AC3229-2021 (2021-02539-00)<\/p>\n
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AC3229-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02539-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por SEBASTI\u00c1N COLORADO contra el BANCO DAVIVIENDA S.A. <\/p>\n
1. El demandante adujo como fundamento de su acci\u00f3n constitucional, que la referida entidad \u201cpresta sus servicios p\u00fablicos en un inmueble o establecimiento p\u00fablico y abierto al p\u00fablico, pero en la actualidad no cuenta en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un int\u00e9rprete profesional ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005, tal como lo ordena ley 982 de 2005, art 8. vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio\u201d. Indic\u00f3, adem\u00e1s, que el domicilio del accionado corresponde a la \u201ccalle 7 Nro 7 16\u201d de La Virginia, Risaralda1; mientras que la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos se presenta en la \u201cCalle 52 No. 35\u00aa 45\u201d de Bucaramanga, Santander2. <\/p>\n
2. El Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la acci\u00f3n p\u00fablica, Promiscuo del Circuito de La Virginia, admiti\u00f3 la demanda, y luego, mediante auto de 15 de abril de 2021, decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir del prove\u00eddo referido, la rechaz\u00f3 y la remiti\u00f3 a los juzgados civiles del circuito de Medell\u00edn, porque, en su sentir, \u201cNo es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d 3. <\/p>\n
3. El actor se pronunci\u00f3 interponiendo \u201crecurso de reposici\u00f3n, en subsidio apelaci\u00f3n, s\u00faplica, queja, casaci\u00f3n o recurso pertinente amparo en el art\u00edculo 318 CGP, frente al auto que dice decretar nulidad de todo lo actuado y remite por competencia\u201d 4; petici\u00f3n que fue negada por la Juez mediante prove\u00eddo de 29 de abril hoga\u00f1o5. <\/p>\n
4. Recibida la demanda por el estrado Cuarto Civil del Circuito de Bucaramanga, rehus\u00f3 igualmente el conocimiento del asunto y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, tras considerar que \u201c\u2026 el JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE LA VIRGINIA-RISARALDA se desprende del conocimiento de la acci\u00f3n popular que ya hab\u00eda admitido, aduciendo falta de competencia territorial, elemento que como ya se estableci\u00f3 por parte de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en la jurisprudencia en cita, al ser un factor distinto del subjetivo o funcional, es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el Juez seguir\u00e1 conociendo del proceso, a menos que el extremo pasivo, en su oportunidad, discuta esa atribuci\u00f3n\u201d6. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la presente acci\u00f3n popular, en la que se discute si corresponde zanjar el asunto al juzgador del lugar de ocurrencia de la posible vulneraci\u00f3n constitucional o al del domicilio del demandando, en virtud de lo establecido en el canon 16 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores para establecer la competencia en el marco de las acciones populares <\/p>\n
Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
De conformidad con lo dispuesto en el canon 16 de la Ley 472 de 1998, trat\u00e1ndose de acciones populares \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor (\u2026)\u201d, estableciendo as\u00ed un fuero concurrente a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d7. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Dicho lo anterior, la Corte observa que en el caso analizado ninguno de los dos requisitos se cumplen, pues el reclamante present\u00f3 la demanda en La Virginia, Risaralda, se\u00f1alando esa localidad como domicilio del demandado y como \u201csitio de vulneraci\u00f3n\u201d indic\u00f3 la \u201cCalle 52 No. 35\u00aa 45\u201d de la ciudad de Bucaramanga, que de conformidad con la informaci\u00f3n que reposa en la p\u00e1gina web de la citada, corresponde a una de las sucursales que tiene en la capital de Santander; no obstante, el Juzgado Promiscuo del Circuito, sin advertir esta circunstancia, mediante auto de 12 de enero de 2021 consider\u00f3 que se reun\u00edan los requisitos contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y la admiti\u00f3, ordenando la notificaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico, prorrogando as\u00ed su competencia. <\/p>\n
Ahora bien, en cuanto a la inmodificabilidad de la competencia esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u201ccuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u201d de suerte que \u201csi por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u201d8. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, del libelo examinado se deduce que, en atenci\u00f3n a este especial principio, una vez asumida la competencia, le estaba vedado a la Juez de La Virginia desprenderse de ella, a menos que la contraparte se hubiese pronunciado al respecto, lo que permitir\u00eda su alteraci\u00f3n, lo cual, sin duda, no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
En un asunto que guarda semejanza con el presente, expuso la Sala: <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d9. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, una vez el pleito fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, de manera que se le remitir\u00e1 para contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente corresponda y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Direcci\u00f3n que de acuerdo a la informaci\u00f3n que se puede consultar en internet corresponde a la sucursal de la ciudad de ese municipio https:\/\/comunicaciones.davivienda.com\/Bienestarparatodos\/ <\/p>\n
2\u0002 Anexo 01 demanda anexos, Exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 26 a 27 Ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folios 29 a 32 Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 04 Auto propone conflicto. Exp. digital. <\/p>\n
7\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
8\u0002 CSJ AC 8 Nov. 2011. Rad. 2010-01617-00. Reiterada en CSJ AC 31 enero 2013 Rad. 2012-02927-00. <\/p>\n
9\u0002 CSJ AC1836-2019. Tambi\u00e9n puede consultarse CSJ AC2665-2021 y CSJ AC2666-2021, entre otros. <\/p>\n
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