AC3381-2021 (2017-00005-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3381-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 13001-31-03-003-2017-00005-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Sala a decidir sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Rodolfo Succar Chediac para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2019, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso adelantado por Edilma Elena Garc\u00eda Ram\u00edrez y Lourdes Mar\u00eda P\u00e9rez Rodr\u00edguez al aqu\u00ed recurrente, Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas y Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Edilma Elena Garc\u00eda Ram\u00edrez y Lourdes Mar\u00eda P\u00e9rez Rodr\u00edguez pidieron declarar la simulaci\u00f3n absoluta de las escrituras p\u00fablicas de compraventa n\u00ba 220 y 414, otorgadas ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Cartagena, ordenar la cancelaci\u00f3n de su registro en el folio n\u00ba 060-261528 y la supresi\u00f3n de las matr\u00edculas n\u00ba 060-298143 y 060-298144, correspondientes a la divisi\u00f3n efectuada el 30 de marzo de 2016 (E.P. n\u00ba. 1161). <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
2. A trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica n\u00ba 220, protocolizada el 26 de enero de 2015 y aclarada el 6 de febrero siguiente (E.P. n\u00ba. 414), el citado deudor enajen\u00f3 los lotes 2 (M.I. 060-285413), 3 (M.I. 060-285414) y el 82.38%1 del 5 (M.I. 060-261528), ubicados en \u00e1rea rural de la ciudad de Cartagena, a Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S.2; adem\u00e1s, vendi\u00f3 el 17.62%3 del \u00faltimo fundo a Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas. El valor total del negocio ascendi\u00f3 a la suma de $300.000.000; empero, ninguno de los compradores cancel\u00f3 dinero alguno por la transacci\u00f3n. <\/p>\n
3. El aval\u00fao real de la propiedad objeto de la negociaci\u00f3n es superior a treinta mil millones de pesos. <\/p>\n
4. El 30 de marzo de 2016, mediante el instrumento escritural n\u00b0 1161, los fingidos condue\u00f1os acordaron liquidar la comunidad, dividiendo el lote 5 en tres partes completamente independientes, denomin\u00e1ndolas \u201cparcela 5\u201d (M.I. 060-261528), \u201cparcela 5A\u201d (M.I. 060-298143) y \u201cparcela 5B\u201d (M.I. 060-298144). <\/p>\n
5. La verdadera intenci\u00f3n de los contratantes fue \u201cproteger\u201d el patrimonio del moroso frente al compulsivo iniciado por sus acreedoras, lo cual se extrae de la falta de pago del irrisorio precio pactado y la permanencia del terreno en poder del aparente vendedor. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena, en auto de 31 de enero de 2017, admiti\u00f3 la demanda (folio 65, cno. principal). <\/p>\n
2. Notificados, los integrantes de la pasiva manifestaron oposici\u00f3n a las pretensiones del escrito introductor, alegando la falta de legitimaci\u00f3n de las convocantes, por no existir \u201cobligaci\u00f3n alguna a cargo del demandado\u201d. Al respecto, explicaron que mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 731 de 2 de marzo de 2015, el deudor suscribi\u00f3 contrato de compraventa de una porci\u00f3n de terreno, con el apoderado de las actoras, quien lo recibi\u00f3 como pago del cr\u00e9dito y, si bien, pactaron la retroventa, en instrumento n\u00ba 1398 de 15 de abril de 2016, declararon el vencimiento del plazo fijado para ejercerla (6 meses) y, por tanto, la perfecci\u00f3n del negocio mediante el cual se sald\u00f3 la acreencia (folios 103 a 110 y 127 a 134, \u00eddem). <\/p>\n
3. En sentencia proferida el 4 de abril de 2019, el a-quo acogi\u00f3 las pretensiones de la parte impulsora del juicio. Hall\u00f3 demostrado su inter\u00e9s en el litigio, por cuanto la ejecuci\u00f3n iniciada en contra del supuesto enajenante no culmin\u00f3 por pago, toda vez que quien particip\u00f3 en la negociaci\u00f3n antes descrita no obr\u00f3 en representaci\u00f3n de las titulares de la obligaci\u00f3n; en relaci\u00f3n con los convenios cuestionados, evidenci\u00f3 su simulaci\u00f3n en atenci\u00f3n al \u00ednfimo precio acordado, la falta de pago y el hecho de no haber sido entregados los predios a los compradores (folios 326 a 328, \u00eddem). <\/p>\n
4. Inconformes, los demandados formularon apelaci\u00f3n (folios 329 a 338, \u00eddem). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Con fundamento en los mismos hallazgos del juzgador de primer nivel, el Tribunal consider\u00f3 probada la legitimaci\u00f3n de las demandantes, pues el lote no fue transferido a ellas sino a quien fung\u00eda como su apoderado en el coercitivo, lo cual no lo habilitaba para recibir en su nombre; aun de tener por cierto que lo pretendido fue cancelar las obligaciones incorporadas en las letras de cambio, el valor por el cual se llev\u00f3 a cabo tal negociaci\u00f3n fue de $8.000.000; en cambio, aquellas ascienden a la suma de $1.140.000.000 m\u00e1s los intereses de ley. <\/p>\n
Al adentrarse en el estudio de los presupuestos de la acci\u00f3n incoada, record\u00f3 sus diferencias con la pauliana, relievando que, contrario a lo alegado por la pasiva, en la primera, el interesado no est\u00e1 obligado a acreditar la mala fe ni la insolvencia de su deudor, bastando simplemente develar la apariencia del acto o contrato censurado, cuyo perjuicio tiene una connotaci\u00f3n m\u00e1s amplia al no residir \u201cen la disminuci\u00f3n de la garant\u00eda general de los acreedores, [sino] en las dificultades o contingencias a que queda sometido el ejercicio de un derecho, el cual, por ende, se coloca en peligro de perderse\u201d. <\/p>\n
Analizados los convenios ajustados por el vendedor con la sociedad Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S., determin\u00f3 su simulaci\u00f3n, pues el precio pactado frente al aval\u00fao comercial ($360.000.000.000), fue exiguo y, en todo caso, no cubierto; la supuesta compradora no demostr\u00f3 capacidad econ\u00f3mica ni declar\u00f3 la adquisici\u00f3n ante la DIAN; no se probaron los movimientos bancarios del pago ni su destino, pues el due\u00f1o se limit\u00f3 a manifestar que hab\u00eda pasado \u201cde un bolsillo al otro\u201d el dinero, sin justificar la decisi\u00f3n de enajenar gran parte de sus activos, en torno a lo cual asever\u00f3 tener \u201cuna hermana peligrosa, me falsifica escritura\u201d; no obstante, no soport\u00f3 probatoriamente su dicho. <\/p>\n
En lo tocante con la porci\u00f3n de terreno transferida a Jos\u00e9 Gabriel Pereira Llamas, encontr\u00f3 m\u00e9rito para mantener su presunci\u00f3n de veracidad, por cuanto ambos contratantes coincidieron en afirmar que el lote fue dado en pago de los honorarios por la representaci\u00f3n judicial efectuada en un juicio de pertenencia anterior, tesis no desvirtuada por las aqu\u00ed gestoras, quienes ten\u00edan la carga de hacerlo. <\/p>\n
En esa medida, modific\u00f3 la sentencia emanada del a-quo, para dejar en pie el \u00faltimo negocio. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre un cargo, fundado en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Con apoyo en el segundo motivo de casaci\u00f3n, se atribuye al fallo la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 77, 176, 191 y 597 numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, como consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
Para el inconforme, el yerro f\u00e1ctico consisti\u00f3 en la indebida apreciaci\u00f3n de \u201cla demanda y sus anexos\u201d, piezas con base en las cuales se estableci\u00f3 la ausencia de movimientos bancarios en las cuentas de la compa\u00f1\u00eda Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S., entre el 1\u00ba de enero y el 28 de febrero de 2015, deduciendo de ello un indicio de la simulaci\u00f3n, cuando bien pudo tratarse de una \u201cdonaci\u00f3n o aporte a la sociedad seg\u00fan (\u2026) los art\u00edculos 3\u00ba [y] 45 de la Ley 1258 de 2008, en concordancia con el 98 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed su respuesta en el interrogatorio de parte acerca de haber tomado su dinero \u201cde un bolsillo pas\u00e1ndolo al otro\u201d, pues, contrario a lo entendido por el Tribunal, es perfectamente l\u00edcito constituir una sociedad de su exclusiva propiedad y transferirle bienes para capitalizarla. <\/p>\n
El ad-quem tambi\u00e9n err\u00f3 al inferir la apariencia del negocio, de la comunicaci\u00f3n expedida por la DIAN donde inform\u00f3 que la compra de los fundos no fue declarada por la mencionada empresa, en tanto \u201cpudo haber[se] (\u2026) omiti[do] por razones fiscales, siendo usual en el medio\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dedujo equivocadamente una confesi\u00f3n acerca de la permanencia de los bienes en su poder, cuando para establecer la titularidad del inmueble \u201cbastaba consultar el certificado de tradici\u00f3n y libertad aportado con la demanda\u201d sin que fuera procedente acudir a otros medios de prueba. <\/p>\n
Reproch\u00f3, igualmente, la preterici\u00f3n del dictamen de aval\u00fao comercial practicado en las diligencias, pues de all\u00ed surg\u00eda palmaria la cabida total de sus tierras, de las cuales solo \u201cse trasladaron a la sociedad Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S., hect\u00e1reas (sic) quedando del predio hect\u00e1reas (sic), pues era el de mayor extensi\u00f3n el que continu\u00f3 en cabeza [suya]\u201d, luego, las negociaciones denunciadas no desmejoraron su patrimonio y mucho menos pod\u00eda predicarse su insolvencia. <\/p>\n
De otra parte, para el recurrente, el fallador infringi\u00f3 los art\u00edculos 1625 y 1881 del C\u00f3digo Civil, al reconocer legitimaci\u00f3n por activa a las demandantes, pese a estar acreditado que ellas coadyuvaron la solicitud de levantamiento de medidas cautelares en el recaudo judicial adelantado en su contra, por haber llegado a un acuerdo de pago, consistente en la tradici\u00f3n de dos hect\u00e1reas de su heredad para saldar la obligaci\u00f3n all\u00ed cobrada. <\/p>\n
Sin embargo, el Tribunal hizo caso omiso a las escrituras p\u00fablicas n\u00ba 731 de 2 de mayo de 2015 y 1398 de 15 de abril de 2016, donde cristaliz\u00f3 aquella promesa, transfiriendo la propiedad de una parte de sus terrenos al apoderado de las gestoras, quienes, asalt\u00e1ndolo en su buena fe, negaron la satisfacci\u00f3n de la prestaci\u00f3n a su cargo. <\/p>\n
Para finalizar, critic\u00f3 la falta de pronunciamiento en relaci\u00f3n con las pretensiones atinentes a la escritura p\u00fablica n\u00b0 1161 protocolizada el 30 de marzo de 2016 y la anuencia de sus contendoras al guardar silencio, destacando que, en todo caso, \u201cel hecho de dividir un predio jam\u00e1s ser\u00eda requisito para la procedencia de la simulaci\u00f3n de un contrato de compraventa\u201d. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria del recurso de casaci\u00f3n exige una sustentaci\u00f3n con cimiento en alguna de las causales taxativamente consagradas en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso y desarrollada con observancia de los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 344 del mismo ordenamiento, pues no todo desacuerdo con el veredicto confutado, permite el estudio de fondo de la cuesti\u00f3n litigiosa. <\/p>\n
2. Las sentencias objeto de impugnaci\u00f3n pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros, la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u201cde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u201d4 (indirecta). <\/p>\n
2.1. En cualquiera de los dos casos, el censor debe se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime infringidos, para lo cual ser\u00e1 suficiente denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base substancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido quebrantado, sin que sea imprescindible integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa. <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose del segundo motivo habilitante de la impugnaci\u00f3n, a m\u00e1s de invocar los mandatos materiales transgredidos, se le impone al recurrente la carga de manifestar la manera como el enjuiciador incurri\u00f3 en el quebranto. <\/p>\n
En esa tarea, al censor le corresponde discutir los razonamientos basilares y los instrumentos sobre los cuales se ciment\u00f3 la decisi\u00f3n reprochada, con el objeto de desvirtuarlos, se\u00f1alando la incidencia de los errores cometidos y la forma como \u00e9stos llevaron a la desatenci\u00f3n de las disposiciones invocadas, su contundencia, e inconsistencia entre lo acreditado objetivamente por tales probanzas y las conclusiones del sentenciador, am\u00e9n de que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto (CSJ SC de 9 de agosto de 2010, rad. 2004-00524-01\u00bb (subrayado fuera del texto) (CSJ SC1905, 4 jun. 2019, rad. 2011-00271-01, reiterada en CSJ SC003, 18 ene. 2021, rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
3. La demanda de casaci\u00f3n presentada no re\u00fane los requisitos que establece el legislador y por ello, ser\u00e1 inadmitida. <\/p>\n
3.1. El discrepante desatendi\u00f3 su carga de se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial inobservados por el ad quem, porque si bien denunci\u00f3 como vulnerada una serie de normas, las mismas o bien no poseen la se\u00f1alada naturaleza, o son ajenas a la controversia. <\/p>\n
En efecto, los art\u00edculos 77, 176, 191 y el numeral 1\u00ba del 597 del C\u00f3digo General del Proceso, se ocupan, en su orden, de regular las facultades de los apoderados judiciales, la forma correcta de apreciar las pruebas, los requisitos de la confesi\u00f3n y los eventos en los cuales es viable el levantamiento de una medida cautelar, de donde deviene claro que \u00fanicamente disciplinan la actividad procesal y, por ende, carecen de las caracter\u00edsticas necesarias para soportar el ataque por la v\u00eda elegida. <\/p>\n
A su turno, los c\u00e1nones 1625 y 1881 del C\u00f3digo Civil, encargados de establecer las formas de extinguir las obligaciones y definir a qui\u00e9n corresponde asumir los costos de la entrega y transporte de la cosa vendida, no son los llamados a gobernar el asunto materia de discusi\u00f3n, tocante, de un lado, con la legitimaci\u00f3n de quienes ejercieron la acci\u00f3n y, de otro, con el fingimiento de una compraventa de ciertas porciones de terreno, celebrada entre el deudor de las demandantes y la compa\u00f1\u00eda Desarrollo de Bienes Ra\u00edces S.A.S. <\/p>\n
De manera que ninguno de los preceptos cuya infracci\u00f3n se denunci\u00f3, son aptos para cimentar la acusaci\u00f3n enarbolada contra la sentencia proferida en la segunda instancia, raz\u00f3n suficiente para inadmitir la censura. <\/p>\n
3.2. A\u00fan si se hiciese abstracci\u00f3n de las mencionadas falencias, el embate no pasa de constituir un simple alegato de instancia, en cuya sustentaci\u00f3n el disidente plantea novedosas e hipot\u00e9ticas teor\u00edas para exponer su particular visi\u00f3n sobre el m\u00e9rito probatorio de algunos elementos cognitivos analizados en el fallo, olvidando por completo la t\u00e9cnica casacional. <\/p>\n
Tampoco llev\u00f3 a cabo la labor de confrontaci\u00f3n entre las pruebas que sirvieron de sustento a la tesis acogida por el juzgador plural y lo realmente derivado de ellas, siendo de su resorte evidenciar, y no simplemente enunciar, los errores endilgados a la autoridad decisora. Recu\u00e9rdese, \u201c[e]l impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u2018si impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u2019 (CSJ AC3661, 18 dic. 2020, rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, el escrito introductor no satisface los presupuestos para su selecci\u00f3n de oficio, pues el fallo no vulner\u00f3 los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irrog\u00f3 agravios que deban ser reparados; no <\/p>\n
amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento unificador de jurisprudencia respecto del tema discutido. <\/p>\n
Las razones anotadas ratifican la inadmisi\u00f3n del libelo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia de 6 de noviembre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso rese\u00f1ado. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. An\u00f3tese su salida. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 187.000 m\u00b2. <\/p>\n
2\u0002 Constituida el 29 de julio de 2014, por el demandado, como \u00fanico socio, con un capital de $10.000.000. <\/p>\n
3\u0002 40.000 m\u00b2. <\/p>\n
4\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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