AC3624-2021 (2018-03691-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3624-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03691-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la manifestaci\u00f3n de impedimento que elev\u00f3 el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto por Jairo Alejandro Tello Var\u00f3n contra la sentencia que el 7 de septiembre de 2016 dict\u00f3 la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En su escrito inicial, el se\u00f1or Tello Var\u00f3n impugn\u00f3 el fallo de fecha y procedencia anotadas, esgrimiendo el motivo de revisi\u00f3n, consistente en \u00ab[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb. <\/p>\n
2. Surtidos los tr\u00e1mites previos de rigor, mediante providencia de 23 de marzo de 2021 el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque manifest\u00f3 estar incurso en la causal de impedimento que prev\u00e9 el art\u00edculo 141-2 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que actu\u00f3 como ponente del fallo recurrido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La garant\u00eda de imparcialidad e independencia de los jueces <\/p>\n
1.1. El debido proceso, como principio fundamental de toda actuaci\u00f3n jurisdiccional \u2013en virtud del cual los postulados y valores esenciales de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica deben ser puestos en vigencia en cada caso concreto\u2013, comprende una serie de exigencias, cuya plena observancia justifica y legitima el ejercicio del poder estatal de juzgar, con efectos definitivos, los conflictos de la comunidad. <\/p>\n
Ahora, por su importancia para definir el problema jur\u00eddico que ocupa la atenci\u00f3n en la Sala, resulta necesario destacar dos de esos requerimientos: la independencia del juez y su imparcialidad, los cuales, a voces de la jurisprudencia constitucional, constituyen objetivos superiores, que <\/p>\n
\u00ab(…) deben ser valoradas desde la \u00f3ptica de los \u00f3rganos del poder p\u00fablico \u2013incluyendo la propia administraci\u00f3n de justicia\u2013, de los grupos privados y, fundamentalmente, de quienes integran la litis, pues solo as\u00ed se logra garantizar que las actuaciones judiciales est\u00e9n ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica (art. 209 C.P.). <\/p>\n
La Corte ha explicado claramente la diferencia entre los atributos de independencia e imparcialidad en los siguientes t\u00e9rminos: \u201c[la] independencia, como su nombre lo indica, hace alusi\u00f3n a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros \u00f3rganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio leg\u00edtimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales\u201d. Sobre la imparcialidad, ha se\u00f1alado que esta \u201cse predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garant\u00eda de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia. Se trata de un asunto no s\u00f3lo de \u00edndole moral y \u00e9tica, en el que la honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad conf\u00ede en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino tambi\u00e9n de responsabilidad judicial\u201d. <\/p>\n
Dentro de este contexto, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido a la noci\u00f3n de imparcialidad, una doble dimensi\u00f3n: (i) subjetiva, esto es, relacionada con \u201cla probidad y la independencia del juez, de manera que \u00e9ste no se incline intencionadamente para favorecer o perjudicar a alguno de los sujetos procesales, o hacia uno de los aspectos en debate, debiendo declararse impedido, o ser recusado, si se encuentra dentro de cualquiera de las causales previstas al efecto\u201d; y (ii) una dimensi\u00f3n objetiva, \u201cesto es, sin contacto anterior con el thema decidendi, \u201cde modo que se ofrezcan las garant\u00edas suficientes, desde un punto de vista funcional y org\u00e1nico, para excluir cualquier duda razonable al respecto\u201d. No se pone con ella en duda la \u201crectitud personal de los Jueces que lleven a cabo la instrucci\u00f3n\u201d sino atender al hecho natural y obvio de que la instrucci\u00f3n del proceso genera en el funcionario que lo adelante, una afectaci\u00f3n de \u00e1nimo, por lo cual no es garantista para el inculpado que sea \u00e9ste mismo quien lo juzgue\u201d\u00bb (CC, sentencia C-496 de 2016). <\/p>\n
\u00ab[U]no de los objetivos principales que tiene la separaci\u00f3n de los poderes p\u00fablicos es la garant\u00eda de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio aut\u00f3nomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relaci\u00f3n con el Poder Judicial como sistema, as\u00ed como tambi\u00e9n en conexi\u00f3n con su vertiente individual, es decir, con relaci\u00f3n a la persona del juez espec\u00edfico. El objetivo de la protecci\u00f3n radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su funci\u00f3n por parte de \u00f3rganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisi\u00f3n o apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En cambio, la imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garant\u00edas suficientes de \u00edndole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad. La Corte Europea de Derechos Humanos ha explicado que la imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brind\u00f3 elementos convincentes que permitan eliminar temores leg\u00edtimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona. Ello puesto que el juez debe aparecer como actuando sin estar sujeto a influencia, aliciente, presi\u00f3n, amenaza o intromisi\u00f3n, directa o indirecta, sino \u00fanica y exclusivamente conforme a \u2013y movido por\u2013 el Derecho\u00bb (caso Apitz Barbera y otros \u2013\u201cCorte Primera de lo Contencioso Administrativo\u201d\u2013 vs. Venezuela. 5 de agosto de 2008). <\/p>\n
1.2. Asimismo, existen diversos instrumentos de soft law que incluyen las referidas exigencias del debido proceso dentro del listado de valores \u00e9ticos esenciales del ejercicio de la actividad judicial, destac\u00e1ndose entre ellos los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, elaborados por el Consejo Econ\u00f3mico y Social (ECOSOC) de la Organizaci\u00f3n de Naciones Unidas; y el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial, que prepar\u00f3 la Cumbre Judicial Iberoamericana. <\/p>\n
La primera de esas normativas se refiri\u00f3 a la independencia e imparcialidad como est\u00e1ndares de comportamiento \u2013que imponen \u00abdefender y ejemplificar la independencia judicial tanto en sus aspectos individuales como institucionales\u00bb (valor 1), as\u00ed como proceder ecu\u00e1nimemente no solo en cuanto a \u00abla decisi\u00f3n en s\u00ed misma, sino tambi\u00e9n al proceso mediante el cual se toma\u00bb (valor 2)\u2013 cuya aplicaci\u00f3n sugiere que: <\/p>\n
\u00ab1.1. Un juez deber\u00e1 ejercer su funci\u00f3n judicial de forma independiente, partiendo de su valoraci\u00f3n de los hechos y en virtud de una comprensi\u00f3n consciente de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o interferencias, sean directas o indirectas, provenientes de cualquier fuente o por cualquier raz\u00f3n. <\/p>\n
1.2. Un juez deber\u00e1 ser independiente en relaci\u00f3n con la sociedad en general y en relaci\u00f3n con las partes particulares de una controversia que deba resolver como juez. <\/p>\n
1.3. Un juez no s\u00f3lo estar\u00e1 libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que tambi\u00e9n deber\u00e1 tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. <\/p>\n
1.4. Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez ser\u00e1 independiente de sus compa\u00f1eros de oficio con respecto a decisiones que est\u00e9 obligado a tomar de forma independiente. <\/p>\n
1.5. Un juez deber\u00e1 fomentar y mantener salvaguardas para el cumplimiento de sus obligaciones judiciales, con el fin de mantener y aumentar la independencia de la judicatura. <\/p>\n
1.6. Un juez exhibir\u00e1 y promover\u00e1 altos est\u00e1ndares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del p\u00fablico en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial (…). <\/p>\n
2.1. Un juez deber\u00e1 desempe\u00f1ar sus tareas judiciales sin favoritismo, predisposici\u00f3n o prejuicio. <\/p>\n
2.2. Un juez garantizar\u00e1 que su conducta, tanto fuera como dentro de los tribunales, mantiene y aumenta la confianza del p\u00fablico, de la abogac\u00eda y de los litigantes en la imparcialidad del juez y de la judicatura. <\/p>\n
2.3. Un juez deber\u00e1, dentro de lo razonable, comportarse de forma que minimice las ocasiones en las cuales pueda ser necesario que el juez sea descalificado para conocer de, o decidir sobre asuntos. <\/p>\n
2.4. Cuando un proceso est\u00e1 sometido o pueda estar sometido a un juez, el juez no realizar\u00e1 intencionadamente ning\u00fan comentario que pueda esperarse razonablemente que afecte al resultado de tal proceso y que deteriore la imparcialidad manifiesta del proceso. El juez tampoco har\u00e1 ning\u00fan comentario en p\u00fablico o de cualquier otra forma, que pueda afectar al juicio justo de una persona o asunto. <\/p>\n
2.5. Un juez se descalificar\u00e1 de participar en cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en cuesti\u00f3n de forma imparcial o en el que pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el asunto imparcialmente. Los citados procesos incluir\u00e1n, sin \u00e1nimo de exhaustividad, situaciones en las que: <\/p>\n
<\/p>\n
a. El juez tenga realmente predisposici\u00f3n o prejuicios para con una parte o posea conocimientos personales sobre los hechos probatorios controvertidos relativos al proceso;<\/p>\n
b. El juez haya actuado previamente como abogado o como testigo material en el asunto controvertido; o<\/p>\n
c. El juez, o alg\u00fan miembro de su familia, tenga un inter\u00e9s econ\u00f3mico en el resultado del asunto sujeto a controversia; lo anterior teniendo en cuenta que no ser\u00e1 necesaria la descalificaci\u00f3n de un juez si no puede constituirse otro tribunal para conocer del caso o cuando, por circunstancias urgentes, la no-participaci\u00f3n del juez puede producir una denegaci\u00f3n de justicia grave\u00bb. <\/p>\n
A su turno, en desarrollo de la labor de construir un proyecto \u00e9tico com\u00fan entre las autoridades judiciales de los distintos pa\u00edses que integran la regi\u00f3n, el C\u00f3digo Iberoamericano de \u00c9tica Judicial dedic\u00f3 varios de sus preceptos a la descripci\u00f3n de los requerimientos propios de la independencia e imparcialidad en el ejercicio del referido poder del Estado, debi\u00e9ndose destacar lo consagrado en los art\u00edculos 9 y 11 de la normativa, a cuyo tenor: <\/p>\n
\u00abArt. 9\u00ba. La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en lo que respecta al desarrollo de la funci\u00f3n jurisdiccional. <\/p>\n
(…) Art. 11. El juez est\u00e1 obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar as\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. El r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones. <\/p>\n
Conforme se indic\u00f3, para materializar los referidos valores es imperativo que los jueces se separen de aquellos juicios en los que encuentren estructuradas circunstancias de hecho, predefinidas por el legislador como causales de recusaci\u00f3n o impedimento, que pudieran poner en duda su independencia e imparcialidad; as\u00ed ocurre, a modo de ejemplo, cuando existen intereses directos del fallador en el litigo, o preferencias personales suyas por alguno de los contendientes. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en forma consistente, esta Sala haya reconocido que <\/p>\n
\u00ab(…) [c]on el designio de garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, en cuanto son condiciones consustanciales al ejercicio de sus funciones (art\u00edculo 228 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y evitar que la rectitud en la administraci\u00f3n de justicia resulte alterada por factores incompatibles con ella, como son el afecto, los sentimientos de animadversi\u00f3n, el inter\u00e9s personal, la predeterminaci\u00f3n del criterio o el amor propio de los funcionarios, as\u00ed como tambi\u00e9n asegurar un debido proceso (art\u00edculo 29 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), el legislador ha consagrado en los c\u00f3digos de procedimiento unas causales de separaci\u00f3n de los funcionarios judiciales del conocimiento de los procesos, por voluntad de los mismos o por petici\u00f3n de las partes, en desarrollo de las instituciones de los impedimentos y las recusaciones. (…) [L]a jurisprudencia de esta Corte ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial forman parte del debido proceso, y por ende, el r\u00e9gimen de impedimentos y recusaciones tiene fundamento constitucional en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n, en cuanto proveen a la salvaguarda de tal garant\u00eda\u00bb (CSJ AC, 24 may. 2012, rad. 2011-00408-00). <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en que <\/p>\n
\u00ab(…) la imparcialidad de los administradores de justicia, demanda la existencia de claras fronteras con respecto al asunto litigado, las partes en conflicto y los apoderados que las representan, adem\u00e1s que, la toma de decisiones encaminada a solucionar los conflictos sometidos a composici\u00f3n de los jueces debe estar inspirada en los principios de imparcialidad y transparencia que le son propios, sin que haya lugar a sombra o duda sobre los m\u00f3viles que inciden en su producci\u00f3n. <\/p>\n
(…) [L]os jueces (…) deben separarse del conocimiento de un asunto cuando en ellos se configura uno cualquiera de los motivos que, numerus clausus, el legislador consider\u00f3 bastante para afectar su buen juicio, bien sea por inter\u00e9s, animadversi\u00f3n o amor propio del juzgador, destacando que, \u201cseg\u00fan las normas que actualmente gobiernan la materia, s\u00f3lo pueden admitirse aquellos impedimentos que, am\u00e9n de encontrarse motivados, estructuren una de las causales espec\u00edficamente previstas en la ley, toda vez que en tema tan sensible, la ley fue concebida al amparo del principio de la especificidad, de suyo m\u00e1s acompasado con la seguridad jur\u00eddica\u201d (CSJ AC, 8 abr. 2005, rad. 2005-00142-00)\u00bb (CSJ AC4511-2019, 17 oct.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
En el asunto sub lite, el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque comunic\u00f3 oportunamente a la Sala de Casaci\u00f3n Civil la circunstancia de haberse desempe\u00f1ado, en su condici\u00f3n de miembro de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, como ponente del fallo recurrido en sede de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Esa circunstancia armoniza cabalmente con la causal de recusaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 141-2 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en \u00ab[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier actuaci\u00f3n en instancia anterior, el juez, su c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, se impone aceptar el impedimento manifestado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. ACEPTAR el impedimento manifestado por el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque para conocer de la presente tramitaci\u00f3n ordinaria, sin que sea necesario designar conjuez para reemplazarlo, toda vez que, con los dem\u00e1s integrantes de la Sala, se verifica el qu\u00f3rum requerido para deliberar y resolver. <\/p>\n
SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, reingresen las diligencias para proferir la decisi\u00f3n que en derecho corresponda. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9), art\u00edculo 8.1.: \u00abToda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter\u00bb. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3624-2021 (2018-03691-00) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente AC3624-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-03691-00 Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la manifestaci\u00f3n de impedimento que elev\u00f3 el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de revisi\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}