ATC1125-2021<\/p>\n
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ATC1125-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2021-00132-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 8 de julio de 2021, dictada por la Sala Civil – Familia – Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en la salvaguarda instaurada por Mar\u00eda, en representaci\u00f3n de su menor hija Valeria1, contra el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador (C\u00f3rdoba), con ocasi\u00f3n del tr\u00e1mite de \u201crestablecimiento de derechos\u201d, iniciado en favor de la mencionada infante; no obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad, la cual afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a \u201cla familia\u201d, presuntamente violentadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, al resolver la impugnaci\u00f3n presentada por la aqu\u00ed libelista en un asunto de similar linaje, ampar\u00f3 los derechos reclamados por aqu\u00e9lla y orden\u00f3 al municipio de Puerto Libertador (C\u00f3rdoba) y a la Comisar\u00eda de Familia de esa urbe, remitir el expediente contentivo del \u201cproceso administrativo de restablecimiento de derechos\u201d de su hija, al estrado aqu\u00ed accionado, para que continuara con el respectivo tr\u00e1mite y resolviera de fondo la situaci\u00f3n jur\u00eddica de la menor. <\/p>\n
En cumplimiento de la orden judicial y, luego de la instauraci\u00f3n de un incidente de desacato, las diligencias fueron enviadas a la judicatura encausada, el 20 de abril de 2021, por p\u00e9rdida de competencia de las autoridades administrativas, derivada del vencimiento de t\u00e9rminos se\u00f1alado en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia2. <\/p>\n
Aduce la censora que, en diferentes oportunidades, ha indagado, tanto de \u201cmanera formal\u201d a trav\u00e9s del correo electr\u00f3nico del despacho acusado, como de \u201cmanera informal\u201d, mediante el \u201cwhatsapp de un funcionario\u201d de dicho estrado, sobre el estado del decurso; adem\u00e1s, del seguimiento efectuado a trav\u00e9s de la plataforma TYBA y la consulta en la p\u00e1gina de la Rama Judicial, sin \u201cvisualiza[r]\u201d actuaci\u00f3n alguna, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, se conmine a la sede judicial convocada para que, \u201cen un t\u00e9rmino no mayor a (48) horas\u201d, remita el proceso administrativo de restablecimiento de derechos referido, al juzgado que sigue en turno, de conformidad a lo consagrado en el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006. <\/p>\n
En ese punto, ruega, se oficie al Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, con el fin de que \u201cindique expresamente\u201d cu\u00e1l despacho asumir\u00eda el conocimiento del asunto y evitar m\u00e1s dilaciones injustificadas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pide se ordene a Yadira del Carmen Coronado Mart\u00ednez, actual cuidadora de la menor, permitirle tener contacto telef\u00f3nico con la ni\u00f1a dos veces al d\u00eda, para as\u00ed fortalecer sus v\u00ednculos afectivos \u201cmientras culmina todo el tr\u00e1mite procesal a\u00fan pendiente\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, implora se \u201ccompulsen\u201d copias ante los \u00f3rganos competentes para que investiguen las conductas causantes de la vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas. <\/p>\n
4. El 23 de junio de 2021, la Sala Civil \u2013 Familia -Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, admiti\u00f3 el resguardo y dispuso vincular al Consejo Seccional de la Judicatura de C\u00f3rdoba, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Defensor\u00eda del Pueblo, ambos de la referida urbe, as\u00ed como a Yadira del Carmen Mart\u00ednez Coronado y Ferney Antonio Mart\u00ednez Mart\u00ednez. <\/p>\n
5. Mediante sentencia del 8 de julio de 2021, el a-quo constitucional, aunque, consider\u00f3 la existencia de una mora judicial, determin\u00f3 que la misma no se tornaba injustificada. Con todo, teniendo en cuenta, que la situaci\u00f3n de la menor, se encontraba sin definir, concedi\u00f3 el resguardo y orden\u00f3 al juzgado querellado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) que, en el t\u00e9rmino de 24 horas contados a partir de la notificaci\u00f3n de [esa] providencia, surta las actuaciones que correspondan dentro del proceso de restablecimiento de derechos de la menor hija de la tutelante, acorde a lo previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 1878 de 2018 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. Ante esta decisi\u00f3n, la actora, present\u00f3 impugnaci\u00f3n, la cual fue concedida, remiti\u00e9ndose a esta Sala para lo de su cargo. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n de la misma, se\u00f1al\u00f3 como \u201cinadmisibles\u201d las excusas presentadas por el estrado acusado, para no haber tramitado el proceso objeto de esta salvaguarda en el t\u00e9rmino legal de 2 meses. <\/p>\n
Por lo anterior, solicit\u00f3 modificar la decisi\u00f3n emitida en primera instancia, en el sentido de ordenar a la judicatura accionada remitir el asunto, al juzgado que sigue en turno, tal y como lo implor\u00f3 en el escrito introductor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien la acci\u00f3n de tutela instituida por el Constituyente como tr\u00e1mite judicial para la defensa de los derechos fundamentales se caracteriza por su informalidad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, donde se prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias emitidas, como as\u00ed lo disponen las reglas 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Esos mandatos cobran mayor relevancia cuando se trata de informar a los interesados respecto de la iniciaci\u00f3n del asunto y desde luego sobre su resultado, pues en esas oportunidades es posible ejercer el derecho de defensa o de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La irregularidad consistente en no vincular en debida forma a los terceros, eventualmente, afectados con la decisi\u00f3n o a quienes incluso puede estar dirigida la orden constitucional, est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el numeral 8\u00ba del canon 133 del C\u00f3digo General del Proceso, preceptiva aplicable a este mecanismo extraordinario en virtud de lo normado en el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Del examen de las pruebas adosadas, se evidencia la falta de vinculaci\u00f3n y enteramiento del tr\u00e1mite constitucional, al municipio de Puerto Libertador (C\u00f3rdoba) y a la Comisar\u00eda de Familia de esa urbe, quienes, el 12 de abril de 2021, debieron remitir al Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador el expediente contentivo del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de la menor aqu\u00ed agenciada, para que resolviera de fondo su situaci\u00f3n jur\u00eddica, conforme lo orden\u00f3, en sede constitucional, el Juzgado Tercero Municipal de Pasto. <\/p>\n
Lo anterior genera, por tanto, la invalidez de la gesti\u00f3n surtida a partir del auto admisorio del libelo introductor, inclusive, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto se les impidi\u00f3, a tales autoridades, intervenir en este particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar los elementos de convicci\u00f3n que pretendiera hacer valer3. <\/p>\n
3. Siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, esta Sala <\/p>\n
\u201c(\u2026) ha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que (\u2026) la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa (\u2026), el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
4. Tal como lo ha hecho esta Corporaci\u00f3n en otras oportunidades5, no se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n a lo previsto en el canon 137 \u00eddem, por contrariar los principios de celeridad y eficacia de esta salvaguarda, los cuales se encuentran comprometidos con la presente nulidad. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto admisorio; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, para que reponga la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n y notificaci\u00f3n del municipio de Puerto Libertador (C\u00f3rdoba), la Comisar\u00eda de Familia de esa urbe y el Juzgado Tercero Municipal de Pasto, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad de los ni\u00f1os en pro de quienes se inco\u00f3 esta acci\u00f3n, de manera que ser\u00e1n elaborados dos textos de esta sentencia, de id\u00e9ntico tenor, solo que, en uno de ellos, el cual ser\u00e1 divulgado y consultado libremente, ser\u00e1n cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002\u201cArt\u00edculo 100. Tr\u00e1mite: \u201cEn todo caso, la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica deber\u00e1 resolverse declarando en vulneraci\u00f3n de derechos o adoptabilidad al ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, dentro de los seis (6) meses siguientes, contados a partir del conocimiento de la presunta amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos del menor de edad, t\u00e9rmino que ser\u00e1 improrrogable y no podr\u00e1 extenderse ni por actuaci\u00f3n de autoridad administrativa o judicial\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Vencido el t\u00e9rmino para fallar o para resolver el recurso de reposici\u00f3n sin haberse emitido la decisi\u00f3n correspondiente, la autoridad administrativa perder\u00e1 competencia para seguir conociendo del asunto y remitir\u00e1 dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes el expediente al juez de familia para que resuelva el recurso o defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente <\/p>\n
en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de dos (2) meses. Cuando el juez reciba el expediente deber\u00e1 informarlo a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n para que se promueva la investigaci\u00f3n disciplinaria a que haya lugar. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. ATC 5429 de 2015. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. Civil. Auto de 30 de abril de 2015, exp. 41001-22-14-000-2015-00044-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. ATC de 1\u00b0 de abril de 2016, exp. 15693-22-08-003-2015-00284-01. <\/p>\n
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