ATC1124-2021<\/p>\n
<\/p>\n
ATC1124-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02704-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira y Veinticuatro Civil Municipal de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mariela Uribe Moreno contra Big Cakes Postres y Tortas S.A.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante dirigi\u00f3 su escrito introductor al \u00abJUEZ CONSTITUCIONAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI (REPARTO)\u00bb, con el prop\u00f3sito de que se conmine a la empresa requerida \u2013que otrora fungi\u00f3 como su empleadora\u2013 a responder la petici\u00f3n que formul\u00f3 para que se le indicara el monto de su liquidaci\u00f3n por la finalizaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral y la documentaci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
Como sustento de la queja constitucional, se\u00f1al\u00f3 que \u00aba la fecha no he recibido respuesta alguna por parte de la empresa Big Cakes Postres y Tortas S.A.S. lo cual da cuenta que se incumpli\u00f3 el t\u00e9rmino que posee la empresa para resolver dicho derecho de petici\u00f3n\u00bb, por lo que solicit\u00f3 que se \u00abtutele mi derecho fundamental (\u2026) en virtud del art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y como consecuencia de ello se ordene a la entidad accionada a que en un t\u00e9rmino perentorio d\u00e9 respuesta completa, clara y de fondo\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali, al que inicialmente correspondi\u00f3 conocer del asunto, se apart\u00f3 de la causa pretextando que, de acuerdo con el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el competente para conocer del resguardo es el Juez Civil Municipal de Palmira, por cuanto \u00abcomo se desprende de los documentos aportados, petici\u00f3n, y por el lugar de la presunta vulneraci\u00f3n en la carrera 22 No. 31- 06 de la ciudad de [Palmira] \u2013 Valle, donde se ubica la empresa accionada\u00bb. En consecuencia, all\u00ed remiti\u00f3 las diligencias. <\/p>\n
3. El estrado judicial receptor, esto es, el Juzgado Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, tras considerar que \u00aba pesar de que el derecho de petici\u00f3n fue enviado a una nomenclatura en esta municipalidad, es cierto tambi\u00e9n que en el escrito tutelar e incluso, en el mismo derecho de petici\u00f3n, la peticionaria indic\u00f3 como lugar para efectos de notificaciones una direcci\u00f3n en el municipio de Cali, lugar donde radic\u00f3 su demanda tutelar. De tal manera, de acuerdo con la competencia \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, el conocimiento del asunto debe ser asumido por la primera autoridad que conoci\u00f3 el asunto, pues jur\u00eddicamente es competente para resolver el caso de marras\u00bb. <\/p>\n
Con esos argumentos, plante\u00f3 conflicto y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para dirimirlo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Aptitud legal para la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Compete a la Corte, mediante pronunciamiento del Magistrado Sustanciador, definir este asunto por cuanto involucra a dos despachos de diferentes distritos judiciales, respecto de los cuales, por la materia de la causa, se detenta condici\u00f3n de superior funcional com\u00fan; ello de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el precepto 139 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Competencia por el factor territorial en materia de tutela. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, la adecuada asignaci\u00f3n de solicitudes de amparo formuladas para lograr la salvaguarda de bienes iusfundamentales requiere elucidar el lugar en el que se produjo la infracci\u00f3n \u2013o la amenaza\u2013 al n\u00facleo fundamental de derechos del reclamante, as\u00ed como la sede en la que el acto censurado concretar\u00eda sus consecuencias, pudiendo optar el accionante por cualquiera de ellas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha precisado esta Colegiatura, en asuntos similares al que ahora se examina: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 37 del Decreto 2591, en concordancia con el 86 de la Carta Pol\u00edtica, dispone que el conocimiento de la tutela corresponde \u201ca prevenci\u00f3n\u201d, a los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde se produce el menoscabo o la amenaza para los derechos constitucionales fundamentales, vale decir, se deben ponderar para resolver asuntos de esta especie varios factores a saber: la sede de la autoridad demandada, el lugar donde se producen los efectos de la vulneraci\u00f3n y el lugar donde el titular del derecho instaura la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que la sede de las autoridades demandadas no es par\u00e1metro exclusivo e invariable para determinar la competencia del funcionario que ha de conocer la acci\u00f3n de tutela, porque no se puede desconocer que esta acci\u00f3n p\u00fablica tiene objetivo principal la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en tales condiciones es necesaria una consideraci\u00f3n especial en cuanto al lugar donde se materializan los efectos de la violaci\u00f3n en que se basa la petici\u00f3n de amparo y tambi\u00e9n la circunscripci\u00f3n judicial escogida por el ciudadano para demandar la protecci\u00f3n de sus derechos (art\u00edculo 1\u00ba, inciso primero Decreto 1382 de 2000)\u00bb. (CSJ ATP, 24 jul. 2001, rad. 9848; reiterado en CJS ATC2816-2017, 4 may.). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Preliminarmente, esta Sala relieva que el sistema atributivo de competencia preventiva en materia de tutela implica que la accionante \u00abbien puede escoger el Juez ante quien va a formular su solicitud de amparo, siempre que de dicho lugar resulte predicable la ocurrencia del quebranto o la de sus efectos\u00bb, lo que sugiere, en principio, que en el sub ex\u00e1mine cualquiera de las autoridades en contienda podr\u00eda proveer sobre el particular; pues, en primer lugar, el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali corresponde al lugar que la memorialista indic\u00f3 en su escrito introductor para recibir notificaciones \u2013 y en la petici\u00f3n lo refiri\u00f3 como su domicilio1\u2013, al paso que, el hom\u00f3logo Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira se acompasa con la sede de la empresa convocada. <\/p>\n
Sin embargo, analizado el sumario, se concluye que quien debe conocer del asunto en esta oportunidad es el estrado judicial de Cali, dado que ese fue el lugar escogido por la gestora para radicar su amparo, aunado a que, v\u00e1lidamente, se puede colegir que es all\u00ed donde se producen los efectos de las actuaciones aducidas como vulneradoras, principalmente, la supuesta falta de respuesta de una petici\u00f3n relacionada con sus acreencias laborales; en tanto, en el escrito inicial, la actora pidi\u00f3 ser comunicada de las actuaciones en la \u00abCr 3 #70-90 del barrio Confenalco, Santiago de Cali\u00bb (cd. principal, f. 9), m\u00e1xime que, como ya se mencion\u00f3, en la solicitud que pretende hacer cumplir adujo estar domiciliada en dicha localidad. <\/p>\n
Lo anterior, en virtud del art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece que \u00abson competentes para conocer de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces o tribunales con jurisdicci\u00f3n en el lugar donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza\u00bb, norma sobre la cual la Sala ha precisado que su finalidad es: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) facilitar al presunto afectado la elecci\u00f3n del Juez que resuelva sobre la tutela de sus garant\u00edas superiores, de manera que la competencia por el factor territorial debe establecerse, a prevenci\u00f3n, por el lugar en que, acorde con las afirmaciones del correspondiente libelo, adquiere materialidad la violaci\u00f3n o amenaza, es decir, donde se producen los efectos de la actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n cuestionadas, que regularmente coincide con el sitio donde el peticionario se desenvuelve en forma cotidiana, sin que para ello importe el domicilio o sede administrativa del accionado; lo que debe ser entendido sin perjuicio de la confluencia de fueros cuando dichos efectos pueden tener incidencia en varios lugares, e inclusive por la sede en menci\u00f3n, casos en que es facultativo para el peticionario escoger entre \u00e9stos\u00bb (ver, entre otros, CSJ ATC2439-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
De conformidad con las premisas precedentes, es el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali el llamado a dirimir el asunto de la referencia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR competente al Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Cali para conocer de la acci\u00f3n constitucional de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. REMITIR la actuaci\u00f3n a la mentada autoridad, por intermedio de la oficina respectiva, para que asuma el conocimiento del asunto. <\/p>\n
TERCERO: COMUNICAR lo decidido a los estrados involucrados y a la parte accionante, anexando copia \u00edntegra de la esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 As\u00ed lo indic\u00f3 en la petici\u00f3n que se pretende hacer cumplir a trav\u00e9s del amparo: \u00abdomiciliada en la ciudad de Santiago de Cali en la direcci\u00f3n Cr 3 #70-90 barrio Confenalco\u00bb (f. 11, cuaderno principal). <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
ATC1124-2021 ATC1124-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02704-00 Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Palmira y Veinticuatro Civil Municipal de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56132","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56132","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56132"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56132\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56132"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56132"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56132"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}