AC3366-2021 (2009-00137-02)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3366-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 50001-31-03-001-2009-00137-02 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de diez de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Alberto Garc\u00eda Clavijo, dirigida a sustentar el recurso de casaci\u00f3n contra la sentencia de 18 de diciembre de 2018, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Civil-Familia-Laboral, en el proceso incoado por la recurrente frente a la Compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar S.A. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. El actor solicit\u00f3 condenar a la convocada a pagar los riesgos de renta mensual por incapacidad y de enfermedad grave amparados en varios contratos de seguro. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. Las p\u00f3lizas 2070-156976-22, 2070-2916756-13 y 2970-2501247-18, suscritas al respecto, hace treinta a\u00f1os, se han venido renovando. <\/p>\n
El 18 de noviembre de 2007, el demandante, asegurado, sufri\u00f3 un accidente en su casa. Como consecuencia, seg\u00fan lo certific\u00f3 la Junta Regional de Invalidez del Meta el 28 de noviembre de 2018, qued\u00f3 con una incapacidad permanente parcial del 11.25% y de una disminuci\u00f3n de la capacidad laboral del 45.45%. <\/p>\n
La demandada, el 21 de julio de 2008, decidi\u00f3 revocar, a partir del 6 de agosto, siguiente, contrariando la ley, los amparos de renta mensual por incapacidad y de enfermedad grave. No obstante, los riesgos se cubrieron entre el 18 de noviembre de 2007 y el 6 de agosto de 2008. <\/p>\n
La seguradora adeuda las rentas a partir del 23 de agosto de 2008, hasta que se cumpla el t\u00e9rmino pactado en las p\u00f3lizas, y la indemnizaci\u00f3n por la enfermedad grave. <\/p>\n
1.3. La r\u00e9plica. La interpelada resisti\u00f3 las s\u00faplicas. Argument\u00f3, en general, inexistencia del siniestro con obertura en las p\u00f3lizas; terminaci\u00f3n del seguro 2970-2501247-18, ante la falta del pago de la prima; y culpa exclusiva de la v\u00edctima en el origen de las incapacidades. <\/p>\n
1.4. El fallo de primer grado. El 9 de marzo de 2011, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Villavicencio, neg\u00f3 las pretensiones fincadas en la p\u00f3liza 2970-2501247-18, por el no pago de la prima; y acogi\u00f3 las derivadas de las n\u00fameros 2070-156976-22 y 2070-2916756-13, al encontrar que no se pod\u00edan revocar por contener seguros de vida. <\/p>\n
1.5. La sentencia de segunda instancia. Infirm\u00f3 el fallo apelado por la pasiva, \u00fanicamente, y neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
1.5.1. El Tribunal dej\u00f3 sentada la posibilidad de revocar el seguro sin expresar motivos, salvo el de vida, entre otros. Clarific\u00f3 que sus efectos cobijaban el porvenir y cubr\u00edan los riesgos amparados acaecidos en el pasado. <\/p>\n
En el caso, el demandante dijo que sufri\u00f3 el accidente el 18 de noviembre de 2007. Y la decisi\u00f3n unilateral de la asegurada de terminar las coberturas de renta mensual por incapacidad y de enfermedad grave, a partir del 6 de agosto de 2008, se produjo el 21 de julio, anterior. <\/p>\n
1.5.1. Relacionado con el contrato de seguro 2970-2501247-18, consider\u00f3 que nada hab\u00eda para estudiar. La decisi\u00f3n del juzgado de negar las pretensiones no fue objeto de apelaci\u00f3n por el demandante agraviado. <\/p>\n
1.5.2. La p\u00f3liza 2070-156976-22, inclu\u00eda dos tipos de seguros. Uno de da\u00f1os, renta mensual por incapacidad, y otro de vida. En aquel, el suceso causante de la lesi\u00f3n deb\u00eda ocasionar en el asegurado, dentro de los noventa d\u00edas siguientes, una incapacidad continua superior a tres d\u00edas. <\/p>\n
Conforme a la historia cl\u00ednica, el servicio de urgencias fue brindado al precursor el 24 de noviembre de 2007. Esto significaba que el accidente no sucedi\u00f3 el 18 de los mismos mes y a\u00f1o. En todo caso, los requisitos para activar la obligaci\u00f3n de la asegurada se encontraban cumplidos, puesto que la incapacidad, en forma seguida y permanente, se prolong\u00f3 hasta el 23 de mayo de 2008. <\/p>\n
La condena solicitada, derivada de dicha p\u00f3liza, sin embargo, no proced\u00eda. En la demanda ning\u00fan pedimento se hizo entre los citados 24 de noviembre de 2007 y 23 de mayo de 20081. Y en la nueva incapacidad por treinta d\u00edas, desde el 20 de agosto 2008, \u201ccuando se (\u2026) practic\u00f3 la cirug\u00eda de la rodilla\u201d derecha, los \u201canexos de accidentes personales\u201d de los seguros ya hab\u00edan sido revocados. <\/p>\n
Esa decisi\u00f3n unilateral era perfectamente v\u00e1lida. El \u201camparo de renta mensual por incapacidad\u201d clasificaba como seguro de da\u00f1os y no se ligaba con el de vida. Fuera de esto, desde el 23 de mayo de 2008, fecha l\u00edmite de la \u00faltima incapacidad, hasta el 6 de agosto de 2008, cuando surti\u00f3 efectos la revocaci\u00f3n, el demandante no fue incapacitado. <\/p>\n
1.5.3. La vigencia de la p\u00f3liza 2070-2916756-13, empez\u00f3 el 13 de junio de 2007 y expir\u00f3 el 12 de junio de 2008. Las pretensiones al respecto, por tanto, tampoco eran de recibo, dado que \u201cpara el lapso temporal reclamado, no exist\u00eda cobertura alguna de ese contrato\u201d2. <\/p>\n
1.5. La demanda de casaci\u00f3n. Sostiene el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en errores de hecho que lo llevaron a violar ciertas las normas legales. <\/p>\n
1.5.1. Asociado con la p\u00f3liza 2070-156976-22, ech\u00f3 de menos las pruebas de las incapacidades entre el 23 de mayo y el 20 de agosto de 2008. <\/p>\n
No obstante, la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Meta, el 28 de noviembre de 2008, determin\u00f3 el hecho como \u201cparcial, pero permanente\u201d. <\/p>\n
Los \u201cm\u00e9dicos tratantes\u201d tambi\u00e9n se\u00f1alaron la iniciaci\u00f3n de los procedimientos el 24 de noviembre de 2007, fecha del accidente, y su culminaci\u00f3n el 20 de agosto de 2008, mediante \u201ctrasplante total de la rodilla derecha\u201d. Esto igualmente se derivaba de la hist\u00f3rica cl\u00ednica. <\/p>\n
La \u201cpermanencia del da\u00f1o\u201d, \u201cde por vida\u201d, entonces, se encontraba acreditada. Por ello, no pod\u00eda validarse, con efectos retroactivos, la revocaci\u00f3n de los \u201canexos de accidentes personales\u201d de los contratos de seguro. <\/p>\n
1.5.2. Relacionado con la p\u00f3liza 2070-2916756-13 y las \u201cpruebas documentales\u201d del \u201cmismo contrato\u201d, que se enumeran, el juzgador no tuvo en cuenta la demanda incoativa. El pago se solicit\u00f3 desde el 23 de agosto de 2008, \u201ca ra\u00edz de los pagos que realiz\u00f3 la aseguradora\u201d. <\/p>\n
1.5.3. Pretende el recurrente que se \u201cderogue\u201d la sentencia del Tribunal y se \u201cdeje en firme\u201d la del juzgado. <\/p>\n
1.6. Siendo ese el contenido esencial del cargo formulado, es del caso examinar su idoneidad formal. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El recurso de casaci\u00f3n no tiene por mira examinar libremente las cuestiones de hecho y jur\u00eddicas controvertidas, a la manera de las instancias. Su objeto preciso y directo lo constituye la sentencia impugnada bajo el entendido que el Tribunal acert\u00f3 al pronunciarla. <\/p>\n
Ese medio excepcional de defensa judicial, dice la Corte, es \u00abdistante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso\u00bb3. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser estriba en que es un mecanismo de impugnaci\u00f3n dispositivo y exceptivo. Responde, en efecto, a causales previstas por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas. De ah\u00ed, para diferenciarlo de los cauces ordinarios, el adjetivo de extraordinario. <\/p>\n
2.2. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, armonizado con la anterior, se\u00f1ala los requisitos que debe reunir una demanda de casaci\u00f3n en orden a admitirla y resolverla de fondo. En general, el numeral 2\u00ba, com\u00fan a todas las causales, obliga al censor a formular los cargos por separado \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n
2.2.1. La \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, permite identificar las discrepancias entre el juzgador y el recurrente acerca de lo juzgado. <\/p>\n
Como tiene sentado esta Corporaci\u00f3n, \u00abdesde el punto de vista t\u00e9cnico, no podr\u00eda hablarse de acusaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia, en la medida en que por tal acci\u00f3n, la de acusar, se entiende la exposici\u00f3n de los cargos contra el acusado4 o contra lo acusado\u00bb5. <\/p>\n
2.2.2. La claridad exige formular los cargos en forma inteligible y f\u00e1cil de comprender. No concurre esta exigencia, por ejemplo, cuando se entremezclan causales o se refunden las clases de errores admisibles en casaci\u00f3n. En cualquier caso, porque ello conduce a hacer inentendible la acusaci\u00f3n y a dificultar la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.3. El ataque completo impone no solo identificar los argumentos torales que, por s\u00ed, sostendr\u00edan la sentencia, sino combatirlos todos. El recurrente nada sacar\u00eda con acertar en aquello y pecar en esto \u00faltimo. La explicaci\u00f3n se encuentra en que los fundamentos basilares que se dejan enhiestos seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n, tiene sentado esta Corte, en doctrina aplicable, \u201c\u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d6. <\/p>\n
2.2.4. La precisi\u00f3n, por su parte, exige simetr\u00eda entre los motivos nodales blandidos por el Tribunal y los impugnados. El censor debe ser correspondiente. Si desv\u00eda la atenci\u00f3n a cuestiones distintas, en \u00faltimas, no habr\u00eda cargos frente al acusado ni contra lo acusado. <\/p>\n
En casaci\u00f3n, un ataque preciso requiere, al decir de la Corte, que \u00abguarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque\u00bb7. <\/p>\n
El fundamento de lo anterior descansa en que al confutarse argumentaciones intrascendentes, las que s\u00ed lo son, seguir\u00e1n en firme y con poder suficiente para sostener la decisi\u00f3n. Por consiguiente, la sentencia impugnada, al margen del juicio del ad-quem, continuar\u00eda abrigada por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
2.3. En caso de la comisi\u00f3n de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda o su respuesta, o de eficacia probatoria, el numeral 2\u00ba, literal a), inciso 2\u00ba del precepto citado, impone cumplir otras cargas. <\/p>\n
Relacionado con los primeros, el recurrente debe identificar las faltas y singularizar las pruebas mal apreciadas; adem\u00e1s, \u201cdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d. Y con los segundos, se\u00f1alar las normas probatorias transgredidas y explicar sucintamente la forma como fueron infringidas. <\/p>\n
2.4. Frente a lo anterior, en lo pertinente al caso, claramente se advierte que la demanda de casaci\u00f3n compendiada no cumple los requisitos formales para admitirla y decidirla de m\u00e9rito. <\/p>\n
2.4.1. La sentencia impugnada dej\u00f3 superados los contratos de seguro y la realizaci\u00f3n del riesgo asegurado. El Tribunal asent\u00f3 que \u201cse encuentran configurados los \u2018presupuestos contractuales de que tratan las condiciones generales-anexo de accidentes personales\u201d (\u2026) para que la aseguradora cubriera la obligaci\u00f3n a su cargo\u201d. <\/p>\n
Lo dicho, claro est\u00e1, con respecto a la incapacidad \u201ccontinua e ininterrumpida\u201d, desde el 24 de noviembre de 2007, fecha del accidente, hasta el 23 de mayo de 2008. No as\u00ed en un periodo siguiente. En concreto, entre esta \u00faltima data y el 20 de agosto de 2008, interregno durante el cual hubo soluci\u00f3n de continuidad de las incapacidades. Se volvieron a presentar en esa otra nueva fecha, \u00e9poca en la cual se realiz\u00f3 el trasplante total de la rodilla derecha, ya para cuando las coberturas se hab\u00edan extinguido. <\/p>\n
El Tribunal, desde luego, refiri\u00f3 ambas cuestiones. Fincado en el testimonio del m\u00e9dico Andr\u00e9s Vanegas Acero, concluy\u00f3 que las \u201cincapacidades que dio al aqu\u00ed demandante (\u2026) surgieron con ocasi\u00f3n de la cirug\u00eda de remplazo de rodilla (\u2026) y su posoperatorio\u201d. En lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que las \u201cincapacidades otorgadas hasta el 23 de mayo de 2008, tuvieron su origen en el accidente que sufri\u00f3 el se\u00f1or Alberto Garc\u00eda Clavijo el 24 de noviembre de 2007\u201d. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n, en general, se edific\u00f3 en la certificaci\u00f3n de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Meta, expedida el 28 de noviembre de 2008, sobre la incapacidad \u201cparcial permanente\u201d. Lo mismo, en las declaraciones de los \u201cm\u00e9dicos tratantes\u201d sobre los procedimientos practicados. <\/p>\n
En el contraste, el problema no es del accidente ni de sus efectos continuos o discontinuos, ni del porcentaje de capacidad laboral o de invalidez, menos de la atenci\u00f3n brindada en uno y otro lapso, en efecto, lo reclamado en el cargo. La pol\u00e9mica se circunscribe, llanamente, a la prueba de las incapacidades para las actividades que se ven\u00edan desarrollando antes del accidente, en particular, entre el 23 de mayo de 2008 y el 6 de agosto, postrero, fecha de la revocaci\u00f3n de los seguros. <\/p>\n
El ataque contra el fallo del ad-quem, por tanto, resulta desenfocado. Para que lo fuera, el censor debi\u00f3 mostrar ese hecho en las pruebas. De los \u201cm\u00e9dicos tratantes\u201d solo dice que iniciaron el tratamiento al momento del incidente, el 24 de noviembre de 2007, y lo culminaron el 20 de agosto de 2008, pero no que hayan se\u00f1alado las incapacidades, al menos a partir del 23 de mayo de 2008. En el documento de la Junta Regional de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Meta mostr\u00f3 los porcentajes de invalidez y de p\u00e9rdida de capacidad laboral \u201cpermanente parcial\u201d, pero no las incapacidades en aquel otro periodo, que es algo totalmente diferente. <\/p>\n
2.4.2. El mismo razonamiento cabe del error enarbolado alrededor de la apreciaci\u00f3n de la demanda y de las dem\u00e1s pruebas documentales afines. El Tribunal en ninguna parte neg\u00f3 las pretensiones por haberse demostrado el pago de algunas rentas, por ejemplo, durante el primer periodo de incapacidades acreditado. <\/p>\n
Se desestimaron, simplemente, porque del 23 de mayo y el 6 de agosto de 2008, no hubo incapacidades. En ello justific\u00f3 la decisi\u00f3n unilateral de la aseguradora. As\u00ed que el periodo solicitado en la demanda, a partir del 23 de agosto de 2008, para nada jugaba, salvo que se pusiera de presente lo resaltado en el n\u00famero anterior. <\/p>\n
2.5. Aunque lo discurrido es suficiente para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, no hay lugar a observar lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y de la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, a\u00fan frente a defectos formales de la demanda de casaci\u00f3n, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad. La oficiosidad, para defender los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
En todo caso, para esos prop\u00f3sitos se requiere de la presencia de faltas superlativas que hayan trascendido a los derechos y garant\u00edas supralegales de la parte recurrente. Esto significa que el simple hecho de haberse obtenido decisiones adversas, no impone, en el \u00e1mbito constitucional o de convencionalidad8, adoptar correctivos. <\/p>\n
2.5.1. En el plano adjetivo no se observan. Contrastada la actuaci\u00f3n, el ahora impugnante mantuvo intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n, al punto de haber arribado a la Corte en casaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en ninguna parte las pone en tela de juicio. <\/p>\n
2.5.2. Lo mismo ocurre en el campo de los hechos y de las pruebas, y en el escenario netamente jur\u00eddico. Si en el expediente no obraba la prueba de las incapacidades laborales para el momento en que se revocaron los seguros, en las condiciones exigidas en las p\u00f3lizas, el Tribunal no pudo actuar de manera caprichosa o arbitraria. En adici\u00f3n, los amparos no refer\u00edan la disminuci\u00f3n laboral calificada por la entidad competente. Paliaban al asegurado, en los casos de internaci\u00f3n en un \u201chospital\u201d, en la \u201ccasa\u201d o en una \u201ccama\u201d, y \u00fanicamente durante esos interregnos, las \u201cocupaciones relacionadas con su profesi\u00f3n, ocupaci\u00f3n, o su oficio remunerado\u201d. <\/p>\n
2.5.3. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva, tampoco hay lugar a la actuaci\u00f3n de la Corte. Ello, al no aparecer temas asociados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n
2.6. Como corolario, se impone inadmitir el libelo examinado, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 346, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de que se trata, y desierto el recurso de casaci\u00f3n en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El pago por $1\u2019669.718, mensuales, se solicit\u00f3 a \u201cpartir del 23 de agosto de 2008\u201d. <\/p>\n
2\u0002 La condena de $7\u2019953.375, mensuales, se impetr\u00f3 desde ib\u00eddem fecha. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Auto de 2 de junio de 2009, expediente 08749. <\/p>\n
4\u0002 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011, entre otros muchos. <\/p>\n
7\u0002CSJ. Civil. Sentencia de 26 de marzo de 1999 (CCLVIII-294), reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014(expediente 00147), 25 de febrero de 2013 (radicaci\u00f3n 00228), y 30 de abril de 2014 (radicado 00084), entre otros muchos. <\/p>\n
8\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972. <\/p>\n
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AC3366-2021 (2009-00137-02) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente AC3366-2021 Radicaci\u00f3n: 50001-31-03-001-2009-00137-02 (Aprobado en Sala de diez de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda de Alberto Garc\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55980","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55980","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55980"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55980\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55980"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55980"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55980"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}