AC3374-2021 (2015-00235-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3374-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 17614-31-12-001-2015-00235-01 <\/p>\n
(aprobado en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
1. Los recurrentes convocaron a juicio a la empresa minera Croesus S.A.S. (antes Croesus S.A.), para que se declarara que adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria el derecho de dominio de la mina denominada \u2018La Ratonera Baja\u2019, situada en el \u00absector de Cien Pesos\u00bb del municipio de Marmato (Caldas), \u00abcuya boca mina se encuentra espec\u00edficamente ubicada en las coordenadas X:1.097.949.94 -Y: 1.163.669.12- Cota 1.371.14\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, solicitaron los declararan copropietarios del derecho de dominio sobre el \u00ab[t]\u00edtulo de car\u00e1cter Privado RPP 0357 inscrito en el Registro Nacional Minero Nacional con el n\u00famero de Registro RMN: EDWN-01 bajo el R\u00e9gimen de Propiedad Privada Expediente RPP-357\u00bb. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Los demandantes han realizado actos de explotaci\u00f3n minera, en forma personal y directa, desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os en la mina objeto de las pretensiones, de forma p\u00fablica, pacifica e ininterrumpida, \u00abcon pleno conocimiento y acompa\u00f1amiento de las autoridades competentes, tanto del orden Nacional como regional y municipal\u00bb. <\/p>\n
2. En el mes de enero de 1995 y con el fin de alcanzar la regularizaci\u00f3n de la bocamina que conduce a los trabajos de extracci\u00f3n minera que se realizan en la mina \u2018La Ratonera Baja\u2019, pidieron la legalizaci\u00f3n de su explotaci\u00f3n minera de hecho, calificada como de peque\u00f1a miner\u00eda, conforme al art\u00edculo 58 de la Ley 141 de 1994. <\/p>\n
3. La anterior petici\u00f3n fue denegada por la Delegaci\u00f3n Minera de la Gobernaci\u00f3n de Caldas, aduciendo que \u00abel \u00e1rea solicitada se encontraba en superposici\u00f3n con el Reconocimiento de Propiedad Privada N\u00b0 357 (RPP-0357), identificado as\u00ed en el Catastro Minero de la Agencia Nacional de Miner\u00eda a la cual no se le aplica la normativa minera debido a \u2018que dicha figura no es un t\u00edtulo minero otorgado por el administrador del recurso, sino un derecho de propiedad sobre el suelo y el subsuelo, donde el Estado solo puede intervenir en caso de extinci\u00f3n de derechos de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 29 de la ley 685 de 2001\u00bb (negrillas originales). <\/p>\n
4. La antedicha determinaci\u00f3n tuvo apoyo en la Resoluci\u00f3n 002340 de 24 de junio de 1996, expedida por la Secretar\u00eda de Gobierno del Departamento de Caldas, que efectu\u00f3 una nueva delimitaci\u00f3n de los linderos del Reconocimiento de Propiedad Privada No. 357 a favor de la sociedad minera Echand\u00eda Ltda., de esta manera las nuevas coordenadas abarcan todas las minas localizadas en el sector de \u2018Cien pesos\u2019 del municipio de Marmato que eran de propiedad del Estado, lugar donde precisamente se localiza la mina \u2018La Ratonera Baja\u2019. <\/p>\n
5. La citada compa\u00f1\u00eda minera cedi\u00f3 sus derechos en el RPP 357 a Mistrat\u00f3 S.A., quien ocho (8) a\u00f1os despu\u00e9s, los transfiri\u00f3 a Croesus S.A., hoy Minera Croesus S.A.S., lo que sucedi\u00f3 en forma concurrente con la posesi\u00f3n ejercida por los demandantes, incluso, su permanencia en el yacimiento viene siendo tolerada por \u00ablas sociedades que hist\u00f3ricamente han sido propietarias de dicho t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
6. Los demandantes han ejercido posesi\u00f3n de modo \u2018libre\u2019 y \u2018\u00fatil\u2019, llevando a cabo actos posesorios como el pago de regal\u00edas, avances mineros, labores de car\u00e1cter medio ambiental, carreteables, montajes industriales y el\u00e9ctricos, y \u00abal encontrarse en un Reconocimiento de Propiedad Privada, esta ya deja de pertenecer a la Naci\u00f3n y empieza a pertenecer al titular privado de la propiedad\u00bb, por eso es que \u00abla normatividad aplicable no es la contenida en el C\u00f3digo de Minas\u00bb, sino la contemplada en el C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
<\/p>\n
1. Admitida la demanda, surtido el emplazamiento de las personas indeterminadas y notificado el extremo demandado, este se resisti\u00f3 a la prosperidad de la acci\u00f3n, para lo cual plante\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abacto de se\u00f1or y due\u00f1o por el demandado, improcedencia de la acci\u00f3n [y] falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, fundadas, principalmente, en la realizaci\u00f3n de actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre la mina motivo de usucapi\u00f3n y en que \u00e9sta se encuentra \u00abpor fuera del \u00e1rea del t\u00edtulo minero RPP-357\u00bb [fls. 211-234, c. 1). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Resuelto el conflicto de jurisdicciones suscitado entre el a quo y el Consejo de Estado con ocasi\u00f3n de la prosperidad de la excepci\u00f3n previa de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n\u00bb, se asign\u00f3 el conocimiento al juez civil, quien, en sentencia de 10 de julio de 2019, desestim\u00f3 las pretensiones.<\/p>\n
3. El Tribunal Superior de Manizales, Sala Civil Familia, al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por el extremo activo, con prove\u00eddo del 23 de octubre siguiente, confirm\u00f3 el de su inferior jer\u00e1rquico. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
1. Al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora, el juez plural enfoc\u00f3 su atenci\u00f3n en el requisito de prescriptibilidad del bien cuya adquisici\u00f3n se persigue por v\u00eda de la usucapi\u00f3n, y al efecto, consider\u00f3 no cumplida dicha caracter\u00edstica en el inmueble objeto de las pretensiones. En s\u00edntesis, los argumentos utilizados para arribar a la anterior conclusi\u00f3n fueron los siguientes. <\/p>\n
1.2. Despu\u00e9s de hacer algunas disquisiciones sobre los tipos de prescripci\u00f3n y enunciar los requisitos que son necesarios a fin de configurar la usucapi\u00f3n, entre ellos, el atinente a que el fundo sea susceptible de adquirirse por esa v\u00eda, destac\u00f3 que por mandato constitucional (art\u00edculo 332) el Estado \u00abes propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes\u00bb. <\/p>\n
1.3. Teniendo en mente esa premisa, enfatiz\u00f3 que en desarrollo del precepto superior memorado se expidi\u00f3 la Ley 685 de 2001, actual C\u00f3digo de Minas, en cuyo articulado qued\u00f3 establecida la \u00abinalienabilidad e imprescriptibilidad del subsuelo\u00bb (art\u00edculo 6) y el derecho de los particulares a explorarlo y explotarlo a trav\u00e9s del otorgamiento de t\u00edtulos mineros mediante contratos de concesi\u00f3n debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional, eso s\u00ed, dejando a salvo \u00ablos derechos provenientes de la licencia de exploraci\u00f3n, permisos o licencias de explotaci\u00f3n, contratos de explotaci\u00f3n y contratos celebrados sobre \u00e1reas de aporte vigentes al entrar a regir este c\u00f3digo\u00bb [min. 41:34]. <\/p>\n
1.4. Asimismo, cit\u00f3 lo dispuesto en el canon 29 ibidem para destacar que, si bien la \u00abley permite la transmisi\u00f3n de los t\u00edtulos mineros reconocidos con arreglo a las leyes preexistentes a los particulares, conforme a las normas del derecho privado, no contempla en modo alguno la contingencia de ser adquiridas por v\u00eda de la prescripci\u00f3n y, claro est\u00e1, mal podr\u00eda hacerlo por virtud de restricciones superiores establecidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al tratarse de bienes imprescriptibles\u00bb [min 42:44]. <\/p>\n
1.5. Tambi\u00e9n precis\u00f3 que seg\u00fan la normatividad minera \u00ablos registros de propiedad privada (RPP) sobre las minas no son perpetuos\u00bb, pues est\u00e1n sometidos a una \u00abcondici\u00f3n suspensiva resolutoria\u00bb, esto es, si el titular del registro minero deja de realizar actividades mineras sobre el yacimiento por un lapso de 12 meses \u00abse extingue su derecho y al ocurrir esta circunstancia el dominio sobre los mismos regresan a la cabeza del Estado\u00bb [min 43:37]. <\/p>\n
1.6. Enseguida, con el prop\u00f3sito de ahondar respecto de la imprescriptibilidad de las minas, trajo a colaci\u00f3n lo dispuesto en los art\u00edculos 332 y 333 de la Ley 685 de 2001, en los cuales se enumeran taxativamente los actos y contratos sometidos al Registro Minero y se establece que \u00abno se inscribir\u00e1n y ser\u00e1n devueltos de plano, todos los actos y contratos p\u00fablicos o privados que se presenten o remitan por los particulares o las autoridades\u00bb [min 44:01], lo anterior para ultimar que \u00aben ning\u00fan caso se predica la inscripci\u00f3n de sentencias proferidas dentro de los juicios de pertenencia\u00bb [min. 45:06]. <\/p>\n
2. Fincado en ese entendimiento, el Tribunal hall\u00f3 dos escenarios posibles en la controversia: en primer lugar, que la empresa demandada \u00abse encuentra desarrollando sobre el fundo que se pretende usucapir, actividades propias de su objeto social, esto es, labores inherentes a la miner\u00eda\u00bb [min. 45:33], lo que permitir\u00eda concluir que, \u00abel actor no est\u00e1 ejerciendo actos de posesi\u00f3n sobre el inmueble pretendido porque sobre un mismo bien no pueden estarse ejercitando simult\u00e1neamente diferentes personas, actos propios de dominio y actos propios de posesi\u00f3n. Estos actos de dominio fueron expresamente reconocidos\u00bb [min. 45:50]; en segundo t\u00e9rmino, si se aceptara que los demandantes vienen poseyendo el fundo desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os, entonces, la empresa convocada no realiz\u00f3 actividades mineras por espacio de 12 meses, por ende \u00abhabr\u00eda perdido su registro y consecuencialmente el inmueble debe regresar al Estado y por lo mismo ser\u00eda un bien imprescriptible\u00bb [min. 43.36], puesto que, \u00ablos derechos de propiedad de las minas se extinguen a favor de la naci\u00f3n al salir de la esfera del control del titular del reconocimiento y propiedad privada, merced a las causales legales que as\u00ed lo disponen la normativa minera\u00bb [min. 47:22], de modo que, al extinguirse la propiedad privada en cabeza de la sociedad demandada, el predio retorn\u00f3 al dominio del Estado, lo que determina la imposibilidad de adquirirlo por prescripci\u00f3n, al ser imprescriptible de conformidad con el canon 332 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En apoyo de esta \u00faltima tesis, cit\u00f3 un concepto emanado de la Agencia Nacional de Miner\u00eda, del que concluy\u00f3 que \u00ablas minas son objeto de contrataciones permitidas solo por la ley, como cesiones entre las partes o por muerte, e inclusive constituirse grav\u00e1menes, pero al cesar sus efectos jur\u00eddicos, regresan por el fen\u00f3meno de la extinci\u00f3n, no de la prescripci\u00f3n, a ser propiedad de la naci\u00f3n\u00bb [min 52:37]. <\/p>\n
3. De otra parte, estim\u00f3 que contrario a lo expuesto por los apelantes, el Consejo de Estado al declarar su falta de competencia para conocer del pleito, no apunt\u00f3 a establecer que el fundo es susceptible de usucapi\u00f3n, sino que \u00abdesde el punto de vista procesal no hab\u00eda necesidad de integrar el litis consorcio con las autoridades p\u00fablicas toda vez que no ostentan intereses que pudieran verse permeados por el fallo que resolver\u00eda este debate\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo expuesto, confirm\u00f3 lo decidido en la primera instancia. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra el fallo del ad quem, los convocantes instauraron el recurso de casaci\u00f3n, para sustentarlo formularon un \u00fanico cargo, con apoyo en el primer motivo consagrado en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Los recurrentes denuncian la violaci\u00f3n directa de las disposiciones 332 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, los art\u00edculos 5\u00b0 (inciso segundo), 14 (inciso segundo) y \u00ab28 de la Ley 685 de 2001\u00bb, los c\u00e1nones 1\u00b0 y 3\u00b0 de la Ley 20 de 1969 y el precepto 2518 del C\u00f3digo Civil. Para sustentar la acusaci\u00f3n, arguyen que el Tribunal se equivoc\u00f3 \u00abpor err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas citadas\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, la infracci\u00f3n se habr\u00eda cometido porque el Tribunal tuvo en cuenta \u00fanicamente la \u00abparte general de las normas\u00bb cuya infracci\u00f3n se reclama, para de ah\u00ed concluir la imprescriptibilidad de los \u00abreconocimientos de propiedad privada\u00bb y, por contera, del subsuelo. Al respecto, destac\u00f3 que el art\u00edculo 332 de la Norma Fundamental regula lo relativo a la propiedad del Estado sobre el \u00absubsuelo y los recursos naturales\u00bb, eso s\u00ed, \u00absin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que la salvedad aludida encuentra desarrollo en los art\u00edculos 5 y 14 de la Ley 685 de 2001, los cuales consagran, de un lado, la titularidad de los minerales en cabeza del Estado y, de otra parte, la protecci\u00f3n de las \u00absituaciones jur\u00eddicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de t\u00edtulos de propiedad privada de minas perfeccionadas con arreglo a las leyes preexistentes\u00bb, con lo que surge para los particulares la posibilidad de adquirir el dominio del \u00absuelo y del subsuelo mediante un t\u00edtulo de propiedad privada\u00bb y el derecho a explorar y explotar una mina mediante un contrato de concesi\u00f3n. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, trascribi\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 28 ibidem y con observancia en ello predic\u00f3 que los t\u00edtulos o \u00abreconocimientos de propiedad privada\u00bb hacen parte del tr\u00e1nsito comercial y, por lo tanto, pueden ser objeto de \u00abenajenaci\u00f3n, cesi\u00f3n, ser heredados, ser gravados (\u2026)\u00bb, incluso, obtenidos por cualquiera de los modos para \u00abganar el dominio\u00bb, entre estos, la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, concluyeron que los reconocimientos de propiedad privada (RPP) sobre yacimientos \u00abson por excelencia un derecho real de dominio (\u2026) y, por tanto, se rigen por el derecho privado, raz\u00f3n por la cual no se puede decir que se trata de un bien imprescriptible\u00bb, de ah\u00ed que, la mina objeto de la controversia al tratarse de un bien privado \u00abque se encuentra en el comercio puede ser adquirida por prescripci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, al suscitar el conflicto de competencia el Consejo de Estado consider\u00f3 que se trataba de una disputa entre particulares con relaci\u00f3n a la propiedad de un yacimiento, de lo contrario, de apreciar que el \u00absubsuelo donde se encuentra ubicada la mina La Ratonera Baja era de propiedad de la naci\u00f3n\u00bb, hubiese avocado el conocimiento del asunto y adelantado el \u00abproceso de pertenencia instaurado\u00bb. <\/p>\n
Al cierre de la denuncia, los censores pusieron de presente que, de las pruebas documentales y testimoniales obrantes en el plenario, se acreditan los actos de \u00abse\u00f1or y due\u00f1o\u00bb ejercidos en el fundo motivo de sus aspiraciones. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Caracter\u00edstica esencial de este medio de defensa es su condici\u00f3n extraordinaria, por la cual no todo desacuerdo con lo resuelto permite adentrarse en su examen de fondo, sino que es necesario que se erija en cualquiera de las causales taxativamente establecidas. <\/p>\n
Se ha dicho, asimismo, que es ineludible la obligaci\u00f3n de respaldar la inconformidad mediante una demanda que \u00abllene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01, reiterada en AC2709, 19 oct. 2020, rad. 2017-00076-01). <\/p>\n
2. La admisi\u00f3n del libelo depende del acatamiento cabal de las formalidades del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. Son exigidas la designaci\u00f3n de las partes, una s\u00edntesis del sumario, de los hechos y de las pretensiones materia del litigio y la formulaci\u00f3n separada de los cargos en contra de la providencia recurrida, con la exposici\u00f3n de sus fundamentos en forma clara, precisa y completa. <\/p>\n
El escrito, de ninguna manera, puede ser an\u00e1logo a un alegato de instancia, pues se requiere que explique y demuestre las espec\u00edficas trasgresiones de la ley en que incurri\u00f3 el sentenciador, de ah\u00ed que \u00ablos argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule\u00bb (AC 28 sep. 2004, AC3769, 9 jul. 2014, rad. 2008-00530-01). <\/p>\n
Esa claridad y precisi\u00f3n a las que se alude, no constituyen per se cargas irracionales que impidan acceder a la casaci\u00f3n, sino requerimientos m\u00ednimos que imponen los postulados elementales de la l\u00f3gica, sin que pueda quedar limitada a un escueto discurso ret\u00f3rico, especulativo o de confrontaci\u00f3n de criterios con los expuestos en la sentencia, pues el censor tiene la tarea de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto que, en principio, cobija este pronunciamiento. <\/p>\n
3. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, no basta la citaci\u00f3n indiscriminada de normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que haya debido serlo; resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599, 27 ago. 2018, rad. 2015-00704). <\/p>\n
Acorde con lo antedicho, cuando se predique violaci\u00f3n directa: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia, pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el follador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb. (SC 15 nov. 2012, rad. 2008-00322-01, SC 4 abr. 2013, rad. 2004-00457-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Con vista en lo anterior, el cargo planteado en la demanda de casaci\u00f3n no satisface los requisitos legales que establece el legislador y por ello, ser\u00e1 inadmitido, por las siguientes razones. <\/p>\n
4.1. En primer lugar, la Corte encuentra que la censura resulta desenfocada y contraevidente, pues aunque el sentenciador de segundo grado se vali\u00f3 de lo ordenado en el art\u00edculo 332 de la Norma Fundamental, tambi\u00e9n analiz\u00f3 lo dispuesto en los art\u00edculos 6 y 29 de la Ley 685 de 2001, en punto a concluir que si bien el Estado \u00abpermite la transmisi\u00f3n de los t\u00edtulos mineros reconocidos de acuerdo a las leyes preexistentes a los particulares, conforme a las normas del derecho privado, no contempla en modo alguno la contingencia de ser adquiridas por v\u00eda de la prescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Entonces, no es cierto como lo afirman los censores que el sentenciador de segundo grado acudi\u00f3 a postulados generales en torno a la imprescriptibilidad de las minas, pues, en verdad, el ad quem hizo un estudio de las disposiciones sustantivas y de las excepciones previstas en el C\u00f3digo Minero para llegar a la conclusi\u00f3n memorada, de ah\u00ed que la denuncia planteada no guarde precisi\u00f3n con los razonamientos utilizados por el juzgador plural para desestimar las pretensiones. <\/p>\n
4.2. Aunado a ello, el reproche tambi\u00e9n es incompleto, toda vez que los impugnantes no rebatieron la totalidad de los razonamientos de la sentencia de segunda instancia. En efecto, la censura deja de lado la interpretaci\u00f3n que hizo el Tribunal del canon 29 ibidem, el cual le sirvi\u00f3 para ultimar que el yacimiento memorado pese a contar con \u00abReconocimiento de Propiedad Privada\u00bb, no es susceptible de ser adquirido por prescripci\u00f3n, ya que si se deja de explotar por espacio de 12 meses \u00abregresan por el fen\u00f3meno de la extinci\u00f3n, no de la prescripci\u00f3n, a ser propiedad de la naci\u00f3n\u00bb. En otras palabras, no refutaron que, ante la falta de explotaci\u00f3n del titular del RPP 357, se podr\u00eda producir la extinci\u00f3n de ese derecho al particular que abandona la explotaci\u00f3n de la mina, pero en favor del Estado y no de otro interesado, pues as\u00ed lo establece el art\u00edculo 29 ibidem. <\/p>\n
Tampoco disputaron la premisa a la que lleg\u00f3 el ad quem al interpretar lo dispuesto en los art\u00edculos 332 y 333 \u00eddem, relacionada con la imposibilidad de inscribir una sentencia de pertenencia en el Registro Minero, al cual \u00fanicamente acceden los actos taxativos que enuncia ese estatuto, entre los que no se encuentra una providencia de ese linaje. <\/p>\n
En este orden de ideas, los reclamantes no atacaron la argumentaci\u00f3n central del prove\u00eddo controvertido, en punto a demostrar que el juzgador de segunda instancia err\u00f3 al interpretar las distintas disposiciones que le sirvieron de fundamento a su resoluci\u00f3n, de modo que hubiera podido fallar de manera diversa los extremos de la litis. <\/p>\n
5. En esas condiciones, el cargo formulado en la demanda no cumple los requisitos formales de precisi\u00f3n y completitud contemplados en el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que, se dispondr\u00e1 la inadmisi\u00f3n del escrito mediante el cual se sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria incoada contra la sentencia de 23 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro del juicio referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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AC3374-2021 (2015-00235-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3374-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 17614-31-12-001-2015-00235-01 (aprobado en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) I. ANTECEDENTES A. La pretensi\u00f3n 1. Los recurrentes convocaron a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-55986","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55986","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55986"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55986\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55986"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55986"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55986"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}