beneficio o plusval\u00eda que hubiere recibido durante las posteriores venta[s] total[es] o parcial[es] de los inmuebles sobre los cuales compr\u00f3 los derechos de cuota, cuant\u00eda que no se acredit\u00f3 en el proceso (sic)\u00bb. <\/p>\n
3.2.5. An\u00e1lisis de los cargos. <\/p>\n
Al formular sus reparos contra el fallo de primer grado, as\u00ed como al sustentar su apelaci\u00f3n en la audiencia de que trata el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, Grama Construcciones S.A. se limit\u00f3 a poner de presente algunos defectos formales del dictamen pericial que sirvi\u00f3 de apoyo a la juez a quo para estimar el justo precio de la compraventa que se dijo viciada. <\/p>\n
Por consiguiente, y en obedecimiento a la pauta que consagra el canon 328 de la misma codificaci\u00f3n (\u00abel juez de segunda instancia deber\u00e1 pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante…\u00bb), el tribunal no hizo ning\u00fan pronunciamiento acerca de la procedencia de la condena de \u00abcompletar el justo precio\u00bb que se impuso, ni de la manera en la que debi\u00f3 distribuirse esa carga, tem\u00e1ticas sobre las que gravitan la totalidad de los cuestionamientos por v\u00eda directa. <\/p>\n
Tampoco tuvo el ad quem que analizar los dict\u00e1menes aportados por la demandada, pues como se resalt\u00f3 en el fallo confutado, la decisi\u00f3n de no reconocerles ning\u00fan vigor probatorio, adoptada por la juez de primer grado, no hab\u00eda merecido reproche de ninguna de las partes; ni se ocup\u00f3 de mencionar otros medios de juicio distintos a los previamente relacionados, porque \u2013se reitera\u2013 la alzada vers\u00f3 solamente sobre la adecuaci\u00f3n formal de la experticia que se arrim\u00f3 junto con el escrito introductorio. <\/p>\n
De lo anterior se sigue, necesariamente, que los extensos argumentos insertos en la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n no se contraponen con los raciocinios que cimentaron la sentencia del tribunal; es decir, no existe simetr\u00eda entre las razones que se esgrimieron en los cuatro cuestionamientos que se estudian y la motivaci\u00f3n del fallo de segunda instancia, contrariando as\u00ed el rigor t\u00e9cnico de este remedio excepcional, que reclama del recurrente la formulaci\u00f3n de <\/p>\n
\u00ab(\u2026) una cr\u00edtica concreta y razonada [que] guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente (sentencia 06 de 26 de marzo de 1999); criterio que la Corte ha reiterado en muchos pronunciamientos, entre otros, en los fallos de 7 de noviembre de 2002, exp. 7587, y 28 de mayo de 2004, exp. 7101, para citar solo algunos\u201d (Casaci\u00f3n Civil, sentencia de 5 de abril de 2010, Exp. 50001-31-03-002-2001-04548-01)\u00bb (CSJ SC, 20 sep. 2013, rad. 2007-00493-01). <\/p>\n
A ello cabe a\u00f1adir que Grama Construcciones S.A. concentr\u00f3 sus esfuerzos en tem\u00e1ticas que hasta ahora eran ajenas a la litis \u2013y, por lo mismo, a la motivaci\u00f3n del fallo recurrido\u2013, de manera que, am\u00e9n de que la motivaci\u00f3n del tribunal se mantuvo al margen de la censura, resulta evidente que el grueso de los alegatos compendiados en los cargos que se analizan apenas vinieron a exteriorizarse en esta sede, lo que configura tambi\u00e9n una inobservancia de las pautas formales propias de este recurso. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Corte, las razones que no fueron sometidas a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n y de las dem\u00e1s partes a lo largo de la litis, constituyen un \u201cmedio nuevo\u201d, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. <\/p>\n
Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, la Sala insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar los <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). <\/p>\n
\u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
3.2.6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En la totalidad de las censuras que se analizaron, la recurrente se concentr\u00f3 en debatir aspectos de la litis que no fueron objeto de pronunciamiento en la sentencia del tribunal, en tanto no hab\u00edan sido mencionados en la sustentaci\u00f3n de la alzada que interpuso Grama Construcciones S.A.; esto equivale a decir que esos cargos son desenfocados y, adem\u00e1s, contienen alegaciones novedosas, lo cual ri\u00f1e con la naturaleza de este remedio. <\/p>\n
3.3. Cargo tercero. <\/p>\n
3.3.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, la demandada se\u00f1al\u00f3 el quebranto de los preceptos anotados supra, pues \u00abcometi\u00f3 error de derecho (…) consiste en haber integrado o creado una prueba expresamente prohibida por la ley. En efecto, en punto del aval\u2000o por encuestas, el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 10 de la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, establece que \u201clos valores obtenidos por encuesta no se podr\u00e1n incluir como parte de la definici\u00f3n del precio y, por lo tanto, no podr\u00e1n incluirse o promediarse con los valores encontrados en el mercado. Esta prohibici\u00f3n se aplica tanto a las valoraciones puntuales como a las t\u00e9cnicas masivas de valoraci\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Esta regla no fue observada en la probanza pericial a la que acudieron los jueces ordinarios, pues \u00abexaminados los c\u00e1lculos del avaluador, se concluye que contra la prohibici\u00f3n legal el Tribunal, para definir el precio, se vali\u00f3 de dos elementos: el aval\u00fao de N\u00fa\u00f1ez Castillo y las copias de dos escrituras p\u00fablicas correspondientes a la venta de dos inmuebles al parecer aleda\u00f1os a los predios\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, qued\u00f3 evidenciado que \u00abninguno de los dos conceptos aportados como dict\u00e1menes de parte contiene el juramento del perito para respaldar, aun penalmente, su afirmaci\u00f3n de \u2000que su opini\u00f3n es independiente y corresponde a su real convicci\u00f3n personal\u2000 (Art. 226 inc. 4 C. G. P.).\u00bb, adem\u00e1s, all\u00ed se entremezclaron m\u00e9todos de aval\u00fao, se emple\u00f3 uno supletorio \u2013sin probar la improcedencia de los principales\u2013 y se obviaron varios de los requerimientos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, de modo que \u00abno pod\u00edan ser valorados por el ad quem, porque el momento la asunci\u00f3n de la prueba debi\u00f3\u2000 aprehenderlo como fase previa a su valoraci\u00f3n y a partir de ese proceso intelectual debi\u00f3 encontrar que no cumpl\u00edan los requisitos formales\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, asever\u00f3 que \u00absi se hubiere atendido a las normas que gobiernan la prueba pericial cuando su objeto es un aval\u00fao de inmuebles, en particular las previstas en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC, hubiera tambi\u00e9n llegado a la pac\u00edfica conclusi\u00f3n de que como no hab\u00eda prueba v\u00e1lida, eficaz e id\u00f3nea para [demostrar] el primero de los supuesto de la acci\u00f3n rescisoria, (agravio ultra dimidium) forzosamente debi\u00f3 haber negado la totalidad de las pretensiones (…)\u00bb. <\/p>\n
3.3.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Es ineludible se\u00f1alar que el grueso de las alegaciones contenidas en esta censura no fueron exteriorizadas durante las instancias ordinarias. Ni ante el juez a quo, ni ante la colegiatura ad quem, la demandada intent\u00f3 prevalerse de argumentos como la imposibilidad de establecer el justo precio de un inmueble auscultando las escrituras p\u00fablicas de compraventa de predios semejantes, o el incumplimiento de los requisitos formales del dictamen pericial \u2013distintos del juramento del perito, o los establecidos en la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, emitida por el IGAC\u2013; y, tal como se explic\u00f3 en l\u00edneas anteriores, esos alegatos novedosos, desleales y sorpresivos, no pueden ser admitidos en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, dejando de lado esa precisi\u00f3n, cabe se\u00f1alar que en la exposici\u00f3n de la censora no qued\u00f3 establecida, con la nitidez que exige este remedio extraordinario cu\u00e1l fue la pauta de derecho probatorio que infringi\u00f3 el ad quem. En efecto, para determinar el valor comercial de una heredad, con miras a verificar la configuraci\u00f3n del vicio objetivo de lesi\u00f3n enorme, el legislador permite acudir a cualquier evidencia, de manera que no resultan claras las razones que conducir\u00edan a afirmar que se configur\u00f3 un yerro como el anunciado por la simple circunstancia de haberse elucidado tal punto acudiendo a la opini\u00f3n de un experto (as\u00ed esta no cumpla exactamente los requisitos t\u00e9cnicos de la pluricitada Resoluci\u00f3n 620 de 2008), o a pruebas documentales obrantes en el expediente. <\/p>\n
Expresado de otro modo, si bien el IGAC tiene fijados ciertos lineamientos para la pr\u00e1ctica de aval\u00faos, de ellos no se sigue que un trabajo de valoraci\u00f3n que no los atienda deba ser desechado como prueba en un juicio civil, porque ni la Resoluci\u00f3n 620 de 2008, ni ninguna otra normativa, establece reglas de conducencia que impidan construir la prueba del \u201cjusto precio\u201d de un inmueble mediante evidencias o procedimientos dis\u00edmiles a los que consagra el acto administrativo antes citado. <\/p>\n
Adicionalmente, las resoluciones t\u00e9cnicas del IGAC tampoco restringen la posibilidad de que el juez forme su criterio acerca de ese \u201cjusto precio\u201d con base en elementos de juicio distintos a los autorizados por dicha instituci\u00f3n, como por ejemplo, el precio pactado para la adquisici\u00f3n de bienes de similares caracter\u00edsticas, consignado en un documento p\u00fablico; lo anterior, en l\u00ednea con el referido principio de libertad probatoria que campea en el proceso civil, y cuyas exceptivas deben estar expresamente contempladas en la legislaci\u00f3n positiva. <\/p>\n
Lo anotado deja entrever que, tras los alegatos de la demandada, subyace realmente una cr\u00edtica relacionada con la fiabilidad que podr\u00eda ofrecer un dictamen que no observa plenamente la metodolog\u00eda aprobada por el IGAC, o la que contempla el estatuto procedimental civil para la generalidad de las experticias; y siendo ello as\u00ed, tal reproche estar\u00eda entremezclando errores de derecho con yerros de hecho derivados de la valoraci\u00f3n de la prueba t\u00e9cnica y documental, desatino que atenta contra la inteligibilidad que es exigible de todo reproche casacional. <\/p>\n
Ahora bien, en punto a la necesidad de haber excluido como prueba el dictamen que prepar\u00f3 el ingeniero N\u00fa\u00f1ez Cantillo, por no satisfacer los requisitos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso, cabe precisar que no existe norma alguna que justifique tal rechazo; por el contrario, como recientemente lo indic\u00f3 esta Sala, <\/p>\n
\u00abel citado precepto [el 226 del C\u00f3digo General del Proceso, se aclara] m\u00e1s all\u00e1\u0301 de disponer una mera lista de chequeo (inmanente de un sistema r\u00edgido de tarifa legal), concibi\u00f3\u0301 un listado metodol\u00f3gico que aspira a que en cada caso concreto se estudie el cumplimiento de tales presupuestos a fin de determinar el grado de fiabilidad que se debe asignar al dictamen, pues, a modo de ejemplo, puede acontecer en un proceso la existencia de dos pruebas periciales cuyas conclusiones sean diametralmente opuestas a pesar de satisfacer a cabalidad los requisitos enlistados en el c\u00f3digo procesal, caso en el cual, la credibilidad no depender\u00e1\u0301 de la llana revisi\u00f3n de los requisitos, sino de la \u201csolidez, claridad, exhaustividad, precisi\u00f3n, calidad de (…) fundamentos, la idoneidad del perito (…) su comportamiento en la audiencia, y las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u201d (art. 232 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
En definitiva, conforme a lo establecido por la legislaci\u00f3n adjetiva, la cual no contempla causales de inadmisi\u00f3n o rechazo temprano de la prueba pericial, es la sentencia el escenario propicio para que el juez valore, de acuerdo a cada caso concreto, el apego del trabajo elaborado por un experto a los requisitos mencionados, pues de su cumplimiento, en mayor o menor medida, se edificara\u0301 la fiabilidad y el merito que ser\u00e1\u0301 otorgado al medio suasorio y su incidencia para la soluci\u00f3n de cada causa en particular\u00bb (STC7722-2021, 24 jun.). <\/p>\n
Adicionalmente, no puede pasarse por alto que la impugnante insisti\u00f3 en presentar sus reproches contra el aval\u00fao pericial \u2013v.gr., a partir de la ausencia de juramento del perito, o la carencia de idoneidad de su m\u00e9todo\u2013, pero obvi\u00f3 por completo confrontar las razones que esgrimi\u00f3 el tribunal para salvar todos esos escollos, formales y de fondo, que fue en lo que se concentr\u00f3 la motivaci\u00f3n de la sentencia de segundo grado; y como esas premisas no fueron debatidas, se tornan inmodificables para la Corte, incluso si se interpretara que el yerro denunciado fue de hecho, no de derecho, tornando as\u00ed f\u00fatil su intervenci\u00f3n. <\/p>\n
3.3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En el tercer cargo tambi\u00e9n se presentan varios defectos formales, como la presentaci\u00f3n de alegaciones novedosas; adem\u00e1s, all\u00ed se obvi\u00f3 acreditar, con suficiencia, cu\u00e1l era la regla probatoria que le habr\u00eda impedido al tribunal (desde un punto de vista prescriptivo-normativo) valerse de las evidencias documentales y periciales de las que se sirvi\u00f3 para establecer el \u201cjusto precio\u201d de los bienes compravendidos en la convenci\u00f3n atacada. <\/p>\n
Asimismo, en el cargo dejaron de atacarse los raciocinios esgrimidos por el ad quem para refrendar la decisi\u00f3n de la falladora de primer grado, en punto a considerar fiable la exposici\u00f3n del perito N\u00fa\u00f1ez Cantillo. Por consiguiente, aun si se hallara raz\u00f3n en las quejas de la recurrente, las premisas del fallo del tribunal se mantendr\u00edan a salvo del embate, haciendo inviable cualquier mediaci\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
3.4. Cargo quinto. <\/p>\n
3.4.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
La impugnante aleg\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de las mismas normas sustanciales citadas en sus otros cuestionamientos, debido a \u00aberrores de hecho respecto de las pruebas\u00bb, que se habr\u00edan estructurado en tanto que el tribunal \u00abse apoy\u00f3 prevalentemente en el \u201cdictamen pericial arrimado por el extremo activo\u201d, para ocuparse enseguida a descalificar el trabajo rendido por el perito aportado por la parte demandada (…) criticando su falta de \u201cexperiencia y trayectoria\u201d (…), am\u00e9n de que el m\u00e9todo residual empleado por \u00e9ste no concret\u00f3 las ofertas de inmuebles comparables y semejantes al proyecto, por lo que, al ser sus respuestas vagas, carec\u00eda de credibilidad\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, revisada la \u00absustentaci\u00f3n del aval\u00fao\u00bb aportado por su contraparte, se encontr\u00f3 que se \u00abfunda en la simple menci\u00f3n de aspectos conjeturales, toda vez que, a la mejor manera de un documento proforma o previamente elaborado para ambos inmuebles, se lanzan meras afirmaciones, desprovistas de apoyo alguno a partir del cual puedan inferirse proyecciones (…)\u00bb. Igualmente, el \u00abm\u00e9todo de comparaci\u00f3n de mercado\u00bb no cumpli\u00f3 con los requerimientos, por lo que \u00abno hab\u00eda lugar a su aceptaci\u00f3n al momento de ser estimado en la sentencia, como tampoco el de encuestas o consultas, por la ausencia de los requisitos tambi\u00e9n de obligatoria observaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 reiterando que \u00abes palmario que el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho, pues, viendo la prueba, objetivamente la acept\u00f3 como si estuviera debidamente explicada y fundamentada, cuando (…) contrariamente surge de manifiesto no estar dotada de esas previas argumentaciones l\u00f3gicas, soportadas o acompa\u00f1adas de los necesarios documentos e informaciones, que de este modo (…), pudieran llevar al convencimiento pleno de estar ante una experticia s\u00f3lida y precisa en sus fundamentos\u00bb. <\/p>\n
3.4.2. An\u00e1lisis del cargo. <\/p>\n
Al sustentar un ataque por la v\u00eda indirecta, el interesado no puede limitarse a exponer la que ser\u00eda \u2013en su sentir\u2013 la interpretaci\u00f3n correcta del material probatorio, sino que tiene la carga de demostrar por qu\u00e9 la hermen\u00e9utica acogida por el tribunal es abiertamente absurda, caprichosa o contraevidente. A voces de la jurisprudencia, la tarea de acreditar los yerros atribuidos al sentenciador de instancia, <\/p>\n
\u00abno se reduce a exponer una inconformidad con las conclusiones a las que arrib\u00f3 el juzgador en el plano de los hechos, o que pueda tenerse por satisfecha a partir de aludir simplemente a los medios de prueba, o de transcribir, sin m\u00e1s, pasajes de los mismos, sino que lo obliga a \u201cponer de presente, por un lado, lo que dice, o dej\u00f3 de decir, la sentencia respecto del medio probatorio, y por el otro, el texto concreto del medio, y establecido el paralelo, denotar que existe disparidad o divergencia entre ambos y que esa disparidad es evidente\u201d (\u2026). Por virtud de lo anterior, no es admisible en casaci\u00f3n el cargo que se limita a presentarle a la Corte un nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ SC3526-2017, 14 mar.). <\/p>\n
Por esa v\u00eda, se observa que la querellada sustent\u00f3 sus tesis en una particular lectura de la prueba pericial elaborada por el ingeniero N\u00fa\u00f1ez Padilla, proclam\u00e1ndola como la correcta, pero sin ocuparse de indicar por qu\u00e9 las interpretaciones divergentes \u2013como la que defendi\u00f3 el tribunal\u2013 ser\u00edan improcedentes. Por consiguiente, se impone colegir que la quinta censura tampoco cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para revelar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). <\/p>\n
En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase, respecto de la demostraci\u00f3n del error de hecho, que <\/p>\n
\u00ab(…) partiendo de la base de que la discreta autonom\u00eda de los juzgadores de instancia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas conduce a que los fallos lleguen a la Corte amparados en la presunci\u00f3n de acierto, es preciso subrayar que los errores de hecho que se les endilga deben ser ostensibles o protuberantes para que puedan justificar la infirmaci\u00f3n del fallo, justificaci\u00f3n que por lo tanto no se da sino en tanto quede acreditado que la estimaci\u00f3n probatoria propuesta por el recurrente es la \u00fanica posible frente a la realidad procesal, tornando por lo tanto en contraevidente la formulada por el juez. <\/p>\n
Por el contrario, no producir\u00e1 tal resultado la decisi\u00f3n del sentenciador que no se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a \u00e9sta como afirmaci\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, es decir, cuando s\u00f3lo se presente apenas como una posibilidad de que se haya equivocado. Se infiere de lo anterior, entonces, que cualquier ensayo cr\u00edtico sobre el \u00e1mbito probatorio que pueda hacer m\u00e1s o menos factible un nuevo an\u00e1lisis de los medios demostrativos apoyados en razonamientos l\u00f3gicos, no tiene virtualidad suficiente para aniquilar una sentencia si no va acompa\u00f1ado de la evidencia de equivocaci\u00f3n por parte del sentenciador (\u2026)\u00bb (CSJ SC, 8 sep. 2011, rad. 2007-00456-01). <\/p>\n
A lo expuesto cabe agregar que, para fundamentar la estimaci\u00f3n del \u201cjusto precio\u201d de la compraventa que celebraron las partes, los jueces de instancia acudieron a dos probanzas distintas: (i) el aval\u00fao pericial tantas veces mencionado, y (ii) la escritura p\u00fablica que recoge el contrato de compraventa de un bien colindante a los enajenados por la actora (celebrado entre Campo Grande Ltda., como vendedora, y la Promotora Tamac\u00e1 S.A.S., como compradora), en el que se pact\u00f3 un precio muy similar al estimado por el experto N\u00fa\u00f1ez Padilla \u2013y, por lo mismo, m\u00e1s de dos veces superior al acordado con Multidesarrollos Urbanos S.A.S.\u2013. <\/p>\n
Ahora bien, como el quinto cargo solamente se dirigi\u00f3 en contra de la probanza t\u00e9cnica, debe admitirse que pervive el segundo pilar de las sentencias estimatorias, esto es, la prueba documental, y dado que este ser\u00eda suficiente para prestar apoyo a lo resuelto en las instancias, emerge innegable que la censura carece de la completitud exigible en esta sede extraordinaria. No se olvide que, acorde con el precedente de la Sala, <\/p>\n
\u00ab(…) la demanda de casaci\u00f3n debe desandar los pasos del tribunal para derruir todos y cada uno de los pilares que sirven de apoyo a la decisi\u00f3n que clausur\u00f3 la segunda instancia, porque en la medida en que alguno de sus argumentos basilares se mantenga inc\u00f3lume, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que ampara la labor de esa colegiatura se torna intangible para la Corte (…). \u201cLa competencia que el recurso de casaci\u00f3n otorga a la Corte, no abre un debate sin l\u00edmite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del Tribunal atrae sobre s\u00ed la censura, como thema decisum. La demanda de casaci\u00f3n delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicaci\u00f3n del derecho objetivo y la preservaci\u00f3n de las garant\u00edas procesales, seg\u00fan sea la causal alegada. <\/p>\n
S\u00edguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misi\u00f3n termina donde la acusaci\u00f3n acaba, y si tal impugnaci\u00f3n es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el Tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dej\u00f3 de explicar en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n a la ley, cu\u00e1l su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qu\u00e9 direcci\u00f3n debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnaci\u00f3n. En suma, el ataque en casaci\u00f3n supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasar\u00e1 indemne\u00bb (CSJ SC, 2 abr. 2004, rad. 6985 reiterada en CSJ SC, 29 jun. 2012, rad. 2001-00044-01)\u00bb (CSJ AC2680-2020, 19 oct.). <\/p>\n
3.4.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El \u00faltimo cuestionamiento constituye un alegato de instancia, pues se ocupa de proponer una valoraci\u00f3n alternativa de la prueba pericial, sin atacar de manera frontal los argumentos que expuso \u2013con largueza \u2013el ad quem para dotar de vigor demostrativo a dicha pieza de evidencia; adem\u00e1s, el cargo es incompleto, en tanto dej\u00f3 de lado el documento p\u00fablico que tambi\u00e9n utilizaron los jueces ordinarios para fincar su entendimiento de uno de los puntales principales de la litis, a saber, el \u201cjusto precio\u201d de los predios transferidos a las convocadas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques planteados en la demanda de casaci\u00f3n carecen de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa su inadmisi\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesto por la convocada frente a la sentencia de 18 de septiembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Multidesarrollos Urbanos S.A.S. contra Grama Construcciones S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
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AC2920-2021 (2017-00011-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC2920-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 47001-31-03-003-2017-00011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n interpuesta […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55899","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55899","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55899"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55899\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55899"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55899"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55899"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}