AC3716-2021 (2021-02612-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3716-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02612-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Civil del Circuito de Funza (Cundinamarca), para conocer de la acci\u00f3n popular promovida por Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Banco Davivienda S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n el promotor instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Davivienda S.A. (rad. 2020-00472), porque en su sucursal ubicada en la calle 7 n.\u00ba 8 \u2013 16, Centro Comercial Los Pinos, locales 24 al 27 en el municipio de Madrid (Cundinamarca), no cuenta \u00abcon un int\u00e9rprete profesional ni con un gu\u00eda int\u00e9rprete profesional que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005\u00bb. <\/p>\n
El convocante expres\u00f3 que la entidad accionada est\u00e1 domiciliada en la \u00abCalle 7 n.\u00ba 7 – 16 [de] La Virginia y que el sitio de vulneraci\u00f3n [es la] calle 7 n.\u00ba 8 \u2013 16, Centro Comercial Los Pinos, locales 24 al 27 de Madrid (Cundinamarca)\u00bb. <\/p>\n
2. Tal despacho admiti\u00f3 la demanda, orden\u00f3 notificar a la convocada, a la Defensor\u00eda del Pueblo, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y a la Alcald\u00eda de Madrid, posteriormente declar\u00f3 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular y, en consecuencia, rechaz\u00f3 el libelo por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que en el municipio de Madrid se encuentra ubicada la sucursal de la entidad accionada en la cual supuestamente est\u00e1n siendo transgredidos los derechos colectivos, por lo que, en los t\u00e9rminos del numeral 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998, corresponde a su hom\u00f3logo de esta localidad el conocimiento del asunto. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento (rad. 2021-00379) y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, tras estimar que el funcionario de origen no debi\u00f3 apartarse del asunto, en raz\u00f3n a que oper\u00f3 la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, seg\u00fan la cual, salvo casos excepcionales, una vez radicada la competencia no es posible ninguna alteraci\u00f3n motu proprio por el juez que conoce del asunto, de acuerdo con los c\u00e1nones 16 y 27 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional involucra juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El inciso 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998 establece que, trat\u00e1ndose de acciones populares, \u00abser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular\u00bb, y precisa que \u00ab[c]uando por los hechos, sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb. <\/p>\n
Conforme a esa regla especial, el promotor de la acci\u00f3n popular est\u00e1 facultado para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia preventiva la inicia. Puede hacerlo ante el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o ante el del domicilio del querellado, selecci\u00f3n que resulta vinculante para la autoridad ante la cual se concreta. <\/p>\n
Con todo, revisado este punto de competencia en las acciones populares, a partir del auto AC193 de 2017, se dilucid\u00f3 que el citado segmento normativo de la ley 472 de 1998 no contempl\u00f3 soluci\u00f3n para los eventos en que el accionado tiene varios domicilios, o es una persona jur\u00eddica con sucursales o agencias, y los hechos respectivos se relacionan con una de tales sedes, como suele ocurrir en trat\u00e1ndose de entidades financieras, de servicios p\u00fablicos, u otras empresas comerciales (AC193, 23 ene. 2017, rad. n.\u00ba 2016-3352-00, AC329, 26 ene. 2017, rad. n.\u00ba 2016-03423-00, entre otros). <\/p>\n
De ah\u00ed que para casos de varios domicilios, o situaciones f\u00e1cticas relacionadas con una sucursal o agencia espec\u00edfica de la persona jur\u00eddica convocada, con base en la distribuci\u00f3n racional de los asuntos a cargo de los jueces, para un mejor ejercicio de sus funciones, como tambi\u00e9n para facilitar al promotor la elecci\u00f3n del fuero respectivo, en concordancia con el derecho de defensa de su contendor, que al cabo es lo pretendido o perseguido por las normas regulativas de la competencia, sea razonable interpretar la comentada regla especial de la acci\u00f3n popular con las generales que consagra el ordenamiento procesal civil, acorde con el reenv\u00edo que contempl\u00f3 el art\u00edculo 44 de la ley 472 de 1998, el cual dispone que en esos procesos populares \u00abse aplicar\u00e1n las disposiciones del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y del C\u00f3digo Contencioso Administrativo dependiendo de la jurisdicci\u00f3n que le corresponda, en los aspectos no regulados en la presente ley, mientras no se opongan a la naturaleza y la finalidad de tales acciones\u00bb. <\/p>\n
Esa necesidad de integraci\u00f3n normativa entre los ordenamientos se funda en la carencia de regulaci\u00f3n de la ley 472 de 1998 para los referidos casos de pluralidad de domicilios o de sucursales y agencias de personas jur\u00eddicas, adem\u00e1s busca hacer realidad la referida distribuci\u00f3n razonable de los asuntos judiciales y el debido proceso a favor de las partes, en particular del convocado a juicio. <\/p>\n
De ese modo, sin menoscabo de la citada regla especial contenida en el art\u00edculo 16 de la ley 472 de 1998, menester es tener presente tambi\u00e9n el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo cuyo tenor cuando se trate de \u00abprocesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez de aquel y el de esta\u00bb. <\/p>\n
Mandato este \u00faltimo del cual emana que si se demanda a una persona jur\u00eddica, el primer juez llamado a conocer del proceso es el de su domicilio principal, salvo que el asunto est\u00e9 relacionado con una sucursal o agencia, evento o hip\u00f3tesis en que se consagr\u00f3 el fuero concurrente a prevenci\u00f3n, entre el juez del primero o el de la respectiva sucursal o agencia. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese c\u00f3mo esa pauta impide la concentraci\u00f3n de litigios contra una persona jur\u00eddica en su domicilio principal, tambi\u00e9n evita que pueda demandarse en el lugar de cualquier sucursal o agencia, eventualidades que ir\u00edan en perjuicio de la comentada distribuci\u00f3n racional entre los distintos jueces del pa\u00eds, as\u00ed mismo contra los potenciales demandantes que siempre tendr\u00edan que acudir al domicilio principal de las entidades accionadas, e inclusive contra estas \u00faltimas que en cuestiones de sucursales o agencias espec\u00edficas podr\u00edan tener dificultad de defensa. De ah\u00ed que para evitar esa centralizaci\u00f3n o una indebida elecci\u00f3n del juez competente por el factor territorial, la norma consagra la facultad alternativa de iniciar las demandas contra esos sujetos, bien ante el juez de su domicilio principal, o ante los jueces de las sucursales o agencias donde est\u00e9 vinculado el asunto respectivo. <\/p>\n
Claro ejemplo de esa irrazonable concentraci\u00f3n es el caso de autos, en el cual es demandada una sucursal del Banco Davivienda S.A. ubicada en el municipio de Madrid, por no contar en el inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos con un int\u00e9rprete profesional ni con un gu\u00eda int\u00e9rprete profesional; pero de forma il\u00f3gica el demandante se\u00f1ala que el domicilio de la convocada es el municipio de La Virginia (Risaralda), esto es, una sede ajena al domicilio principal de la entidad y al lugar de la sucursal que supuestamente est\u00e1 conculcando los derechos en disputa. <\/p>\n
Al conjugar, pues, las reglas de competencia antes comentadas, de los art\u00edculos 16 de la ley 472 de 1998 y el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como en esta especie de controversia se demand\u00f3 a una persona jur\u00eddica por situaciones vinculadas con determinada sucursal o agencia, es indiscutible que la facultad electiva del foro territorial por el demandante, quedaba circunscrita al domicilio principal, o al juez de la respectiva sucursal o agencia, hip\u00f3tesis \u00faltima que acompasa con \u00abel lugar de ocurrencia de los hechos\u00bb que contempla el citado precepto de la ley 472 de 1998. <\/p>\n
3. No obstante lo anterior, memora la Corte que el servidor judicial tiene el deber de revisar, desde el inicio, el cumplimiento de los requisitos de forma de la demanda, conforme al numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso. Adem\u00e1s, es ese el momento en el que puede inadmitir o rechazar el escrito inicial por alguna de las causales del art\u00edculo 90 de la codificaci\u00f3n adjetiva, entre ellas \u00abcuando carezca de competencia\u00bb. <\/p>\n
Una vez avocado el asunto debe seguir conoci\u00e9ndolo, salvo que el contradictor discuta la competencia por los mecanismos procesales expeditos o el advenimiento de los eventos fincados en los factores subjetivo o funcional, en virtud del principio de prorrogabilidad o \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
(\u2026) Al juzgador, \u2018en l\u00ednea de principio, le est\u00e1 vedado sustraerse por su propia iniciativa de la competencia que inicialmente asumi\u00f3, pues una vez admitida la demanda, s\u00f3lo el demandado puede controvertir ese aspecto cuando se le notifica de la existencia del proceso. Dicho de otro modo, \u2018en virtud del principio de la \u00abperpetuatio jurisdictionis\u00bb, una vez establecida la competencia territorial, atendiendo para el efecto las atestaciones de la demanda, las ulteriores alteraciones de las circunstancias que la determinaron no extinguen la competencia del juez que aprehendi\u00f3 el conocimiento del asunto. \u201cSi el demandado (\u2026) no objeta la competencia, a la parte actora y al propio juez le est\u00e1 vedado modificarla\u2026\u201d (CSJ SC AC051-2016, 15 ene. 2016, rad. 2015-02913-00). <\/p>\n
Postulado desarrollado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso seg\u00fan el cual, \u00ab[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u00bb. <\/p>\n
En concordancia con tales disposiciones el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 139 \u00eddem expresa que \u00abel juez no podr\u00e1 declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional\u00bb. (Resaltado impropio). <\/p>\n
Como denota este precepto, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia de los factores subjetivo y funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n; sin embargo, en el sub lite no se observa ninguna de dichas salvedades por lo que le era imposible al juez inicial desprenderse de la competencia del asunto. <\/p>\n
De all\u00ed que el canon 16 de la citada obra inicia se\u00f1alando, tajantemente, que \u00ab[l]a jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo. La falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso. Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservar\u00e1 validez y el proceso se remitir\u00e1 al juez competente\u00bb. (Resaltado ajeno). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia admiti\u00f3 la demanda y, desde ese momento, asumi\u00f3 la competencia del asunto, no puede variarla a su talante (motu proprio). <\/p>\n
Adem\u00e1s, como las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y en el sub lite no ocurri\u00f3 cualquiera de dichas salvedades, hubo prorrogabilidad de esta, conforme al inciso 2\u00b0 del canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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