AC3157-2021 (2021-02455-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3157-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02455-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y Sexto Civil del Circuito de Barranquilla. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante sentencia de 22 de octubre de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento celebrado el 6 de diciembre de 2013, respecto del local comercial No. 2-90 del Centro Comercial La Estaci\u00f3n de esa ciudad, entre INVEROF S.A.S. y EPK KIDS SMART S.A.S. (hoy AKMIOS S.A.S.1), dado el incumplimiento de esta \u00faltima a sus compromisos contractuales. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, la arrendadora inici\u00f3 proceso ejecutivo de mayor cuant\u00eda, para obtener el pago de los c\u00e1nones de alquiler insolutos, el valor del cobro extrajudicial y las costas del proceso de restituci\u00f3n previo. <\/p>\n
En el libelo se fij\u00f3 la competencia en la citada autoridad judicial \u201c(\u2026) por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n y por el domicilio de las partes (\u2026)\u201d (Consecutivo 06, exp. digital). <\/p>\n
2. En prove\u00eddo de 26 de marzo de 2021, el fallador aludido rehus\u00f3 el conocimiento del pleito, resguardado en los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, aduciendo que el domicilio principal de la convocada est\u00e1 radicado en la ciudad de Barranquilla, mientras el cumplimiento de las obligaciones deb\u00eda producirse en Bogot\u00e1, seg\u00fan la cl\u00e1usula tercera del negocio jur\u00eddico suscrito por las partes. <\/p>\n
Estim\u00f3 inviable ejecutar la sentencia de 22 de octubre de 2020, dictada en el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado entre los mismos contendientes, \u201c(\u2026) pues, de ser as\u00ed, s\u00f3lo ser\u00eda procedente la ejecuci\u00f3n de las costas impuestas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada (\u2026)\u201d. Por consiguiente, orden\u00f3 la remisi\u00f3n del asunto a sus hom\u00f3logos de Barranquilla (Consecutivo 10, ib). <\/p>\n
3. Al recibir las diligencias, el Juez Sexto Civil del Circuito de dicha urbe se neg\u00f3 a impartirles tr\u00e1mite (29 jun.), porque, de conformidad con la regla 384 procedimental, corresponde al funcionario remitente adelantar el pleito, en virtud del principio de perpetuatio jurisdictionis, en tanto dicha pauta \u201c(\u2026) permite la ejecuci\u00f3n dentro del mismo expediente donde se tramit\u00f3 la restituci\u00f3n (\u2026) [al se\u00f1alar que] las medidas cautelares se levantar\u00e1n si el demandante no promueve la ejecuci\u00f3n en el mismo expediente dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los c\u00e1nones adeudados, las costas, perjuicios, o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En esa medida, concluy\u00f3, la aplicaci\u00f3n de la precitada norma procedimental, determina la competencia en el juzgado primigenio, que se equivoc\u00f3 al declinarla. Consecuentemente, plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de competencia y orden\u00f3 la remisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n a esta Corporaci\u00f3n (Consecutivo 06, ib). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Establecen los art\u00edculos 305 y 306 del ordenamiento procedimental la posibilidad de exigir la ejecuci\u00f3n de una sentencia en firme que hubiese condenado al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles no secuestradas previamente o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, \u201c(\u2026) sin necesidad de formular demanda (\u2026) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.1. De manera complementaria, el inciso tercero del numeral 7\u00ba de la disposici\u00f3n 384 adjetiva, otorg\u00f3 al arrendador la facultad de promover \u201c(\u2026) la ejecuci\u00f3n en el mismo expediente[,] dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para obtener el pago de los c\u00e1nones adeudados, las costas, perjuicios, o cualquier otra suma derivada del contrato o de la sentencia [de restituci\u00f3n] (\u2026)\u201d, lapso a contabilizar desde la ejecutoria del auto que apruebe las costas, si hubo condena por ese concepto, o a partir de la notificaci\u00f3n de la orden de obedecer lo dispuesto por el superior, si el fallo fue apelado. <\/p>\n
Estos lineamientos fijan par\u00e1metros especiales de asignaci\u00f3n de competencia, en virtud del fuero de atracci\u00f3n o conexidad, destinado a garantizar la celeridad de la administraci\u00f3n de justicia y la efectividad de los derechos reconocidos en sus decisiones, tal como lo ha sostenido esta Sala en reiterada jurisprudencia, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) El ordenamiento prev\u00e9 diversos factores para saber qui\u00e9n ha de adelantar cada asunto. Uno de ellos es el de conexi\u00f3n, a trav\u00e9s del cual identifica el funcionario que ha de asumir una determinada actuaci\u00f3n. Su raz\u00f3n de ser se sustenta en el principio de econom\u00eda procesal y sus m\u00e1s connotadas manifestaciones las constituyen las acumulaciones de pretensiones, de demandas y de procesos, as\u00ed como algunos tr\u00e1mites en particular. Tal acontece, verbi gratia, con el inciso primero del art\u00edculo 306 del C\u00f3digo General de Proceso, seg\u00fan el cual \u2018[c]uando la sentencia condene al pago de una suma de dinero (\u2026) o al cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deber\u00e1 solicitar la ejecuci\u00f3n (\u2026) ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n y dentro del mismo expediente en que fue dictada. (\u2026)\u2019 -subraya la Sala- (CSJ AC1575-2017, 14 mar., rad. 2017-00500-00 reiterada en CSJ AC1974-2021, 26 may., rad. 2021-01341-00). <\/p>\n
2.2. Entonces, solo en eventos donde no se da ninguna de las condiciones atr\u00e1s descritas, es viable acudir a las pautas de distribuci\u00f3n territorial de los procesos (art. 28 del C.G.P.), las cuales, en l\u00ednea de principio, asignan la competencia de los asuntos contenciosos al \u201c(\u2026) juez del domicilio del demandado (\u2026)\u201d y si tiene varios domicilios o son m\u00faltiples los convocados, al \u201c(\u2026)de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u201d; empero, \u201c[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos (\u2026)\u201d, el numeral 3\u00ba ejusdem, faculta al interesado para optar por el \u201c(\u2026) juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u201d. <\/p>\n
3. De cara a las anteriores disposiciones surge, sin mayor dificultad que trat\u00e1ndose de un proceso ejecutivo a continuaci\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, corresponde al mismo funcionario cognoscente gestionar el compulsivo, de conformidad con lo se\u00f1alado en el ordinal 7\u00ba del art\u00edculo 384 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. En el sub examine, nos hallamos ante una solicitud de cobro forzado presentada por la sociedad arrendadora INVEROR S.A.S., en cuyo favor el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dict\u00f3 sentencia de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, el 22 de octubre de 2020, donde, adem\u00e1s de ordenar la entrega material del local comercial objeto de la litis, conden\u00f3 en costas a la pasiva. <\/p>\n
Sin embargo, al momento de proveer sobre su competencia para conocer el coercitivo, destinado a lograr el pago de tales emolumentos y los c\u00e1nones de alquiler insolutos, el estrado primigenio se bas\u00f3 en las normas generales de asignaci\u00f3n de competencia territorial (art. 28 del CGP), dejando de lado el factor de conexidad consagrado por el legislador, por considerar que \u201c(\u2026) remotamente, se podr\u00eda considerar que lo que se est\u00e1 ejecutando es la condena impuesta en sentencia y costas procesales, conforme [a]l art\u00edculo 305 del C\u00f3digo General del Proceso, con base en la sentencia de octubre 22 de 2020 dictada por este juzgado en el proceso verbal de restituci\u00f3n de inmueble arrendado (rad. 2019-00242-00), [pero,] de ser as\u00ed, s\u00f3lo ser\u00eda procedente la ejecuci\u00f3n [de] las costas impuestas en esta instancia a cargo de la sociedad demandada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tal entendimiento es, a todas luces, desconocedor de la regla especial en comento, que, se insiste, permite al arrendador demandante reclamar el cobro forzado de \u201c(\u2026) los c\u00e1nones adeudados, las costas, perjuicios o cualquier otra suma derivada del contrato de la sentencia (\u2026)\u201d, en el mismo expediente y ante el mismo juez que conoci\u00f3 la restituci\u00f3n, como con acierto lo se\u00f1al\u00f3 el fallador de Barranquilla aqu\u00ed involucrado. <\/p>\n
El que la convocante expresara en el ac\u00e1pite de la \u201ccompetencia\u201d de su petitum que presentaba su demanda en la ciudad de Ibagu\u00e9 \u201c(\u2026) por [ser] el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n y el domicilio de las partes (\u2026)\u201d, no era \u00f3bice para que el funcionario receptor analizara las diligencias y adecuara su tr\u00e1mite a las disposiciones legales que rigen la materia, en atenci\u00f3n al principio da mihi factum, dabo tibi ius atribuible a los administradores de justicia, en tanto aquella manifestaci\u00f3n, no ten\u00eda la capacidad de enervar la atribuci\u00f3n que, privativamente, erigi\u00f3 el legislador \u00ab(\u2026) pues, conforme a la norma, es el citado factor el que fija la competencia, y no el territorial. En esas condiciones, fulge como factor determinante, prevalente y excluyente, el de atracci\u00f3n o de conexi\u00f3n, por virtud de una disposici\u00f3n especial que repele la aplicaci\u00f3n de las reglas generales\u00bb (CSJ AC1575-2017, 14 mar., rad.2017-00500-00 reiterada en CSJ AC1974-2021, 26 may., rad. 2021-01341-00). <\/p>\n
En ese orden de ideas, ni el domicilio de la llamada a juicio, ni el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n determinaban, en este caso, el factor a considerar para establecer el juzgador encargado de conocer el pleito, en tanto las diligencias deb\u00edan someterse a la regla especial de competencia fijada en el art\u00edculo 384 procedimental, en concordancia con los preceptos 305 y 306 idem y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, Tolima es el competente para conocer la acci\u00f3n ejecutiva referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que le imparta tr\u00e1mite. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla y a la ejecutante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la demandada (consecutivo 03, exp. Digital). <\/p>\n
<\/p>\n
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