AC3549-2021 (2021-02594-00)<\/p>\n
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AC3549-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02594-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda y Civil del Circuito de Moniquir\u00e1, en la acci\u00f3n popular adelantada por Sebasti\u00e1n Colorado contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primer despacho, el promotor pretende que se ordene a la entidad financiera contratar de manera permanente a un \u2039\u2039profesional int\u00e9rprete y un profesional gu\u00eda int\u00e9rprete\u203a\u203a, que como lo prev\u00e9 la Ley 982 de 2005 asesore a los usuarios que padecen disminuci\u00f3n auditiva y visual, concretamente, en el inmueble de la entidad accionada, ubicado en la \u00abMoniquira, Boyac\u00e1, Cra 5\u00aa No. 17-93\u00bb. <\/p>\n
2. Esa autoridad, en prove\u00eddo de 26 de enero de 2021 admiti\u00f3 la demanda, corri\u00f3 traslado y orden\u00f3 notificar a la accionada y al Ministerio P\u00fablico, as\u00ed como a la Alcald\u00eda de Moniquira, Boyac\u00e1, realizar la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la Ley 472 de 1998 y oficiar a los juzgados civiles del circuito de la misma urbe para que informaran si tramitaban otra acci\u00f3n similar contra la sociedad convocada. <\/p>\n
3. Posteriormente, el 19 de abril de 2021, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado, rechaz\u00f3 el libelo y lo envi\u00f3 a sus pares de Moniquir\u00e1, Boyac\u00e1, tras considerarlos facultados para rituarlo, \u00abpor tratarse de la municipalidad en la que se encuentran ubicadas las sedes de la entidad bancaria en la que se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de la demanda\u00bb. <\/p>\n
4. El estrado receptor repeli\u00f3 el asunto, en atenci\u00f3n a que la competencia la tiene el estrado ante quien se present\u00f3 el caso, toda vez que lo admiti\u00f3, lo que significa que esa atribuci\u00f3n se le prorrog\u00f3 al as\u00ed preverlo el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente para que esta Corporaci\u00f3n la dirima (23 jun. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre juzgados de diferentes distritos judiciales, le corresponde a esta Corte resolverlo en Sala Unitaria, como superior funcional com\u00fan, de conformidad con los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Como bien se sabe, la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil est\u00e1 determinada por varios factores, uno de ellos el territorial, que en materia de acciones populares se rige por el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso segundo delega su conocimiento al funcionario judicial del \u00ablugar de ocurrencia de los hechos\u00bb o del \u00abdomicilio del demandado\u00bb, destacando a rengl\u00f3n seguido que si los hechos que edifican el reclamo revelan que son varios los jueces llamados a solventarlo, le corresponder\u00e1 \u00aba prevenci\u00f3n\u00bb a aquel \u00abante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Cabe relievar en este punto que esa misma norma otorga al actor popular la posibilidad de optar entre los fueros concurrentes all\u00ed previstos, voluntad que como lo ha advertido esta Sala, resulta vinculante para el juez ante quien se concreta esa elecci\u00f3n, siempre que la misma se ajuste cabalmente a las prenotadas pautas (cfr. CSJ AC3261-2018, reiterada en AC2957-2021). <\/p>\n
En esas condiciones, si el actor erra en la escogencia de su sentenciador y \u00e9ste inadvierte esa situaci\u00f3n al calificar el sumario y decide impulsar la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 el enjuiciado el \u00fanico facultado para discutir el tema a trav\u00e9s de los mecanismos procesales a su disposici\u00f3n; en caso contrario, la competencia permanecer\u00e1 inalterable, a menos que se materialice uno de los supuestos que contempla la legislaci\u00f3n adjetiva (cfr. arts. 16, 27 y 29 CGP), todo ello en virtud de la regla de \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb que le impide al juzgador separarse inopinadamente de los asuntos a su cargo, so pena de desatender los principios de celeridad, prevalencia del derecho sustancial, preclusi\u00f3n, entre otros. <\/p>\n
3. Con ese panorama, pronto se revela injustificada la determinaci\u00f3n del Juzgado de La Virginia al desligarse de un pleito que sin reparo alguno asumi\u00f3 (26 ene. 2021), muy a pesar de las numerosas anomal\u00edas que con posterioridad descubri\u00f3 en la asignaci\u00f3n de competencia por parte del promotor de la acci\u00f3n constitucional (19 abr. 2021), ninguna de las cuales se acompasa con los factores funcional o subjetivo que avalaran tal proceder y, menos a\u00fan, han merecido reproche alguno por la sociedad accionada, cuya vinculaci\u00f3n, preciso es advertirlo, a\u00fan no se ha realizado. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, sin necesidad de argumentos adicionales, se dispondr\u00e1 el retorno inmediato de las diligencias al estrado que se asignaron en un comienzo para que contin\u00fae adelantando el tr\u00e1mite de este proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia es el competente para seguir conociendo del tr\u00e1mite en referencia. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado juzgado e informar lo decidido al otro estrado involucrado en el conflicto. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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