AC3527-2021 (2021-02482-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3527-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02482-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Resuelve la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Octavo Civil Municipal de Manizales y Segundo Civil Municipal de Armenia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer Despacho, Alpha Capital S.A.S. demand\u00f3 ejecutivamente a Brigette Carmona Hern\u00e1ndez con base en el pagar\u00e9 n\u00b0 1051078 y asign\u00f3 la competencia, entre otras circunstancias, \u00abseg\u00fan se estipul\u00f3 en la cl\u00e1usula 5 (\u2026) lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, en concordancia del art\u00edculo 28 No 3 competencia territorial del CGP\u00bb. <\/p>\n
2. Esa sede se rehus\u00f3 a conocer el proceso, pues estim\u00f3 que en la \u00abcl\u00e1usula quinta\u00bb de las instrucciones las partes \u00abpactaron un lugar de domicilio contractual para efectos judiciales\u00bb que deb\u00eda \u00abtenerse por no escrita\u00bb, de manera que si el pagar\u00e9 no establec\u00eda el lugar de cumplimiento en esa ciudad era necesario acudir a la regla general prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, al domicilio de la demandada, que dedujo situado en Armenia porque all\u00ed fue suscrito el t\u00edtulo valor y se ubica la direcci\u00f3n donde la ejecutada recibe notificaciones (9 may. 2021). <\/p>\n
3. A su turno, el estrado receptor rebati\u00f3 las inferencias de su antecesor, destac\u00f3 que su designaci\u00f3n obedeci\u00f3 a la \u00abliteralidad del t\u00edtulo\u00bb y que no pod\u00eda asimilar la vecindad de la ejecutada con la nomenclatura informada para enterarla de la existencia del recaudo. Por consiguiente, propuso la presente colisi\u00f3n (6 jul. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Comoquiera que la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre funcionarios de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla como superior funcional com\u00fan de ellos, por conducto del suscrito Magistrado Sustanciador en Sala Unitaria, como lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El ordenamiento jur\u00eddico consagra las pautas que orientan la distribuci\u00f3n de las controversias ya sea que la determine uno o varios factores. En punto al territorial, el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en su numeral 1\u00ba, prev\u00e9 como regla general que \u00ab[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n en contrario, es competente el Juez del domicilio del demandado\u00bb y a\u00f1ade que si \u00abson varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su turno, el numeral 3\u00ba de la misma norma establece que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, de suerte que en los juicios coercitivos el promotor estar\u00e1 facultado para elegir el territorio donde desea adelantarlos conforme a cualquiera de esas directrices; eso s\u00ed, deber\u00e1 concretar el criterio conforme al cual lo adjudica y, por supuesto, indicar sin equ\u00edvocos el domicilio del interpelado o el lugar de cumplimiento de la prestaci\u00f3n, seg\u00fan el par\u00e1metro seleccionado. <\/p>\n
Realizada la escogencia, al juzgador le corresponde respetarla e impulsar el litigio, sin perjuicio de que oportunamente el demandado la cuestione, evento en el cual le corresponder\u00e1 precisar y acreditar las razones por las que disiente. <\/p>\n
3. En el caso particular, la accionante realiz\u00f3 la atribuci\u00f3n con fundamento en el lugar de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la ejecutada, prevalida para ello de la informaci\u00f3n que consta en el pagar\u00e9 n\u00b0 1051078 base de recaudo, en cuyo encabezado claramente se establece que la deudora pagar\u00eda su importe en \u00abManizales\u00bb, y si bien es cierto ese espacio destinado al \u00abLugar del Pago\u00bb inicialmente aparec\u00eda en blanco, en l\u00ednea de principio, debe admitirse que fue diligenciado con estribo en las instrucciones otorgadas para llenar el cartular, cuya cl\u00e1usula quinta, en lo pertinente, establece que el \u00abespacio en blanco correspondiente al lugar de pago ser\u00e1 diligenciado con el lugar del domicilio del deudor o con cualquier otro lugar donde el acreedor pueda demandar al deudor\u00bb. <\/p>\n
Quiere esto decir que, en rigor, la precursora estaba autorizada para llenar los espacios en blanco del pagar\u00e9 respecto del sitio en que deb\u00eda satisfacerse la prestaci\u00f3n con apego a esas puntuales directrices que otorg\u00f3 la deudora (cfr. art. 622 C.Cio.), que ninguno de los funcionarios cognoscentes pod\u00eda desconocer, sin perjuicio, claro est\u00e1, que en una etapa subsiguiente del litigio y a trav\u00e9s de los mecanismos procesales pertinentes la opositora disienta de esa asignaci\u00f3n de competencia o controvierta la manera como se materializaron las instrucciones que dio. <\/p>\n
Desde esta \u00f3rbita, aparece claro que la primera servidora se equivoc\u00f3 al negarse a impulsar la contienda por cuanto estaban dadas las condiciones para asumirla debido a la pauta tercera del mencionado art\u00edculo 28 procesal, m\u00e1xime porque se apart\u00f3 del caso al amparo de un prematuro debate sobre la legitimidad de las instrucciones otorgadas por la suscriptora del cartular, en medio del cual pas\u00f3 por alto la potestad que asist\u00eda a las partes de fijar el \u00ablugar de cumplimiento o ejercicio del derecho\u00bb all\u00ed contenido (Cfr. arts. 4 y 824 C. Cio.), que mal pod\u00eda asimilar a un \u00abdomicilio contractual para efectos judiciales\u00bb; imprecisiones a las que se suma la errada creencia que la localidad se\u00f1alada en el ac\u00e1pite de notificaciones de la interpelada (Armenia) pod\u00eda producir alg\u00fan efecto como si se tratara de su domicilio, a pesar de la evidente diferencia de tales conceptos, como lo tiene ampliamente decantado la jurisprudencia al indicar que, <\/p>\n
(\u2026) no es factible confundir el domicilio, entendi\u00e9ndose por tal, en su acepci\u00f3n m\u00e1s amplia, como la residencia acompa\u00f1ada, real o presuntivamente, del \u00e1nimo de permanecer en ella, con el sitio donde puede ser notificado el demandado, \u2018pues este solamente hace relaci\u00f3n al paraje concreto, dentro de su domicilio o fuera de \u00e9l, donde aquel puede ser hallado con el fin de avisarle de los actos procesales que as\u00ed lo requieran\u2019 (auto del 6 de julio de 1999), ya que suele acontecer \u2018que no obstante que el demandado tenga su domicilio en un determinado lugar, se encuentre de paso (transe\u00fante), en otro donde puede ser hallado para efectos de enterarlo del auto admisorio de la demanda (CSJ AC 20 de noviembre de 2000, rad. 0057, reiterado en AC3888-2017, AC2254-2018, AC2951-2018, CSJ AC3246-2018, AC3596-2018 entre otros). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la actuaci\u00f3n retornar\u00e1 a la oficina primigenia, toda vez que se desprendi\u00f3 de ella sin justificaci\u00f3n admisible. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Manizales es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n instaurada por el Alpha Capital S.A.S. contra Brigette Carmona Hern\u00e1ndez <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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