AC3579-2021 (2021-02717-00)<\/p>\n
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AC3579-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02717-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, C\u00f3rdoba y Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, Sucre, para conocer de la acci\u00f3n ejecutiva mixta promovida por DAVIVIENDA S.A. contra ANIBAL FORTUNATO PATERNINA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad ejecutante solicit\u00f3 al Despacho Promiscuo del Circuito de Planeta Rica, librar orden de apremio a su favor, a fin de hacer efectivas, en simult\u00e1nea, de un lado, la garant\u00eda hipotecaria constituida sobre un inmueble ubicado \u201centre las jurisdicciones de los Municipios de San Marcos (Sucre) y Ay\u00e1pel (C\u00f3rdoba)\u201d, cuyo modo o registro consta en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de este \u00faltimo lugar, y, de otro, la personal respecto al patrimonio del enjuiciado, de donde surja el pago de las obligaciones derivadas del pagar\u00e9, \u201csin n\u00famero\u201d, adosado a la demanda, en la que finc\u00f3 la asignaci\u00f3n, en raz\u00f3n del \u201cdomicilio del demandado\u201d y la cuant\u00eda del asunto1. <\/p>\n
2. La preanotada judicatura libr\u00f3 mandamiento coercitivo en prove\u00eddo de 4 de mayo de 20162, y tras surtir varias actuaciones, incluido el auto de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n3, declar\u00f3 su falta de atribuci\u00f3n, al considerar que su hom\u00f3logo de San Marcos, a quien remiti\u00f3 las diligencias, ostenta \u201cla competencia privativa\u201d para proseguir la litis, dado que en esa localidad se ubica y est\u00e1 matriculado el bien objeto del gravamen preferente, mismo que, asever\u00f3, estuvo registrado pret\u00e9ritamente, en Ay\u00e1pel, y en Montelibano4. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las actuaciones a la Corte para dirimirla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el operador judicial competente para rituar el mencionado juicio ejecutivo mixto, respecto del cual, los funcionarios concernidos discuten si atender la regla general a que alude el numeral primero, en consonancia con el principio de la perpetuatio jurisdictionis, o el real, relativo a la pauta s\u00e9ptima, ambas previstas en el art\u00edculo 28 del actual compendio de procedimiento civil. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n planteada involucra dos autoridades judiciales de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia Especializada en lo Civil, por ser la superior funcional com\u00fan a ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), y 16 de la ley 270 de 1996 -modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores que determinan la competencia <\/p>\n
Se advierte, por otra parte, que los factores de competencia determinan el juez al que el ordenamiento jur\u00eddico le ha atribuido el conocimiento de un asunto en particular, y que para los efectos de resolver el dilema que motiva el presente pronunciamiento, las normas generales que regulan la materia son las encargadas de darle soluci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello debe recordarse que al momento de acometer el estudio preliminar sobre el conocimiento del asunto que se le ha encomendado, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las reglas que consagra el referido estatuto, y en especial las contenidas en el T\u00edtulo II, Libro Primero, las cuales le han de orientar para que adopte la decisi\u00f3n de rigor en torno de su propia competencia. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 preanunciado, establece la regla general que \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d, previsi\u00f3n que complementa el numeral 3\u00ba ib\u00eddem en relaci\u00f3n con \u201c\u2026los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos\u2026\u201d, donde \u201ces tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u2026\u201d. <\/p>\n
Lo cual significa que, si en la pr\u00e1ctica, el domicilio del convocado no coincide con el sitio de satisfacci\u00f3n de las prestaciones, el actor puede escoger, entre la dupla de funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que rit\u00fae y decida el litigio en ciernes. <\/p>\n
Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible ese querer. <\/p>\n
No obstante, para el ejercicio de derechos reales, el numeral s\u00e9ptimo del precitado canon 28, se\u00f1ala que \u201c[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
Al respecto la Corte ha reiterado en varias oportunidades, que, <\/p>\n
\u201c(\u2026) El fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
De ah\u00ed que en un proceso ejecutivo que se pretenda hacer efectivo el derecho de hipoteca, la atribuci\u00f3n se establece de forma privativa por el lugar donde est\u00e1n ubicados los bienes materia del respaldo real. <\/p>\n
Ahora bien, cumple determinar s\u00ed, trat\u00e1ndose de la denominada acci\u00f3n ejecutiva mixta, tambi\u00e9n aplica el mencionado fuero real privativo, cuestionamiento que los precedentes son claros en contestar afirmativamente. As\u00ed, por ejemplo, en el AC4493-2018, la Corte dijo: <\/p>\n
\u201cPrev\u00e9 el art\u00edculo 2449 del C\u00f3digo Civil, que \u2018el ejercicio de la acci\u00f3n hipotecaria no perjudica la acci\u00f3n personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas ambas conjuntamente, a\u00fan respecto de los herederos del deudor difunto; pero aqu\u00e9lla no comunica a \u00e9sta el derecho de preferencia que corresponde a la primera\u2019. De donde surge que, para la satisfacci\u00f3n de su deuda, el acreedor hipotecario puede ejercer ante la jurisdicci\u00f3n la acci\u00f3n real, o la personal contra el deudor, o ambas simult\u00e1neamente (mixta), y se estar\u00e1, inequ\u00edvocamente, frente al despliegue de un derecho real, cuando se opte por materializar o concretar el cobro de una obligaci\u00f3n a trav\u00e9s de la prerrogativa de persecuci\u00f3n de la condici\u00f3n de acreedor hipotecario (art. 2452 C. C.), y tambi\u00e9n cuando se persigan, adem\u00e1s de los bienes gravados, otros que no son objeto de garant\u00eda (art. 2449 C.C.). Procesalmente, cuando el acreedor elige perseguir el pago de la obligaci\u00f3n exclusivamente con el producto de los bienes gravados con hipoteca o prenda, se aplican \u201clas disposiciones especiales para la efectividad de la garant\u00eda real\u201d, contempladas en los art\u00edculos 468 del C\u00f3digo General del Proceso; mientras que cuando la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito se busca no solo con la subasta o remate del inmueble gravado sino con otros bienes del obligado, las reglas a seguir no son otras que las generales de los art\u00edculos 422 y s.s. del aludido estatuto, sin que ello acarree que el acreedor real pierda el privilegio con el que cuenta, o que se convierta, por v\u00eda de esa particularidad procesal, en un acreedor quirografario, toda vez que llegado el momento del remate, con el bien gravado se le solucionar\u00e1 preferentemente su cr\u00e9dito, y con los restantes, los no gravados, el pago ser\u00e1 proporcional. De manera que si en el ejecutivo mixto se est\u00e1 efectivamente ejercitando un derecho real, cual acaba de verse, sin que el demandante pierda su privilegio sobre el bien gravado, a esta clase de causas es preciso aplicar el foro real contemplado en el numeral 7\u00ba de art\u00edculo 28 de la nueva codificaci\u00f3n procesal, que como se dijo, es privativo, descart\u00e1ndose as\u00ed la concurrencia con otros con el personal (28-1) o el negocial (28-3). En armon\u00eda con lo que acaba de explicarse, anteriormente dijo la Sala que la aplicaci\u00f3n del fuero real \u2018se ha predicado con similar contundencia por esta Sala en todos los eventos de ejecuci\u00f3n para la efectividad de la garant\u00eda real, tr\u00e1tese de la variable exclusiva (art. 468 ejusdem) o la concurrente con la persecuci\u00f3n personal\u2019 (CSJ AC2007-2017, en donde se cita tambi\u00e9n CSJ AC014-2017, 12 ene. 2017, rad. 2016-03289-00, AC752-2017, 13 feb. 2017 y 2016-03143-00)\u201d. Resaltado a prop\u00f3sito. <\/p>\n
En una providencia posterior a la citada, AC159-2019, se reiter\u00f3 el mencionado criterio, cuando se indic\u00f3 que \u201ctrat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o versan sobre un inmueble, como entre otros lo son los juicios ejecutivos mixtos o hipotecarios, la del numeral s\u00e9ptimo (7\u00ba) estipula que, es competente de modo privativo el funcionario judicial del lugar donde se hallen ubicados los bienes\u2026\u201d. <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
Descendiendo al sub-lite, se advierte que la sociedad financiera ejecutante fij\u00f3 la asignaci\u00f3n en la juzgadora de Planeta Rica, por el factor general de atribuci\u00f3n, relativo al domicilio de su contraparte, y que pese a tratarse de una acci\u00f3n mixta, en el escrito inicial se limit\u00f3 a expresar, sin precisi\u00f3n, que el inmueble perseguido en garant\u00eda, se sit\u00faa \u201centre las jurisdicciones\u201d de ese mismo municipio, donde tambi\u00e9n reposa la matricula inmobiliaria, y de San Marcos. <\/p>\n
Se avizora, adem\u00e1s, que dicha funcionaria libr\u00f3 mandamiento compulsivo, con lo cual asumi\u00f3 el tr\u00e1mite, pero despu\u00e9s de m\u00faltiples actuaciones, declar\u00f3 su incompetencia, aduciendo que verificada la informaci\u00f3n publicada \u201cen l\u00ednea\u201d por el Instituto Colombiano Agust\u00edn Codazzi (IGAC), evidenci\u00f3 \u201cque el mencionado predio, en verdad, hace parte\u201d de San Marcos, en cuyo c\u00edrculo registral se encuentra actualmente la matr\u00edcula inmobiliaria en cuesti\u00f3n, circunstancias por las que se desprendi\u00f3 de las diligencias, invocando el denotado foro privativo real; discernimiento que se muestra acertado, dado que el car\u00e1cter exclusivo de dicho fuero, subordina al general, elegido por la entidad precursora. <\/p>\n
De manera que, en contraposici\u00f3n, equivocada aparece, por su parte, la decisi\u00f3n del funcionario de San Marcos, porque al rechazar la competencia, sustentado en que conforme al principio de la perpetuatio jurisdictionis, al Despacho de origen le estaba vedado apartarse del pleito, desconoci\u00f3 la prevalencia dispuesta por el legislador en virtud del ejercicio de prerrogativas reales, como las comprometidas en la acci\u00f3n ejecutiva mixta, que supone, indefectible, el uso del derecho de persecuci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed entonces, una vez corroborado que en San Marcos confluye la ubicaci\u00f3n cierta del fundo perseguido, la presencia del criterio privativo en menci\u00f3n (28-7), emerge como excepci\u00f3n al mandato de inmutabilidad, aun cuando el cobro compulsivo lo hubiese asumido en principio el juez de la otra localidad concernida, ello por \u201ctratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta la aplicaci\u00f3n del principio legal de la perpetuatio jurisdictionis, dado que con independencia de que se haya admitido o tramitado la demanda por alguno de los juzgadores involucrados en la colisi\u00f3n, siempre se atender\u00e1 el \u201clugar donde se hallen ubicados los bienes\u201d (AC5943-2017). <\/p>\n
Dicho de otra manera, lo discurrido se traduce en que la vocaci\u00f3n legal en litigios an\u00e1logos al particular, la irrog\u00f3 el legislador de forma privativa en el administrador de justicia con sede en la heredad objeto del gravamen real, y por ende, si eventualmente otra autoridad diferente la precediese avocando conocimiento, a \u00e9sta no le estar\u00eda vedado alterar la atribuci\u00f3n adoptada, pues le asiste la facultad, inclusive oficiosa, de encauzar el procedimiento a la regla s\u00e9ptima de la tan aludida previsi\u00f3n 28, tal y como ahora acontece. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
En definitiva, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, para que en uso de la aptitud legal establecida en la ley, le imprima el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de asignaci\u00f3n surgido entre los Despachos mencionados, determinando que al Segundo Promiscuo del Circuito de San Marcos, le compete conocer la acci\u00f3n promovida por DAVIVIENDA S.A. contra ANIBAL FORTUNATO PATERNINA. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la judicatura indicada, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 C.01.Demanda. Expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 C.08.Auto sigue la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4\u0002 C.42. Auto Declara Falta de Competencia. <\/p>\n
5\u0002 2021-00035. Conflicto de Competencia Davivienda. <\/p>\n
6\u0002 CSJ AC de 2 de oct. 2013, Rad. 2013-02014-00, memorado en CSJ AC7815-2017, en CSJ AC082 de 25 de enero de 2021 y en CSJ AC891 de 15 de marzo de 2021. <\/p>\n
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