AC3723-2021 (2014-00040-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC3723-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-007-2014-00040-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda que present\u00f3 la Fundaci\u00f3n Integral para la Salud y Educaci\u00f3n Comunitaria del Magisterio -Finsema- para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 2 de mayo de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga dentro del proceso ordinario que le adelant\u00f3 Legal Strategy S.A.S., cesionaria de Solsalud E.P.S. S.A., actualmente liquidada. <\/p>\n
a.-)ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Solsalud E.P.S. S.A. en Liquidaci\u00f3n, representada por el agente designado por la Superintendencia Nacional de Salud mediante la Resoluci\u00f3n No. 00795 de 14 de mayo de 2013, pidi\u00f3 declarar la nulidad absoluta, por \u00abfalta de capacidad, objeto il\u00edcito y causa il\u00edcita\u00bb, de la venta contenida en la escritura p\u00fablica No. 1656, otorgada el 16 de ese mes en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bucaramanga, as\u00ed como de su registro en la matr\u00edcula No. 300-50775; en consecuencia, solicit\u00f3 cancelar tales actos y restituirle el bien para satisfacer las acreencias concursales, am\u00e9n de condenar a la convocada a solucionarle costas y perjuicios. <\/p>\n
En subsidio, suplic\u00f3 \u00abdeclarar la revocatoria del negocio plasmado en el contrato de compraventa (sic) suscrito el dos (2) de febrero de dos mil doce (2012)\u00bb con la Fundaci\u00f3n, con id\u00e9nticas secuelas a las ya referidas. <\/p>\n
2.- Relat\u00f3 que, mediante este \u00faltimo acuerdo, \u00abel vendedor\u00bb se oblig\u00f3 a \u00absuscribir la escritura p\u00fablica que se deriva del presente contrato de compraventa\u00bb por un precio de $1.075.000.000 que Solsalud dio por recibido a t\u00edtulo de \u00abcruce de facturaci\u00f3n\u00bb con corte al 31 de enero anterior (compensaci\u00f3n), dejando constancia que el predio fue entregado. El mismo se realiz\u00f3 en el periodo de \u00absospecha\u00bb, pues el 27 de marzo siguiente la Superintendencia Nacional de Salud tom\u00f3 posesi\u00f3n de sus bienes con fines de administraci\u00f3n. Adem\u00e1s, \u00abFinsema\u00bb era conocedora de la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que Solsalud atravesaba por esa \u00e9poca porque era su accionista y asisti\u00f3 a su asamblea de socios. <\/p>\n
Mediante la resoluci\u00f3n No. 735 de 6 de mayo de 2013, el organismo de vigilancia y control dispuso liquidarla, previniendo a sus deudores que le pagaran al agente que design\u00f3 para ese fin, Mario Alberto Posada Rojas, so pena de inoponibilidad; sin embargo, el 14 de ese mes lo relev\u00f3 y nombr\u00f3 a Fernando Hern\u00e1ndez V\u00e9lez, quien asumi\u00f3 el cargo al cabo de dos d\u00edas. <\/p>\n
Mediante un poder que el liquidador inicial confiri\u00f3 el 15 de ese mismo periodo para cumplir la \u00abpromesa de compraventa\u00bb, Luis Carlos Barrag\u00e1n suscribi\u00f3 la escritura atacada a favor de \u00abFinsema\u00bb. En ella se anot\u00f3 que el valor pactado, $1.080.000.000, fue recibido en efectivo, aunque sus estados financieros no lo reflejan; tambi\u00e9n se anex\u00f3 una certificaci\u00f3n de 26 de diciembre de 2013 que indicaba que con ese dinero quedaron saldadas las facturas que all\u00ed se relacionaron. <\/p>\n
El acto reprochado viola el derecho de igualdad que la ley reconoce a sus dem\u00e1s acreedores, toda vez que los otros activos no alcanzaron para satisfacerlos; contiene una compensaci\u00f3n que en el marco que se produjo resulta ilegal; y fue registrado en el folio de matr\u00edcula 300 50775, no obstante que el mismo daba cuenta de la prohibici\u00f3n de hacerlo. <\/p>\n
La Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica report\u00f3 hallazgos relacionados con conflictos de inter\u00e9s y pr\u00e1cticas no autorizadas entre sus directivos, socios y vinculados, manejo irregular de recursos e indebida priorizaci\u00f3n de pagos. <\/p>\n
3.- En el pleito fue reconocida Legal Strategy S.A.S., en calidad de cesionaria de la demandante, a lo que se opuso la demandada. <\/p>\n
4.- Esta formul\u00f3 las excepciones previas de \u00abInexistencia del demandante\u00bb porque fue liquidada mediante resoluci\u00f3n de 6 de junio de 2014; \u00abIncapacidad o indebida representaci\u00f3n del demandante\u00bb por similar raz\u00f3n, por lo que seg\u00fan su criterio deber\u00edan comparecer sus sucesores (socios); y \u00abCompromiso o cl\u00e1usula compromisoria\u00bb. La \u00faltima fue acogida por el juzgado de conocimiento, pero al desatar el respectivo remedio vertical, el superior revoc\u00f3 y la desestim\u00f3 junto con las restantes. <\/p>\n
Por otra parte, se opuso a las pretensiones y propuso la defensa de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abExistencia de capacidad, objeto y cl\u00e1usula l\u00edcitos en el negocio jur\u00eddico demandado\u00bb. <\/p>\n
5.- El 21 de junio de 2018, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bucaramanga estim\u00f3 esta r\u00e9plica y neg\u00f3 las s\u00faplicas del libelo introductorio. <\/p>\n
6.- Apelada la sentencia por la parte actora, el Tribunal la infirm\u00f3, desech\u00f3 la excepci\u00f3n de fondo y declar\u00f3 la nulidad absoluta; orden\u00f3 anotar lo decidido al margen del instrumento notarial y cancelar su inscripci\u00f3n y la de la demanda; y dispuso restituir a favor de Legal Strategy S.A.S. el bien \u00abpara efectos de realizar el pago de las deudas de las que era titular Solsalud E.P.S. S.A. en liquidaci\u00f3n\u00bb, am\u00e9n de $1.320.496.773 por frutos con intereses del 6% anual una vez vencido el plazo de 8 d\u00edas que dio para cancelarlos a partir de la ejecutoria. Adem\u00e1s, dej\u00f3 sin efecto el pago de las obligaciones incorporadas en las facturas relacionadas en la escritura, que haya sido consecuencia del acto aniquilado, impuso las costas a la vencida y mand\u00f3 informar lo resuelto al Superintendente Nacional de Salud. <\/p>\n
Lo anterior, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
Se encuentran reunidos los presupuestos procesales, no hay nulidad que invalide lo actuado y las partes est\u00e1n legitimadas en la causa, con la precisi\u00f3n que si bien Solsalud se extingui\u00f3 el 6 de junio de 2014, previamente, a\u00fan en liquidaci\u00f3n, demand\u00f3 y cedi\u00f3 sus derechos litigiosos a Legal Strategy S.A.S., que en su momento fue reconocida como litisconsorte facultativo y ahora debe considerarse sucesora procesal. <\/p>\n
El acto administrativo que removi\u00f3 al liquidador y design\u00f3 otro no produjo efectos jur\u00eddicos inmediatos, pues primero deb\u00eda notificarse, por lo que cuando Mario Alberto Posada otorg\u00f3 poder para firmar el contrato atacado, el 15 de mayo de 2013, a\u00fan desempe\u00f1aba el cargo; por consiguiente, el apoderado que constituy\u00f3 estaba facultado para disponer del bien el d\u00eda siguiente, y aunque no fuera as\u00ed, ello se enmarcar\u00eda en un tema de inoponibilidad, que no fue lo pedido. <\/p>\n
La venta examinada es nula absolutamente por objeto y causa il\u00edcitos, porque contrari\u00f3 las normas de orden p\u00fablico que disciplinan el tr\u00e1mite liquidatorio, vinculante para todos quienes participan en \u00e9l, cuya finalidad es la satisfacci\u00f3n del pasivo externo, mediante el aval\u00fao y realizaci\u00f3n de los activos de la concursada, bajo el principio fundamental de \u00abigualdad\u00bb de todos los cr\u00e9ditos, con las \u00fanicas excepciones que la propia ley reconoce. <\/p>\n
Todos los bienes que estaban en cabeza de \u00abSolsalud\u00bb integraron la liquidaci\u00f3n, incluido el que fue objeto del negocio controvertido, por lo que su propiedad no pod\u00eda transferirse para el pago de ninguna deuda en particular, sino en los casos y forma previstos en la ley, sin que en el sub examine se hubiese invocado alguna urgencia que justificara una excepci\u00f3n, a lo que se suma que tanto el otorgante del poder como la Fundaci\u00f3n conoc\u00edan el mal estado de los negocios de la concursada. Tampoco es de recibo el argumento que el predio dej\u00f3 de pertenecer a la demandante inicial desde el 2 de febrero de 2012 cuando por documento privado celebr\u00f3 una \u00abcompraventa\u00bb, pues en verdad era una \u00abpromesa\u00bb constitutiva de una obligaci\u00f3n de hacer, sin contar que era nula por falta de requisitos esenciales. <\/p>\n
No puede predicarse que \u00abFinsema\u00bb estaba persuadida de que el contrato se hallaba exento de vicios, pues ten\u00eda pleno conocimiento de la liquidaci\u00f3n, por lo que debe restituir la cosa con sus frutos desde que la recibi\u00f3. <\/p>\n
7.- Las partes interpusieron oportunamente recurso de casaci\u00f3n, siendo negado el de la actora, cuya queja no prosper\u00f3 en esta sede. El de la demandada fue concedido por el ad quem, admitido por la Corte y sustentado mediante la demanda que es objeto de este estudio. <\/p>\n
CARGO \u00daNICO <\/p>\n
Fincado en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, denuncia la \u00abviolaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1740, 1741, 1742, subrogado por el 2\u00ba de la Ley 50 de 1936, 1746, 1519, 1524, 961 y 768 del C\u00f3digo Civil; literal c) del art\u00edculo 116, modificado por el art\u00edculo 22 de la Ley 510 de 1999, numeral 4\u00ba del \u001fart\u00edculo 291, modificado por el art\u00edculo 24 de la ley 510 de 1999, numeral 2\u00ba del 293, numeral 3\u00ba del 295, art\u00edculo 300, modificado por el art\u00edculo 25 de la Ley 510 de 1999, y 301 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero); art\u00edculo 68 de la Ley 715 de 2001, derogado por el art\u00edculo 64 del Decreto 2211 de 2004, derogado a su vez por el art\u00edculo 12.2.1.1.4. del Decreto 2555 de 2010; art\u00edculos 1 y 2 del Decreto 1015 de 2002, reglamentario del art\u00edculo 68 de la Ley 715 de 2001; art\u00edculo 12.2.1.1.4. del Decreto 255 de 2010, que derog\u00f3 el art\u00edculo 64 del Decreto 2211 de 2004; art\u00edculos 9.1.1.1.1., 9.1.1.1.3., 9.1.3.1.1., 9.1.3.1.2., 9.1.3.5.2., 9.1.3.5.3., 9.1.3.5.6. y 9.1.1.2.4. del Decreto 2555 de 2010; art\u00edculos 24 y 27 de la Ley 510 de 1999; art\u00edculos 1 y 2 Decreto 2418 de 1999; art\u00edculo 64 del Decreto 2555 de 2010; art\u00edculo 1 del Decreto Reglamentario 3023 de 2002; art\u00edculo 32, 33 y 34 de la Ley 795 de 2003; art\u00edculo 230 de la Ley 100 de 1993; y art\u00edculos 103 y 104 de la Ley 222 de 1995\u00bb (sic). <\/p>\n
Adujo que la Superintendencia de Salud tiene a cargo la vigilancia de las entidades prestadoras de salud y dentro de sus funciones est\u00e1 intervenirlas con fines liquidatorios, actuaci\u00f3n que se rige por los art\u00edculos 116 del Decreto 663 de 1993, la Ley 510 de 1999 y el Decreto 2418 de ese mismo a\u00f1o, es de naturaleza concursal y universal y tiene como finalidad la pronta realizaci\u00f3n de activos para el pago gradual y r\u00e1pido del pasivo externo, para lo que se designa un agente cuyas competencias y funciones son \u00abregladas\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, sostuvo, \u00abjam\u00e1s\u00bb se ha facultado al liquidador \u00abpara deprecar la nulidad de los actos que haya ajustado el deudor, ni aun los que hayan tenido lugar en el llamado periodo de sospecha\u00bb, pues la normatividad que rige el tema solo lo habilita para instaurar las denominadas acciones revocatorias en la medida que los activos restantes sean insuficientes, las cuales tienen caracter\u00edsticas muy precisas y particulares que impiden confundirlas con aquella u otra figura. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Tribunal cay\u00f3 en confusi\u00f3n al decretar la nulidad, al punto que no retorn\u00f3 el inmueble al patrimonio de la deudora Solsalud E.P.S. sino del tercero Legal Strategy S.A.S., desnaturalizando la noci\u00f3n, alcance y efectos de estas \u00faltimas acciones, sin que para enmendar el yerro sea suficiente la decisi\u00f3n de dejarlo afecto al pago de los acreedores, lo cual conllevar\u00e1 grandes problemas para el liquidador \u00abporque estar\u00eda metiendo manos a bolsillos de un sujeto que no es el concursado\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 que se violaron, en especial, las normas del C\u00f3digo Civil que regulan la nulidad absoluta, porque por sustracci\u00f3n de materia no era procedente aplicarlas, \u00abya que el liquidador carece de facultades para incoar acciones de nulidad\u00bb, y por esa senda result\u00f3 \u00abmuy desacomodada\u00bb la implementaci\u00f3n de las que gobiernan las restituciones mutuas. <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De conformidad con el art\u00edculo 1\u00b0 del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, el C\u00f3digo General del Proceso entr\u00f3 \u00aben vigencia en todos los distritos judiciales del pa\u00eds el d\u00eda 1\u00b0 de enero de 2016, \u00edntegramente\u00bb, por lo que para todos los efectos gobierna esta impugnaci\u00f3n formulada el 8 de mayo de 2019, toda vez que el numeral 5 del art\u00edculo 625 prev\u00e9 que \u00ablos recursos (\u2026) se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, pese a que el pleito fue iniciado bajo el r\u00e9gimen del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta a los recurrentes observar con estrictez ciertos requisitos, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del compendio pertinente, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado precepto impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 ibidem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n; y a\u00fan si los ataques colman las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: i) cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; ii) frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o su intrascendencia; y iii) si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
3.- Si se acude a los numerales uno y dos del \u00faltimo precepto, que establecen como causales de casaci\u00f3n la violaci\u00f3n directa e indirecta de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos una norma de esta estirpe que fuera considerada o desatendida en el pronunciamiento reprochado, pero eso s\u00ed que le sea fundamental, sin que sea admisible una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ibidem. <\/p>\n
En el primer caso, seg\u00fan lo indica el literal a) numeral 2 de tal disposici\u00f3n, el censor ce\u00f1ir\u00e1 la discusi\u00f3n a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, en acatamiento de lo cual debe acreditar la manera como se produjo la trasgresi\u00f3n, cuyo origen puede estar en la equivocada selecci\u00f3n de las disposiciones llamadas a gobernar el caso o en su indebida interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En tal sentido, la jurisprudencia ha predicado que tal modalidad de vulneraci\u00f3n de la ley \u00abes necesario demostrarla\u00bb (CSJ AC 22 jul. 2010, rad. 2006-00026-01), por lo que \u00abpara satisfacer las exigencias formales no es suficiente con la mera invocaci\u00f3n de las normas sustanciales, sino que es preciso en aras de la claridad y precisi\u00f3n, que en la demanda se ponga de presente de qu\u00e9 forma el precepto invocado fue base o debi\u00f3 serlo de la sentencia recurrida, y la manera como el sentenciador lo transgredi\u00f3, es decir, si por falta de aplicaci\u00f3n, por aplicaci\u00f3n indebida o por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb (CSJ AC280-2021). <\/p>\n
Adicionalmente, el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 346 id. prev\u00e9 que la demanda de casaci\u00f3n no es admisible \u00ab[c]uando\u2026se planteen cuestiones de hecho o de derecho que no fueron invocadas en las instancias\u00bb, clausurando as\u00ed la posibilidad que la censora formule alegaciones f\u00e1cticas o jur\u00eddicas novedosas con la vana aspiraci\u00f3n de enderezar el camino, pues ello conlleva una deslealtad procesal que a su vez repercute en el derecho de defensa de la contraparte, que resultar\u00eda sorprendida con ese \u00abmedio nuevo\u00bb no debatido previamente. <\/p>\n
Al comentar dicha disposici\u00f3n, la Corte ha manifestado que la ley <\/p>\n
(\u2026) proh\u00edbe a las partes, a \u00faltima hora, cambios sustanciales de la plana, en el sentido de sustituir o alterar los extremos del litigio, para salvaguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n, en cuanto introducidas tales variaciones en casaci\u00f3n, una sentencia resultar\u00eda infirmada en sede extraordinaria con base en cuestiones respecto de las cuales se habr\u00edan pretermitido las instancias (CSJ AC2947-2017). <\/p>\n
4.- En esta oportunidad, el cargo contenido en el libelo casacional no satisface a cabalidad las exigencias formales destacadas y, por lo tanto, no se abre paso, porque no obstante reprobar la violaci\u00f3n directa de multiplicidad de normas, algunas de las que contradictoriamente se\u00f1ala \u00abderogadas\u00bb, entre las que relieva los art\u00edculos 1740, 1741, 1742, 1746, 1519, 1524, 961 y 768 del C\u00f3digo Civil que disciplinan la nulidad absoluta de los contratos y las restituciones mutuas, en la pr\u00e1ctica enfila su embate a reprochar un aspecto de estirpe netamente adjetivo. <\/p>\n
Es as\u00ed como denuncia la supuesta carencia de facultades del liquidador que la Superintendencia Nacional de Salud nombr\u00f3 al decretar la toma de posesi\u00f3n de los bienes de Solsalud con fines liquidatorios, para reclamar a favor de esta sociedad la nulidad absoluta de la compraventa contenida en la escritura p\u00fablica No. 1656 de 16 de mayo de 2013, tem\u00e1tica t\u00edpica de la \u00abcapacidad judicial\u00bb que de ninguna manera concierne al menoscabo directo de normas sustanciales. <\/p>\n
La genuina adscripci\u00f3n del tema planteado queda en evidencia al repasar el inciso tercero del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente cuando el liquidador confiri\u00f3 el mandato en que converge la censura, seg\u00fan el cual \u00ab[l]as personas jur\u00eddicas comparecer\u00e1n al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo que disponga la constituci\u00f3n, la ley o los estatutos\u00bb, lo que ratifica el inciso quinto del art\u00edculo 54 del C\u00f3digo General del Proceso, que al regular el mismo tema determina que \u00ab[c]uando la persona jur\u00eddica se encuentre en estado de liquidaci\u00f3n deber\u00e1 ser representada por su liquidador\u00bb. <\/p>\n
No es suficiente aducir que por virtud del reconocimiento de una facultad de la que el liquidador carec\u00eda se aplicaron indebidamente disposiciones de ese car\u00e1cter, pues no ser\u00eda diferente a lo que acontece cuando se invoca cualquier otra causal de casaci\u00f3n. Bajo esa equivocada l\u00ednea argumentativa, por ejemplo, cuando el motivo consiste en que la sentencia de dict\u00f3 en un juicio viciado de nulidad, tambi\u00e9n se podr\u00eda arg\u00fcir que rectamente se violaran tales o cuales c\u00e1nones que reconocen derechos subjetivos, pero en realidad ello apenas ser\u00eda un efecto reflejo de ese proceder. <\/p>\n
Al respecto, es oportuno memorar que \u00ab[l]a resultante de esta extra\u00f1a manera de impugnar la sentencia es un hibridismo que choca con el elemental postulado de la t\u00e9cnica del recurso extraordinario, conforme al cual se atribuye autonom\u00eda e individualidad propia a cada una de las causales de casaci\u00f3n, cuyo desconocimiento al formular la respectiva demanda es raz\u00f3n suficiente para desechar el cargo as\u00ed propuesto\u00bb (G.J. CXLVIII, p\u00e1g. 229). <\/p>\n
Lejos est\u00e1 de tratarse de un asunto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, que ata\u00f1e a si la persona que acciona efectivamente tiene el derecho que reclama y de manera reiterada la jurisprudencia ha calificado como sustancial. Apenas consiste en si el poder lo otorg\u00f3 la persona facultada para ese efecto, como lo demuestra que el debate no se oriente a si la desaparecida entidad prestadora de salud pod\u00eda reclamar la nulidad absoluta de la compraventa, sino si su liquidador ten\u00eda potestad para hacerlo en su nombre. <\/p>\n
Sobre este particular, la Corte se\u00f1al\u00f3 que <\/p>\n
Otro de los puntos que se plante\u00f3 en las alegaciones de las instancias y que constituy\u00f3 uno de los ejes centrales de la apelaci\u00f3n consisti\u00f3 en la supuesta falta de legitimaci\u00f3n por pasiva de la liquidadora de la \u201cCompa\u00f1\u00eda de Inversiones Intercontinental porque \u2013a juicio de la apelante\u2013 la representaci\u00f3n en un proceso ordinario es una labor ajena a los actos inherentes al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Pues bien, salta a la vista que el anterior argumento no hace alusi\u00f3n a un problema de legitimaci\u00f3n sino de capacidad de la liquidadora de la sociedad convocada, pues no se pone en duda el derecho de esa entidad a controvertir en el fondo las pretensiones de la demanda, sino la facultad que tiene la liquidadora para actuar a nombre de su representada respecto de actos que la convocada considera no est\u00e1n dirigidos a la labor de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, no cabe duda de que los liquidadores son administradores y representantes de la sociedad \u2013tal como lo ha reconocido la doctrina de manera un\u00e1nime\u2013, solo que sus funciones est\u00e1n circunscritas al proceso liquidatorio; para lo cual deber\u00e1n proceder, sin perjuicio de los dispuesto en otras normas, de conformidad con lo estipulado en el art\u00edculo 238 de la ley de los comerciantes. <\/p>\n
El art\u00edculo 222 del C\u00f3digo de Comercio precept\u00faa que una vez disuelta la sociedad no podr\u00e1 iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservar\u00e1 su capacidad jur\u00eddica \u00fanicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidaci\u00f3n, lo cual es reiterado por el numeral 1\u00ba del canon 238 ibidem.<\/p>\n
Desde luego que las anteriores disposiciones proh\u00edben ejecutar negocios distintos a aqu\u00e9llos que resulten indispensables para el tr\u00e1mite liquidatorio, mas por ello mismo, precisamente, los liquidadores est\u00e1n facultados para defender los activos que posea la entidad al momento de iniciarse su disoluci\u00f3n.<\/p>\n
De todas estas consideraciones se sigue que el liquidador de la sociedad, por ser el representante de \u00e9sta, s\u00ed tiene capacidad para comparecer al proceso (Negrillas propias), CSJ SC, 5 AG. 2013, exp. 2004-00103-01. <\/p>\n
5.- A lo expresado se a\u00fana que la casacionista no ventil\u00f3 en las instancias el reproche que ahora enarbola, de tal suerte que este no podr\u00eda ser objeto de examen de fondo en esta sede extraordinaria sin trasgredir el privilegio esencial de la actora al debido proceso, comoquiera que se la sorprender\u00eda con un tema que no pudo controvertir previamente. <\/p>\n
En efecto, tal circunstancia no se expuso en las excepciones previas, como corresponder\u00eda seg\u00fan la genuina naturaleza del cuestionamiento, ni en las de m\u00e9rito si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara que se trata de un t\u00f3pico sustancial; tampoco en la audiencia prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil o en los alegatos de primero y segundo grado, de tal manera que es una carta blandida a \u00faltimo momento. <\/p>\n
Al respecto, es pertinente reiterar que <\/p>\n
\u00ab(…) como con insistencia lo tienen definido la Sala, es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
5.- En s\u00edntesis, al no ce\u00f1irse el cargo propuesto a los requerimientos formales de esta impugnaci\u00f3n extraordinaria, resulta inviable su admisi\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darle paso en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o del 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, afrenta al principio de legalidad de los fallos ni grave compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablicos. <\/p>\n
III.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por la Fundaci\u00f3n Integral para la Salud y Educaci\u00f3n Comunitaria del Magisterio -Finsema- para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 2 de mayo de 2019 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso ordinario que le sigui\u00f3 Legal Strategy S.A.S., cesionaria de Solsalud E.P.S.. Liquidada. <\/p>\n
Segundo: Devolver, por Secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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AC3723-2021 (2014-00040-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC3723-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-31-03-007-2014-00040-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda que present\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}