AC3335-2021 (2016-00145-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3335-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-31-03-003-2016-00145-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Gloria Magdalena Reyes Isaza de Alvira para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 15 de mayo de 2019, proferida por la Sala \u00danica de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, dentro del proceso declarativo que Mar\u00eda Alcira y Luis \u00c1ngel Alvarado Aguirre iniciaron en su contra, quien reconvino frente a \u00e9stos. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El referido litigio fue promovido para que se declarara que los actores han ganado, mediante usucapi\u00f3n, el dominio de los inmuebles rurales \u2018El Espino 1\u2019 y \u2018El Espino 2\u2019, los cuales hacen parte de uno de mayor extensi\u00f3n denominado \u00abLa Bendici\u00f3n\u00bb, situado en la vereda \u2018La Uni\u00f3n\u2019 del municipio de Yopal (Casanare), e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 470-7619. En consecuencia, se ordenara la inscripci\u00f3n en el respectivo registro. [Folios 2 a 6, archivo digital C1]. <\/p>\n
1. Fincaron sus aspiraciones, en que han ejercido la posesi\u00f3n de los predios desde el 18 de julio de 1998, precisamente cuando los \u00abadquirieron (\u2026) por compra de posesi\u00f3n y mejoras\u00bb de Alfredo Aguirre Alvarado, a trav\u00e9s de \u00abdocumentos privados\u00bb, los cuales, fueron \u00abprotocolizados\u00bb en las escrituras p\u00fablicas Nos. 1544 y 1546 de 10 de mayo de 2013 de la Notar\u00eda Primera de Yopal. <\/p>\n
2. Los accionantes vienen poseyendo los terrenos aludidos en forma quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin violencia ni clandestinidad, con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os, ejecutando actos \u00abpositivos cumpliendo la funci\u00f3n social que implica la propiedad\u00bb, tales como la instalaci\u00f3n de cercas de madera y alambre de p\u00faa, la adquisici\u00f3n de redes p\u00fablicas de servicios p\u00fablicos, la explotaci\u00f3n ganadera y agr\u00edcola, am\u00e9n del pago de los impuestos prediales. <\/p>\n
3. Durante todo este tiempo no han reconocido dominio ajeno, a lo que se le debe sumar la \u00abposesi\u00f3n por m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os, en forma quieta, pacifica e ininterrumpida\u00bb realizada por el se\u00f1or Aguirre Alvarado. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. El 14 de marzo de 2016, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal admiti\u00f3 el escrito inicial [Folios 31 y 32, Ibidem]. <\/p>\n
2. Al ser enterada del tr\u00e1mite, la Procuradur\u00eda 23 Judicial II Ambiental Agraria de la ciudad memorada, manifest\u00f3 que el INCORA declar\u00f3 bald\u00edo una parte del fundo de mayor extensi\u00f3n y, en consecuencia, extingui\u00f3 el dominio, sin embargo, posteriormente se revoc\u00f3 ese acto administrativo y se clarific\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del bien, reafirmando la propiedad privada en cabeza de la demandada. [Folios 45 y 46, \u00cddem]. <\/p>\n
3. Con prove\u00eddo de 27 de mayo de 2016 dispuso vincular al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) como litisconsorte necesario y enterar del pleito a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado [Folios 97, \u00cddem]. <\/p>\n
4. Notificada personalmente la enjuiciada, \u00e9sta contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y proponiendo las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abreivindicaci\u00f3n del predio; inexistencia del ejercicio de la posesi\u00f3n de buena fe; inexistencia de la posesi\u00f3n continua; inexistencia de la posesi\u00f3n pac\u00edfica; falta de identidad del bien que se pretende declarar en pertenencia\u00bb, fundadas, principalmente, en que los usucapientes \u00abcuando compraron a trav\u00e9s de promesa de compraventa al se\u00f1or ALFREDO AGUIRRE, sab\u00edan que las tierras hab\u00edan sido objeto de invasi\u00f3n violenta, desde el a\u00f1o1973, por parte de GRACILIANO CONTRERAS\u00bb, raz\u00f3n por la cual la posesi\u00f3n reclamada no fue \u00abquieta [ni] pac\u00edfica\u00bb, adem\u00e1s, no existe certeza respecto de la identificaci\u00f3n de las heredades objeto del pleito. [Folios 84 a 100, Ibidem]. <\/p>\n
5. En escrito separado, la encausada demand\u00f3 en reconvenci\u00f3n la reivindicaci\u00f3n, para lo cual pidi\u00f3 que se restituyera a su favor las \u00e1reas motivo del litigio [Folios 2 a 10, Cd. 2], aspiraci\u00f3n a la que se resistieron los reconvenidos, a trav\u00e9s de la defensa de fondo que titularon \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. [Folios 152 y 153, Ibidem]. <\/p>\n
6. El curador ad-litem de los indeterminados formul\u00f3 el medio dilatorio de \u00abineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales\u00bb, que hizo consistir en que no est\u00e1 acreditado que los terrenos motivo de prescripci\u00f3n adquisitiva hagan parte del latifundio principal. [Folios 185 a 188, archivo digital C1]. <\/p>\n
7. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras inform\u00f3 que consultada la base del Sistema Nacional de Tierras y mirado el folio de matr\u00edcula del fundo de mayor extensi\u00f3n, se pudo corroborar que su naturaleza es privada. [Folios 224 y 225, ibidem]. <\/p>\n
8. Clausur\u00f3 el juzgado del conocimiento la primera instancia mediante sentencia de 11 de diciembre de 2018, en la que dio paso a las s\u00faplicas de los prescribientes y deneg\u00f3 las de la reconvenci\u00f3n; impugnada esta determinaci\u00f3n por la antagonista, fue confirmada por el Tribunal Superior de Yopal, en fallo de 15 de mayo de 2019. [Folios 23 a 26, Cd. Tribunal]. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. Empez\u00f3 por analizar la diferencia entre las figuras de t\u00edtulo y modo en el derecho patrio, entendi\u00e9ndose la primera como \u00abel antecedente que sirve para la trasmisi\u00f3n de la propiedad, como la causa o fuente del derecho, como el acto jur\u00eddico\u00bb y la otra como \u00abla forma en que la transferencia se realiza, el medio a trav\u00e9s del cual se realiza el t\u00edtulo\u00bb. Destac\u00f3, igualmente, que aun cuando en el caso bajo estudio la posesi\u00f3n alegada proviene de la \u00abcompra de la posesi\u00f3n y mejoras\u00bb que hicieran los actores a Alfredo Aguirre Alvarado sobre los terrenos objeto de usucapi\u00f3n, la prescripci\u00f3n adquisitiva reclamada era la extraordinaria, por lo que esa \u00absituaci\u00f3n carece de relevancia jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
2. Luego de aclarar lo anterior, se refiri\u00f3 a la interpretaci\u00f3n realizada por la apelante respecto del canon 2526 del C\u00f3digo Civil, de la que consider\u00f3 no era correcta, pues \u00abimplicar\u00eda la imprescriptibilidad por la v\u00eda extraordinaria de los bienes ra\u00edces o los derechos reales constituidos sobre ellos\u00bb, de all\u00ed tom\u00f3 pie para se\u00f1alar que el ordenamiento jur\u00eddico, precisamente, ampara ese modo de adquirir las cosas, el cual, para su obtenci\u00f3n no es necesario contar con \u00abt\u00edtulo alguno\u00bb, al tenor de lo contemplado en el canon 2531 de la misma obra. <\/p>\n
3. A vuelta de lo dicho se\u00f1al\u00f3 que, si bien los documentos y los testimonios obrantes en el expediente acreditaron que los \u00abposeedores iniciales\u00bb llegaron al inmueble \u2018La Bendici\u00f3n\u2019 mediante una \u00abilegal invasi\u00f3n\u00bb, ello ocurri\u00f3 \u00aben los a\u00f1os ochenta\u00bb, circunstancia que para nada incid\u00eda en la usucapi\u00f3n arg\u00fcida por los accionantes, quienes arribaron a los terru\u00f1os pretendidos \u00aben virtud de un negocio de compraventa. Incluso la persona a quienes ellos compraron, adquiri\u00f3 por el mismo medio\u00bb. <\/p>\n
Para el sentenciador de segunda instancia, \u00ab[n]o existe en el expediente ning\u00fan medio probatorio\u00bb que acredite la \u00abposesi\u00f3n de mala fe o de manera violenta, no pac\u00edfica\u00bb de los gestores, contrariamente, los medios suasorios exteriorizaron que aquellos ostentan la tenencia con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os desde el 18 de julio de 1998 y que \u00abnadie les ha reclamado por la misma o intentado siquiera despojarlos de ella\u00bb. <\/p>\n
3. Respecto de los folios aportados por la enjuiciada para evidenciar que el fundo de mayor extensi\u00f3n \u2018La Bendici\u00f3n\u2019 fue objeto de una \u00abinvasi\u00f3n\u00bb, el Juzgador dijo que de all\u00ed solo se infiere la \u00abventa\u00bb de Graciliano Alfonso Contreras a favor de Alfredo Aguirre C\u00e1rdenas celebrada el \u00ab3 de diciembre de 1984\u00bb y los intentos de la propietaria para recuperar el disfrute del derecho de dominio, sin embargo, esas circunstancias fueron \u00abanteriores a la fecha en que los aqu\u00ed demandantes adquieren la posesi\u00f3n\u00bb, por lo que no hab\u00eda raz\u00f3n para establecer que \u00e9sta provino de una \u00abcausa il\u00edcita\u00bb. Y aunque medi\u00f3 una denuncia penal por el delito de \u00abinvasi\u00f3n\u00bb ante los \u00abentonces jueces de instrucci\u00f3n, no hay una sola condena por ello\u00bb, es m\u00e1s, \u00ablas personas, tanto las que se califica como invasores como quienes a ellos adquirieron, ingresaron porque los predios estaban abandonados\u00bb y una vez apostados, \u00abrealizaron (\u2026) mejoras e instalaron sus viviendas y vendieron luego sus derechos\u00bb, ya que, seg\u00fan el Tribunal, \u00abpara esa \u00e9poca la costumbre era esa: adquirir mediante lo que se conoc\u00eda coloquialmente como \u2018carta venta\u2019\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, el juez plural trajo a colaci\u00f3n el interrogatorio practicado a la interpelada, quien asever\u00f3 que \u00abla invasi\u00f3n fue hace m\u00e1s de 30 a\u00f1os, y que no est\u00e1 segura si los demandantes forman parte del grupo de invasores\u00bb, tampoco recuerda las \u00abfechas en que se realiz\u00f3 la invasi\u00f3n, la cual cree que fue en 1976. Dice que pr\u00e1cticamente la sacaron de LA BENDICION, solo le qued\u00f3 la casa y la topochera pero ella se la dej\u00f3 al encargado como pago de los servicios. La \u00faltima vez que estuvo fue con el INCORA en 1995\u00bb, adem\u00e1s, reconoci\u00f3 que los prescribientes \u00abest\u00e1n en EL ESPINO desde 1998 y sabe el n\u00famero de hect\u00e1reas que reclaman. A los demandantes, desde 1998, no les ha hecho reclamo alguno sobre la posesi\u00f3n. Dice que el ingreso fue violento porque ingresaron tumbando las cercas y matando el ganado\u00bb. <\/p>\n
4. Hablando ya de la posesi\u00f3n y el t\u00e9rmino de su duraci\u00f3n, el superior valor\u00f3 la declaraci\u00f3n de los usucapientes, quienes afirmaron que \u00abadquirieron el predio hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, por compra que hicieran a ALFREDO AGUIRRE, en julio de 1998, quien les dijo que eran 40 hect\u00e1reas y adquirieron con documento de compraventa que era lo que para la \u00e9poca se utilizaba\u00bb; que \u00abcuando compraron no sab\u00edan que hab\u00eda propietarios anteriores, porque quien le vendi\u00f3 a ALFREDO tampoco ten\u00eda propiedad\u00bb y; que \u00abdesde la fecha que compraron han venido ejerciendo la posesi\u00f3n y explotando los predios, sin que nadie se lo haya impedido o los haya interrumpido en la misma\u00bb. <\/p>\n
A juicio del fallador de segundo grado, el dicho de los protagonistas encontraba respaldo en los testimonios de Jaime Ernesto Barrera Barrera, Jos\u00e9 Daniel Molina, Josel\u00edn Higuera, Humberto Laverde Grosso y Francisco Pati\u00f1o Barrera, a quienes les consta que los interesados poseen las heredades motivo de las aspiraciones desde el a\u00f1o 1998 y que los \u00abdue\u00f1os\u00bb del inmueble de mayor extensi\u00f3n \u2018La Bendici\u00f3n\u2019 abandonaron su cuidado y por eso fue objeto de irrupci\u00f3n por varias personas. <\/p>\n
De otro lado, en cuanto a la declaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Abelino Contreras Guti\u00e9rrez, estim\u00f3 que \u00abnada dice en cuanto al tiempo de la posesi\u00f3n, la forma como los demandantes la adquirieron o haber sido interrumpidos en la misma\u00bb y respecto de lo atestiguado por Fernando Adolfo y Juan Gonzalo Alvira Reyes expres\u00f3, que estos aseveraron que \u00abla invasi\u00f3n fue planificada, no pac\u00edfica y que los demandantes deb\u00edan estar enterados de esa situaci\u00f3n. Contrario a lo por \u00e9l manifestado, dicen que DANIEL MOLINA debi\u00f3 estar como encargado del hato La Bendici\u00f3n hasta el a\u00f1o 1988. Las invasiones empiezan en 1973 y se agudizan en 1976. Para defender la tierra siempre recurrieron a las autoridades. Acepta que despu\u00e9s de 1998 no han emprendido acci\u00f3n alguna en contra de los aqu\u00ed demandantes\u00bb. <\/p>\n
5. A continuaci\u00f3n, refiri\u00f3 que los \u00ablinderos, antig\u00fcedad de las construcciones y mejoras\u00bb fueron verificadas en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial realizada el 25 de septiembre de 2018. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en lo tocante con la prueba pericial practicada para establecer el valor de las mejoras implantadas en los suelos demandados, el ad quem consider\u00f3 que, si bien se dictamin\u00f3 que algunas tienen un \u00abtiempo menor de existencia\u00bb al periodo en el que se sit\u00faa la prescripci\u00f3n solicitada, lo cierto es que \u00abno hay ning\u00fan elemento probatorio que indique que con posterioridad a la fecha de la compra de las mejoras, julio de 1998, personas diferentes a las aqu\u00ed demandantes hubieran estado en posesi\u00f3n de los predios\u00bb. <\/p>\n
7. En esas condiciones, concluy\u00f3 que para la \u00e9poca en que se present\u00f3 la demanda -10 de febrero de 2016-, ya hab\u00edan transcurrido \u00ablos 10 a\u00f1os exigidos normativamente, Ley 794 de 2003, para adquirir por prescripci\u00f3n los predios demandados\u00bb, lo que \u00abobjetivamente permite desechar las pretensiones de la demandante en reconvenci\u00f3n, tal como se hiciera en primera instancia\u00bb. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Tres (3) cargos formula la recurrente, el primero al amparo de la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y los dem\u00e1s apuntalados en el primer motivo de esa disposici\u00f3n. La censora los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia del fallador de incurrir en \u00abviolaci\u00f3n indirecta por error de hecho\u00bb al ponderar \u00abindebidamente\u00bb las pruebas documentales y testimoniales arrimadas a la causa, las que, en opini\u00f3n de la casacionista, demostraban que la demandada fue \u00abdespojada de manera violenta\u00bb de los bienes materia del juicio y que dicha conducta fue ejecutada por \u00abGraciliano Contreras y Alfredo Aguirre\u00bb, de quienes los usucapientes derivaron el ejercicio de la posesi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
En ese sentido, el Colegiado \u00abdesconoc[i\u00f3] por completo\u00bb las siguientes probanzas: (i) la \u00ab[d]enuncia formulada por Fernando Alvira en contra de Graciliano Contreras y otros\u00bb; (ii) el \u00ab[a]cta de inspecci\u00f3n ocular practicada el 24 de febrero de 1997 en donde identifica como uno de los invasores a Luis \u00c1ngel Alvarado\u00bb; (iii) el \u00ab[i]nforme de visita previa de fecha 13 de febrero de 1984 en la cual Alfredo Aguirre indica que el predio lo adquiri\u00f3 de manos de Graciliano Contreras\u00bb y; (iv) la \u00ab[d]eclaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Abelino Contreras\u00bb, quien \u00abnarra los hechos de invasi\u00f3n por haber (\u2026) participado en la misma\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, cometi\u00f3 \u00abfalso juicio de existencia\u00bb al desconocer el \u00abvalor probatorio\u00bb de la experticia practicada en la contienda, seg\u00fan la cual, la antig\u00fcedad de las mejoras plantadas en los inmuebles y su explotaci\u00f3n, no superaban los ocho (8) a\u00f1os, de ah\u00ed que, se \u00abdemostraba de manera contundente la inexistencia del cumplimiento en el requisito temporal para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el superior pas\u00f3 por alto que en la diligencia de inspecci\u00f3n se verific\u00f3 que la vetustez de la \u00abcasa de habitaci\u00f3n\u00bb edificada en las heredades, no correspond\u00eda a la informada en la demanda de pertenencia, situaci\u00f3n que \u00abno le mereci\u00f3 ning\u00fan an\u00e1lisis pese a haberse resaltado su existencia en el recurso de apelaci\u00f3n y tratarse de una prueba legal y oportunamente practicada\u00bb. <\/p>\n
En otro segmento de la acusaci\u00f3n, denuncia que el tribunal dio un \u00abalcance que no tiene\u00bb a la \u00abpromesa de compraventa\u00bb aportada por el extremo activo y en la que \u00abadquirieron los predios\u00bb objeto del debate, pues en dicho documento se describieron los linderos y las \u00e1reas de esos terrenos, empero, estos datos son distintos a los informados por el \u00abcertificado de paz y salvo del predial correspondiente a un predio denominado el Espino\u00bb. <\/p>\n
Al cierre, y con el prop\u00f3sito de evidenciar la trascendencia de los yerros achacados al fallo de segundo grado, la refutante adujo que de haberse tenido en cuenta las probanzas de marras, no hubiese prosperado la acci\u00f3n de pertenencia, ya que la posesi\u00f3n de los actores sobre los fundos provino de un \u00abhecho il\u00edcito\u00bb y tampoco se ejerci\u00f3 durante el tiempo para obtener el dominio por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Aduciendo el primer motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia de haber infringido, por la senda directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea y falta de aplicaci\u00f3n el art\u00edculo 2526 del C\u00f3digo Civil, pues el Tribunal cometi\u00f3 desatino por considerar que \u00abuna interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las normas que regulan la prescripci\u00f3n extintiva le permite concluir la imposibilidad de la aplicaci\u00f3n de esta norma\u00bb. <\/p>\n
Para acreditar el yerro denunciado, cit\u00f3 textualmente el contenido del art\u00edculo 30 de la normatividad en menci\u00f3n, un aparte de la sentencia C-054 de 2016 de la Corte Constitucional y un fragmento del fallo de 18 de febrero de 1976 de esta Corporaci\u00f3n, mediante la cual se declar\u00f3 la exequibilidad del mandato legal denunciado. De manera que, si el juez plural \u00abhubiese aplicado el art\u00edculo 2526 del CC concluir\u00eda que no se reuni\u00f3 el requisito temporal para la declaratoria de prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Con respaldo tambi\u00e9n en el primer motivo de casaci\u00f3n, se imput\u00f3 al Tribunal la violaci\u00f3n directa, por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb del art\u00edculo 2531 de la codificaci\u00f3n civil y por \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de los preceptos 2\u00ba y 58 de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como del canon 1524 de aquella obra. <\/p>\n
En sustento de la acusaci\u00f3n, la suplicante refiri\u00f3 que el ad-quem reconoci\u00f3 la posesi\u00f3n en cabeza de los actores aun cuando la misma tiene origen en \u00abactos de invasi\u00f3n\u00bb, de esta manera tuvo por sentado que el \u00abpaso del tiempo sanea el origen il\u00edcito de la posesi\u00f3n\u00bb y que el delito es fuente de derechos, lo cual, se encuentra en contrav\u00eda de lo dispuesto en los mandatos legales mencionados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en AC703-2020, 2 mar., rad.2015-00192-01). <\/p>\n
Para ese cometido ha sido enf\u00e1tica esta Colegiatura al se\u00f1alar, que \u00abpor la naturaleza misma del recurso extraordinario, no es dable que el recurrente deambule por los diversos aspectos que en las instancias fueron debatidos, pues lo suyo es la sentencia, es decir, los fundamentos de hecho y de derecho invocados por el Tribunal, para lo cual deber\u00e1 desplegar su carga argumentativa en la demostraci\u00f3n de la infracci\u00f3n, puntualmente en el aspecto medular de que discrepa, que no propiamente de las falencias probatorias achacadas al ad quem -cosa que por supuesto debe cumplir tambi\u00e9n si de violaci\u00f3n indirecta se trata- sino la incidencia de esas equivocaciones en la infracci\u00f3n normativa\u00bb (CSJ AC8255-2017 de 7 de dic. Rad. 2011-00024-02). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte tiene adoctrinado que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC1427-2020, 12 feb., rad. 2015-00461-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan. <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos descansan en la presunta violaci\u00f3n de normas sustanciales, sea por las causales primera o segunda del precepto 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la sustentaci\u00f3n -a riesgo de inadmisi\u00f3n- no puede sustraerse de rese\u00f1ar qu\u00e9 normas de estirpe sustantiva considera violentadas y exponer razonadamente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3, habida cuenta que ante dicha omisi\u00f3n \u00abno podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado\u00bb2.. <\/p>\n
Empero, habr\u00e1 de tenerse en cuenta que pese a que la modificaci\u00f3n que introdujo el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991 elimin\u00f3 la exigencia de plantear la que se denomin\u00f3 \u00abproposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb, no basta para satisfacer dicha exigencia la citaci\u00f3n indiscriminada de normas, sino que por lo menos deber\u00e1 incluir cualquiera que \u00abconstituyen la m\u00e9dula del litigio, en tanto que en ellas aparece consignado el supuesto de hecho o la consecuencia jur\u00eddica que es objeto de debate\u2026\u00bb3, de manera que \u00ab\u2026no cualquier norma de derecho sustancial\u2026 debe denunciarse vulnerada, sino una que sea pertinente a lo decidido, bien con la pretensi\u00f3n o con la oposici\u00f3n (\u2026)\u00bb4. <\/p>\n
Valga decir, que cuando la censura arguya la violaci\u00f3n de normas sustanciales, sea por la v\u00eda directa o la indirecta el recurrente no podr\u00e1 prescindir de citar las que teniendo esa calidad constituyan base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a su juicio, fueron infringidas y explicitar la forma en que tal trasgresi\u00f3n se present\u00f3. Tocante con la tem\u00e1tica esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] en el marco de dicho motivo casacional es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas \u2013 cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho \u2013, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado\u00bb (CSJ AC, 7 Dic. 2001, Rad. 1999-0482); exigencia que se explica porque la demanda constituye \u00abpieza fundamental\u00bb en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, \u00ab\u2026que a manera de carta de navegaci\u00f3n, sujeta a la Corte en su tarea de establecer si la sentencia acusada viol\u00f3 o no, la ley sustancial\u00bb (CSJ AC, 18 jul. 2002, Rad. 1999-0154)\u00bb (CSJ AC856-2021, 15 marzo.). <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose del reproche por la v\u00eda directa la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
Quiere ello decir, que en este evento el censor ajustar\u00e1 sus reparos, exclusivamente, a los textos legales que, en su sentir, resultaron quebrantados en las modalidades anotadas, sin que le sea dado entrar en consideraciones que envuelvan disconformidad con las apreciaciones f\u00e1cticas del juzgador, pues estas se deber\u00e1n realizar mediante la acusaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta, debido a que, al decir de la Corte, para su demostraci\u00f3n <\/p>\n
\u00abrequiere de la aceptaci\u00f3n de todos los hechos que en ella se tuvieron por probados y sin que se pueda exteriorizar inconformidad con los medios de convicci\u00f3n obrantes en el plenario, toda vez que la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (\u2026) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el fallador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb (CSJ SC de 15 de nov. de 2012, exp.2008-00322-01, reiterada el 4 de abril de 2013, Exp. 2004-00457-01 y AC856-2021 de 15 de marzo de 2021, Rad. 2011-00161-01). <\/p>\n
2.3. Si el reproche se encamina por la senda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor, pudiendo este ser de hecho o de derecho. <\/p>\n
2.3.1. El error de hecho -tiene aceptado la jurisprudencia- proviene de una de las siguientes hip\u00f3tesis: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC, 15 sept 1998, Rad. 4886; CSJ SC, 21 oct 2003, Rad. 7486; CSJ SC, 18 sept 2009, Rad. 00406). <\/p>\n
2.3.2. En cuanto al error de derecho presupone \u00abcomo es apenas natural entender, que el sentenciador no se equivoc\u00f3 al constatar la existencia material de los medios en el proceso, tampoco al fijar su contenido objetivo. De ah\u00ed, el recurrente, al estructurar el error de derecho, debe hacerlo sobre la base de aceptar tales t\u00f3picos, esto es, que la prueba, al decir de la Corte, \u201c(\u2026) fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringi\u00f3 las normas legales que reglamentan tanto su producci\u00f3n como su eficacia (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ SC de 24 de mayo de 2017, Exp. 2006-00234); supuesto que impone al recurrente la carga adicional de indicar la norma probatoria infringida y, adem\u00e1s, demostrar si a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. En atenci\u00f3n a las anteriores premisas, los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos que establece el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.1. En lo tocante con el primer cargo, la recurrente olvid\u00f3 la obligaci\u00f3n de citar las disposiciones legales que, en su sentir, se trasgredieron con el fallo cuestionado, lo que por s\u00ed solo basta para tornarlo inadmisible, toda vez que carece la Corte de uno de los elementos objetivos a partir del cual se debe realizar el juicio de legalidad de la sentencia de segundo grado, sin que pueda la Sala oficiosamente determinarlas, ya que este recurso extraordinario es esencialmente restringido y dispositivo. <\/p>\n
3.2. Pero aun cuando se prescindiera de lo anterior, el reproche inicial tampoco superar\u00eda el examen de admisi\u00f3n, pues la censura planteada no cuestion\u00f3 la totalidad de las conclusiones y las valoraciones realizadas por el ad quem para dar paso a la declaratoria de la pertenencia. <\/p>\n
Como se recuerda la impugnante enfil\u00f3 el reproche por la v\u00eda indirecta, aduciendo que el Tribunal \u00abdesconoc[i\u00f3] por completo\u00bb varios elementos de prueba, los que, en su opini\u00f3n, demostraban que la se\u00f1ora Gloria Magdalena Reyes Isaza fue \u00abdespojada de manera violenta\u00bb de los terrenos objeto de usucapi\u00f3n y, a su vez, que los prescribientes derivaron su posesi\u00f3n de esa situaci\u00f3n irregular. <\/p>\n
En ese sentido, la impugnante se doli\u00f3 de la falta de apreciaci\u00f3n de: (i) la \u00ab[d]enuncia formulada por Fernando Alvira en contra de Graciliano Contreras y otros\u00bb; (ii) el \u00ab[a]cta de inspecci\u00f3n ocular practicada el 24 de febrero de 1997 en donde identifica como uno de los invasores a Luis \u00c1ngel Alvarado\u00bb; (iii) el \u00ab[i]nforme de visita previa de fecha 13 de febrero de 1984 en la cual Alfredo Aguirre indica que el predio lo adquiri\u00f3 de manos de Graciliano Contreras\u00bb y; (iv) la \u00ab[d]eclaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Abelino Contreras\u00bb. Igualmente, se lament\u00f3 por un \u00abfalso juicio de existencia\u00bb en la valoraci\u00f3n del dictamen pericial rendido en el proceso y en la inspecci\u00f3n judicial practicada sobre los fundos, los que, a juicio de la censora, evidenciaban la ausencia del presupuesto temporal para alcanzar el dominio por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria. Sin embargo, bien mirada esa censura, la Corte encuentra que resulta desenfocada e incompleta. <\/p>\n
Lo primero, porque el superior s\u00ed tuvo en cuenta los medios de prueba echados de menos por la contradictora, tanto as\u00ed que de ellos extrajo, de un lado, que aunque existi\u00f3 una denuncia penal por el punible de \u00abinvasi\u00f3n\u00bb, ese tr\u00e1mite no tuvo \u00e9xito, comoquiera que no se profiri\u00f3 una sola condena por ello; de otra parte, que los iniciales ocupantes ingresaron al inmueble de mayor extensi\u00f3n por encontrarse abandonados y una vez situados all\u00ed construyeron sus viviendas y realizaron mejoras, las que posteriormente enajenaron a terceros, entre ellos, los ahora demandantes; y, adem\u00e1s, esa incursi\u00f3n fue mucho antes de la llegada de estos \u00faltimos a los terrenos pretendidos, circunstancia suficiente para descartar una \u00abcausa il\u00edcita\u00bb en la prescripci\u00f3n adquisitiva reclamada. <\/p>\n
En cuanto a la completud, la opugnante nada dijo respecto de los testimonios de Ernesto Barrera Barrera, Jos\u00e9 Daniel Molina, Josel\u00edn Higuera, Humberto Laverde Grosso y Francisco Pati\u00f1o Barrera, de los que el sentenciador de segundo grado pudo inferir la posesi\u00f3n de los convocantes desde el a\u00f1o 1998 y que el abandono de las \u00e1reas reclamadas por parte de la demandada fue la causa por la que varias personas pasaron a ocuparlos. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aun cuando la casacionista pone de manifiesto una presunta pifia en la labor valorativa del colegiado, la misma no tendr\u00eda la entidad suficiente para derruir la presunci\u00f3n de acierto de la decisi\u00f3n, pues de establecerse la existencia de ese error, el mismo resultar\u00eda inane, ya que el fallo combatido todav\u00eda se apoyar\u00eda en uno de sus pilares, esto es, en las deducciones que hizo el ad-quem de los dichos de los testigos, las cuales, lo llevaron a establecer la satisfacci\u00f3n de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
3.3. Aunado a lo antedicho, si el prop\u00f3sito de la inconforme era enrostrar la comisi\u00f3n de equivocaciones f\u00e1cticas en la evaluaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n enunciados, ha debido demostrar el desatino cometido por el Tribunal, esto es, enunciar cada una de las probanzas dejadas de lado, se\u00f1alar su contenido puntual y confrontarlo con las conclusiones expuestas en la determinaci\u00f3n acusada, empero, ese labor\u00edo se extra\u00f1a en la s\u00faplica casacional, pues lo que se observa es una mera cr\u00edtica subjetiva a los razonamientos sobre los que descansa la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, la impugnante encamin\u00f3 el ataque a exponer su propia interpretaci\u00f3n de lo que se deduce de los documentos referidos, de lo atestiguado por Jos\u00e9 Abelino Contreras, de la experticia practicada y de la inspecci\u00f3n judicial realizada respecto de los predios enjuiciados, sin que hiciera la labor comparativa entre esa particular visi\u00f3n con la ponderaci\u00f3n del juez plural, a fin de poner de manifiesto el \u00aberror de hecho\u00bb perpetrado, de donde se colige que, en verdad, la inconformidad es con las conclusiones del prove\u00eddo. <\/p>\n
3.4. Ahora, la casacionista reproch\u00f3 que el sentenciador otorg\u00f3 un \u00abalcance que no tiene\u00bb a la \u00abpromesa de compraventa\u00bb arrimada por los prescribientes, mediante la cual, dice, \u00abadquirieron los predios\u00bb objeto del debate y en los que se relacionan los linderos y las cabidas de \u00e9stos, datos que no corresponden a los contemplados en el \u00abcertificado de paz y salvo del predial correspondiente a un predio denominado el Espino\u00bb. <\/p>\n
No obstante, el reparo sobre la identificaci\u00f3n de los bienes no fue expuesto al apelar la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Yopal, pues en su alzada la vencida en juicio delimit\u00f3 sus quejas a cuatro aspectos: (i) a la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 2526 del C\u00f3digo Civil; (ii) a la ausencia del requisito de la \u00abposesi\u00f3n pac\u00edfica\u00bb para el \u00e9xito de la acci\u00f3n de pertenencia; (iii) al reconocimiento de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, pese a la existencia de \u00abhechos il\u00edcitos\u00bb y; (iv) el \u00abreconocimiento de indemnizaci\u00f3n o pago de frutos al demandante en reivindicaci\u00f3n pese a encontrarse los presupuestos legales y facticos para ello\u00bb. [Folios 14 a 18, Cd. Tribunal]. <\/p>\n
Como se observa, la recurrente nada dijo en esa oportunidad procesal acerca de la diferencia que hab\u00eda en la determinaci\u00f3n de los l\u00edmites y la superficie de los fundos, desatendiendo as\u00ed lo dispuesto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, esto es, que las cuestiones planteadas en la demanda de casaci\u00f3n hayan sido invocadas al formular la alzada frente al fallo de primer grado, lo cual, sin duda, basta para abstenerse de estudiar de fondo esa cr\u00edtica. <\/p>\n
3.5. En lo tocante con las restantes acusaciones, el examen de admisibilidad corre la misma suerte que la anterior, por las razones que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
3.5.1. En los cargos segundo y tercero, se acus\u00f3 el pronunciamiento del Tribunal por la v\u00eda directa, a consecuencia, de un lado, de la \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb de los art\u00edculos 2526 y 2531 del C\u00f3digo Civil; y de otra parte de la falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos 2\u00ba y 58 de la Constituci\u00f3n Nacional, as\u00ed como del canon 1524 de aquella obra; yerros que lo llevaron a confirmar la decisi\u00f3n del a-quo, mediante la cual se accedi\u00f3 a las aspiraciones de la postulaci\u00f3n principal. <\/p>\n
Atendiendo el planteamiento de tales acusaciones no es posible para la Corte admitir su estudio, habida cuenta que la impugnante desatendi\u00f3 la obligaci\u00f3n de demostrar la violaci\u00f3n directa de las disposiciones legales denunciadas en las modalidades aludidas, o sea por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb y \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, la quejosa abandon\u00f3 la tarea de confrontar los raciocinios del colegiado con la regla que, a su juicio, s\u00ed gobernaba el caso, si es que consideraba que los art\u00edculos 1524, 2526 del estatuto civil y 2\u00ba y 58 de la Constituci\u00f3n Nacional, eran los llamados a regular la contienda y quebrar as\u00ed la determinaci\u00f3n combatida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la exposici\u00f3n de los dos cargos mencionados es insuficiente, amen que se desatendi\u00f3 la labor de poner en evidencia el falso juicio en el raciocinio del juzgador de segundo grado, de suerte que la presente s\u00faplica no pasa de ser una mera disputa de pareceres con lo resuelto. <\/p>\n
3.5.2. Y si lo anterior no bastara, en el tercer embate la censora invoc\u00f3 los art\u00edculos 15245 y 25316 del compendio civil a fin de sustentar el ataque, empero, en varios pronunciamientos de esta Sala se ha se\u00f1alado que dichos preceptos no ostentan el car\u00e1cter de norma sustancial, porque \u00ab\u00fanicamente definen o listan situaciones jur\u00eddicas, sin crear, modificar o extinguir v\u00ednculos materiales\u00bb (CSJ AC4858-2017, 2 ago.). <\/p>\n
Tal falencia no se subsana con la citaci\u00f3n que se hace de los postulados constitucionales (art. 2 y 58), ya que a voces de esta Corporaci\u00f3n <\/p>\n
\u00ablas disposiciones constitucionales, por su alcance totalizador, suelen ser de textura abierta o indeterminada, lo que de suyo implica que en no pocas ocasiones para su aplicaci\u00f3n debe mediar un desarrollo legal en los que el caso decidido en la sentencia deba o haya debido ser subsumido en la hip\u00f3tesis abstracta establecida en la ley expedida como desarrollo del canon constitucional. Esa ley (y m\u00e1s precisamente, el precepto respectivo) ser\u00eda, entonces, la que debe aducir el recurrente como infringida. <\/p>\n
Claro, puede suceder asimismo que el precepto superior discipline cabalmente el caso sometido a juicio, esto es, contenga una hip\u00f3tesis y su consecuencia, y en este evento, como se ha sostenido en forma recurrente, es menester la aplicaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. Pero, se reitera, lo determinante es que la norma constitucional que se dice vulnerada, pueda ser efectivamente aplicada de manera directa al litigio (cftr. AC de 10 abril 2000, rad. 0484).\u00bb (CSJ AC661-2021 de 1\u00b0 de marzo, Rad. 2015-00231-01). <\/p>\n
Supuestos excepcionales que no son predicables de los art\u00edculos invocados en esta oportunidad, al referir el primero a los fines esenciales del Estado, y el segundo al respecto a la propiedad privada y la forma en que deber\u00e1n solucionarse los casos cuando esa garant\u00eda entre en conflicto con asuntos de inter\u00e9s social, las cuales a no dudar tienen un car\u00e1cter completamente general y abstracto, cuyo desarrollo particular se ve desperdigado en multiplicidad de disposiciones que obligaban al censor a citar las particulares que, siendo de estirpe sustantiva, estuvieran llamadas a definir el asunto puesto a consideraci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
3.5.3. Finalmente, en la tercera censura, se denuncia que el fallador de segundo grado tuvo por sentado que el \u00abpaso del tiempo sanea el origen il\u00edcito de la posesi\u00f3n\u00bb y que el delito es fuente de derechos; cr\u00edtica que luce desenfocada, si en cuenta se tiene que ni por asomo la Corporaci\u00f3n arrib\u00f3 a esas premisas en el prove\u00eddo atacado. <\/p>\n
Lo que s\u00ed dijo el sentenciador de segunda instancia fue que aun cuando los \u00abposeedores iniciales\u00bb del predio de mayor extensi\u00f3n denominado \u2018La Bendici\u00f3n\u2019 ingresaron mediante una \u00abilegal invasi\u00f3n\u00bb, ese hecho ocurri\u00f3 en la d\u00e9cada de los 80\u2019s, lo cual, no ten\u00eda incidencia suficiente para afectar la usucapi\u00f3n de los actores, quienes comenzaron a ejercer su posesi\u00f3n en el a\u00f1o 1998, esto es, mucho tiempo despu\u00e9s de aquel suceso, periodo en el que, dicho sea de paso, nadie intent\u00f3 despojarlos de ella. <\/p>\n
Bajo ese entendimiento, no cabe duda de que el impugnante puso en boca del Juzgador conclusiones que no fueron enunciadas en el pronunciamiento acusado, de ah\u00ed que este reproche no atienda la claridad y precisi\u00f3n necesarias para abrirle paso al estudio de fondo. <\/p>\n
3.6. Deviene de lo dicho que la inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n de la censora no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar las causales de casaci\u00f3n ac\u00e1 planteadas; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
4. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las tres acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. Auto de 7 de dic. de 2001, Rad. No. 1999-0482-01. <\/p>\n
3\u0002 C.S.J. S.C. Auto de 22 de nov. de 2010, Exp. No. 2000-00950-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC024, 24 Oct.,1975 y CSJ AC4858-2017, 2 ago. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC4771-2018, 7 jul., y CSJ AC2133-2020, 7 sep. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3335-2021 (2016-00145-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3335-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 85001-31-03-003-2016-00145-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55976","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55976","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55976"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55976\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55976"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55976"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55976"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}