ATC1159-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1159-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68001-22-13-000-2021-00357-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 15 de julio de 2021, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro de la salvaguarda promovida por Rafael Alberto G\u00f3mez Guevara contra la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander; extensiva al Juzgado Once Penal del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del ritual de la precitada especialidad adelantado contra el gestor por el delito de \u201cfalsedad en documento privado\u201d y el tr\u00e1mite disciplinario entablado por \u00e9ste respecto al titular del rese\u00f1ado estrado del circuito; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, igualdad e informaci\u00f3n, presuntamente violentadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Ante el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga, se tramit\u00f3 el juicio de dicha estirpe frente al impulsor por el punible de \u201cfalsedad en documento privado\u201d. <\/p>\n
Aduciendo irregularidades en esa tramitaci\u00f3n, el promotor denunci\u00f3 al titular del mencionado despacho en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, hoy Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de aludido departamento. <\/p>\n
Mediante sentencia de 31 de marzo de 2020, el referido estrado del circuito conden\u00f3 al suplicante a treinta y dos (32) meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable de la enunciada conducta. <\/p>\n
Inconforme con lo prove\u00eddo, el censor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya de definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, quien, el 5 de mayo ulterior, ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada. <\/p>\n
El 19 de marzo de 2021, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del decurso disciplinario adelantado frente al director del Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga, en virtud de la queja formulada por el aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
Para el petente, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, en su decir, el funcionario a cargo del Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga permiti\u00f3, indebidamente, la aducci\u00f3n y la exclusi\u00f3n de pruebas en desmedro de su prerrogativa al debido proceso. <\/p>\n
Lo anterior, asevera, indujo en error a (i) la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, al confirmar la condena a \u00e9l impuesta; y (ii) a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, pues por ello archiv\u00f3 el dossier. <\/p>\n
Adicionalmente, alega ser sujeto de especial protecci\u00f3n al padecer de \u201ctrastorno bipolar afectivo severo\u201d y, esa patolog\u00eda, conforme aduce, se ha acentuado a causa del ritual penal en cuesti\u00f3n, el cual, sostiene, afecta su buen nombre dada su calidad de estudiante de derecho, pues al graduarse, tendr\u00e1 dificultades en obtener empleo dado el antecedente dejado por la providencia del funcionario encausado disciplinariamente. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, \u201c(\u2026) decretar la nulidad [de su] condena (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Santander, el Juzgado Once Penal del Circuito de Bucaramanga y la Fiscal\u00eda Treinta y Cinco Seccional de esa urbe, manifestaron, por separado, no haber conculcado los derechos fundamentales del accionante. <\/p>\n
5. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la aludida metr\u00f3poli, desestim\u00f3 el resguardo al desentenderse el presupuesto de subsidiariedad porque, entre otras cosas, el gestor no agot\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance respecto a la sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad. <\/p>\n
6. El actor impugn\u00f3 reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Del relato f\u00e1ctico se desprende la falta de competencia del a quo constitucional para definir la salvaguarda deprecada en primera instancia, por cuanto la vulneraci\u00f3n denunciada ata\u00f1e -adem\u00e1s de los convocados- a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dada la ratificaci\u00f3n de la condena por \u201cfalsedad en documento privado\u201d frente al accionante, emitida por el estrado del circuito refutado, m\u00e1xime si la pretensi\u00f3n del escrito introductor se dirige a dejar sin efecto esa sanci\u00f3n. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, la rese\u00f1ada corporaci\u00f3n debi\u00f3 vincularse al litigio constitucional como litis consorte necesaria; por tanto, esa omisi\u00f3n implica la invalidez de las actuaciones por ausencia de competencia funcional porque, en sede tutela, el juez natural de la mencionada corporaci\u00f3n, es la Sala de Casaci\u00f3n Penal, seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, mediante el cual se modific\u00f3 el numeral 5\u00b0, canon 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2013, cuyo tenor es el siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien los amparos frente a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial son del resorte de los tribunales superiores -en virtud de lo establecido en el numeral 6 \u00eddem-, en este caso, al hallarse involucrada, en la misma queja, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de dicha ciudad, el asunto debi\u00f3 ser desatado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en aplicaci\u00f3n del numeral 11 ib\u00eddem, el cual se\u00f1ala <\/p>\n
\u201c(\u2026) Cuando la acci\u00f3n de tutela se promueva contra m\u00e1s de una autoridad y \u00e9stas sean de diferente nivel, el reparto se har\u00e1 al juez de mayor jerarqu\u00eda, de conformidad con las reglas establecidas en el presente art\u00edculo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva al ruego tuitivo en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, alusivo a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
3. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insanable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d1. <\/p>\n
4. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 remitir las diligencias a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, para que realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR remitir el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Colegiatura para que realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo resuelto al tribunal de origen y a los interesados mediante telegrama u mensaje de datos y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. ATC de 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01. <\/p>\n
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