AC3360-2021 (2018-00232-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3360-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-042-2018-00232-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del diez de junio de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por JORGE HUMBERTO GAONA RAM\u00cdREZ para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal que promovi\u00f3 contra WILSON GIRALDO YAG\u00dcE, en su calidad de liquidador de la extinta FINANCORP S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo introductorio se solicit\u00f3 i) declarar la prescripci\u00f3n extintiva de los \u201cderechos contenidos\u201d a favor de la parte demandada en la sentencia emitida el 23 de agosto de 1999 por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 1996-00509-00, y en consecuencia, ii) condenar a \u00e9sta a pagar las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho. <\/p>\n
2. Como causa petendi, se expuso: <\/p>\n
2.1. En septiembre de 1996, FINANCORP S.A. present\u00f3 cobro compulsivo contra la sociedad Centauro Motors Limitada y Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez, la cual, correspondi\u00f3 al estrado judicial mencionado l\u00edneas atr\u00e1s, quien libr\u00f3 mandamiento ejecutivo el 2 de octubre siguiente. <\/p>\n
2.2. Dentro del tr\u00e1mite respectivo fueron embargados dos apartamentos, el 202 del Edificio Sequoia, ubicado en la Diagonal 109 No. 1-55 e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-20010246, as\u00ed como el 403 de la carrera 6 No. 108\u00aa-33 con matr\u00edcula inmobiliaria No. 50N-1066073, medidas registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.3. El 23 de agosto de 1999, el juez del conocimiento emiti\u00f3 sentencia, en la que dispuso seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pero, \u201c\u00fanicamente en contra del se\u00f1or Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez\u201d, y \u201corden\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y (\u2026) el eval\u00fao y remate\u201d de los bienes cautelados. <\/p>\n
2.4. Dieciocho a\u00f1os y medio despu\u00e9s de haberse adoptado la citada decisi\u00f3n, \u201cno se ha efectuado el secuestro de los bienes inmuebles que fueron embargados por cuenta de este proceso, y mucho menos se ha efectuado el aval\u00fao y remate de los mismos, situaci\u00f3n que se present\u00f3 porque la entidad ejecutante no ha adelantado las gestiones necesarias para continuar con dichos tr\u00e1mites, y habi\u00e9ndose liquidado la misma no se inform\u00f3 al Juzgado (\u2026) de persona alguna a la que le hubiese correspondido los derechos litigiosos correspondientes al proceso ejecutivo\u201d1. <\/p>\n
4. La primera instancia se clausur\u00f3 con sentencia emitida dentro de la audiencia celebrada el 4 de agosto de 2020, a trav\u00e9s de la cual el Juzgado Treinta y Dos Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que el curador ad-Litem de la parte demandada denomin\u00f3 \u201cfalta de personer\u00eda para ser sujeto de la demanda\u201d en los t\u00e9rminos que la formul\u00f3, por los argumentos vertidos en la parte motiva de esta sentencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior, NEGAR las pretensiones de la demanda, por no haberse acreditado los supuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva ordinaria. <\/p>\n
TERCERO: DECLARAR TERMINADO el presente proceso. <\/p>\n
CUARTO: Sin condena en costas. Esta decisi\u00f3n queda notificada en estrados.\u201d3 <\/p>\n
Para adoptar dichas resoluciones, la falladora de primer grado expuso, en cuanto a la citada defensa, que s\u00ed era procedente la comparecencia de Wilson Giraldo Yag\u00fce, liquidador de la extinta FINANCORP S.A., para actuar en su representaci\u00f3n, conforme a lo previsto en los art\u00edculos 252, 255 a 257 del C\u00f3digo de Comercio, en armon\u00eda con el Decreto 2130 de 2015. Luego, frente a lo pretendido, se\u00f1al\u00f3 que no era viable, \u201cpor no haberse acreditado los supuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva ordinaria\u201d, dado que, si bien la ley sustancial no contemplaba de manera espec\u00edfica un plazo determinado para ejercer la \u201cacci\u00f3n extintiva de las sentencias judiciales que reconoc\u00edan la existencia de un derecho\u201d, o que ordenaban el \u201ccumplimiento de la obligaci\u00f3n librada en el mandamiento de pago\u201d, en sentencia de casaci\u00f3n del 5 de agosto de 2013, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente \u201c2004-00103\u201d, citada en la sentencia \u201cSTC-8831 de 8 de julio de 2015\u201d, se ense\u00f1\u00f3 que en casos como este deb\u00eda aplicarse el plazo de los 10 a\u00f1os previsto para las acciones ordinarias contempladas en los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil. A\u00f1adi\u00f3, despu\u00e9s de analizar la conducta procesal desplegada por el demandante dentro de la ejecuci\u00f3n donde se dict\u00f3 la providencia de donde emanan las obligaciones a prescribir, que ella imped\u00eda perfeccionar \u201cen debida forma\u201d la prescripci\u00f3n alegada, m\u00e1xime cuando la solicitud de terminaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito presentada por \u00e9ste en 2017 permite inferir el reconocimiento \u201cde la obligaci\u00f3n derivada de la sentencia de 23 de agosto de 1999\u201d, con lo que \u201cse interrumpi\u00f3 natural y t\u00e1citamente la prescripci\u00f3n\u201d que \u201cprev\u00e9 el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2539 del C\u00f3digo Civil\u201d4. <\/p>\n
5. Inconforme con la anterior decisi\u00f3n, el actor la apel\u00f3, tras esgrimir dos reparos contra esta, alusivos a que, i) nunca oper\u00f3 la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, pues la solicitud de terminaci\u00f3n por desistimiento t\u00e1cito se dio por la inactividad de su opositora y, ii) se hizo un conteo errado del t\u00e9rmino prescriptivo5. <\/p>\n
6. Al desatar la alzada, mediante fallo del 18 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, el superior confirm\u00f3 lo resuelto por la juez de primer grado6. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus argumentos se compendian as\u00ed: <\/p>\n
1. Es desafortunado el razonamiento de la juez a-quo, atinente a que las actuaciones posteriores al proferimiento de la \u201csentencia\u201d de 23 de agosto de 1999 hicieron que se interrumpiera natural y t\u00e1citamente la prescripci\u00f3n, por cuanto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, la providencia que ordena seguir adelante el cobro \u201clo \u00fanico que hace es re-examinar la satisfacci\u00f3n de los requisitos esenciales del t\u00edtulo, en cuanto a la vigencia o no de la prestaci\u00f3n debida y su alcance, ora para poner fin a la ejecuci\u00f3n de hallarlos incumplidos o para desestimar los reproches y hacer id\u00e9nticas determinaciones, esto es ordenar el remate y aval\u00fao o seguir adelante la ejecuci\u00f3n, sin que en modo alguno tales determinaciones puedan calificarse de \u2018sentencias de condenas\u2019, capaces de generar las consecuencias que de ese tipo de decisiones emergen\u201d. <\/p>\n
2. No obstante que el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y el 422 del C\u00f3digo General del Proceso permiten demandar ejecutivamente obligaciones emanadas de sentencias de condena, la demarcada providencia \u201cno califica como una de ellas como tampoco \u2018por s\u00ed sola constituy[e] t\u00edtulo ejecutivo contra el Banco [y, por ende], ning\u00fan t\u00e9rmino prescriptivo corre en su contra susceptible de ser reclamado como aqu\u00ed se hace\u2019 (Cfr. ib.; se resalta)\u201d, premisa que descarta los argumentos del apelante. <\/p>\n
3. Tampoco la aludida determinaci\u00f3n reconoci\u00f3 o declar\u00f3 derechos, ni puso fin al proceso, m\u00e1xime cuando \u201ceste lo finiquita la satisfacci\u00f3n integral de la prestaci\u00f3n debida [lo que no acaeci\u00f3 seg\u00fan la propia manifestaci\u00f3n que hizo el ac\u00e1 demandante al se\u00f1alar que \u2018no pagu\u00e9 ninguna suma\u2019 -min. 15:15, aud. 15, oct.\/19-], o alguna de las formas anormales que el propio legislador prev\u00e9 (transacci\u00f3n, desistimiento, desistimiento t\u00e1cito), fen\u00f3meno \u00e9ste que, dicho sea de paso, no tuvo \u00e9xito en el proceso ejecutivo, seg\u00fan se deduce del auto de 26 de mayo de 2017 que alcanz\u00f3 firmeza por el no pago de las copias por parte del se\u00f1or Gaona Ram\u00edrez, para el surtimiento de su alzada\u201d. <\/p>\n
4. No hay lugar a declarar la prescripci\u00f3n extintiva contenida en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, adem\u00e1s, porque \u201cla obligaci\u00f3n en el juicio compulsivo tuvo como b\u00e1culo un pagar\u00e9 [por $187\u2019827.440,oo], sin que el se\u00f1or Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez hubiere excepcionado el fen\u00f3meno que ahora enarbola\u201d. <\/p>\n
5. El que FINANCORP S.A. haya promovido otro juicio declarativo en contra del demandante \u201cen procura de que algunos bienes regresaran a su patrimonio para servir como prenda general de sus acreedores\u201d, descarta cualquier inactividad suya de cara a satisfacer su acreencia, pues \u201ccumpli\u00f3 con acudir a la jurisdicci\u00f3n a hacer valer su derecho, logrando de paso interrumpir la prescripci\u00f3n, sin que, como se dijo, la duraci\u00f3n del compulsivo d\u00e9 lugar a un nuevo plazo del que pueda valerse el deudor en debida forma notificado, para ambicionar en asunto distinto (declarativo) la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por el aludido modo\u201d. <\/p>\n
6. Si bien es cierto que, seg\u00fan el art\u00edculo 2536-3 del C\u00f3digo Civil, modificado por el canon 8\u00b0 de la Ley 791 de 2002, \u201c[u]na vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n comenzar\u00e1 a contarse nuevamente por el t\u00e9rmino respectivo\u201d, ello no significa que \u201cla prescripci\u00f3n vuelva a contarse respecto del deudor ya enterado dentro del juicio coercitivo incoado por quien hizo valer su derecho como acreedor ante los jueces, sin excepcionar el rese\u00f1ado fen\u00f3meno, lo que comport\u00f3, sin lugar a dudas, su renuncia t\u00e1cita\u201d. <\/p>\n
7. No es correcto sostener, como lo hace el recurrente, \u201cque las normas que disponen que de la interrupci\u00f3n, igual que de la renuncia expresa o t\u00e1cita, se sigue la renovaci\u00f3n de la cuenta del t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n\u201d, pues all\u00ed lo que surge es \u201c\u2018una hip\u00f3tesis de suspensi\u00f3n por una \u2018imposibilidad\u2019 jur\u00eddica, dentro de la norma del art\u00edculo 2513 in fine\u2019 (\u2026)\u201d; adem\u00e1s, \u201cno se discute que, como lo sostiene el apelante, la prescripci\u00f3n puede ser \u2018renunciada\u2019; no obstante, ello \u00fanicamente resulta viable despu\u00e9s de cumplida seg\u00fan lo declara el art\u00edculo 2514 del C\u00f3digo Civil, norma estructurada sobre la base de considerar que solo se puede \u2018renunciar\u2019 a lo que existe, lo que, como se vio, aqu\u00ed no se configur\u00f3\u201d7. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, un ataque se formula contra la sentencia del Tribunal, soportado en la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Sobre la base de dicho motivo de quiebre, se denuncia que el fallo del ad-quem viol\u00f3 indirectamente el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
En desarrollo del embate, el casacionista expuso: <\/p>\n
1. El juez colegiado, bajo una errada interpretaci\u00f3n de la demanda, plante\u00f3 un problema jur\u00eddico desatinado en contraste con lo pretendido en esta, ya que las s\u00faplicas \u201cno est\u00e1n encaminadas a que se declare la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n ejecutiva que promovi\u00f3 Financorp S.A. en contra de Jorge Humberto Gaona, ni tampoco de ninguna acci\u00f3n derivada o que haya tenido origen en la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo antes mencionado\u201d, sino \u201cque se declare la prescripci\u00f3n extintiva de los derechos contenidos en la sentencia, que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, es decir, la orden que radica de manera definitiva y eficaz en cabeza del actor el derecho a ejecutar y no la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva que dio lugar al proceso en el que se profiri\u00f3 dicha sentencia\u201d. <\/p>\n
2. Dicho desatino resulta trascendente, \u201cen la medida que distrae la atenci\u00f3n del fallador de segunda instancia en un sentido que lo lleva a adoptar un fallo adverso a [sus] intereses\u201d, pues, en efecto, de la providencia del 23 de agosto de 1999 \u201cno surge acci\u00f3n alguna, y en ese sentido ser\u00eda acertada (\u2026), pero como lo solicitado fue la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los derechos contenidos en dicha sentencia, otro deb\u00eda ser [el] an\u00e1lisis\u201d. <\/p>\n
3. Se incurri\u00f3 en una violaci\u00f3n indirecta de la norma citada, ya que el art\u00edculo 2535 del C\u00f3digo Civil, \u201cindica expresamente que el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extingue acciones y derechos, y que exige para ello solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido las acciones\u201d, por lo que, si bien la sentencia que ordena proseguir el cobro \u201cno constituye un t\u00edtulo ejecutivo susceptible de ejecuci\u00f3n independiente, si contiene y confiere derechos a la parte ejecutante, derechos que a su vez acarrean la obligaci\u00f3n de cumplir con ciertas cargas procesales para poder hacer efectivos dichos derechos\u201d, como lo son, \u201cprocurar que se realice el secuestro de los bienes embragados si es que no lo ha hecho previo a ella, tal como ocurre en el caso concreto, luego debe realizar el aval\u00fao de los mismos y finalmente solicitar el remate de estos\u201d, por lo cual, si no se cumplen, \u201cse extingue ese derecho del acreedor ejecutante, y por ende la posibilidad de seguir adelante con esa ejecuci\u00f3n\u201d, prescripci\u00f3n que, necesariamente, debe declararse \u201cen proceso separado\u201d. <\/p>\n
4. Tanto en nuestro ordenamiento jur\u00eddico como en la normatividad que hace parte del bloque de constitucionalidad, \u201cest\u00e1n prohibidas las obligaciones civiles irredimibles\u201d, toda vez que \u201cel deudor no puede estar obligado permanentemente\u201d, situaci\u00f3n que propicia y justifica la teor\u00eda del Tribunal, en la medida que, seg\u00fan su sentir, \u201clas acciones necesarias para lograr el secuestro, el aval\u00fao y el remate de los bienes embargados, pueda entonces tomar 10, 15, 20 o hasta 50 a\u00f1os o m\u00e1s, lo que genera que se mantenga una obligaci\u00f3n a cargo del deudor demandado de manera indefinida\u201d. <\/p>\n
5. No es cierto que la demora en el proceso ejecutivo para lograr el secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes \u201cno pueda ser aprovechado por el deudor para beneficiarse de una prescripci\u00f3n en proceso aislado, pues con la misma se desconoce el contenido del art\u00edculo 2.535 del C\u00f3digo Civil\u201d, ya que, precisamente, la consecuencia de esa \u201cinactividad voluntaria y negligente, en el ejercicio de los derechos para continuar con la ejecuci\u00f3n en la forma en que se indic\u00f3 en la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo, es lo que se reclama mediante el proceso que dio origen a este recurso de casaci\u00f3n\u201d8. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Norma aplicable. <\/p>\n
El examen de la presente demanda de casaci\u00f3n se har\u00e1 a la luz del C\u00f3digo General del Proceso, que rige de manera integral desde el 1\u00b0 de enero de 2016, pues, el litigio donde se dict\u00f3 la sentencia confutada fue rituado bajo dicha disposici\u00f3n, siendo aquel remedio extraordinario formulado el 24 de agosto de 20209. <\/p>\n
2. Estudio formal y t\u00e9cnico de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En el marco del nuevo estatuto procesal civil, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en el respectivo libelo, so pena de inadmisi\u00f3n, se impone para el extremo recurrente mencionar las partes de la controversia, sintetizar los hechos y pretensiones materia del litigio y formular por separado los cargos, con fundamentos claros, precisos y completos. <\/p>\n
Ahora bien, cuando se invoca la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es, violaci\u00f3n por la v\u00eda indirecta de la norma sustancial por la comisi\u00f3n de errores de hecho y de derecho, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
Frente al primero de los mencionados desaciertos, que es el que ac\u00e1 invoca el recurrente, se ha dicho que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente recaudadas en el juicio10, por lo que en la respectiva demanda \u201cdeber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su contenido material\u201d (CSJ AC2679-2020), as\u00ed como \u201cla incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada\u201d (CSJ AC704-2020). <\/p>\n
Pues bien, confrontadas las exigencias formales mencionadas, se advierte su incumplimiento en el \u00fanico cargo planteado, como pasa a explicarse en detalle. <\/p>\n
a) Uno de los requisitos de la demanda, contemplado expresamente en el numeral 2\u00ba del referido art\u00edculo 344, es el de la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n en forma \u201ccompleta\u201d, esto es, que la respectiva censura contenga un reproche de todos los fundamentos esenciales que sirvieron al Tribunal para adoptar la determinaci\u00f3n impugnada, porque como es natural, con uno ellos que se mantenga en pie, ning\u00fan sentido tendr\u00eda la tramitaci\u00f3n y decisi\u00f3n de un recurso que, al final, no ser\u00eda \u00fatil para quebrar la decisi\u00f3n confutada, porque desprovistos de censura ciertos o algunos argumentos basilares, la presunci\u00f3n de legalidad se mantiene frente a ellos, dejando a flote la resoluci\u00f3n censurada. <\/p>\n
Es, en ese sentido, que la Sala ha pregonado, incluso antes de la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, cuando no estaba consagrada expresamente la exigencia de completitud, que \u201clos cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objetivo de desvirtuarlas o quebrarlas\u2019, puesto que si alguno de tales soportes no es atacado o su censura resulta insuficiente \u2018y por s\u00ed mism[o] le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u2019 (sentencia de 7 de septiembre de 2006)\u201d (CSJ AC de 8 de noviembre de 2011, Rad. 2005-00501, reiterado entre otros en AC2229-2020). <\/p>\n
Al repasar una vez m\u00e1s el contenido del fallo de segunda instancia opugnado, cuya s\u00edntesis se hizo anteriormente, lo que se encuentra es que el Tribunal sustent\u00f3 su decisi\u00f3n, en los siguientes argumentos: <\/p>\n
i) La providencia del 23 de agosto de 1999 \u201cno es fuente de obligaci\u00f3n alguna ni califica como t\u00edtulo que preste m\u00e9rito ejecutivo\u201d, y tampoco \u201creconoci\u00f3 o declar\u00f3 derechos, ni puso fin al proceso\u201d, por tanto, ning\u00fan t\u00e9rmino prescriptivo corre y, por ende, \u201cno hay lugar a declarar la prescripci\u00f3n extintiva de los 10 a\u00f1os que regula el art\u00edculo 2536 del C.C.\u201d. <\/p>\n
ii) La obligaci\u00f3n perseguida en la ejecuci\u00f3n referenciada \u201ctuvo como b\u00e1culo un pagar\u00e9 [por $187\u2019827.440,oo], sin que el se\u00f1or Jorge Humberto Gaona Ram\u00edrez hubiere excepcionado el fen\u00f3meno que ahora enarbola, lo que igualmente le impide acudir en proceso separado en procura de extinguir esa deuda por una nueva prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
iii) \u00c9ste \u201cno desconoci\u00f3 la existencia del otro juicio declarativo promovido en su contra por Financorp S.A. (rad. n.\u00b0 23 1997 04408 00) ante el Juzgado 23 Civil del Circuito (hoy 45), en procura de que algunos bienes regresaran a su patrimonio para servir como prenda general de sus acreedores, lo que sumado a la reposici\u00f3n que su opositora formul\u00f3 contra el auto de 3 de marzo de 2017 a trav\u00e9s del cual, en principio, el Juzgado 9\u00b0 Civil del Circuito hab\u00eda terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, descarta cualquier inactividad del acreedor, quien cumpli\u00f3 con acudir a la jurisdicci\u00f3n a hacer valer su derecho, logrando de paso interrumpir la prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
iv) La duraci\u00f3n del juicio no da lugar \u201ca un nuevo plazo del que pueda valerse el deudor en debida forma notificado, para ambicionar en asunto distinto (declarativo) la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n por el aludido modo\u201d. <\/p>\n
v) Si bien el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 2536 del C\u00f3digo Civil prev\u00e9 que \u201c[u]na vez interrumpida o renunciada una prescripci\u00f3n comenzar\u00e1 a contarse nuevamente por el t\u00e9rmino respectivo\u201d, ello no significa que \u201cla prescripci\u00f3n vuelva a contarse respecto del deudor ya enterado dentro del juicio coercitivo incoado por quien hizo valer su derecho como acreedor antes los jueces, sin excepcionar el rese\u00f1ado fen\u00f3meno\u201d, pues, sin duda, esa omisi\u00f3n comporta \u201csu renuncia t\u00e1cita\u201d. <\/p>\n
En el ataque se censura al juez colegiado por haber resuelto la alzada sin sujeci\u00f3n a lo solicitado en la demanda, producto de interpretarla err\u00f3neamente, ya que \u201clas pretensiones planteadas en la misma no est\u00e1n encaminadas a que se declare la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n ejecutiva que promovi\u00f3 Financorp S.A. en contra de Jorge Humberto Gaona, ni tampoco de ninguna acci\u00f3n derivada o que haya tenido origen en la sentencia proferida dentro del proceso ejecutivo [1996-00509-00]\u201d, sino \u201cla declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los derechos contenidos en dicha sentencia\u201d. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, es di\u00e1fano que el embate solo envuelve el primero de los fundamentos compendiados con antelaci\u00f3n, por lo que es ostensible que no result\u00f3 \u00edntegro, al dejar de lado los dem\u00e1s razonamientos torales del prove\u00eddo que se persigue derribar, con lo cual, la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que los cobija, deja en pie el fallo de segunda instancia proferido dentro del presente proceso. <\/p>\n
b) De otro lado, aunque se asumiera que con los cuestionamientos efectuados por el recurrente al justificar la trascendencia del error de hecho denunciado se controvirtieron dichos argumentos, habr\u00eda que concluir que en ellos se entremezclan aspectos propios de las dos primeras causales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, pese a que el ataque se enfila por la v\u00eda indirecta, el recurrente finalmente apoya su cr\u00edtica sobre la base de un descontento en cuanto a la hermen\u00e9utica dada a la norma que denuncia transgredida (art. 2535 C. C.). <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que \u00e9ste aleg\u00f3 en la demanda, lo siguiente: <\/p>\n
\u201cN\u00f3tese que el texto legal citado, indica expresamente que el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extingue acciones y derechos, y que exige para ello solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido las acciones. La sentencia proferida dentro de un proceso ejecutivo, que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, si bien no constituye un t\u00edtulo ejecutivo susceptible de ejecuci\u00f3n independiente, si contiene y confiere derechos a la parte ejecutante, derechos que a su vez acarrean la obligaci\u00f3n de cumplir con ciertas cargas procesales para poder hacer efectivos dichos derechos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La no realizaci\u00f3n de estas cargas o deberes procesales por parte del acreedor ejecutante o la inactividad del mismo respecto de dichas cargas, es lo que en sentir de la parte que represento acarrea la sanci\u00f3n establecida en el art\u00edculo 2.535 del C\u00f3digo Civil Colombiano, en virtud del cual, por el paso de cierto tiempo, diez (10) como m\u00e1ximo t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n civil establecido en Colombia, se extingue ese derecho del acreedor ejecutante, y por ende la posibilidad de seguir adelante con esa ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha prescripci\u00f3n debe declararse necesariamente en proceso separado con el efecto lo realiz\u00f3 mi mandante con el proceso que da origen al presente recurso extraordinario de casaci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Luego acot\u00f3, que <\/p>\n
\u201cEn la legislaci\u00f3n nacional est\u00e1n prohibidas las obligaciones civiles irredimibles en concordancia con los tratados internacionales ratificados por Colombia sobre derechos humanos, especialmente con los que tiene que ver con la dignidad, igualdad y libertad, los cuales fueron incorporados en el bloque de constitucionalidad del art\u00edculo 93 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, espec\u00edficamente por cuanto el deudor no puede estar obligado permanentemente, por lo que la afirmaci\u00f3n realizada por el Tribunal en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n, parece errada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, m\u00e1s adelante se\u00f1al\u00f3, que <\/p>\n
\u201cNo [se] comparte (\u2026) la manifestaci\u00f3n del tribunal de que la duraci\u00f3n en el proceso ejecutivo para lograr el secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes no pueda ser aprovechado por el deudor para beneficiarse de una prescripci\u00f3n en proceso aislado, pues con la misma se desconoce el contenido del art\u00edculo 2.535 del C\u00f3digo Civil Colombiano, que expresamente establece que se pueden prescribir las acciones y los derechos por el paso del tiempo sin ejercer los mismos, lo cual se armoniza con lo indicado anteriormente en el sentido de indicar que en la legislaci\u00f3n colombiana est\u00e1n prohibidas las obligaciones civiles irredimibles. <\/p>\n
Con esa teor\u00eda planteada por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la sentencia objeto del presente recurso, en el sentido de que, una vez presentada la demanda, no importa cu\u00e1nto se demore el demandante sin solicitar el secuestro, aval\u00fao y remate de los bienes, no pueda ser aprovechada por el deudor para beneficiarse de una prescripci\u00f3n en proceso aislado, justifica y propicia entonces que las acciones necesarias para logar el secuestro, el aval\u00fao y el remate de los bienes embargados, pueda entonces tomar 10, 15, 20 o hasta 50 a\u00f1os o m\u00e1s, lo que genera que se mantenga una obligaci\u00f3n a cargo del deudor demandado de manera indefinida e irredimible, situaci\u00f3n expresamente proscrita en el ordenamiento colombiano\u201d11. <\/p>\n
Por lo tanto, es incuestionable que se fusionaron aspectos probatorios con estrictamente sustanciales, es decir, la v\u00eda indirecta mezclada con la directa, lo que es completamente inadmisible en este escenario extraordinario, toda vez que el impugnante, a pesar de proponer un debate f\u00e1ctico, trat\u00f3 de transitar hacia la senda de puro derecho, lo cual desatiende las reglas t\u00e9cnicas para la formulaci\u00f3n de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Otro requisito formal que debe atender la demanda es el de \u201cse\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d (literal a), inciso 3\u00b0, ib\u00eddem), el cual brilla por su ausencia en el escrito que aqu\u00ed se califica. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el impugnante dedic\u00f3 un ac\u00e1pite del libelo casacional para dilucidar la trascendencia del yerro denunciado, nunca se\u00f1al\u00f3 -en concreto- cu\u00e1l era \u00e9sta frente a lo decidido en el fallo censurado, pues, al respecto solo indic\u00f3 que aquel \u201ces trascendente en la medida que efectivamente no es viable la solicitud de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n ejecutiva que pueda surgir de la sentencia proferida dentro de un proceso ejecutivo que ordena seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pues en efecto de dicha sentencia no surge acci\u00f3n alguna, y en ese sentido ser\u00eda acertada la sentencia proferida, pero como lo solicitado fue la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los derechos contenidos en dicha sentencia, otro deb\u00eda ser [el] an\u00e1lisis\u201d (destaco ajeno al texto), y aunque seguidamente explic\u00f3 cu\u00e1l debi\u00f3 ser este, lo cierto es que nunca se apart\u00f3 del que realiz\u00f3 el Juez Colegiado, dado que solo se dedic\u00f3 a criticarlo. <\/p>\n
Y es que, dado el argumento central bajo el cual dicha autoridad neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, esto es, que conforme a la jurisprudencia de la Sala, la providencia proferida el 23 de octubre de 1999 dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 1996-00509-00, que orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo, no es fuente de obligaci\u00f3n alguna, ni constituye t\u00edtulo ejecutivo y tampoco reconoce o declara derechos, por lo que ning\u00fan t\u00e9rmino prescriptivo corre desde su adopci\u00f3n y, por ende, no es dable declarar la prescripci\u00f3n extintiva ordinaria de 10 a\u00f1os, el censor estaba obligado a se\u00f1alar que incidencia ten\u00eda el analizar el caso desde aquella perspectiva de cara a la infirmaci\u00f3n del fallo confutado, en tanto que, dicho razonamiento no solo aniquila la prosperidad de dicho fen\u00f3meno en relaci\u00f3n con la acci\u00f3n ejecutiva, sino tambi\u00e9n la existencia de los \u201cderechos\u201d que dice el actor surgen de la rese\u00f1ada determinaci\u00f3n, lo que no hizo, pues, se reitera, solo insisti\u00f3 en los supuestos con los que sustent\u00f3 sus pretensiones, expresando su particular propuesta de interpretaci\u00f3n sobre el primero de los preceptos atr\u00e1s mencionados, como disyuntiva a la hermen\u00e9utica que sirvi\u00f3 para fundar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, es evidente que la explicaci\u00f3n dada por el recurrente se qued\u00f3 corta, pues nunca exhibi\u00f3 la trascendencia exigida para el caso. <\/p>\n
Acerca de la importancia de este requisito, ha explicado la Sala que, <\/p>\n
\u201c(…) en sede casacional, los errores no s\u00f3lo deben ser evidentes, sino tambi\u00e9n trascendentes, lo que significa que el recurrente debe acreditar que el yerro \u2018fue determinante en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n judicial que se combate\u2019 (cas. civ. de 27 de octubre de 2000; exp: 5395), \u2018hasta el punto de que su verificaci\u00f3n en el recurso conduzca por necesidad a la infirmaci\u00f3n del fallo con el fin de restablecer por este medio la legalidad sustancial quebrantada\u2019 (CCLII, p\u00e1g. 631), de donde se colige que, si la equivocaci\u00f3n es irrelevante, \u2018la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad\u2019 (CCXLIX. p\u00e1g., 1605)\u201d (CSJ SC17154-2015, reiterada en AC3839-2020). <\/p>\n
d) Finalmente, si en gracia a la discusi\u00f3n se asumiera que el cargo propuesto cumple las exigencias formales y de t\u00e9cnica exigidas por el vigente la legislaci\u00f3n adjetiva civil para la proposici\u00f3n de la causal invocada, el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 347 de la misma disposici\u00f3n autoriza a la Corte a inadmitir la demanda cuando \u201cno es evidente la trasgresi\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico en detrimento del recurrente\u201d, supuesto de hecho que se configura en el caso concreto. <\/p>\n
En efecto, aunque el Tribunal concret\u00f3 el problema jur\u00eddico \u201cen determinar si en el presente asunto resulta viable declarar la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n compulsiva derivada de la decisi\u00f3n de 23 de agosto de 1999 de seguir adelante la ejecuci\u00f3n proferida por el Juzgado 9\u00b0 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en el juicio compulsivo promovido por Financorp S.A. (en la hora actual liquidada) contra el ac\u00e1 demandante\u201d, lo fue porque la juez del conocimiento adujo que para el caso deb\u00eda aplicarse el plazo de los 10 a\u00f1os previsto para las acciones ordinarias contempladas en los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, hecho que explica por qu\u00e9 dicha autoridad no se\u00f1al\u00f3 que se trataba de la acci\u00f3n ejecutiva que propici\u00f3 el mentado juicio compulsivo. <\/p>\n
Ahora, al analizar los reparos esgrimidos por el apelante, ac\u00e1 recurrente, dicha Corporaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 a los hechos (causa) y las pretensiones (objeto) expuestas en la demanda, al punto que confirm\u00f3 \u00edntegramente la decisi\u00f3n adoptada por la a quo, solo que, por motivos distintos. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, que, para infirmar la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la a quo, el ad-quem precis\u00f3, con apoyo en jurisprudencia de esta Sala12, que la providencia atr\u00e1s referenciada no era fuente de obligaci\u00f3n alguna, ni constitu\u00eda t\u00edtulo ejecutivo y tampoco reconoc\u00eda o declaraba derechos en favor de la parte ejecutante, por lo que no hab\u00eda lugar a verificar el rese\u00f1ado t\u00e9rmino, menos a\u00fan, declarar la prescripci\u00f3n extintiva alegada, lo cual dej\u00f3 sin soporte jur\u00eddico lo pretendido por el demandante Gaona Ram\u00edrez, al decir el Tribunal adem\u00e1s que lo anterior \u201cdescarta el argumento del apelante seg\u00fan el cual: \u2018si el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n se complet\u00f3 o corri\u00f3 en su totalidad, consum\u00e1ndose el fen\u00f3meno extintivo de la prescripci\u00f3n, el d\u00eda 27 de diciembre de 2012, tampoco las actuaciones posteriores a esa fecha, tienen la facultad o posibilidad de interrumpir dicho t\u00e9rmino, por haberse ya consumado el mismo\u2019, y que, en este caso, \u2018la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n requiere para que se materialice, que se genere antes de la consumaci\u00f3n del t\u00e9rmino extintivo\u2019\u201d. <\/p>\n
Luego, entonces, es incuestionable que el ad-quem no incurri\u00f3 en el desacierto sugerido, puesto que, al margen de los otros argumentos esgrimidos para desestimar lo pretendido, que apuntan a clarificar que la ejecuci\u00f3n tantas veces mencionada sigue vigente y no puede ser dejada inane a trav\u00e9s de un juicio aparte, m\u00e1xime cuando la acci\u00f3n ejercida para reclamar el derecho de cr\u00e9dito perseguido se present\u00f3 en tiempo y no ha acaecido alguno de los eventos que d\u00e9 lugar a su terminaci\u00f3n, su estudio no se apart\u00f3 del objeto del proceso (pretensiones), ni de los reparos expuestos con la alzada, pues brind\u00f3 argumentos razonables para descartar la aplicaci\u00f3n de los c\u00e1nones 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, circunstancia que a todas luces torna el cargo inadmisible. <\/p>\n
3. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por el demandante JORGE HUMBERTO GAONA RAM\u00cdREZ para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 18 de septiembre de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal de prescripci\u00f3n extintiva que promovi\u00f3 en contra de WILSON GIRALDO YAG\u00dcE, en su calidad de liquidador de la extinta FINANCORP S.A. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Archivo 01.PDF1, Expediente digital de primera instancia. <\/p>\n
2\u0002 Archivo 02.PDF.2. ejusdem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo 12.PDF. Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Archivo 11.AUDIO. Cit. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. (Min. 18:24 a 23:38). <\/p>\n
6\u0002 Proferido en forma escrita, con fundamento en el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 14 del Decreto Legislativo 806 de 4 de junio de 2020. <\/p>\n
7\u0002 Archivo 11001310304220180023201 SENTENCIA CONFIRMA. PDF, cdno. Tribunal, Exp. Digital. <\/p>\n
8\u0002 Archivo 07. DEMANDA DE CASACI\u00d3N. PDF, Cit. <\/p>\n
9\u0002 Archivo 110013103042201800232 01 concede casaci\u00f3n. PDF, ejusdem. <\/p>\n
10\u0002 Entre ellas, el libelo introductorio del proceso y su contestaci\u00f3n. <\/p>\n
11\u0002 Archivo 07. DEMANDA DE CASACI\u00d3N. PDF, Cit. <\/p>\n
12\u0002 Se cit\u00f3 la siguiente decisi\u00f3n: \u201cCSJ, Cas. Civ. Sentencia de 18 de diciembre de 2019, exp. 18-2013- 00104-01. SC5515-2019\u201d. <\/p>\n
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AC3360-2021 (2018-00232-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente AC3360-2021 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-042-2018-00232-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de Sala Civil del diez de junio de 2021) Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55979","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55979","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55979"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55979\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55979"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55979"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55979"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}