ATC1158-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1158-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-00195-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz contra la Magistrada Catalina Rosero Diaz del Castillo (sustanciadora), integrante de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz, Tulia Luc\u00eda Cantillo de Mej\u00eda, Jos\u00e9 David Mej\u00eda Mesa, Ciro Alberto, Jos\u00e9 Fernando y Julitza Milagro Cantillo Mej\u00eda promovieron acci\u00f3n de responsabilidad m\u00e9dica contra Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica Bonnadona Prevenir SAS, Giovannys Enrique Guzm\u00e1n Fern\u00e1ndez y Franklin Antonio Vives Rivera, que fue desestimada con sentencia del 10 de febrero de 2020, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
Admitida la alzada por el Tribunal criticado, el 10 de junio de la anualidad pasada, corri\u00f3 traslado a las partes, a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 4 de agosto de 2020, \u00abpara que en orden y por escrito sustenten el recurso y aleguen de conclusi\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que censuraron en reposici\u00f3n los demandados, siendo revocada con auto del 27 de agosto siguiente. <\/p>\n
Posteriormente, mediante determinaci\u00f3n del 4 de septiembre de 2020, el Tribunal accionado declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n interpuesta por la parte demandante, al considerar que \u00abde conformidad con el art. 14 del\u2026 decreto 806, el t\u00e9rmino para sustentar el recurso de apelaci\u00f3n en segunda instancia, corri\u00f3 para la\u2026 recurrente de manera autom\u00e1tica y sin necesidad de anuncio (como qued\u00f3 establecido en el auto anterior), a partir de la ejecutoria del auto admisorio\u2026\u00bb. <\/p>\n
Cumplido lo anterior, el extremo actor, el 21 de septiembre de 2020, reclam\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la prenotada providencia de 4 de septiembre y, adem\u00e1s, el 3 de noviembre siguiente, elev\u00f3 \u00absolicitud de nulidad de orden constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Por considerar que el referido juez ad quem incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por declarar desierta la alzada, as\u00ed como tambi\u00e9n por omitir resolver sus peticiones de aclaraci\u00f3n y nulidad, Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abvida concordante con el\u2026 m\u00ednimo vital\u00bb, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad. <\/p>\n
3. La tramitaci\u00f3n de la mencionada acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala Especializada, la cual, mediante fallo de 4 de febrero de 2021 (STC704-2021), concedi\u00f3 el resguardo; en consecuencia, orden\u00f3 al Tribunal enjuiciado que, \u00ab\u2026 en el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las decisiones necesarias para el impulso del proceso criticado\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El 21 de julio de los corrientes, el promotor instaur\u00f3 incidente de desacato contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, habida cuenta que, seg\u00fan \u00e9l, dicha sede judicial dej\u00f3 de resolver la solicitud de nulidad que elev\u00f3. Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 los argumentos enfilados a cuestionar que se hubiese declarado desierta la apelaci\u00f3n que interpuso contra el fallo de primera instancia. <\/p>\n
5. Esta Colegiatura, previo requerimiento a la autoridad judicial encargada de atender la orden constitucional, por auto de 29 de julio de los corrientes, dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la mencionada sede judicial y con prove\u00eddo del pasado 5 de agosto pasado, tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
6. En oportunidad, la parte incidentada precis\u00f3 que \u00abla orden de tutela consist\u00eda en impartir tr\u00e1mite a las solicitudes elevadas por el accionante los d\u00edas 21 de septiembre y 3 de noviembre de 2020; as\u00ed mismo, con posterioridad el accionante present\u00f3 una segunda solicitud de nulidad el d\u00eda 12 de marzo de 2021, a la que se refiere en su solicitud de incidente de desacato\u00bb, peticiones que \u00abfueron efectivamente resueltas por el entonces magistrado titular, as\u00ed: (\u2026) \uf0b7 Auto de fecha 8 de marzo de 2021, resuelve solicitud de aclaraci\u00f3n. (\u2026) \uf0b7 Auto de fecha 10 de marzo de 2021, resuelve solicitud de nulidad (\u2026) \uf0b7 Auto de fecha 16 de marzo de 2021, resuelve segunda solicitud de nulidad\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que esas \u00abprovidencias fueron debidamente notificadas a trav\u00e9s de estado\u2026\u00bb y concluy\u00f3 que \u00abal d\u00eda de hoy la orden impartida en la acci\u00f3n de tutela de la referencia ha sido cumplida a cabalidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026 no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia. (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04) <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026 no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem) <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb. (\u00cddem) <\/p>\n
En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no s\u00f3lo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la autoridad judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo (CC SU217\/19). <\/p>\n
En esa providencia, se orden\u00f3 al Tribunal enjuiciado que \u00aben el t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, adopte las decisiones necesarias para el impulso del proceso criticado\u00bb (CSJ STC704-2021). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto: <\/p>\n
\u2026 la Magistratura censurada ha incumplido, abiertamente, los t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para el tr\u00e1mite del proceso objeto de reproche constitucional, teniendo en cuenta que la primera de las solicitudes mencionadas (de aclaraci\u00f3n) se present\u00f3 por el tutelante el 21 de septiembre de 2020, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se le hubiese dado impulso alguno, as\u00ed como tampoco se ha resuelto la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3 el actor el 3 de noviembre de esas calendas; m\u00e1xime cuando la sede judicial acusada no adujo ninguna explicaci\u00f3n para justificar tal tardanza, as\u00ed como tampoco se avizora el grado de complejidad del asunto objeto de examen. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si el Tribunal convocado ha cumplido el mandato dispuesto por esta Colegiatura, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n
5. Como atr\u00e1s se dijera, no se verifica que la sede judicial acusada se hubiese separado de lo ordenado en la providencia que concedi\u00f3 el resguardo superior, pues, como se dijo, el mandato que deb\u00eda ejecutar se circunscrib\u00eda a impulsar el juicio criticado, en especial, que decidiera las solicitudes de aclaraci\u00f3n y nulidad pendientes de pronunciamiento, orden que se cumpli\u00f3, \u00edntegramente, con el proferimiento de las prenotadas providencias de 8 y 10 de marzo de esta anualidad. <\/p>\n
Entonces, es evidente que el estrado enjuiciado adelant\u00f3 las gestiones necesarias para acatar el mandato del juez constitucional. <\/p>\n
6. Cabe a\u00f1adir, en lo que ata\u00f1e a las inconformidades que adujo el promotor en este escenario, enfiladas a criticar el prove\u00eddo que declar\u00f3 desierta su alzada, as\u00ed como tambi\u00e9n los autos que resolvieron sobre la aclaraci\u00f3n y la nulidad que reclam\u00f3; que dichas cuestiones escapan a la competencia que, en este escenario, ostenta la Corporaci\u00f3n, comoquiera que son aspectos que no fueron objeto de an\u00e1lisis y resoluci\u00f3n en el fallo que se reputa desatendido, sino que constituyen hechos que debe plantear por la v\u00edas que consideren pertinentes. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que, como qued\u00f3 visto, en el fallo de tutela que se pregona desatendido, s\u00f3lo se censur\u00f3 al Tribunal convocado el haber omitido decidir, oportunamente, la aclaraci\u00f3n y la petici\u00f3n de invalidez que elev\u00f3 Jos\u00e9 Virgilio Mej\u00eda Ruiz. <\/p>\n
Sin embargo, al ordenar a la sede judicial cuestionada, resolver las anotadas solicitudes, esta Corporaci\u00f3n no limit\u00f3 el an\u00e1lisis que deb\u00eda hacerse en ese escenario, as\u00ed como tampoco dirigi\u00f3 la forma en la cual hab\u00edan de definirse tales pedimentos. <\/p>\n
7. En consecuencia, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el incidente formulado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Declarar no probado el desacato endilgado a la Magistrada Catalina Rosero Diaz del Castillo (sustanciadora), integrante de la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, respecto del cual se propuso el incidente. <\/p>\n
Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente incidente. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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