AC3150-2021 (2021-02274-00)<\/p>\n
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AC3150-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02274-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo del Circuito de Carmen de Bol\u00edvar y Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Ante el primer estrado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) formul\u00f3 demanda de expropiaci\u00f3n contra Alex Iv\u00e1n Dom\u00ednguez Paredes y otras personas naturales, as\u00ed como la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos S.A.S. en Liquidaci\u00f3n y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). <\/p>\n
Asign\u00f3 la competencia por el lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la naturaleza del asunto y la cuant\u00eda, renunciando expresamente al fuero subjetivo y acogi\u00e9ndose a la regla prevista en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso (fls. 1 al 14, archivo 01 demanda pdf.) <\/p>\n
2.- La oficina judicial rechaz\u00f3 el libelo con apoyo en los art\u00edculos 28, numeral 10, y 29 ib\u00eddem y la providencia de esta Sala AC140-2020, de donde infiri\u00f3 que en esta clase de asuntos el fuero prevalente es el domicilio de la entidad p\u00fablica. En consecuencia, lo remiti\u00f3 a su hom\u00f3loga en Bogot\u00e1 (fls. 1-3, archivo 05 archivo pdf.). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En atenci\u00f3n a que el conflicto de competencia se plantea entre juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corporaci\u00f3n en Sala Unitaria resolverlo como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, el \u00faltimo modificado por el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.- Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento procesal acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb, que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual, el llamado a conocer el asunto es el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa; empero, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando de forma precisa y categ\u00f3rica el funcionario que, con exclusi\u00f3n de cualquier otro, debe encarar el debate. <\/p>\n
Frente a este \u00faltimo punto, en AC3744-2018, la Corte destac\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026) <\/p>\n
Ahora bien, atinente a las contiendas sobre expropiaci\u00f3n, el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem establece una \u00abcompetencia privativa\u00bb, asign\u00e1ndolas en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis, en cuanto prescribe que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales (\u2026) en los de expropiaci\u00f3n\u2026\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. Es pues, un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de una provincia distinta de aquella donde se encuentra el inmueble sobre el que aspira adquirir el dominio, deviene palmario que en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde la perspectiva de este despacho, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien en disputa y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque la pauta condensada en el art\u00edculo 29 ejusdem, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no altera los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga a acudir a los principios constitucionales, como par\u00e1metro de definici\u00f3n, para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Es as\u00ed como los postulados de igualdad, econom\u00eda procesal, concentraci\u00f3n e inmediaci\u00f3n, entre otros, cobran especial significaci\u00f3n en este contexto para equilibrar las cargas, teniendo en cuenta que el ciudadano-demandado, por lo general, es el m\u00e1s d\u00e9bil de la relaci\u00f3n procesal y, por ende, no resulta justo ni acorde con el derecho de defensa, obligarlo a afrontar el juicio en una ciudad distinta a su vecindad. Adem\u00e1s, la inspecci\u00f3n judicial que, por mandato del legislador debe practicarse en esa clase de asuntos, ofrece mayores ventajas para su realizaci\u00f3n cuando el juez de conocimiento tiene sede en el mismo sitio del bien, lo cual evita comisionar y agiliza la definici\u00f3n del pleito. Nada de lo cual ocurre si la asignaci\u00f3n recae en el fallador del lugar donde tiene asiento la entidad p\u00fablica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, se busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre los diferentes Despachos al dirimir las colisiones originadas en id\u00e9nticas situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) de art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, tambi\u00e9n se dej\u00f3 claro que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia admisible al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis. As\u00ed se dijo: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos, resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3.- En el sub lite, tanto la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como la Agencia Nacional de Tierras (ANT), esta \u00faltima convocada en virtud de la condici\u00f3n resolutoria constituida sobre el predio objeto de expropiaci\u00f3n, son entidades p\u00fablicas del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva, y del escrito introductor y sus anexos se advierte que ambas tienen como domicilio com\u00fan la capital de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Con ese panorama, se observa que el juzgado de esta ciudad se equivoc\u00f3 al rehusar el conocimiento del asunto, comoquiera que no tuvo en cuenta la doctrina que la Sala sent\u00f3 en AC140-2020 y que respalda la posici\u00f3n del estrado de Carmen de Bol\u00edvar, toda vez que tanto la promotora como una de las llamadas son entidades p\u00fablicas y tienen su domicilio en esta capital, por lo que en cualquier caso resulta aplicable el fuero personal fijado en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que en los t\u00e9rminos de dicho precedente contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29), torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer, por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. <\/p>\n
4.- Por tanto, se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n al funcionario que gener\u00f3 el conflicto para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra oficina judicial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. Declarar que el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogot\u00e1 es el competente para conocer del tr\u00e1mite de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad, y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO. Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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