AC3368-2021 (2021-02664-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3368-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02664-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de La Virginia y Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante adujo como fundamento de su acci\u00f3n constitucional, que la referida entidad \u201cpresta sus servicios p\u00fablicos en un inmueble o establecimiento p\u00fablico y abierto al p\u00fablico [que] en la actualidad no cuenta [\u2026] con un int\u00e9rprete profesional ni con un gu\u00eda interprete profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005, tal como lo ordena ley 982 de 2005, art 8. vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo largo y ancho del territorio patrio (\u2026)\u201d. Puntualiz\u00f3, adem\u00e1s, que el domicilio del accionado es la \u201ccalle 7 N\u00ba 7\u201316 La Virginia Risaralda\u201d, y que el sitio donde se presenta la presunta vulneraci\u00f3n a los derechos colectivos es Medell\u00edn, en la \u201ccarrera 80 No. 48-105\u201d1. <\/p>\n
2. El Juzgado al que se radic\u00f3 inicialmente la acci\u00f3n p\u00fablica, Promiscuo del Circuito de La Virginia, admiti\u00f3 la demanda, y luego, mediante auto de abril 19 de 2021, la rechaz\u00f3 y la remiti\u00f3 a los juzgados civiles del circuito Medell\u00edn, porque, en su sentir, <\/p>\n
\u201cNo es acertado entonces bajo la reiterada perspectiva de la Alta Corporaci\u00f3n y de lo que ya en otras ocasiones ha considerado este mismo despacho, que aqu\u00ed se asuma la competencia para conocer de la presente acci\u00f3n popular, pues La Virginia \u2013 Risaralda, no es el sitio donde est\u00e1 ubicado el domicilio principal de la demandada y tampoco es el territorio donde se est\u00e1 produciendo la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos invocados\u201d. <\/p>\n
3. Recibido el asunto por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Oralidad de Medell\u00edn, este rehus\u00f3 igualmente su conocimiento y provoc\u00f3 la colisi\u00f3n que se resuelve, tras considerar que <\/p>\n
\u201c\u2026la decisi\u00f3n de anular lo actuado y ordenar la remisi\u00f3n a los Jueces Civiles del Circuito de Medell\u00edn, desconoce lo consagrado en el art\u00edculo 16 del CGP, norma que a la luz del art\u00edculo 68 de la Ley 472 de 1998, es complementaria en aquello que no se encuentre regulado espec\u00edficamente y que no le sea contrario (\u2026) toda vez que es evidente que el factor para determinar la competencia en esta clase de asuntos es el factor territorial (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la discusi\u00f3n planteada involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Los factores de competencia determinan el operador judicial al que el ordenamiento atribuye el conocimiento de un litigio en particular, raz\u00f3n por la cual, a quien se le radica el libelo con que se promueve tiene la carga de valorar la legislaci\u00f3n vigente al momento de radicaci\u00f3n, a fin de adoptar la determinaci\u00f3n de rigor en torno a su facultad o la de otra autoridad para conocerlo. <\/p>\n
De manera que, como lo ha se\u00f1alado esta Sala, <\/p>\n
\u201cEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u201d3. <\/p>\n
4. Dicho lo anterior, la Corte observa que en el caso analizado ninguno de los dos requisitos se cumplen, pues el reclamante presento la demanda en la Virginia, y se\u00f1al\u00f3 como domicilio del demandado este mismo municipio y como sitio de vulneraci\u00f3n la \u201ccarrera 80 No. 48-105\u201d en Medell\u00edn, no obstante, el Juzgado Promiscuo del Circuito, sin advertir esa circunstancia, mediante auto de 25 de enero de 2021 consider\u00f3 que se reun\u00edan los requisitos contemplados en el art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998 y la admiti\u00f3, ordenando la notificaci\u00f3n al Ministerio P\u00fablico, prorrogando as\u00ed su competencia. <\/p>\n
5. En cuanto a la inmodificabilidad de la competencia, esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el juez no podr\u00e1 variar o modificar la competencia a su libre arbitrio \u201ccuando la pas\u00f3 por alto en la oportunidad que le confiere la ley procesal, esto es, al calificar la idoneidad del escrito introductor\u2026\u201d de suerte que \u201csi por alguna circunstancia la manifestaci\u00f3n del demandante resultare inconsistente, es carga procesal del extremo demandado alegar la incompetencia del juez, lo que debe hacer en las oportunidades procesales que se establecen para tal efecto\u201d4. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, del libelo examinado se deduce que, en atenci\u00f3n a este especial principio, una vez asumida la competencia, le estaba vedado a la Juez desprenderse de ella, a menos que la contraparte se hubiese pronunciado al respecto, lo que permitir\u00eda su alteraci\u00f3n, lo cual, sin duda, no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
En un asunto que guarda semejanza con el presente, expuso la Sala: <\/p>\n
\u201cUna vez el asunto es asignado a un operador judicial, a \u00e9l le corresponde verificar lo relativo a la competencia. Si admite la demanda, ese acto comporta la asunci\u00f3n de la aptitud legal para conocer de la causa, con lo cual afirma la misma y excluye a todos los dem\u00e1s de todas las jurisdicciones y todas las competencias, o bien puede, rechazarla y remitirla a la autoridad que considere competente\u201d5. <\/p>\n
6. En definitiva, una vez el caso fue admitido por el prenombrado estrado judicial de La Virginia, \u00e9ste se equivoc\u00f3 al repelerlo, desconociendo el principio de la perpetuatio jurisdictionis, de manera que se le remitir\u00e1 para contin\u00fae el tr\u00e1mite que legalmente corresponda y se pondr\u00e1 al tanto de ello a la otra autoridad judicial involucrada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que al Promiscuo del Circuito de La Virginia le corresponde conocer la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 1, c. 01 Calasanz. Exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 10 c. 02 auto propone conflicto de competencia. Exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 CSJ AC3261-2018. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC1836-2019. <\/p>\n
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