AC3016-2021 (2014-00377-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05615-31-03-001-2014-00377-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Norbey Mar\u00edn y Jos\u00e9 Bernardo Vanegas Acevedo para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2020, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso declarativo de simulaci\u00f3n absoluta que iniciaron en contra de Cooperativa Multiactiva y Solidaria -Cooperemos- En Liquidaci\u00f3n y la sociedad Bosques de la Macarena S.A.S. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Los demandantes solicitaron declarar la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa del inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 020-5985, celebrado entre la Cooperativa Multiactiva y Solidaria -Cooperemos- como vendedora y Bosques de la Macarena S.A.S. como compradora, negocio contenido en la escritura p\u00fablica No. 3098 de 24 de diciembre de 2013, protocolizada ante la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo Notarial de Rionegro, Antioquia (folio 5, cno. 1 juzgado). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Los demandados suscribieron el referido convenio defraudando, a juicio de los convocantes, los intereses de los asociados de la Cooperativa, pues, a m\u00e1s de acordar un valor por metro cuadrado inferior al aval\u00fao de los predios de la zona, no existe certeza frente al pago del precio total, en tanto, pese a haber consignado que se sufrag\u00f3 en efectivo y fue recibido a satisfacci\u00f3n, no resulta coherente que una empresa constituida con tan solo $10.000.000, tenga el capital para adquirir y, menos de contado, un inmueble de $705.000.000. <\/p>\n
2. Los convocantes pidieron que fuera valorado como indicio el hecho de que la gerente de la empresa compradora dirigi\u00f3 el proyecto de vivienda de inter\u00e9s social desarrollado por la vendedora en la citada propiedad, as\u00ed como tambi\u00e9n, que las contratantes funcionen en la misma sede y tengan el mismo objeto social (folios 1 a 4, \u00eddem). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
1. Admitida la demanda y notificada a los llamados a juicio, estos se opusieron a la prosperidad de las pretensiones y excepcionaron \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d; \u201cFalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d; \u201cMala fe\u201d; \u201cFalta de inter\u00e9s para demandar\u201d y la defensa \u201cLa Gen\u00e9rica\u201d, (folios 47 a 51, cno. 1 juzgado). <\/p>\n
2. En audiencia de 11 de septiembre de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Rionegro profiri\u00f3 sentencia en la que, entre otras cosas, declar\u00f3 la simulaci\u00f3n del contrato de compraventa, dispuso que el bien objeto del mismo regresara al haber patrimonial de \u201cCooperemos\u201d y desestim\u00f3 las excepciones planteadas por la demandada (folios 461 y 462, cno. 2 juzgado). <\/p>\n
3. La convocada apel\u00f3 la decisi\u00f3n; para el efecto, arguy\u00f3 desconocimiento de las pruebas que dan cuenta del pago del precio, de la transacci\u00f3n realizada en torno del mismo por los contratantes, de la aprobaci\u00f3n de la venta por parte de la asamblea general de la cooperativa vendedora y la falta de impugnaci\u00f3n de dicha decisi\u00f3n por los promotores de la acci\u00f3n (folios 463 y 464, \u00eddem). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El ad quem revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada, al considerar que las pruebas recaudadas no lograron evidenciar \u201cuna voluntad diferente a la de vender y comprar (\u2026)\u201d, sin que se hubiese probado el disfraz o la ficci\u00f3n del contrato celebrado, ni mucho menos el \u00e1nimo defraudatorio, (folios 26 a 39, cno. Tribunal). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n presentada por la parte demandante se erigi\u00f3 sobre tres censuras encausadas por la v\u00eda de la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba, art. 336 del C.G. del P.). <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se recrimin\u00f3 al fallador el quebranto de los art\u00edculos 740, 1502, 1524, 1602, 1618, 1766, 1849 y 1857 del C\u00f3digo Civil \u201ccomo consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes cometidos en la apreciaci\u00f3n del material probatorio\u201d (folio 13 dorso, cno. Corte). <\/p>\n
Al desarrollar el ataque, aseguraron los censores que el juzgador se equivoc\u00f3 al pasar por alto los elementos probatorios que dan cuenta del da\u00f1o causado por las demandadas tanto a ellos como a los coadyuvantes, concretamente las copias del proceso de resoluci\u00f3n de contrato No. 2014-389, adosadas al paginario y las declaraciones rendidas en dicho juicio por Amalia Raigoza \u00c1lvarez (representante legal de Bosques de la Macarena) y Flavia Mar\u00eda, Claudia Yaneth, Juan Ferney, Margoth, Jhon Ever y Orlando Antonio L\u00f3pez Salazar. <\/p>\n
Indicaron que aquellos testimonios dejan ver como el lote transferido fue inicialmente comprado con los dineros entregados por los asociados a la cooperativa, cuya convocatoria a la asamblea en la que se aprob\u00f3 tal negocio fue omitida, as\u00ed como tambi\u00e9n, acreditan el precio irrisorio pactado en la venta que se tilda de fingida y la defraudaci\u00f3n a los intereses de los aportantes, a quienes no se les devolvi\u00f3 su capital. <\/p>\n
Igualmente criticaron al Tribunal por no haber analizado las afirmaciones que en la etapa correspondiente del proceso simulatorio realizaron Amalia Raigoza y Orlando L\u00f3pez Salazar, lo cual, a criterio de los inconformes, deja ver el trascendente error de hecho en la valoraci\u00f3n de dicho instrumento de convicci\u00f3n, al omitir aspectos importantes como la configuraci\u00f3n del fraude y el da\u00f1o al ocultar la comercializaci\u00f3n de la mencionada heredad a los socios no activos en el proyecto de vivienda; y, por suponer el precio real de la misma, cuando no fue revelado por los contratantes. <\/p>\n
Consideraron que de haber sido examinados los mencionados medios suasorios, el ad quem se habr\u00eda inclinado a confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Imputaron la transgresi\u00f3n de los preceptos 1849, 1857, 1524 y 1766 de la codificaci\u00f3n civil, \u201ccomo consecuencia de erro (sic) de Derecho derivado del desconocimiento de normas probatorias\u201d. <\/p>\n
Como soporte de la censura se indic\u00f3 que el yerro del juzgador radic\u00f3 en la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia, lo cual constituye una flagrante violaci\u00f3n de los preceptos 176, 242 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso; 228 de la Carta Pol\u00edtica y 55 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada de ser violatoria de las disposiciones 1849, 1857, 1524, 1766 del compendio civil \u201cpor error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de una determinada prueba\u201d. <\/p>\n
Como respaldo de la cr\u00edtica, acotaron que el fallador de segunda instancia pretermiti\u00f3 la valoraci\u00f3n del interrogatorio rendido por el representante legal de la vendedora, del que se vislumbra su desconocimiento total de los t\u00e9rminos en que aparentemente fue adelantada la venta del bien en cuesti\u00f3n (Folios 8 a 23, cno. Corte). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por la cual, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros fijados para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite, como acreditar el descontento mediante una demanda que satisfaga \u00abtodos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC2709, 19 oct. 2020, rad. 2017-00076-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el impugnante asume el labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene amparada la providencia objeto del recurso. <\/p>\n
En tal sentido, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en reclamar que toda acusaci\u00f3n trascienda del terreno de la enunciaci\u00f3n al de la demostraci\u00f3n \u00abhaci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, reiterado en CSJ AC5532-2018, 19 dic., rad. 2013-00062-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo, en los primeros debido a la vulneraci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o en la aplicaci\u00f3n normativa (v\u00eda directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (senda indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
Sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n recta v\u00eda o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la anotada categor\u00eda de las normas presuntamente quebrantadas, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia recurrida, a tal punto que las invocadas en la demanda sean el soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, en criterio del censor, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u00abel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01). <\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance del cuestionamiento, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento que haga el impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del remedio excepcional, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose de la infracci\u00f3n indirecta de mandatos materiales, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de aquellos, se le impone al inconforme la carga de describir la manera como el enjuiciador los infringi\u00f3, efecto para el cual, deber\u00e1 refutar los razonamientos basilares de la decisi\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio, se\u00f1alar la incidencia de los errores cometidos en la resoluci\u00f3n del litigio, y la forma en que estos condujeron al quebranto de los preceptos acotados, poniendo en evidencia la inconsistencia entre el genuino alcance y contenido de las pruebas y las conclusiones del fallo. <\/p>\n
Adicionalmente, es preciso reparar en que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ SC003-2021, 18 ene., rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
3. Confrontados los embates con los par\u00e1metros que vienen de citarse, encuentra la Sala que ninguno de los formulados satisface los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. Se\u00f1alaron los impugnantes en el primer y tercer ataque, que la decisi\u00f3n censurada revela un error de hecho paladino en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones tra\u00eddas del juicio de resoluci\u00f3n de contrato No. 2014-389; as\u00ed como las recepcionadas en el tr\u00e1mite simulatorio, en especial, la del representante legal de la cooperativa vendedora; sin embargo, desatendieron la carga de evidenciar el anotado yerro, e indicar la trascendencia que tendr\u00eda en el sentido de la decisi\u00f3n adoptada en segundo grado, como as\u00ed lo dispone el inciso final del literal a), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del estatuto procedimental. <\/p>\n
Afirmase as\u00ed, porque si bien fueron precisos los censores al transcribir las afirmaciones que, a su juicio, no analiz\u00f3 el ad quem, lo cierto es que de ellas no logra advertirse incidencia alguna en el tema esencial del debate, en tanto se circunscriben a la descripci\u00f3n de la forma en que la cooperativa que actu\u00f3 como vendedora en el negocio cuestionado, adquiri\u00f3 el bien objeto del mismo, as\u00ed como tambi\u00e9n, a la ratificaci\u00f3n del inter\u00e9s que el se\u00f1or Vanegas Acevedo invoc\u00f3 para actuar en el proceso por haber aportado fondos para la compra, cuya devoluci\u00f3n no es de resorte de las actuaciones rebatidas. <\/p>\n
No puede hallarse la presunta trascendencia que los demandantes pretenden atribuirle a la aserci\u00f3n de la se\u00f1ora Raigoza, relativa a la no realizaci\u00f3n de asambleas con posterioridad al a\u00f1o 2012, pues otra fue la realidad que evidenci\u00f3 el Tribunal en la documental aportada, en la cual soport\u00f3 uno de los razonamientos torales de su determinaci\u00f3n, lo que implica que, con independencia de que se hiciera o no alusi\u00f3n a ese medio de prueba, aquel no hubiese tenido la fuerza suficiente para evidenciar la configuraci\u00f3n de alguno de los elementos caracter\u00edsticos de la simulaci\u00f3n y, de contera, ninguna relevancia tiene en el sentido de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
De otra parte, los impugnantes no dejaron al descubierto la equivocaci\u00f3n manifiesta en que habr\u00eda incurrido el ad quem al dejar de valorar las versiones de Flavia, Claudia, Juan Ferney, Margoth, Jhon Ever y Orlando L\u00f3pez Salazar y de Amalia Raigoza \u00c1lvarez, pues justamente apuntaron en la sustentaci\u00f3n del cargo, que lo enrostrado es la adquisici\u00f3n del lote con los aportes de los asociados, la falta de convocatoria de estos a las asambleas y la no devoluci\u00f3n de sus contribuciones, aspectos respecto de los cuales no evidenciaron la manera en que guardan relaci\u00f3n con la simulaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
En todo caso, si bien los recurrentes cuestionaron la prescindencia total de los elementos de juicio rese\u00f1ados, lo cierto es que el Tribunal si analiz\u00f3 algunas de las versiones rendidas en los aspectos que consider\u00f3 relevantes para el desarrollo del problema jur\u00eddico, verbigracia, la referencia al dicho de Orlando L\u00f3pez en torno de la falta de titularidad de los asociados sobre el predio discutido (folio 37 dorso, C. Tribunal) y al de la representante legal de la sociedad compradora al esclarecer la presunta contradicci\u00f3n sobre el precio (folio 38, \u00eddem), valoraci\u00f3n inadvertida en la censura y, por consiguiente, ayuna de refutaci\u00f3n. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la cooperativa vendedora, los atacantes no detallaron el perjuicio que signific\u00f3 la preterici\u00f3n de esa prueba o, m\u00e1s bien, la injerencia de tal omisi\u00f3n apreciativa en las resultas del proceso; es decir, no explicaron como hubiese variado la decisi\u00f3n final, de haberse atendido lo declarado por esa parte, pese a que, como ellos mismos lo consignaron en el libelo de sustentaci\u00f3n, aquella no ten\u00eda claridad sobre los t\u00e9rminos en que se adelant\u00f3 la negociaci\u00f3n tachada de aparente. <\/p>\n
S\u00famese a lo expuesto que los opugnadores no explicaron, como corresponde, la forma en que los denunciados errores pudieran llegar a quebrantar de forma indirecta las normas en que apoyaron el embate; mucho menos hicieron visible la alegada inadvertencia del fallador de segunda instancia frente a la aducida simulaci\u00f3n del precio; tan solo se limitaron a inferir que el consignado en la escritura p\u00fablica era \u201csimulado, irreal y por tanto, ficticio, porque el se\u00f1or apoderado de la parte demandada no dio a conocer el precio real (\u2026)\u201d, afirmaci\u00f3n que no afincan en medio probatorio alguno y que, por tanto, corresponde a un simple alegato de instancia, inadmisible en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En este punto es apropiado recordar que esta Corte ha insistido en que \u00abno puede confundirse el error de hecho con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciaci\u00f3n que se efect\u00faa de los elementos de persuasi\u00f3n que obran en el proceso (\u2026) As\u00ed, resulta ostensible que por la propia naturaleza de la funci\u00f3n jurisdiccional, el fallador goza de plena autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n probatoria, sin que ella llegue a comportar arbitrariedad alguna, de manera que s\u00f3lo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado.\u00bb (CSJ AC1427-2020, rad. 2015-00461, 13 jul. 2020). <\/p>\n
3.2. La segunda cr\u00edtica la erigieron los suplicantes en el dislate de iure \u201cderivado del desconocimiento de normas probatorias\u201d, concretamente de los art\u00edculos 176, 242 y 280 del nuevo estatuto de procedimiento como violaci\u00f3n medio, al considerar que no se motiv\u00f3 con suficiencia la sentencia atacada. <\/p>\n
A esa conclusi\u00f3n se llega sin mayor dificultad, en tanto los opugnadores no desplegaron actividad alguna tendiente a justificar la llamada falta de motivaci\u00f3n del fallo, o la raz\u00f3n por la cual consideraron indebidamente apreciada la prueba indiciaria; en esencia, no sustentaron la infracci\u00f3n de los preceptos que disciplinan la actividad probatoria, ni mucho menos explicaron c\u00f3mo, de existir tal contravenci\u00f3n, esta se tradujo en la transgresi\u00f3n de mandatos sustanciales, tarea que requer\u00eda, como m\u00ednimo, de un cotejo entre la providencia acusada y los c\u00e1nones legales reguladores de los medios demostrativos correspondientes, en aras de cristalizar el o los yerros que califican como determinantes en aquella decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Bajo ese entendido, se inadmitir\u00e1n los cargos que edifican la demanda extraordinaria, pues, se insiste, siendo carga de sus promotores la exposici\u00f3n del desconocimiento indirecto del juzgador frente a las disposiciones de estirpe sustancial que invoc\u00f3, a trav\u00e9s de la confrontaci\u00f3n de la tesis esencial de la providencia discutida, omiti\u00f3 tal deber. <\/p>\n
Tampoco procede el estudio oficioso del asunto, en la medida en que el libelo no cumple con los presupuestos consagrados en el estatuto procesal para su selecci\u00f3n, como quiera que la sentencia recurrida no vulnera los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irroga agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto de la tem\u00e1tica en litigio. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria en el asunto referenciado. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
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AC3016-2021 (2014-00377-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente Radicaci\u00f3n n\u00b0 05615-31-03-001-2014-00377-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintid\u00f3s de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Norbey […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55900","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55900","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55900"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55900\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55900"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55900"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55900"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}