ATC1116-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00158-02 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la consulta del auto de 23 de julio pasado, por medio del cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil-Familia, dirimi\u00f3 el incidente de desacato formulado por Dina Mar\u00eda Mart\u00ednez Jim\u00e9nez contra la funcionaria a cargo del Juzgado Noveno Administrativo de la misma ciudad, sancion\u00e1ndola con arresto de un (1) d\u00eda y multa de un (1) s.m.l.m.v; si no fuese porque aflora una causal de nulidad susceptible de ser declarada. <\/p>\n
Por averiguado se tiene que erigi\u00e9ndose el proceso como una serie de actos coordinados y sucesivos al interior del cual se discuten la pretensi\u00f3n y la oposici\u00f3n correlativa, este ha de estar sometido a unas formalidades que garanticen el derecho individual y permitan el cumplimiento de los principios constitucionales y el derecho de defensa de las partes. <\/p>\n
El desconocimiento o inobservancia de las formas legalmente constituidas para el regular desenvolvimiento de la relaci\u00f3n procesal entra\u00f1a anomal\u00edas de las que se deriva una nocividad capaz de afectar los derechos de los contendientes y cuya ocurrencia ha sido prevista teleol\u00f3gicamente por el legislador, precisamente para evitar conculcaci\u00f3n alguna. A tal fin, el C\u00f3digo General del Proceso reglament\u00f3 los sucesos que ostentan el car\u00e1cter de nulidad y atribuy\u00f3, en consecuencia, la calidad de irregularidades de menor entidad y por ende saneables a trav\u00e9s de otros medios de impugnaci\u00f3n, a las dem\u00e1s falencias all\u00ed no contempladas. <\/p>\n
Espec\u00edficamente cuando en el transcurso del rito se presenten situaciones t\u00edpicas que vulneren el derecho de defensa, a efectos de salvaguardarlo, fueron consagrados por el estatuto adjetivo, en forma taxativa, los hechos que pueden configurar la anulaci\u00f3n procedimental, con el fin de preservar la garant\u00eda constitucional del debido proceso. <\/p>\n
La tutela, a pesar de que entra\u00f1a un procedimiento breve y sumario no puede desconocer derechos fundamentales, destacando que la celeridad que es propia de su naturaleza no ha de traducirse en trasgresi\u00f3n al derecho de defensa de las personas. <\/p>\n
Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el tribunal a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
En efecto, revisada la actuaci\u00f3n (promovida por la incidentante frente a los Juzgados Novenos de Familia y Administrativo, ambos de Barranquilla), se observa que el 13 de mayo de los corrientes dicho juzgador -el tribunal-profiri\u00f3 fallo de tutela2, en el cual dispuso: <\/p>\n
(\u2026)1\u00ba.- \u2026 Ordenar la Armada Nacional[,] Direcci\u00f3n de Prestaciones Sociales[,] que dentro de las 48 horas siguientes a dicha notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, d[\u00e9] la orden de no generar nuevos t\u00edtulos de dep\u00f3sito judicial a favor de los Juzgados 9\u00b0 de Familia y 9\u00ba Administrativo de Barranquilla y proceder a cancelar los descuentos realizados al se\u00f1or Guillermo Moreno Ortega directamente a la accionante… <\/p>\n
2\u00ba) Ordenar a los Juzgados 9\u00b0 de Familia y 9\u00ba Administrativo de Barranquilla, que dentro de las 48 horas siguientes a dicha notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, procedan a hacer las gestiones para ordenar y hacer efectivo el pago a favor de la accionante se\u00f1ora Dina Mar\u00eda Mart\u00ednez Jim\u00e9nez de los dineros que por error de la Armada Nacional fueron puestos a su Disposici\u00f3n. En el caso de que las reglas tecnol\u00f3gicas del actual Sistema de entrega de Dep\u00f3sitos judiciales no les permitan hacer el pago directo a la accionante, deber\u00e1n hacer las gestiones para que esos dineros sean reintegrados a la Armada Nacional y sea esa quien los cancele\u2026 <\/p>\n
Con posterioridad, la titular del rito de amparo radic\u00f3 escrito en el que solicit\u00f3 el adelantamiento del incidente de desacato de marras contra los inicialmente accionados, el cual dio lugar a que \u2013despu\u00e9s de inclinar su censura incidental s\u00f3lo respecto a la jueza novena administrativa fustigada\u2013, el tribunal a-quo modulara, mediante auto de 13 de julio pasado, el mandato impartido en el fallo descrito l\u00edneas arriba, bajo las siguientes \u00f3rdenes: <\/p>\n
(\u2026) PRIMERO: Solicitar al personal del Juzgado 9\u00b0 de Familia de Barranquilla, Banco Agrario, a los se\u00f1ores Rubis Nayibe Amaya Ovalle, Profesional Universitario Grado 11 Oficina de Dep\u00f3sitos Judiciales y Auristaciano Soto Consuegra, Jefe de [\u00c1]rea de Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial Barranquilla, se sirvan COLABORAR y ASESORAR al personal del Juzgado 9\u00ba Administrativo, a fin gestione y realice una labor similar a la efectuada por el Juzgado 9\u00ba de Familia, para que, en el t\u00e9rmino de dos d\u00edas, entregue los dineros a su disposici\u00f3n a la accionante. <\/p>\n
En la providencia correspondiente, se dejar\u00e1 expresa constancia que tal actuaci\u00f3n se realiza en cumplimiento de la orden conferida por esta Sala de Decisi\u00f3n, indicando a las partes procesales de dicho proceso, que la misma carece para ellos de todo recurso, pues no tienen ning\u00fan inter\u00e9s sustancial ni procesal en la misma y una vez notificado ese auto se proceder\u00e1 a ordenar al Banco Agrario el pago correspondiente, sin esperar su ejecutoria\u2026 <\/p>\n
Sin embargo, se advierte que fue desconocido el rito inherente al plenario incidental, pues luego de la modulaci\u00f3n de sentencia arriba aludida, el a-quo constitucional procedi\u00f3, de manera subsiguiente, a amonestar a la jueza administrativa acusada, mediante el prove\u00eddo objeto de la presente consulta, sin haber agotado, previamente, el requerimiento y la apertura de la solicitud de sanci\u00f3n (por desacato) dirigida s\u00f3lo a tal administradora de justicia y, en especial, el debate probatorio a que alude el precepto 127 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso3; situaci\u00f3n que supone una seria vulneraci\u00f3n a las garant\u00edas de las partes, m\u00e1xime si en el curso de la diligencia que da pie a este pronunciamiento de la Corte se resolvi\u00f3 (reit\u00e9rese) modular la orden de tutela impartida en un inicio. <\/p>\n
Acerca de cuando se trasgrede la tramitaci\u00f3n propia del incidente de desacato, esta Colegiatura ha indicado (en vigencia del derogado estatuto procesal civil, pero aplicable de cara al nuevo c\u00f3digo de los procedimientos), en un caso con cierta simetr\u00eda, que: <\/p>\n
\u2026En el caso bajo estudio se advierte de entrada, que no se inici\u00f3 el tr\u00e1mite incidental como correspond\u00eda, pues t\u00e9ngase en cuenta que seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991, previo a la apertura del mismo, debe mediar un requerimiento a efectos que se expliquen las razones por las que no se ha acatado el mandato constitucional, y, se individualice qui\u00e9n es el funcionario encargado de cumplir con la orden. <\/p>\n
Sin embargo, dicho procedimiento no fue agotado por el Tribunal, quien tal y como obra dentro el plenario a folio 15 del cdno. 1, procedi\u00f3 directamente a dar apertura al tr\u00e1mite solicitado, y all\u00ed mismo requiri\u00f3 al superior jer\u00e1rquico del presuntamente llamado a responder, es decir, al Director General de la Polic\u00eda Nacional, Mayor General Oscar Atehort\u00faa Duque, para que hiciera cumplir la orden de tutela o informara el funcionario responsable de cumplirlo; de este modo, resolvi\u00f3 \u00abIMPR[\u00cd]MASE tr\u00e1mite incidental a la queja\u00bb, y a paso seguido requiri\u00f3 al superior jer\u00e1rquico del accionado para que verificara si \u00e9ste ha cumplido con lo ordenado. <\/p>\n
(\u2026) De otra parte, y sin perjuicio de lo anterior, t\u00e9ngase en cuenta que como el art\u00edculo 52 de la normativa citada prev\u00e9 que la sanci\u00f3n debe imponerse mediante tr\u00e1mite incidental, el Tribunal deb\u00eda acudir a las normas del estatuto procesal civil que regulan los incidentes, es decir, el art\u00edculo 137 de la ley adjetiva, que consagra lo siguiente: <\/p>\n
(\u2026)Los incidentes se propondr\u00e1n y tramitar\u00e1n as\u00ed: 1. El escrito deber\u00e1 contener lo que se pide, los hechos en que se funden y la solicitud de las pruebas que se pretenda aducir, salvo que \u00e9stas figuren ya en el proceso (\u2026). <\/p>\n
2. Del escrito se dar\u00e1 traslado a la otra parte por tres d\u00edas, quien en la contestaci\u00f3n pedir\u00e1 las pruebas que pretenda hacer valer y acompa\u00f1ar\u00e1 los documentos y pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, en caso de que no obren en el expediente. <\/p>\n
3. Vencido el t\u00e9rmino del traslado, el juez decretar\u00e1 la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas que se considere necesarias y de las que ordene de oficio, para lo cual se\u00f1alar\u00e1, seg\u00fan el caso, un t\u00e9rmino de diez d\u00edas o dentro de \u00e9l, la fecha y hora de la audiencia o diligencia; no habiendo pruebas qu\u00e9 practicar, decidir\u00e1 el incidente.\u00bb\u2026 <\/p>\n
Acorde con lo expuesto, no cabe duda para esta Corporaci\u00f3n, que resultaba necesario que el Tribunal se pronunciara sobre la pertinencia, conducencia y relevancia de los medios probatorios existentes, antes de la emisi\u00f3n de la providencia sancionatoria, en cumplimiento del numeral 3\u00ba transcrito, o que de no ser necesario el decreto de pruebas, se motivara la determinaci\u00f3n de omitir su realizaci\u00f3n, lo que en este caso tampoco sucedi\u00f3\u2026 (Se destac\u00f3 – CSJ ATC2161-2018, 19 nov., rad. 2011-00294-01). <\/p>\n
Luego, como fue demeritado el tr\u00e1mite correspondiente luego de la modulaci\u00f3n del fallo tutelar, requisito necesario para garantizar el debido proceso, se concluye que las foliaturas est\u00e1n afectadas por un vicio que conduce a la declaratoria de la nulidad de lo actuado en el presente incidente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este asunto, a partir del momento en que, modulada la orden constitucional a cumplir (13 jul. 2021), debi\u00f3 producirse la tramitaci\u00f3n propia del rito incidental, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, por el tribunal de origen renu\u00e9vese la actuaci\u00f3n viciada, conforme con lo expuesto en la parte motiva de este prove\u00eddo. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s notificaciones pertinentes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Confirmado por esta Sala de la Corte en veredicto CSJ STC7620, 24 jun. 2021. <\/p>\n
3\u0002 En tanto regulan los incidentes. Disposiciones aplicables, como se dijo anteriormente, por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
<\/p>\n
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