AC3559-2021 (2021-02780-00) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3559-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02780-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequ\u00e1tur promovida por Juan Carlos Hincapi\u00e9 G\u00f3mez. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se formul\u00f3 petici\u00f3n de exequ\u00e1tur, a trav\u00e9s de la cual se pretende el reconocimiento de efectos en la Rep\u00fablica de Colombia del fallo \u00abde fecha 20 de septiembre de 2006, dictada por la Corte Superior de Nueva Jersey, Divisi\u00f3n de Familia, Condado de Bergen parte de familia Archivo # FM-02-137-07\u00bb, en los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica [Archivo Digital: Demanda]. <\/p>\n
2. En la referida providencia, seg\u00fan lo se\u00f1ala el demandante, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio que contrajo con Mar\u00eda Theresa Vel\u00e1squez, el 10 de julio de 2002. En el escrito inaugural del presente tr\u00e1mite se indic\u00f3 que el v\u00ednculo aludido se finiquit\u00f3 \u00abpor haber permanecido m\u00e1s de dos a\u00f1os bajo el r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de cuerpos y de bienes, declarada judicialmente\u00bb, adem\u00e1s, que \u00abno se procrearon hijos\u00bb y durante la uni\u00f3n \u00abno se adquirieron bienes\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequ\u00e1tur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda deber\u00e1 rechazarse si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
El numeral 3\u00ba de este \u00faltimo mandato, a su vez, se\u00f1ala como requisito para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb. <\/p>\n
La previsi\u00f3n anterior acompasa con el contenido del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 de la normativa citada, en cuanto previene que \u00ab[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9 en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb, y de dicha traducci\u00f3n se requiere que sea realizada por \u00abel Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb, todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
2. No obstante, contrastadas las piezas documentales aportadas con las premisas legales que se indicaron, se advierte que la reclamante no aport\u00f3 la decisi\u00f3n judicial objeto del exequ\u00e1tur en copia debidamente traducida y legalizada, ni con la constancia de que se encuentra ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto la reproducci\u00f3n que se alleg\u00f3 de la providencia objeto de este tr\u00e1mite, no se acompa\u00f1\u00f3 de su traducci\u00f3n obtenida en la forma descrita en el citado art\u00edculo 251 del estatuto adjetivo, esto es que se hiciera por intermedio de traductor oficial. Tampoco se aport\u00f3 el pronunciamiento objeto de homologaci\u00f3n debidamente apostillado o autenticado por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds, como lo establece el citado art\u00edculo 251. <\/p>\n
Finalmente, en el documento memorado no es claro el motivo por el cual los contrayentes decidieron dar por terminado el lazo matrimonial, presupuesto indispensable para realizar el examen de convalidaci\u00f3n en lo tocante con las disposiciones for\u00e1neas y el orden p\u00fablico patrio, el cual implica, \u00ab(\u2026) la indispensable defensa de esos principios esenciales en los que est\u00e1 cimentado el esquema institucional e ideol\u00f3gico del Estado en aras de salvaguardarlo\u00bb (CSJ SC. Sent. de 8 de jul. de 2013, Rad. 2008-2099-00), y \u00ab(\u2026) se evidencia en asuntos de esta \u00edndole como un mecanismo de defensa de las instituciones patrias impidiendo la grave perturbaci\u00f3n que significar\u00eda la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n de un juez (\u2026) extranjero que socava la organizaci\u00f3n social colombiana. De ah\u00ed que en la materia deba estar plenamente clarificado que la sentencia cuyo exequ\u00e1tur se reclama no contrar\u00eda el orden p\u00fablico nacional, ni hiere en forma grave aquellas normas del ordenamiento que son intangibles\u00bb (CSJ SC. Sent. SC-17371 de 18 de dic. de 2014, Rad. 2013-02234-00). <\/p>\n
3. A lo anotado se suma, que en la postulaci\u00f3n de apertura se pasaron por alto algunos de los requisitos formales, indispensables para aperturar esta tramitaci\u00f3n <\/p>\n
En efecto, el mandato judicial otorgado a la abogada Yuly Milena Guevara S\u00e1nchez fue extendido en Estados Unidos ante un funcionario de ese pa\u00eds, sin embargo no est\u00e1 apostillado ni debidamente autenticado por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicha naci\u00f3n como lo exige los art\u00edculos 74 y 251 de la nueva codificaci\u00f3n de los ritos civiles. <\/p>\n
De otra parte, no se adjunt\u00f3 prueba de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art\u00edculo 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 Ib\u00eddem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido directamente por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte ha dicho que: <\/p>\n
\u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 Jul.). <\/p>\n
4. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequ\u00e1tur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. Previas las constancias de rigor, devu\u00e9lvanse los anexos del libelo, sin necesidad de desglose. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
<\/p>\n
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