AC3369-2021 (2013-00047-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3369-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 76001-31-03-005-2013-00047-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda presentada por Carlos Humberto S\u00e1nchez Posada, dirigida a sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia de 19 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, en el proceso incoado por Luz Stella Montoya de Olah, frente al recurrente y personas indeterminadas. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Petitum. Declarar que la actora adquiri\u00f3, por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria, el dominio del ra\u00edz que identifica, conformado por dos casas. <\/p>\n
1.2. Causa petendi. El interpelado aparece inscrito como titular del derecho reclamado. La precursora, no obstante, viene ejercitando actos de se\u00f1ora y due\u00f1a desde 1987, en forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida. <\/p>\n
1.3. La r\u00e9plica. El demandado se opuso a las s\u00faplicas aduciendo inexistencia del \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
La heredad, acot\u00f3, era de Comercializadora O.M. Internacional Limitada y Constructivos Limitada, respecto de las cuales, la demandante era socia. Las sociedades la dieron en administraci\u00f3n fiduciaria; y entregaron, luego, el 17 de junio de 1999, a la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A. en daci\u00f3n en pago de unas obligaciones. <\/p>\n
En ese a\u00f1o, las enajenantes notificaron que una casa estaba \u201cdesocupada\u201d. Los c\u00e1nones de la otra, arrendada por la actora, empez\u00f3 a recibirlas la adquirente y el contrato cedido a su favor, en todo caso, se suscribi\u00f3 uno nuevo. En el entretanto, asida de un convenio de tenencia \u201cviejo\u201d, aquella, de mala fe, obtuvo el lanzamiento de la inquilina. <\/p>\n
Subray\u00f3 que el predio se lo vendi\u00f3 la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., el 27 de diciembre de 2005. La entrega se supedit\u00f3 al resultado de varios pleitos, uno, para el mismo efecto, contra las tradentes de entonces, en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali. <\/p>\n
1.4. El fallo del Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali. El 19 de diciembre de 2016, declar\u00f3 la pertenencia. <\/p>\n
La posesi\u00f3n de la accionante la hall\u00f3 en el goce de los arriendos, entre 1995 y 2004; en los recibos que expidi\u00f3 al respecto a la arrendataria Mar\u00eda Elena D\u00edaz Posso; y en el testimonio de Yamileth Mu\u00f1oz Zapata, otra de las moradoras. Tambi\u00e9n la encontr\u00f3 reflejada en el proceso de restituci\u00f3n de tenencia contra Myriam Zamora Calder\u00f3n, finalizado en diciembre de 2002; en la oposici\u00f3n a un lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, en octubre de 2006; y en el levantamiento del secuestro a finales de 2010. <\/p>\n
1.5. La decisi\u00f3n de segunda instancia. Confirm\u00f3 en todas sus partes el fallo apelado. <\/p>\n
Seg\u00fan la Tribunal, el 17 de junio de 1999, cuando las sociedades familiares, a trav\u00e9s de la entidad fiduciaria, entregaron en daci\u00f3n en pago el inmueble a la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., la demandante, Luz Stella Montoya de Olah, empez\u00f3 a reconocer dominio ajeno. <\/p>\n
No obstante, la cesi\u00f3n del contrato de locaci\u00f3n a favor de la adquirente devino \u201cinoperante\u201d. No hab\u00eda prueba de \u201cdicha entrega real y material\u201d. Esto justificaba el proceso de restituci\u00f3n seguido por Luz Stella Montoya de Olah, contra la arrendataria Myriam Zamora Calder\u00f3n. <\/p>\n
Carlos Humberto S\u00e1nchez Posada, el interpelado, era apenas un nudo propietario. Por esto, en la cl\u00e1usula \u201csexta\u201d de la escritura de adquisici\u00f3n, la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., la vendedora, le cedi\u00f3 los procesos adelantados para \u201crecuperar la posesi\u00f3n\u201d. Esto indicaba que ni \u00e9l, ni su antecesora la hab\u00edan ostentado. <\/p>\n
La calidad precaria de Luz Stella Montoya de Olah, empero, se mut\u00f3 en \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo el 18 de diciembre de 2002. En esa fecha, obtuvo sentencia favorable de lanzamiento, emitida por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, y desde ese momento \u201csigui\u00f3 ejerciendo actos de se\u00f1ora y due\u00f1a al punto de suscribir un nuevo contrato de arrendamiento con (\u2026) Mar\u00eda Elena D\u00edaz Posso\u201d. <\/p>\n
En la \u00e9poca de la demanda, el 14 de febrero de 2013, la precursora llevaba m\u00e1s de diez a\u00f1os de posesi\u00f3n, tiempo suficiente para ganar el dominio del predio por el modo de la prescripci\u00f3n extraordinaria. Las pruebas lo confirmaban \u201csin incertidumbre\u201d. Se derivaba de la calidad de arrendadora, de la oposici\u00f3n al tr\u00e1mite policivo, del levantamiento del secuestro y de los testimonios de Yamileth Mu\u00f1oz Zapata y Claudia Patricia Ch\u00e1vez Ochoa. <\/p>\n
1.6. La demanda de casaci\u00f3n. Contiene formulados tres cargos. <\/p>\n
1.6.1. El primero, acusa la violaci\u00f3n de los art\u00edculos 762, 763, 764 y 768 del C\u00f3digo Civil. En sentir del censor, el Tribunal incurri\u00f3 en errores de hecho probatorios. <\/p>\n
Inobserv\u00f3 en el interrogatorio la manifestaci\u00f3n \u201cfalsa\u201d de Luz Stella Montoya de Olah, cuando \u201cexpresa desconocer\u201d que formaba parte de las sociedades de familia. Los certificados de la C\u00e1mara de Comercio, tambi\u00e9n pasados por alto, la desment\u00edan. <\/p>\n
Omiti\u00f3 apreciar varias pruebas. Los testimonios que negaron la posesi\u00f3n; el documento de cesi\u00f3n a favor de la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A. del contrato de arrendamiento que exist\u00eda con Myriam Zamora; y la nueva relaci\u00f3n de tenencia entre cesionaria y cedida, firmado en el 2002, con los recibos de pago de c\u00e1nones en 2003. Pruebas aportadas por Rosemberg Zamora, hermano de aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Contrari\u00f3 la demanda incoativa del proceso. La actora aleg\u00f3 posesi\u00f3n material desde 1987, empero, la reconoci\u00f3 a partir de fecha posterior y en ausencia de prueba fehaciente tanto de la \u201cinterversi\u00f3n del (\u2026) t\u00edtulo\u201d como de calidad de ser \u201cquieta, tranquila y pac\u00edfica\u201d. Y si la oposici\u00f3n al lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho ocurri\u00f3 en 2005, el t\u00e9rmino de diez a\u00f1os para usucapir, en el 2013, \u00e9poca en que se solicit\u00f3 la prescripci\u00f3n, era insuficiente. <\/p>\n
Pretiri\u00f3 que Luz Stella Montoya de Olah eludi\u00f3 la pregunta sobre el pago de impuestos y dem\u00e1s. Pese a demostrarse la falta de pago, en sumas considerables, dijo que no sab\u00eda si sus hijos los hab\u00edan sufragado. <\/p>\n
1.6.2. En el cargo segundo, el recurrente \u201cdenuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d. Esto, a ra\u00edz de haber restado el Tribunal \u201cvalidez jur\u00eddica\u201d a la prueba documental relacionada con la daci\u00f3n en pago, en 1999, y dem\u00e1s hechos acaecidos con anterioridad. Adem\u00e1s, al desconocer la mala fe de la ahora demandante cuando adelant\u00f3 el proceso de lanzamiento contra Miriam Zamora en el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, siendo que, con posterioridad, en el 2002, derivado de la cesi\u00f3n realizada, hab\u00eda firmado un contrato de arrendamiento con la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A. y pagado c\u00e1nones. <\/p>\n
Agrega que alegada la nulidad procesal en el proceso ejecutivo donde se levant\u00f3 el secuestro del inmueble, quiere esto decir, que \u201cno es de recibo el incidente propuesto\u201d. En adici\u00f3n, en este asunto \u201cno se agot\u00f3 el requisito de procedibilidad, conforme a la ley 640\u201d. <\/p>\n
1.6.3. El cargo tercero, fundado en la causal de incongruencia, el impugnante lo sustenta \u201cen los mismos hechos f\u00e1cticos narrados en los cargos primero y segundo debidamente expresados\u201d. <\/p>\n
1.7. Frente a ese contenido esencial de los cargos formulados, es del caso examinar su idoneidad formal. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1ala los requisitos que debe contener una demanda de casaci\u00f3n, en orden a admitirla y resolverla de fondo. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ser de tales exigencias estriba en la naturaleza dispositiva y exceptiva de la casaci\u00f3n. Como bien se sabe, el recurso responde a motivos previstos en forma expresa por el legislador y se estructura en precisas hip\u00f3tesis normativas, de ah\u00ed el adjetivo de extraordinario. Por esto, los requisitos vienen a diferenciar y delimitar dicha impugnaci\u00f3n de los cauces ordinarios. <\/p>\n
El medio excepcional de defensa, al decir de la Sala, es \u00abdistante en mucho de los recursos propios de las instancias, pues la discusi\u00f3n ante la Corte procura demostrar las desarmon\u00edas del fallo recurrido frente al ordenamiento jur\u00eddico, y nunca convertirse en la oportunidad para recrear el debate gen\u00e9rico de que se ocup\u00f3 el proceso\u00bb1. <\/p>\n
Durante el juicio, en efecto, las partes pueden discurrir libremente sobre las cuestiones de hecho y de derecho controvertidos. La casaci\u00f3n, en cambio, abandona todo lo anterior y se circunscribe a la sentencia impugnada. Supone que el juzgador no se equivoc\u00f3 al pronunciarla y se parte de presumir su legalidad y acierto. <\/p>\n
La presunci\u00f3n, entonces, constituye el objeto preciso y directo del recurso. Al casacionista le corresponde desvirtuarla. Y a la Corte, responder dentro del estricto marco propuesto. Por esto, no le es permitido, en l\u00ednea de principio, replantear cargos mal formuladas, suplir deficiencias o superar inexactitudes o inconsistencias. <\/p>\n
2.2. En com\u00fan a todas las causales de casaci\u00f3n, el numeral 2\u00ba, ib\u00eddem, obliga al censor a formular los cargos por separado \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n en forma clara, precisa y completa\u00bb. <\/p>\n
2.2.1. La \u00abexposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n\u00bb, permite identificar las discrepancias entre el juzgador y el recurrente acerca de lo juzgado. <\/p>\n
Como tiene sentado esta Corporaci\u00f3n, \u00abdesde el punto de vista t\u00e9cnico, no podr\u00eda hablarse de acusaci\u00f3n por sustracci\u00f3n de materia, en la medida en que por tal acci\u00f3n, la de acusar, se entiende la exposici\u00f3n de los cargos contra el acusado2 o contra lo acusado\u00bb3. <\/p>\n
2.2.2. La claridad exige la formulaci\u00f3n de los cargos en forma inteligible y f\u00e1ciles de comprender. No concurre esta exigencia, por ejemplo, cuando se entremezclan causales; y, del mismo modo si se confunden o refunden los motivos casacionales porque conduce a hacer inentendible la acusaci\u00f3n y a dificultar la contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Implica, al decir de la Sala, se\u00f1alar la \u00abv\u00eda y la clase de yerro que se atribuye al ad quem y no abandonarse en su desarrollo el camino escogido\u00bb4. Si lo discurrido \u00abno cuadra ni con una ni con otra causal, en la medida en que tiene cosas de all\u00e1 y de ac\u00e1, su admisi\u00f3n es improcedente\u00bb5. <\/p>\n
2.2.3. El ataque completo impone no solo identificar los argumentos torales que, por s\u00ed, sostendr\u00edan la sentencia, sino combatirlos todos. El recurrente nada sacar\u00eda con acertar en aqu\u00e9llo y pecar en lo otro. La raz\u00f3n estriba en que los fundamentos basilares que se dejan al margen seguir\u00edan prest\u00e1ndole base firme a la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n, tiene sentado la Corte, en doctrina aplicable, \u201c\u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por s\u00ed le presta apoyo suficiente al fallo impugnado, \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d6. <\/p>\n
2.2.4. La precisi\u00f3n, por su parte, exige simetr\u00eda entre los motivos basilares blandidos por el Tribunal y los confutados. El censor, por tanto, debe ser correspondiente. Si desv\u00eda la atenci\u00f3n a cuestiones distintas, no habr\u00eda cargos frente al acusado ni contra lo acusado. <\/p>\n
En casaci\u00f3n, un ataque preciso o enfocado requiere, al decir de la Corte, que \u00abguarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta de que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no a los que objetivamente constituyen el fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque\u00bb7. <\/p>\n
El fundamento de lo anterior descansa en que al confutarse razones no basilares, las que s\u00ed lo son, seguir\u00e1n en firme y con poder suficiente para sostener la decisi\u00f3n, y por consiguiente, la sentencia impugnada, continuar\u00e1 abrigada por la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto. Todo, claro est\u00e1, con independencia del juicio del ad-quem. <\/p>\n
2.4. La violaci\u00f3n directa o mediata de la ley sustancial, exige se\u00f1alar las disposiciones legales en concreto infringidas. El requisito bien puede colmarse se\u00f1alando una \u00abcualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb (numeral 2\u00ba, literal a), art\u00edculo 344, citado, y par\u00e1grafo primero). <\/p>\n
Se trata de una formalidad esencial. En la hip\u00f3tesis de errores probatorios, por ejemplo, de nada servir\u00eda constatar la existencia de los elementos de juicio en el proceso o fijar su contenido objetivo, o darles alcance jur\u00eddico, si no se indica d\u00f3nde cabe el ejercicio de subsunci\u00f3n normativa. Y si es pac\u00edfica u otra cosa, no se sabr\u00eda cu\u00e1l fue el precepto inaplicado, mal aplicado o indebidamente interpretado. <\/p>\n
El incumplimiento de esa exigencia, por tanto, como se tiene decantado en doctrina vigente, priva a la Corte de \u00ab(\u2026) un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u00bb8. <\/p>\n
No cualquier norma, desde luego, califica como sustancial. Tienen ese car\u00e1cter, al decir de la Sala9, \u00fanicamente las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas. Son las que regulan una situaci\u00f3n de hecho seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Se incluyen las que definen los fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen requisitos o elementos, claro est\u00e1, cuando en la definici\u00f3n o descripci\u00f3n otorgan derechos subjetivos. <\/p>\n
2.5. En caso de la comisi\u00f3n de errores de derecho o de hecho probatorios, el numeral 2\u00ba, literal a), inciso 2\u00ba del precepto citado, impone al recurrente cumplir otras cargas. <\/p>\n
2.6. El repaso general de los requisitos formales de toda demanda de casaci\u00f3n, resultaba necesario hacerlo en el caso. Como pasa a verse, el recurrente los incumpli\u00f3. <\/p>\n
2.6.1. La incongruencia no se argument\u00f3. El censor, simplemente, se remiti\u00f3 a los \u201cmismos hechos f\u00e1cticos narrados en los cargos primero y segundo\u201d. <\/p>\n
Esa forma de fundamentar, sin embargo, no es de recibo, dado que la naturaleza jur\u00eddica de uno y otro error es totalmente distinta. La disonancia se entronca con el procedimiento y los errores probatorios con el juzgamiento del pleito. De ah\u00ed que, como son incompatibles, se descarta que puedan servirse rec\u00edprocamente. Esto significa que una argumentaci\u00f3n tal, choca con el requisito de claridad. <\/p>\n
2.6.2. En el cargo segundo, el recurrente \u201cdenuncia la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u201d. Empero, de manera alguna se\u00f1al\u00f3 los preceptos espec\u00edficos de esa naturaleza vulnerados. Para completar, diciendo que el Tribunal le rest\u00f3 \u201cvalidez jur\u00eddica\u201d a las pruebas acopiadas, no indic\u00f3 las normas probatorias transgredidas y esto excluye que haya podido explicar la manera como fueron infringidas. <\/p>\n
2.6.3. El cargo primero es desviado y asim\u00e9trico, lo cual, en adici\u00f3n, es predicable del segundo, as\u00ed lo observado en el punto anterior sea suficiente para inadmitirlo. <\/p>\n
(i) La posesi\u00f3n de la demandante, el Tribunal la reconoci\u00f3 a partir del 18 de diciembre de 2002. En fecha anterior, dijo, simplemente, no era poseedora. Se descubre as\u00ed que las razones trascendentes de la decisi\u00f3n no pod\u00edan buscarse en \u00e9poca pret\u00e9rita a esa data, como a lo largo de los dos cargos en cuesti\u00f3n se pone de presente. En \u00faltimas, son conclusiones probatorias favorables al recurrente. <\/p>\n
Ning\u00fan papel jugaba en casaci\u00f3n, por tanto, el discurso de la censura acerca de lo ocurrido con las sociedades de familia y con la titularidad del dominio del predio; tampoco la entrega en administraci\u00f3n fiduciaria; menos la trasferencia en daci\u00f3n en pago de unas obligaciones. <\/p>\n
(ii) La otra pol\u00e9mica tiene relaci\u00f3n con la cesi\u00f3n de la relaci\u00f3n de tenencia existente entre Luz Stella Montoya de Olah y Miriam Zamora Calder\u00f3n, en su orden, arrendadora e inquilina, a favor de la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., beneficiaria de la entrega del ra\u00edz en daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
El ad-quem sobre el particular asent\u00f3 que la cesi\u00f3n hab\u00eda resultado inoperante. Para que fuera eficaz, dijo, ha debido hacerse \u201cdicha entrega (\u2026) real y material\u201d y \u201cde ello no hay prueba en el expediente\u201d. Todo, agreg\u00f3, la actora cedente lo \u201cdesconoci\u00f3\u201d, al punto de cursar un proceso de lanzamiento con fallo favorable de 18 de diciembre de 2002, y restituci\u00f3n, el 27 de agosto de 2004. <\/p>\n
En los cargos, aparte de expresarse una inconformidad gen\u00e9rica acerca de la valoraci\u00f3n probatoria, a manera de un alegato de instancia, no se confut\u00f3 el particular. En el evento de ser cierto que la eficacia de la cesi\u00f3n se supeditaba a la mentada \u201centrega real y material\u201d, ha debido ponerse de presente que el hecho s\u00ed ocurri\u00f3. Inclusive, en la hip\u00f3tesis de no ser un requisito sustancial para el efecto, debi\u00f3 refutarse en lo estrictamente jur\u00eddico. Como aquello ni esto sucedi\u00f3, debe seguirse, al margen del juicio del sentenciador, que lo espetado al respecto sigue amparado por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, suficiente, por s\u00ed, para sostener en el punto la decisi\u00f3n. <\/p>\n
(iii) Si lo dicho fuera poco, el Tribunal tambi\u00e9n apalanc\u00f3 la posesi\u00f3n irregular de la se\u00f1ora Luz Stella Montoya de Olah, fundamento de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del dominio, en otras pruebas. <\/p>\n
(a) En la escritura de compraventa de diciembre de 2005, respecto de la cual, al hablar de litigios en tr\u00e1mite para materializar la entrega del predio y de una cesi\u00f3n procesal, el juzgador concluy\u00f3 que ni el \u201cantecesor\u201d, la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., \u201cni el actual propietario inscrito ten\u00edan ni han tenido la posesi\u00f3n real del bien inmueble a usucapir\u201d. (b) En las declaraciones de Yamileth Mu\u00f1oz Zapata y Claudia Patricia Ch\u00e1vez Ochoa. (c) Y en un contrato de arrendamiento entre Luz Stella Montoya de Olah y la arrendataria Mar\u00eda Elena D\u00edaz Posso. <\/p>\n
Los cargos primero y segundo no cuestionan lo anterior. Esto significa que se trata de elementos de juicio que, por s\u00ed solos, siguen prest\u00e1ndole base firme a la sentencia impugnada. Inclusive con independencia de las otras supuestas faltas enrostradas. Al margen de la t\u00e9cnica en casaci\u00f3n, como las asociadas con el pago de impuestos y el afirmado incidente de nulidad dentro de la ejecuci\u00f3n donde se practic\u00f3 el secuestro del inmueble y se levant\u00f3 la medida cautelar con base en la posesi\u00f3n, entre otras. En este caso, como arriba se resalt\u00f3, la sentencia \u201cdebe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura\u201d. <\/p>\n
2.7. Aunque lo discurrido es suficiente para inadmitir la demanda de casaci\u00f3n, no hay lugar a observar lo previsto en los art\u00edculos 16 de la Ley 270 de 1996 (modificado por el art\u00edculo 7 de la Ley 1285 de 2009), y 336, in fine, del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorios de la casaci\u00f3n oficiosa y de la selecci\u00f3n positiva de ciertos fallos. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, a\u00fan frente a defectos formales de la demanda de casaci\u00f3n, cuando hay lugar a unificar o corregir la jurisprudencia, o a ejercer un control de legalidad. La oficiosidad, para defender los derechos constitucionales, el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
En todo caso, para esos prop\u00f3sitos se requiere de la presencia de faltas superlativas que hayan trascendido a los derechos y garant\u00edas supralegales de la parte recurrente. Esto significa que el simple hecho de haberse obtenido decisiones adversas, no impone, en el \u00e1mbito constitucional o de convencionalidad10, adoptar correctivos. <\/p>\n
2.7.1. En el plano adjetivo no se observan. Contrastada la actuaci\u00f3n, el ahora recurrente mantuvo intactas las garant\u00edas de defensa y contradicci\u00f3n, al punto de haber arribado a la Corte en casaci\u00f3n. Otra cosa es que en su momento haya dejado de ejercitarlas, por ejemplo, en la r\u00e9plica de la demanda nada dijo sobre el requisito de procedibilidad, raz\u00f3n por la cual, a estas alturas, es un tema que se entiende totalmente superado. <\/p>\n
2.7.2. Lo mismo ocurre en el campo de los hechos y de las pruebas, y en el escenario netamente jur\u00eddico. En general, al no discutirse aspectos torales de la decisi\u00f3n, se interpreta no solo que la parte vencida los acepta, sino que se avienen a la realidad. Y no es caprichosa la conclusi\u00f3n, seg\u00fan la cual, la posesi\u00f3n de la usucapiente solo pod\u00eda computarse a partir de diciembre de 2002, en tanto, exist\u00edan hechos, probaos, que as\u00ed la indicaban. <\/p>\n
El lanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho, a instancia de la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., en 2005, de manera alguna exclu\u00eda posesi\u00f3n, por el contrario, la confirmaba. La defensa de la pretensora en favor de su arrendataria, la querellada, no pod\u00eda tener otra significaci\u00f3n. Adem\u00e1s, la acci\u00f3n policiva supone que la entidad financiera ten\u00eda una relaci\u00f3n material presente con el inmueble, solo que fue perturbada. No obstante, la escritura de compraventa, en ese mismo a\u00f1o, la desvirt\u00faa, al dejarse constancia que la entrega de los primitivos tradentes al adquirente se encontraba subj\u00fadice. <\/p>\n
La mala fe que se predica de la demandante, por \u00faltimo, la censura la ubica en una \u00e9poca en que el Tribunal la descart\u00f3 poseedora. La pol\u00e9mica, en esos contornos, por sustracci\u00f3n de la posesi\u00f3n, sin m\u00e1s, deviene in\u00fatil. Y esto sin tener en cuenta que en ausencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico o \u201ct\u00edtulo de mera tenencia\u201d, en el caso, entre Luz Stella Montoya de Olah y la Corporaci\u00f3n Financiera del Valle S.A., la entonces due\u00f1a, el art\u00edculo 2531, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo Civil, \u201cpresume (\u2026) de derecho la buena fe sin embargo de la falta de un t\u00edtulo adquisitivo de dominio\u201d. Se trata de una presunci\u00f3n que no admite prueba en contrario. <\/p>\n
2.7.3. En la \u00f3ptica de la selecci\u00f3n positiva, tampoco hay lugar a la actuaci\u00f3n de la Corte. Ello, al no aparecer temas asociados con la aplicaci\u00f3n o alcance de una norma sustantiva, menos con diversidad de interpretaciones sobre un mismo punto de derecho, ni con la necesidad de erradicar del ordenamiento el valor de un precedente. <\/p>\n
2.8. Como corolario, se impone inadmitir el libelo examinado, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en los art\u00edculos 346, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara inadmisible la demanda de que se trata, y desierto el recurso de casaci\u00f3n en comento. En consecuencia, ordena devolver el expediente al Tribunal de origen para lo pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
(Presidente de la Sala) <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Casaci\u00f3n Civil. Auto de 2 de junio de 2009, expediente 08749. <\/p>\n
2\u0002 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espa\u00f1ola. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Auto 323 de 15 de diciembre de 2000, expediente 8690; reiterado en providencia de 4 de noviembre de 2015, expediente 2010-00116. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Auto de 19 de febrero de 2010, expediente 03455. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Auto de 19 de enero de 2010, expediente 00017. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 027 de 27 de julio de 1999; reiterada en fallos de 7 de septiembre de 2006 y de 19 de agosto de 2015, y en auto de 22 de agosto de 2011, entre otros muchos. <\/p>\n
7\u0002CSJ. Civil. Sentencia de 26 de marzo de 1999 (CCLVIII-294), reiterada en autos de 19 de diciembre de 2014(expediente 00147), 25 de febrero de 2013 (radicaci\u00f3n 00228), y 30 de abril de 2014 (radicado 00084), entre otros muchos. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 145 de 1\u00ba de octubre de 2004, expediente 7736. <\/p>\n
9\u0002 Cfr. Sentencia 071 de 29 de abril de 2005, expediente 0829, entre otras. <\/p>\n
10\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre de Derechos Humanos o Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, aprobada mediante Ley 16 de 1972. <\/p>\n
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AC3369-2021 (2013-00047-01) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado Ponente AC3369-2021 Radicaci\u00f3n: 76001-31-03-005-2013-00047-01 (Aprobado en Sala de trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55983","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55983","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55983"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55983\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55983"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55983"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55983"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}