AC3670-2021 (2016-00437-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3670-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-032-2016-00437-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., y Luis Eduardo Mur Ballesteros para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 23 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso verbal que la Entidad de Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia, Egeda Colombia, le promovi\u00f3 a los recurrentes. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La accionante pidi\u00f3 declarar civil y extracontractualmente responsables a Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., y Luis Eduardo Mur Ballesteros, por publicar -desde el 1 de enero de 2007- obras audiovisuales sin autorizaci\u00f3n de los productores a los que asocia, y condenarlos, en forma solidaria, a pagarle $268\u2019029.684 por el lucro cesante pasado, as\u00ed como el que se cause durante el pleito y los intereses de mora. <\/p>\n
Expuso que es una sociedad de gesti\u00f3n colectiva de derechos de autor que representa a productores audiovisuales nacionales e internacionales, quienes detentan el derecho patrimonial de autorizar la divulgaci\u00f3n de sus obras, y en nombre de ellos autoriza a los operadores de televisi\u00f3n para comunicarlas al p\u00fablico mediante retransmisi\u00f3n de las se\u00f1ales portadoras de programas de televisi\u00f3n en sus parrillas de programaci\u00f3n, seg\u00fan los art\u00edculos 14 y 15, literal e) de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 por una tarifa mensual de 30 centavos de d\u00f3lar americano (USS 0,30) por suscriptor o vivienda conectada a la red del operador, la que, en 2016, era de $822,90 por abonado. <\/p>\n
Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., fue autorizada en 2013 por la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n (ANTV) para prestar el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, por lo que contrata con el usuario e instala equipos receptores y decodificadores de la programaci\u00f3n que comercializa, tanto as\u00ed que a junio de 2016 tiene 16.754 clientes quienes le pagan y obtienen acceso a su parrilla de programaci\u00f3n que contiene canales transmidos y retransmitidos, entre ellos, RCN Televisi\u00f3n, Caracol, Canal Capital, Uno, Se\u00f1al Colombia, City Tv, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacif\u00edco, Canal de las Estrellas, Tl Novelas, Dw y Tve, as\u00ed como Axn, A&s, Fox, que incluyen en su programacion obras audiovisuales cuyos derechos representa Egeda Colombia. <\/p>\n
Esa empresa infringi\u00f3 los derechos de autor de que trata la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, la Ley 23 de 1982 y el art\u00edculo 11Bis del Convenio de Berna, aprobado por la Ley 33 de 1987, ya que desde 2013 ha publicado obras audiovisuales de autores asociados a Egeda Colombia, sin licencia o autorizaci\u00f3n previa y expresa, luego est\u00e1 obligada a indemnizarlos, junto con su administrador que no evit\u00f3 esos actos (fls. 175 a 182 y 195 a 197 c.1). <\/p>\n
2.- Los convocados alegaron \u00ab[i]nexistencia de la obligaci\u00f3n de car\u00e1cter pecunario\u00bb, \u00ab[f]alta de legitimaci\u00f3n en la causa\u00bb, \u00ab[n]o estar demostrado a qui\u00e9nes se les viol\u00f3 derechos de autor\u00bb, \u00ab[f]alta de competencia del juzgado para conocer el proceso, puesto que se trata de una demanda verbal de violaci\u00f3n a los derechos de autor que compete a la fiscal\u00eda investigar acorde con el precepto 250 de la carta pol\u00edtica del 91, y no de una demanda verbal por desconocimiento patrimonial de derechos de autor\u00bb, \u00ab[a]usencia de las causas para declarar civilmente responsable a Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., y su representante legal\u00bb y \u00ab[l]egitimaci\u00f3n para la operaci\u00f3n y explotaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n\u00bb (fls. 247 a 257, c.1). <\/p>\n
3.- El Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia el 4 de abril de 2018, en la que neg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a la accionante. <\/p>\n
4.- El superior, al resolver la alzada propuesta por la actora, revoc\u00f3 el fallo y, en su lugar, declar\u00f3 que los convocados son responsables de retransmitir -sin permiso- la programaci\u00f3n de los productores adscritos a Egeda Colombia, les orden\u00f3 dejar de hacerlo hasta que tengan licencia y los conden\u00f3 a pagarle solidariamente $1.364\u2019518.151 por lucro cesante, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la firmeza del fallo, para lo cual expuso que: <\/p>\n
Por v\u00eda documental se demostr\u00f3 la existencia de las obras audiovisuales cuya retransmisi\u00f3n se cuestiona (fls. 46 a 128), as\u00ed como su titular, el g\u00e9nero, la fecha y hora de publicaci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 10 de la Ley 23 de 1982 y el representante legal de Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., acept\u00f3 difundir el contenido de los canales que le permiten la retransmisi\u00f3n de su se\u00f1al y divulgarlas con sustento en que tiene licencias y contratos con la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n y con los titulares de los derechos patrimoniales de los canales y\/o se\u00f1ales de su parrilla de programaci\u00f3n. <\/p>\n
Esas creaciones intelectuales son derechos de autor protegidos por la Constituci\u00f3n Nacional, el C\u00f3digo Civil, la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, la Ley 23 de 1983, la Ley 1403 de 2010, el Decreto 3942 de 2010 y la Ley 1915 de 2018, al ser bienes materiales apropiables seg\u00fan las diversas formas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, pues est\u00e1n integrados por un derecho moral, inalienable e irrenunciable, que nace de la obra misma y es fundamental, y uno patrimonial que habilita su explotaci\u00f3n desde que la divulga y es enajenable y transmisible con autorizaci\u00f3n de su titular. <\/p>\n
La certificaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor demuestra que las obras en cuesti\u00f3n son administradas por Egeda Colombia, por lo que esta puede reclamar y al hacerlo debe probar la infracci\u00f3n, el da\u00f1o y el nexo causal. <\/p>\n
Seg\u00fan el art\u00edculo 3\u00ba de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, una obra audiovisual es toda creaci\u00f3n expresada mediante im\u00e1genes asociadas, con o sin sonorizaci\u00f3n incorporada, que est\u00e9 destinada a ser mostrada a trav\u00e9s de aparatos de proyecci\u00f3n o cualquier otro medio de comunicaci\u00f3n de la imagen y de sonido, la cual es protegida por el art\u00edculo 4\u00ba ib\u00eddem, puede ser transmitida y retransmitida por programadoras o canales de capital privado o p\u00fablico, as\u00ed como por operadores de servicio por suscripci\u00f3n, tal como lo dispone el art\u00edculo 19 de la Ley 182 de 1985, lo cual es relevante, ya que no es lo mismo la distribuci\u00f3n, transmisi\u00f3n o retransmisi\u00f3n de una obra, que la distribuci\u00f3n, transmisi\u00f3n o retransmisi\u00f3n de una se\u00f1al, pues aquella deriva de los derechos de autor o titular de la misma y esta proviene de los derechos conexos. <\/p>\n
Las normas de derechos de autor preservan los derechos subjetivos del creador de la obra, de ah\u00ed que la amparan, mientras que los conexos son el reconocimiento de otro nuevo a partir de uno preexistente, y protegen al organismo de radiodifusi\u00f3n que la transmite a trav\u00e9s de su se\u00f1al, por lo que debe analizarse la viabilidad de los primeros, cuya salvaguarda reclama la actora y no de los segundos, cual lo alega la convocada. <\/p>\n
Est\u00e1 probado que Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., ha retransmitido obras audiovisuales de titularidad de productores adscritos a Egeda Colombia, seg\u00fan lo reconoci\u00f3 al contestar el libelo y en el interrogatorio de parte, lo que coincide con la certificaci\u00f3n de la firma Business Bureau, que no fue controvertida ni tachada, por lo que est\u00e1 acreditada la infracci\u00f3n, as\u00ed como el da\u00f1o y el nexo causal. <\/p>\n
El representante legal de Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., expuso que retransmite todo el contenido de las se\u00f1ales cuyo uso le ha sido autorizado por los distintos canales, y solo paga por la utilizaci\u00f3n de aquellas, sin que se acreditara el permiso de los titulares de las obras para retransmitirlas p\u00fablicamente, porque la convocada asume que basta con las autorizaciones obrantes en el infolio. <\/p>\n
No hay evidencia de los supuestos contratos que demuestran que Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., pact\u00f3 con los canales que el pago de la se\u00f1al cubr\u00eda tambi\u00e9n la comunicaci\u00f3n mediante retransmisi\u00f3n de las obras audiovisuales contenidas en la programaci\u00f3n, y si as\u00ed fuera, ello ir\u00eda contra las normas de derechos de autor que imponen la obligaci\u00f3n de gestionar la autorizaci\u00f3n del productor de la obra audiovisual y la del due\u00f1o de la se\u00f1al u organismo de radiodifusi\u00f3n que autorizan la retransmisi\u00f3n, lo que descarta que la convocante deb\u00eda reclamarle directamente al canal que vendi\u00f3 la se\u00f1al, pues la ignorancia de la ley no sirve de excusa, sobre todo porque la encartada sostuvo que le paga a cada canal y obtiene permiso para retransmitir el 100% de la parrilla de programaci\u00f3n, pero no soport\u00f3 tal autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
Las certificaciones de algunos canales productores de las obras audiovisuales que aduce Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., para justificarse, no la exoneran porque no en todas hay permiso para retransmitir el contenido de la parrilla de programaci\u00f3n, sino que solo habilitan la de su se\u00f1al. Tan solo Global Media, Mw Networks, T y C Sport y EWTN autorizaron la retransmisi\u00f3n de la se\u00f1al y de la programaci\u00f3n. Empero, en ninguna est\u00e1 el listado de obras y de los productores como titulares de derechos sobre programas audiovisuales, lo que derrumba sus excepciones, pues no era necesario que mediara contrato entre el autor y la convocada para que esta debiera pagar, ya que el titular de la creaci\u00f3n es quien puede autorizar su publicaci\u00f3n, al tenor del art\u00edculo 9\u00ba del Convenio de Berna y el 12 de la Ley 23 de 1982, de ah\u00ed que deb\u00eda haber un acuerdo en tal sentido, pues las formas de utilizaci\u00f3n son independientes y la autorizaci\u00f3n para cualquiera de ellas no se extiende a las otras, art\u00edculo 76 de la Ley 23 de 1982. <\/p>\n
La accionada conoce el derecho de los creadores de las obras, pues Mur Ballesteros acept\u00f3 que hay un concepto de la ANTV en tal sentido y mencion\u00f3 el comunicado de 25 de febrero de 2014 respecto a la forma en que se deben cobrar esos derechos, situaci\u00f3n que la hace responsable de comunicar al p\u00fablico por retransmisi\u00f3n obras audiovisuales sin permiso de sus titulares, lo cual se hace extensivo a su representante legal por falta de diligencia y cuidado como administrador, seg\u00fan el C\u00f3digo de Comercio, art.200. <\/p>\n
La indemnizaci\u00f3n se tasa con base en el juramento estimatorio, que no fue objetado ni es excesivo; as\u00ed, se promedia el # de abonados con la informaci\u00f3n reportada a la ANTV, los del a\u00f1o en curso, la tasa de cambio promedio fija y el hist\u00f3rico anual de valor del d\u00f3lar, lo que da $1.364\u2019518.151, que los encartados deben pagar en forma solidaria a la actora, dentro de los 10 d\u00edas siguientes a la firmeza del fallo. <\/p>\n
5.- Los convocados interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (3 nov. 2020). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo con escrito que contiene siete cargos por las causales primera, segunda y quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed (fls. 14 a 58): <\/p>\n
a).- El primero acusa la infracci\u00f3n recta de los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993; 1741 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como el 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Indica que las tarifas que la accionante reclama le son inoponibles, pues deb\u00edan constar en un reglamento de tarifas por ella elaborado, seg\u00fan lo dispone la Decisi\u00f3n 351 de 1993, en el literal g) de su art. 45, y publicado, por lo menos una vez al a\u00f1o, en un medio de amplia circulaci\u00f3n (literal h) art. 45 ib\u00eddem, tal cual se expres\u00f3 en la interpretaci\u00f3n prejudicial 122-IP-2020, lo que no se demostr\u00f3, de ah\u00ed que las tarifas en que se fund\u00f3 el fallo no le son vinculantes al ser un tercero, lo que pas\u00f3 por alto el ad quem (fls. 14 al 17). <\/p>\n
b).- El segundo alega el quebranto directo de los art\u00edculos 11 de la Ley 680 de 2001; 20, 29 y 365 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional y 21 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993. <\/p>\n
El art\u00edculo 11 de la Ley 680 de 2001 obliga a los operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n a garantizar sin costo a los suscriptores la recepci\u00f3n de los canales colombianos de televisi\u00f3n abierta de car\u00e1cter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o v\u00eda satelital en el \u00e1rea de cubrimiento, sin tener que cancelar derechos por ese concepto, incluidos los de comunicaci\u00f3n p\u00fablica y conexos, seg\u00fan se dijo en C-654 de 2003, luego se equivoca Egeda Colombia respecto a que la limitaci\u00f3n y excepci\u00f3n s\u00f3lo aplica frente a los derechos conexos que son los que representan Caracol, Rcn y dem\u00e1s operadores abiertos radiodifundidos. <\/p>\n
Lo contrario ser\u00eda entender que la ley oblig\u00f3 a los operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n a llevar una se\u00f1al, pero sin su contenido para garantizar los derechos a informar, educar y asegurar el pluralismo informativo, lo que desconocer\u00eda la l\u00ednea jurisprudencial rese\u00f1ada y har\u00eda incurrir al juez en error al hacerle creer que los operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n deben acatar el art. 11 de la Ley 680 de 2001 y obtener autorizaci\u00f3n de esa entidad respecto de las obras audiovisuales que conforman los programas de los canales de televisi\u00f3n abierta radiodifundida, a pesar que en 2017 el tribunal de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que esa norma prev\u00e9 una excepci\u00f3n a los derechos conexos y de autor y la Secci\u00f3n Quinta del Consejo de Estado elimin\u00f3 la necesidad de consentimiento previo y expres\u00f3, as\u00ed como los pagos respecto de los canales sintonizados en UHF y VHF. <\/p>\n
El yerro es trascendente porque al no tener que pagar derechos por ese concepto, incluidos los de comunicaci\u00f3n p\u00fablica y conexos, era inviable la condena impuesta, sobre todo al existir la interpretaci\u00f3n del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 122-IP-2020 (fls. 17 al 23). <\/p>\n
c).- El tercero alega violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 25 de la Ley 182 de 1995, 2341 del C\u00f3digo Civil, 167, 191 y 198 del estatuto procesal civil, por indebida aplicaci\u00f3n, al haber torcido el interrogatorio de Luis Eduardo Mur Ballesteros y supuesto la confesi\u00f3n a partir de la cual se extrajo la culpa. <\/p>\n
El dicho de ese directivo no es plena prueba, capaz de demostrar los hechos de la demanda, pues vers\u00f3 sobre el cumplimiento de las normas de derechos de autor y no de su desconocimiento; si refiri\u00f3 hechos favorables no hubo prueba porque nadie puede hacerla de su mero dicho. El fallador se equivoc\u00f3 al valorar tres afirmaciones hechas por ese directivo. <\/p>\n
La primera, en la que dijo que su representada \u00abhace pagos y cumple con todas sus obligaciones, dentro de ellas el pago de los derechos de autor (\u2026) a las programadoras nacionales e internacionales por se\u00f1ales codificadas y retransmite todas las se\u00f1ales libres que, como ya lo dije son de obligatoria retransmisi\u00f3n amparado en la ley 182\u00bb; la segunda, en la que indic\u00f3 \u00abnosotros retransmitimos una se\u00f1al, le compramos a una programadora ese canal y todo su contenido\u00bb, y la tercera en la que expres\u00f3 \u00abnosotros le cancelamos los derechos de autor a los representantes de cada canal porque con ellos es que tenemos el contrato con todas las programadoras o todos los representantes a nivel nacional o internacional (\u2026) hacemos contrato por determinado tiempo (\u2026) en cambio tenemos la autorizaci\u00f3n de transmisi\u00f3n del 100% de esa parrilla de programaci\u00f3n y tambi\u00e9n nos permite la comercializaci\u00f3n de sus logotipos, de sus im\u00e1genes\u00bb. <\/p>\n
Esa narraci\u00f3n no prob\u00f3 los hechos del libelo porque el marco legal de la respuesta est\u00e1 apoyado en el contexto del art\u00edculo 25 de la Ley 182 de 1995 sobre las se\u00f1ales incidentales y codificadas de televisi\u00f3n y de las sanciones por su uso indebido, que menciona dos tipos de se\u00f1ales libres, mas no las codificadas, pero aun as\u00ed el tribunal no las diferenci\u00f3. <\/p>\n
El interrogatorio vers\u00f3 sobre los pagos efectuados, no sobre el permiso de los titulares de las obras para su retransmisi\u00f3n; luego, las respuestas solo dan cuenta del pago de los derechos de autor y no demuestran la infracci\u00f3n, el da\u00f1o ni el nexo causal, como lo exige el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, sin los cuales no prospera la acci\u00f3n resarcitoria, por lo que era necesario analizar si el da\u00f1o ocurri\u00f3 bajo la esfera de control de los encartados por actuar u omitir el deber jur\u00eddico de evitarlo. <\/p>\n
Empero, el ad quem no estableci\u00f3 el momento en que ocurri\u00f3 la infracci\u00f3n al derecho de autor, lo que imped\u00eda comprobar el nexo causal, pues se conform\u00f3 con decir que hay obras audiovisuales de titularidad de algunos productores adscritos a Egeda que han sido retransmitidas por Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., con base en el hecho s\u00e9ptimo de la contestaci\u00f3n de la demanda, el interrogatorio de su representante legal y la certificaci\u00f3n de Business Bureau, tras admitir el dicho la actora, seg\u00fan el cual la infracci\u00f3n ocurri\u00f3 desde 2013, sin preguntarse por qu\u00e9 entonces reclam\u00f3 desde el 1 de enero de 2007 hasta la fecha. <\/p>\n
Esa imprecisi\u00f3n temporal destruye el nexo causal, lo que no resuelve la certificaci\u00f3n de Business Bureau, por lo que el tribunal volvi\u00f3 a invadir la esencia y fidedigna declaraci\u00f3n del representante legal de la encartada en cuanto mencion\u00f3 que hacen pagos y cumplen sus obligaciones, sin advertir que era de cargo de la actora probar el da\u00f1o y la fecha exacta de su producci\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que no hizo. <\/p>\n
Esos errores son manifiestos y trascendentes porque de no haberlos cometido otro ser\u00eda el resultado, pues Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., nunca admiti\u00f3 violar derechos de autor de la actora, por lo que no se prob\u00f3 la responsabilidad, m\u00e1xime cuando la confesi\u00f3n recay\u00f3 sobre aplicaciones legales de la Ley 182 de 1995 en materia de se\u00f1ales codificadas e incidentales de su art. 25, por lo que se vulner\u00f3 el art\u00edculo 191 adjetivo que dispone que aquella debe versar sobre hechos y no sobre aplicaciones legales o principios de derecho, lo que descarta la aceptaci\u00f3n que hall\u00f3 la Sala, sobre todo porque el art\u00edculo 176 ib\u00edd., obliga al juez a exponer razonadamente el m\u00e9rito que le da a cada prueba (fls. 23 a 29). <\/p>\n
d).- El cuarto denuncia el quebranto indirecto de la ley sustancial por error de derecho al desconocer la norma probatoria establecida en los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993. <\/p>\n
El tribunal acogi\u00f3 la tarifa presentada por Egeda Colombia, a pesar que no se trata de prueba pericial e inadvirti\u00f3 que est\u00e1 sujeta a variaci\u00f3n anual, sobre todo porque consta en un reglamento de tarifas que debe ser publicado, por lo menos una vez al a\u00f1o, en un medio de amplia circulaci\u00f3n (literal h art. 45 ib\u00edd.) y debe ser proporcional a los ingresos obtenidos con la utilizaci\u00f3n de las obras, salvo que las leyes de los pa\u00edses miembros establezcan algo diferente. <\/p>\n
Como en Colombia esas tarifas deben ser concertadas con los usuarios, no pod\u00eda el tribunal acoger la se\u00f1alada en el juramento estimatorio, sino una que fuera acorde con la Decisi\u00f3n 351 de 1993 y los art\u00edculos 4, 6 y 7 del Decreto 3942, lo que no hizo, por lo que el fallo es ultrapetita, pues la conversi\u00f3n a pesos de la tarifa de 0,30 US tiene un valor muy superior a la que Egeda fij\u00f3 para cada a\u00f1o, de ah\u00ed que la diferencia as\u00ed obtenida elev\u00f3 la condena en forma desproporcionada y conllev\u00f3 una suma superior a la que la jurisprudencia ha reconocido en estos casos, lo que propici\u00f3 un enriquecimiento injustificado de la actora y una transgresi\u00f3n a los principios de justicia (fls. 29 a 34). <\/p>\n
e).- El quinto invoca la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, con sustento en que se incurri\u00f3 en el motivo de nulidad previsto en el numeral 8\u00ba de ese estatuto, por falta de integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n
Adujo que Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., firm\u00f3 el contrato de concesi\u00f3n n\u00ba 076 de 4 de diciembre de 2012 con la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n que la autoriz\u00f3 para operar y explotar el servicio p\u00fablico de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n, habiendo obligado la primera a constituir garant\u00eda \u00fanica de cumplimiento para garantizar sus obligaciones, el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones del personal y la responsabilidad civil extracontractual, para lo cual contrat\u00f3 con Seguros del Estado. <\/p>\n
Era, entonces, necesario vincular a la ANTV, dado que la concesi\u00f3n estaba vigente e inclu\u00eda la obligaci\u00f3n especial para acreditar ante esa entidad anualmente el pago de derechos de autor o los convenios que los autoricen para usar las se\u00f1ales o programas que se distribuyeran, as\u00ed como el cumplimiento de las normas sobre derechos de autor, conexos y de los organismos de radiodifusi\u00f3n, lo que fue el n\u00facleo del debate, de ah\u00ed que su citaci\u00f3n era forzosa y direccionaba el caso hac\u00eda la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, por lo que hay nulidad insaneable (fls. 34 a 37). <\/p>\n
f).- El sexto aduce la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil; 200 y 201 del C\u00f3digo de Comercio, con sustento en que el tribunal supuso las pruebas de la responsabilidad del administrador y asign\u00f3 una presunci\u00f3n sin decir cu\u00e1l de las del art\u00edculo 200 mercantil proced\u00eda, a pesar que ninguna tiene relaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n con el caso. <\/p>\n
El error deriv\u00f3 de una indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 200 y 201 del C\u00f3digo de Comercio, al haber dado por establecida la responsabilidad solidaria del representante legal de la encartada, sin explicar cu\u00e1l presunci\u00f3n hizo actuar, pues una tiene que ver con el incumplimiento o extralimitaci\u00f3n de funciones, violaciones de la ley o los estatutos; y la otra con la proposici\u00f3n o ejecuci\u00f3n de la decisi\u00f3n sobre distribuci\u00f3n de utilidades en contra del art\u00edculo 151 mercantil, ni precisar la el rol de administrador por el que sancion\u00f3 a Luis Eduardo Mur Ballesteros. <\/p>\n
Pas\u00f3 por alto que esas presunciones admiten prueba en contrario y que no hay un solo medio que demuestre la responsabilidad del representante legal de la demandada, luego la valoraci\u00f3n que hizo el ad quem es equivocada, pues no abord\u00f3 el an\u00e1lisis del rol que cumple el administrador en las sociedades ni la forma como responde, seg\u00fan lo dispuesto en la Ley 222 de 1995, que modific\u00f3 el C\u00f3digo de Comercio (37 al 45). <\/p>\n
g).- El s\u00e9ptimo alega el quebranto recto de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1608 y 1613 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculo 191 del C\u00f3digo General del Proceso y del art\u00edculo 65 de la Ley 45 de 1990 sobre intereses de mora. <\/p>\n
El fallador dej\u00f3 de ver que los intereses moratorios comerciales son exigibles en caso de mora y a partir de ella, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 65 de la Ley 45 de 1990, y no desde cuando debi\u00f3 realizarse el pago, de ah\u00ed que en los casos de responsabilidad civil extracontractual solo se causan desde la concreci\u00f3n del perjuicio, pues no derivan de un negocio; lo cual desvirt\u00faa su car\u00e1cter mercantil y hace que su exigibilidad se de a partir la mora ante el no pago de lo liquidado en la sentencia de condena, en coherencia con el art\u00edculo 1617 del C\u00f3digo Civil y la jurisprudencia, espec\u00edficamente la sentencia 076 de 3 de agosto de 2004, rad. 007447, que retom\u00f3 lo dicho en CSJ SC. 11 jul. 2001, rad. 6201, no antes como se hizo en este caso donde el lucro cesante ascend\u00eda a $268\u2019029.684 y no a $1.364\u2019518.151 como se determin\u00f3 (fls. 45 al 48). <\/p>\n
I.-CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
3.- Si el ataque se perfila por la quinta causal del art\u00edculo 336, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s y trascendencia que rigen las nulidades procesales, puesto que solo lograr\u00edan socavar la decisi\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su relevancia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el afectado. <\/p>\n
En tal sentido, en CSJ AC3531-2020, se retom\u00f3 lo dicho en AC 18 dic. 2009, rad. 2002-00007, aplicable al caso dada la similitud en la regulaci\u00f3n de la causal en cuesti\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) respecto de las reglas relativas al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (nulidad), es menester destacar que la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (\u2026) Adicionalmente, es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios b\u00e1sicos que gobiernan la tem\u00e1tica de las nulidades procesales es el de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (\u2026) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. <\/p>\n
4.- La demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida. <\/p>\n
a).- El cargo primero, que denuncia el quebranto directo de la ley sustancial, incurre en la causal de inadmisi\u00f3n prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso, consistente en alegar \u00abcuestiones de hecho o de derecho que no fueron alegadas en las instancias\u00bb, pues aduce que las tarifas que la actora cobra deb\u00edan estar en un reglamento como lo prev\u00e9 el literal g) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, y ser publicadas en un diario de amplia circulaci\u00f3n nacional, seg\u00fan lo exige el literal h) de ese texto legal, lo cual nunca ocurri\u00f3, situaci\u00f3n que las hace inoponibles, argumento que no fue expuesto ni desarrollado en el pleito, lo que impide su formulaci\u00f3n en esta sede que no est\u00e1 hecha para replantear la disputa y proponer defensas no exteriorizadas oportunamente, so pena de sorprender a la contraparte y desconocerle el debido proceso, ya que significar\u00eda juzgarla con alegaciones de \u00faltimo momento y, sobre todo, que fueron ajenas al litigio. <\/p>\n
Al efecto, en CSJ SC3345-2020, se reiter\u00f3 que: <\/p>\n
Ello se explica, sin dificultad, porque si las partes dejan de exponer en las fases procesales pertinentes algunos aspectos de la controversia, no pueden luego, y menos en sede de casaci\u00f3n, tratar de introducirlos sorpresivamente, por ser ello extempor\u00e1neo y contrario a la buena fe y la lealtad procesal que se deben entre s\u00ed y tambi\u00e9n frente al sistema de justicia (n\u00fam. 1, art. 78 C.G.P.). <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n si se advierte que la casaci\u00f3n no es proceso y, por ende, impide replantear el litigio. Es m\u00e1s, su espectro se circunscribe a las precisas causales legales que habilitan el estudio de legalidad del fallo del tribunal (CSJ SC 16 jul. 1965, GJ n\u00ba 2278-2279, p\u00e1g. 106). Fue por eso que en CSJ SC19300-2017, reiterada en SC3345-2020 y en SC5142-2020, se precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) este instrumento extraordinario no habilita un nuevo juzgamiento de la controversia, sino que se circunscribe a la evaluaci\u00f3n de la providencia censurada a la luz de los yerros que le son endilgados por el recurrente. As\u00ed las cosas, no puede emplearse para retomar el estudio de la causa petendi y, menos a\u00fan, innovar en los hechos que le sirven de soporte\u00bb. <\/p>\n
En suma, la falta de alegaci\u00f3n oportuna de los efectos derivados de los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, impide discutirlos en casaci\u00f3n ya que se tornaron puntos pac\u00edficos, pues abordarlos implicar\u00eda burlarle la defensa y contradicci\u00f3n a la contraparte. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el cargo no indica una norma material que haya sido o debido ser pilar del fallo, esto es, que declare, cree, modifique o extinga relaciones jur\u00eddicas concretas, porque se refiere a los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, los art\u00edculos 1741 del C\u00f3digo Civil y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional. <\/p>\n
De ellos solo el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil tiene car\u00e1cter sustancial, pero es impertinente porque no es, ni deb\u00eda ser, base esencial del fallo, pues se refiere a la nulidad absoluta en materia contractual y el litigio se desenvolvi\u00f3 en el \u00e1mbito de la responsabilidad extracontractual, por lo que carec\u00eda de toda relaci\u00f3n o influencia en el asunto. <\/p>\n
Por su lado, los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, se limitan a enunciar algunos de los requisitos que debe tener la autorizaci\u00f3n de funcionamiento de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva de derechos de autor y colectivos, entre ellos, los \u00abreglamentos de socios, de tarifas y de distribuci\u00f3n\u00bb (literal g) y \u00abque se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulaci\u00f3n nacional, el balance general, los estados financieros, as\u00ed como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan\u00bb (literal h), luego, carecen de connotaci\u00f3n material y son insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n recta o indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
Ahora, el art\u00edculo 29 superior tampoco tiene ese car\u00e1cter, como se precis\u00f3 en CSJ AC760-2020, comoquiera que \u00abestablece el debido proceso como derecho fundamental\u00bb y \u00abconsiste en un principio general de orden superior y no una figura jur\u00eddica particularizada, ya que se concreta en las diferentes especialidades de la jurisdicci\u00f3n por temas y es el articulado para cada caso en particular el que merece ser referido\u00bb. <\/p>\n
Eso mismo se hab\u00eda expresado en CSJ AC5435-2017 donde se advirti\u00f3 que, <\/p>\n
[l]os preceptos constitucionales, como el 29 nombrado, no son id\u00f3neos para apalancar, por s\u00ed solos, el motivo inicial de casaci\u00f3n, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario. <\/p>\n
Esa falencia es insalvable porque, como se dijo en CSJ AC2116-2020, \u00ab(\u2026) aunque la compilaci\u00f3n de la que hagan parte las normas no determina la categor\u00eda material que pueda predicarse de ellas, lo cierto es que tal calidad no la ostentan aquellas que regulan temas probatorios, procedimentales o de tr\u00e1mite del proceso\u00bb, en coherencia con CSJ AC4084-2019 y CSJ AC 10 ago. 2011, rad. 2003-03026, respecto a que: <\/p>\n
[c]omo lo tiene por sentado la jurisprudencia, \u201cuna norma es de estirpe sustancial cuando contiene una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d (G.J. CLI, p\u00e1g.254) y por ende carecen de tal connotaci\u00f3n \u201clos preceptos materiales que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u201d (auto 5 de agosto de 2009, exp. 1999 00453 01; reiterado el 12 de abril de 2011, exp. 11001-3103-026-2000-24058-01). <\/p>\n
b).- El segundo cargo alega violaci\u00f3n recta de los art\u00edculos 11 de la Ley 680 de 2001; 20, 29 y 365 de la Constituci\u00f3n Nacional y 21 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993. <\/p>\n
Empero, en su desarrollo solo se refiere a la primera de esas normas, sin mencionar de qu\u00e9 forma fue vulnerada, si por falta de empleo, indebida aplicaci\u00f3n o err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, lo cual torna gen\u00e9rica la acusaci\u00f3n que se limita a se\u00f1alar que \u00abel art\u00edculo 11 de la Ley 680 de 2001 obliga a los operadores de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n a garantizar sin costo a los suscriptores la recepci\u00f3n de los canales colombianos de televisi\u00f3n abierta de car\u00e1cter nacional, regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o v\u00eda satelital en el \u00e1rea de cubrimiento \u00fanicamente\u00bb, sin tener que pagar derechos por ese concepto, incluidos los de comunicaci\u00f3n p\u00fablica y conexos, seg\u00fan se precis\u00f3 en C-654 de 2003 y que no es cierto lo que dice Egeda acerca de que la limitaci\u00f3n y excepci\u00f3n s\u00f3lo aplica frente a derechos conexos que son los que representan Caracol, Rcn y dem\u00e1s operadores abiertos radiodifundidos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es incompleto porque no cuestiona la premisa del tribunal consistente en que: <\/p>\n
(\u2026) el Acuerdo 10 de 2006, expedido por la CNTV dispuso, en su art\u00edculo 2\u00ba que \u00abel servicio de televisi\u00f3n cuya se\u00f1al, independientemente de la tecnolog\u00eda y el medio de transmisi\u00f3n utilizados y con sujeci\u00f3n a un mismo r\u00e9gimen jur\u00eddico de prestaci\u00f3n, est\u00e1 destinada a ser recibida solamente por las personas autorizadas para la recepci\u00f3n; lo que quiere decir que, en definitiva, la ley impone a los cable-operadores la transmisi\u00f3n gratuita de las se\u00f1ales nacionales; empero, vuelve \u00e9sta Sala de Decisi\u00f3n a insistir en lo sostenido a lo largo de esta providencia, se trata de la retransmisi\u00f3n de la se\u00f1al que no de la programaci\u00f3n ni de la obra u obras en esta contenidas y, en todo caso, una y otras debe ser previamente autorizada por la radiodifusora o la programadora o el productor de la obra audiovisual o su representante seg\u00fan corresponda, como as\u00ed lo dej\u00f3 establecido el Tribunal Judicial de la Comunidad Andina en su interpretaci\u00f3n del caso, por lo que tal argumento no exime a la empresa demandada de gestionar la autorizaci\u00f3n cuya ausencia motivo este proceso. <\/p>\n
Tal circunstancia torna inid\u00f3neo el embate, comoquiera que no confronta el razonamiento que, en esencia, aspira derruir. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al contrastar la lectura que hacen los recurrentes del alcance y \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11 de la Ley 680 de 2001, se observa que en ella se plantea un simple desacuerdo con el criterio del juzgador, a pesar que esta v\u00eda no tiene tal prop\u00f3sito, sino hacer ver yerros palmarios y trascendentes cometidos en la decisi\u00f3n pugnada, de ah\u00ed que el discurso de los opugnadores deb\u00eda apuntar a ese objetivo, antes que ensayar una propuesta alterna respecto de las premisas que escoltan el veredicto fustigado. <\/p>\n
c).- El tercer embate denuncia el quebranto directo de la ley sustancial, pero cuestiona un tema probatorio consistente en que se incurri\u00f3 en error de hecho porque se supuso la confesi\u00f3n del representante legal de la sociedad convocada. <\/p>\n
Es as\u00ed como plantea que ese directivo jam\u00e1s admiti\u00f3 hechos perjudiciales a su representada, pues su declaraci\u00f3n vers\u00f3 sobre el cumplimiento de las normas de derechos de autor y no de su desconocimiento, toda vez que el marco legal de las respuestas est\u00e1 apoyado en el contexto del art\u00edculo 25 de las se\u00f1ales incidentales y codificadas de televisi\u00f3n y de las sanciones por su uso indebido de la Ley 182 de 1995 que menciona dos tipos de se\u00f1ales libres, mas no las codificadas, lo que significa que la cr\u00edtica, que se anunci\u00f3 ser\u00eda de puro derecho, se adentra en el campo de las pruebas. <\/p>\n
Si se abordara como error de hecho, el resultado no cambiar\u00eda porque la sustentaci\u00f3n se entromete en el campo del yerro de iure cuando sostiene que la confesi\u00f3n que vio el juzgador recay\u00f3 sobre aplicaciones legales de la Ley 182 de 1995 en materia de se\u00f1ales codificadas e incidentales de su art. 25, por lo que se vulner\u00f3 el art\u00edculo 191 adjetivo que dispone que esta debe versar sobre hechos y no sobre aplicaciones legales o principios de derecho, lo que la descarta, sobre todo porque era deber de la actora probar los elementos de la acci\u00f3n al as\u00ed impon\u00e9rselo el art\u00edculo 167, en coherencia con el 176 del C.G.P., que obliga al juez a exponer razonadamente el m\u00e9rito que le da a cada prueba, de modo que la cr\u00edtica se sale del \u00e1mbito propuesto, pues se duele de un yerro de ponderaci\u00f3n material de la evidencia, pero critica la forma como el ad quem emple\u00f3 las normas de disciplina probatoria. <\/p>\n
En suma, el reparo es deshilvanado porque, aunque se propuso por la causal primera de casaci\u00f3n, desde el inicio se adentr\u00f3 a cuestionar la valoraci\u00f3n objetiva de los medios de juicio y al final fue a parar en el terreno del error de iure, habida cuenta que disput\u00f3 la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba, mixtura que lo torna inf\u00e9rtil. <\/p>\n
d).- El cuarto cargo denuncia violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por error de derecho con sustento en que se ignor\u00f3 la regla probatoria establecida en los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993, pero no relaciona una norma sustancial con incidencia en la definici\u00f3n del litigio, esto es, una que declare, cree, modifique o extinga relaciones jur\u00eddicas concretas. <\/p>\n
Los literales g) y h) del art\u00edculo 45 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 se limitan a enunciar algunos de los requisitos que debe contener la autorizaci\u00f3n de funcionamiento de las sociedades de gesti\u00f3n colectiva de derechos de autor y conexos, entre ellos, tener \u00abreglamentos de socios, de tarifas y de distribuci\u00f3n\u00bb (literal g), y \u00abque se obliguen a publicar cuando menos anualmente, en un medio de amplia circulaci\u00f3n nacional, el balance general, los estados financieros, as\u00ed como las tarifas generales por el uso de los derechos que representan\u00bb (literal h), por lo que carecen de connotaci\u00f3n material y son, por ende, insuficientes para estructurar un cargo por violaci\u00f3n recta o indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
Y aunque en el desarrollo de la arremetida se hace alusi\u00f3n a otras normas jur\u00eddicas, lo cierto es que no se denuncian como quebrantadas, ni se aduce la forma como ello pudo haber ocurrido, lo que impide considerar cu\u00e1l era su incidencia en la resoluci\u00f3n del litigio. <\/p>\n
Sobre el punto, en CSJ AC2133-2020, se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en cuanto a que \u00ab(\u2026) cuando el recurso se finque en la transgresi\u00f3n (directa o indirecta) de normas de car\u00e1cter sustancial, es tarea del impugnante invocar al menos un precepto de esa naturaleza que, \u00abconstituyendo base esencial del fallo, o habiendo debido serlo\u00bb, haya sido infringido por la decisi\u00f3n que se censura\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, en CSJ AC334-2021 se record\u00f3 lo dicho en CSJ AC. 4 dic. 2009, rad. 1995-01090-01, en torno a que cuando se alega la causal primera o segunda de casaci\u00f3n, la invocaci\u00f3n de una norma sustancial, con incidencia en la definici\u00f3n del caso, es indispensable, pues de omitirse: <\/p>\n
(\u2026) \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
La advertida desatenci\u00f3n impide admitir el ataque, pues al no conocerse la pauta sustancial que el fallador obvi\u00f3, aplic\u00f3 mal o interpret\u00f3 de forma err\u00f3nea, fr\u00edvolo resultar\u00eda cualquier esfuerzo tendiente a constatar la violaci\u00f3n indirecta denunciada. <\/p>\n
En todo caso, si se estudiara el reparo como falta de consonancia, el resultado seguir\u00eda siendo igual porque no se hizo el contraste necesario entre lo que se deb\u00eda reconocer y el supuesto exceso en que se incurri\u00f3 al tasar la indemnizaci\u00f3n, sumado a que los argumentos en que se apoya el embate no fueron propuestos en las instancias, tanto as\u00ed que ni siquiera se objet\u00f3 el juramento estimatorio que sirvi\u00f3 de referente al tribunal para tasar el lucro cesante reclamado. <\/p>\n
e).- El quinto invoca la causal 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, con sustento en que se incurri\u00f3 en el motivo de nulidad previsto en el numeral 8\u00ba ib\u00eddem, por falta de vinculaci\u00f3n de una entidad que, seg\u00fan se expresa, deb\u00eda concurrir al pleito. <\/p>\n
Aunque la cr\u00edtica viene apuntalada en una supuesta nulidad procesal por no haber integrado el contradictorio, lo que, seg\u00fan se dice, gener\u00f3 falta de jurisdicci\u00f3n, su fundamento medular estriba en que se omiti\u00f3 vincular a la Autoridad Nacional de Televisi\u00f3n (ANTV), sin advertir que, de haberse producido, tal irregularidad solo podr\u00eda ser alegada por la afectada porque as\u00ed lo prev\u00e9 el inciso 3 del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso al preceptuar que \u00ab[l]a nulidad por indebida representaci\u00f3n o por falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento s\u00f3lo podr\u00e1 ser alegada por la persona afectada\u00bb, que ser\u00e1 quien debiendo haber sido convocado al ritual procesal, dej\u00f3 de ser llamado. <\/p>\n
Sobre tal cuesti\u00f3n, en CSJ AC2128-2020, la Sala record\u00f3 que: <\/p>\n
Como se ha explicado, \u00ab[l]a parte que alegue una nulidad deber\u00e1 tener legitimaci\u00f3n para proponerla\u00bb (art. 135 C\u00f3digo General del Proceso), exigencia sobre la cual la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte ha esbozado que \u00absolo el perjudicado con la actuaci\u00f3n an\u00f3mala se encuentra legitimado para alegar la nulidad\u00bb pues \u00abla parte a quien la anomal\u00eda no le irrogue perjuicio, carece, por tanto, de legitimaci\u00f3n para plantearla\u00bb (CSJ SC, 3 sep. 2010, rad. n.\u00b0 2006-00429). <\/p>\n
La demandada-impugnante (\u2026) carece de legitimaci\u00f3n para invocar la supuesta nulidad por falta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por pasiva porque ella s\u00ed fue vinculada al proceso y, por tanto, no result\u00f3 afectada su garant\u00eda fundamental al debido proceso, raz\u00f3n por la que carece de autorizaci\u00f3n para hacer valer el respectivo defecto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, los recurrentes omitieron alegar tal situaci\u00f3n como excepci\u00f3n previa, aun cuando pod\u00edan hacerlo en virtud del numeral noveno, art\u00edculo 100 del C\u00f3digo General del Proceso, luego no pueden proponer tal situaci\u00f3n ahora como causal de nulidad, ya que el art\u00edculo 102 ib\u00eddem se los proh\u00edbe, pues dispone que \u00ab[l]os hechos que configuran excepciones previas no podr\u00e1n ser alegados como causal de nulidad por el demandante, ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones\u00bb (se resalta). <\/p>\n
Lo anterior descarta, de contragolpe, la falta de jurisdicci\u00f3n porque, como la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal se trab\u00f3 entre personas de derecho privado y vers\u00f3 sobre un asunto de esa \u00edndole, era la ordinaria la llamada a zanjarla, m\u00e1xime cuando no se explica por qu\u00e9 en el evento de haberse vinculado a la ANTV ello habr\u00eda cambiado la regla general de atribuci\u00f3n residual prevista en el inc. 1\u00ba, art\u00edculo 15 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
f).- El sexto alega el quebranto directo de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil, 200 y 201 del C\u00f3digo de Comercio, con estribo en que el tribunal supuso la existencia de pruebas que demuestren la responsabilidad del administrador de la empresa convocada y asign\u00f3 una presunci\u00f3n sin decir cu\u00e1l de las previstas en el art\u00edculo 200 del estatuto mercantil aplicaba, a pesar que ninguna tiene relaci\u00f3n con el caso. <\/p>\n
Ello refleja hibridismo porque, aunque el ataque se perfil\u00f3 como violaci\u00f3n recta de la ley sustancial, lo que en verdad confronta es la forma como el juzgador aplic\u00f3 las presunciones legales del art\u00edculo 200 del C\u00f3digo de Comercio, pues se alega que inadvirti\u00f3 que admiten prueba en contrario y que nada dijo respecto a qu\u00e9 clase de administrador era la persona natural hallada responsable, por lo que no hay duda que el ataque se inmiscuye en el campo de la prueba. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el cargo es confuso porque no indica de qu\u00e9 forma se vulner\u00f3 el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, si por falta de empleo, indebida aplicaci\u00f3n o err\u00f3nea interpretaci\u00f3n. <\/p>\n
g).- El s\u00e9ptimo invoca la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1608 y 1613 del C\u00f3digo Civil; 191 del C\u00f3digo General del Proceso y del art\u00edculo 65 de la Ley 45 de 1990 sobre intereses de mora. <\/p>\n
Tal embate luce desenfocado porque discute que en la sentencia se hayan incluido intereses de mora comerciales desde el momento en que se produjo la infracci\u00f3n, a pesar que estos solo proceden desde que se hace exigible la obligaci\u00f3n reconocida en el fallo, sin advertir que en ese veredicto el tribunal no aplic\u00f3 ninguna tasa de inter\u00e9s al lucro cesante que reconoci\u00f3. <\/p>\n
Es m\u00e1s, para la concreci\u00f3n de ese perjuicio material, dicho juzgador emple\u00f3 la tasa de cambio y con base en ella actualiz\u00f3 el valor del d\u00f3lar americano, que era la moneda extranjera a trav\u00e9s de la cual deb\u00eda calcular el valor de las tarifas a tener en cuenta en la liquidaci\u00f3n, lo que demuestra que la acusaci\u00f3n es asim\u00e9trica e impide admitirla a estudio. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
6.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Conexi\u00f3n Digital Express S.A.S., y Luis Eduardo Mur Ballesteros para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 23 de septiembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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AC3670-2021 (2016-00437-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC3670-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-032-2016-00437-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de 2021) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56090","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56090","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56090"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56090\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56090"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56090"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56090"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}