ATC1132-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1132-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2021-00441-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el pasado 21 de julio de 2021, que concedi\u00f3 la tutela promovida por el Banco Comercial AV Villas S.A. contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, se advierte que quien formul\u00f3 el recurso carece de mandato que la legitime para actuar en favor de los vinculados, lo que inviabiliza su procedencia y le resta competencia funcional a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Lo anterior, en raz\u00f3n a que la impugnaci\u00f3n fue impetrada por la abogada Carmen Alicia Sarabia Le\u00f3n, quien no acredit\u00f3 su reconocimiento dentro del presente tr\u00e1mite constitucional como representante judicial de Carlos Orlando Pedraza Gualdr\u00f3n y Martha G\u00f3mez Mu\u00f1oz1, afectados con la decisi\u00f3n atacada, habida consideraci\u00f3n que no alleg\u00f3 poder especial conferido por las personas a quienes dice representar en el diligenciamiento ordinario, de all\u00ed que carezca de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
Asimismo, se aprecia que la memorialista funge como apoderada de los recurrentes en la indicada causa civil, que se adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Barranquilla; no obstante, la condici\u00f3n de mandataria en dicho pleito no la faculta para asumir la vocer\u00eda judicial de los interesados en este espec\u00edfico asunto, ya que para ello se requiere el correspondiente poder especial que ac\u00e1 se echa de menos. <\/p>\n
3. En efecto, en trat\u00e1ndose de acciones de tutela en que se act\u00fae o intervenga por conducto de apoderado judicial, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Sala y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar [o, como en este caso, intervenir en] la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En ese sentido esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso [ordinario], no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01, citada en ATC2123-2018, 13 nov. 2018, rad. 02435-01 y ATC285-2019, 28 feb. 2019, rad. 00002-01). <\/p>\n
La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional, seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97); y que \u00abdebe desecharse la hip\u00f3tesis de que el poder conferido para adelantar un proceso judicial sirve al prop\u00f3sito de intentar la acci\u00f3n de tutela a que pudiere dar lugar ese proceso, por cuanto se trata de actuaciones distintas y, si bien es cierto que la tutela tiene un car\u00e1cter informal, tambi\u00e9n lo es que tal informalidad no lleva a presumir la existencia de un poder que no se present\u00f3 y que es necesario allegar siempre que se ejerza la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro y a t\u00edtulo profesional\u00bb (CC T-526\/98). Destaca la Sala. <\/p>\n
La exigencia es a\u00fan m\u00e1s estricta cuando el amparo se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad, por cuanto si bien es cierto el impugnante funge como apoderado judicial del demandante en el referido proceso [\u2026], esa condici\u00f3n no lo habilita, per se, para impugnar los fallos que se profieran en virtud de acciones de tutela, \u2018pues si no se tiene apoderamiento y, por tanto, legitimaci\u00f3n para promover la solicitud de amparo, tampoco se puede tener para impugnar o recurrir las providencias que se dicten en el curso\u2019 de dichos procesos\u00bb (CSJ ATC, 16 abr. 2008, rad. 2007-00272-01). <\/p>\n
Esto, porque \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, 10 ago. 2018, rad. 00130-01, entre otras). <\/p>\n
4. Aunado a lo anterior, tampoco podr\u00eda tenerse a la abogada recurrente como habilitada para impugnar la decisi\u00f3n, bajo el supuesto de encontrarse vulnerados sus derechos a t\u00edtulo personal, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto que se cuestiona solo compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados, por cuanto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, en el presente caso resultaba perentorio que la profesional del derecho que impugn\u00f3 el fallo de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para tal evento, omisi\u00f3n que impide dar tr\u00e1mite al recurso, m\u00e1s si se tiene en cuenta que \u00abcuando un Juez se enfrenta con una solicitud de impugnaci\u00f3n, preciso es que se examine la legitimaci\u00f3n, el inter\u00e9s y la oportunidad respectiva\u00bb, y como en este caso no se cumplen a cabalidad todos esos condicionamientos, siguiendo los precedentes de esta Corte \u00abdeviene impr\u00f3spera la admisi\u00f3n del recurso\u00bb (CSJ ATC, 14 dic. 2010, rad. 00008-02, reiterado en ATC465-2018, 15 feb. 2018, rad. 00948-01, entre otros). <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido, se inadmitir\u00e1 la impugnaci\u00f3n planteada y en su lugar se ordenar\u00e1 remitir el expediente a la Corte Constitucional conforme lo dispuesto en el inciso 2 del art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia ya referidas. <\/p>\n
SEGUNDO: En consecuencia, previa comunicaci\u00f3n de lo resuelto a las partes y al a quo, se ordena la remisi\u00f3n del expediente a la Corte Constitucional para que se surta el tr\u00e1mite de su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Lo anterior, toda vez que, revisado el expediente, no se evidenci\u00f3 la aportaci\u00f3n del citado poder especial, aunado a que dicha informaci\u00f3n se verific\u00f3 con la Secretar\u00eda de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, quien, en comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica de 4 de agosto de 2021, ratific\u00f3 la falta del citado documento, correo que se anexa a esta foliatura. <\/p>\n
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