AC3690-2021 (2021-02861-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3690-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02861-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda y Primero Civil del Circuito de Oralidad de Envigado, Antioquia. <\/p>\n
1. Ante el primer estrado mencionado, Uner Augusto Becerra Largo instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Bancolombia, arguyendo el quebranto de los derechos e intereses colectivos de los usuarios, por no contar, en sus instalaciones con un \u201cba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadanos que se movilizan en silla de ruedas, cumpliendo normas ntc y normas icontec\u201d. <\/p>\n
Sin precisar por qu\u00e9 radicaba el libelo en ese lugar, dijo que la vulneraci\u00f3n ocurre en la \u201cCARRERA 42 A # 25 SUR 21 \/ ENVIGADO ANTIOQUIA\u201d (archivo 01, expediente digital). <\/p>\n
2. Esa dependencia judicial admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el libelo mediante prove\u00eddo de 8 de marzo de 2021; no obstante, el 22 de abril siguiente decidi\u00f3 declarar la nulidad de lo actuado y rehusar su competencia, al considerar que la vulneraci\u00f3n no se fij\u00f3 como ocurrida en ese territorio, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 el env\u00edo de las actuaciones a los juzgados civiles del circuito de Envigado, Antioquia (archivo 4, ib.). <\/p>\n
3. Al resolver el remedio horizontal propuesto por el actor en contra de tal determinaci\u00f3n, la autoridad primigenia mantuvo inc\u00f3lume su postura (archivo 7, ib.). <\/p>\n
4. Asignado el asunto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de esa locaci\u00f3n, se abstuvo de avocarlo y, como consecuencia de ello, suscit\u00f3 el conflicto negativo de competencia, con resguardo en el principio de la perpetuatio iurisdictionis (expediente digital). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a esta Sala, a trav\u00e9s de la magistrada sustanciadora, dirimir el presente conflicto, en tanto la Corte es superior funcional com\u00fan de los despachos involucrados, los cuales pertenecen a diferentes distritos judiciales. As\u00ed lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica instituy\u00f3 las acciones populares como un mecanismo de \u201cprotecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u201d de los derechos e intereses colectivos relacionados con \u201cel patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u201d. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca \u00abproteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.\u00bb, cuya efectividad, resalt\u00f3 en esa oportunidad dicha colegiatura, exige \u00abuna labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende, una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva\u00bb -El \u00e9nfasis es de la Sala- (C-377-02, 14 may., exp. D-3774). <\/p>\n
Con arreglo a tan relevante funci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 un rito preferente y c\u00e9lere (art. 6\u00ba, Ley 472 de 1998), desprovisto de dilaciones de cualquier \u00edndole e investido de valores supralegales como los de \u201cprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u201d, imponi\u00e9ndole al juez la obligaci\u00f3n de impulsarlo \u201coficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u201d (art. 5\u00ba, \u00eddem). <\/p>\n
En aras de materializar tales lineamientos, verbi gratia, el art\u00edculo 17 ejusdem, estableci\u00f3 la posibilidad de formular la demanda sin necesidad de apoderado, fijando un breve lapso para su contestaci\u00f3n (10 d\u00edas) y otorgando a la parte convocada la posibilidad de proponer como excepciones previas, exclusivamente, las de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb (art. 23), de modo que no le es posible rebatir la ausencia de competencia territorial a trav\u00e9s de este mecanismo. <\/p>\n
Lo anterior, denota la relevancia de la herramienta constitucional en comento, que impone a los distintos funcionarios judiciales del pa\u00eds, efectuar un cuidadoso examen de los libelos con que se da inicio a las acciones de esa naturaleza, en aras de encausarlas acertadamente, esto es, admitirlas a tr\u00e1mite cuando sea viable o redireccionarlas, inmediatamente, a quien corresponda, en observancia de los principios de prevalencia, celeridad y econom\u00eda procesal aludidos. <\/p>\n
3. En torno a la competencia para conocer este tipo de tramitaciones, el inciso segundo del canon 16 de la citada ley contempl\u00f3 que lo \u201cser\u00e1 (\u2026) el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u201d (subraya la Sala), de donde se extrae que el legislador consagr\u00f3 la concurrencia de dos fueros: el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del llamado a juicio. <\/p>\n
La mencionada regla, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en evidencia \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del \u00faltimo foro, esto es, el del domicilio del convocado a juicio, por disposici\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo, aplicable al caso por remisi\u00f3n del 44 de la norma especial comentada, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, tanto el juez del lugar en el que est\u00e1 domiciliada la entidad demandada, como el de la circunscripci\u00f3n territorial donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia vinculada a los hechos, de ser ese el caso. <\/p>\n
Ante tal elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, selecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador elegido. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha considerado: <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u00bb (CSJ AC3261-2018, 31 jul., rad. 2018-02046-00; criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 may., rad. 2021-00689-01). <\/p>\n
4. Sin embargo, cuando un funcionario distinto al de alguna de las circunscripciones territoriales facultadas para tramitar el pleito, omitiendo su deber de estudiar las diligencias sometidas a su consideraci\u00f3n, como lo dispone el art\u00edculo 90 del estatuto adjetivo, admite su competencia, en \u00e9l quedar\u00e1 radicada \u00e9sta, en virtud del principio de \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, consagrado en el inciso segundo del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u201c[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u201d (Se destaca). <\/p>\n
De no hacer uso de aquellas facultades, como ocurri\u00f3 en el sub examine donde la juzgadora decidi\u00f3 dar curso al juicio sin reparar en su correcta atribuci\u00f3n, se torna inviable desconocer el memorado axioma, cuya inaplicaci\u00f3n \u00fanicamente es admisible en eventos excepcionales como \u201ccuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica\u201d (art. 27 del C.G.P.); est\u00e9n involucrados ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes (art. 97 del C.I.A e inc. 2\u00ba, n\u00fam. 2\u00ba art. 28 ibidem), o entidades territoriales, descentralizadas por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.). <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Corte con insistencia, precisando: <\/p>\n
\u00ab(…) el juez que le d\u00e9 inicio a la actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su competencia (…) dado que cuando se activa la jurisdicci\u00f3n el funcionario a quien se dirige el libelo correspondiente tiene el compromiso con la administraci\u00f3n de justicia y con el usuario que a la misma accede, de calificar la demanda eficazmente, tema que involucra la evaluaci\u00f3n, c\u00f3mo no, tambi\u00e9n de su \u201ccompetencia\u201d, aspecto tal que, una vez avocado el conocimiento, torna en \u00e9l la prorrogaci\u00f3n de aquella at\u00e1ndolo a permanecer en la postura asumida hasta tanto dicha se controvierta. Es decir, en breve, la Sala \u201cha orientado el proceder de los jueces con miras a evitar que despu\u00e9s de aprehendido el conocimiento de un asunto, se sorprenda a las partes vari\u00e1ndola por iniciativa de aquellos\u201d\u00bb (se destac\u00f3) (CSJ AC5451-2016, 25 ago., rad. 2015-02977-00, reiterada, entre otras, en CSJ AC3675-2019, 4 sep. 2019, rad. 2019-02699-00; CSJ AC791-2021, 8 mar., rad. 2021-00589-00; CSJ AC910-2021, 15 mar., rad. 2021-00710-00 y CSJ AC1237-2021, 19 abr., rad. 2021-01079-00). <\/p>\n
5. En ese sentido, no era dable al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Risaralda) desprenderse del pleito asumido, por cuanto ello, adem\u00e1s de quebrantar los mandatos constitucionales de celeridad y econom\u00eda procesal, imperantes en el tr\u00e1mite que debe imprimirse a las acciones populares, desconoce que su competencia se encontraba legalmente prorrogada y no exist\u00eda fundamento jur\u00eddico para alterarla, conforme el reiterado criterio de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al no configurar su actuaci\u00f3n ninguno de los motivos de anulaci\u00f3n taxativamente consagrados en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso o en otra norma especial, la juzgadora no pod\u00eda acudir a ese mecanismo residual, para remediar su falta de examen adecuado del escrito introductor que debi\u00f3 agotar ab initio. <\/p>\n
Lo preanotado, porque aunque le asista raz\u00f3n al concluir que ni la violaci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni el domicilio principal de la demandada se hallaban en esa localidad, al haber dictado el auto admisorio de la acci\u00f3n popular, se arrog\u00f3 la competencia para conocer el pleito, fijaci\u00f3n que no es constitutiva de nulidad, en tanto no concurre el supuesto f\u00e1ctico de actuaci\u00f3n del juez en el proceso \u201cdespu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u201d ( n\u00fam.1 art. 133 CGP) -negrilla para resaltar-. <\/p>\n
6. En consecuencia, en virtud del postulado de la perpetuatio jurisdictionis, corresponde a la falladora primigenia continuar con el adelantamiento del decurso y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda es el competente para continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a las agencias judiciales involucradas y al promotor de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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