ATC1160-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1160-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01934-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el incidente de desacato formulado por Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela contra Nubia Yolanda Nova Garc\u00eda, en su condici\u00f3n de Secretaria de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga (radicado 68001- 22-04-000-2021-00185), que fue resuelta con providencia del 11 de marzo de 2021, decisi\u00f3n confirmada por la Corporaci\u00f3n accionada, en sede de impugnaci\u00f3n, con providencia del 4 de mayo de 2021. <\/p>\n
2. Por considerar que el referido ad quem incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, al no enterarlo de la resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n, Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela por vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. La tramitaci\u00f3n de la mencionada acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala Especializada, la cual, mediante fallo de 8 de julio de 2021 (STC8345-2021), concedi\u00f3 el resguardo; en consecuencia, orden\u00f3 a la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, \u00abadelante las diligencias necesarias para notificar a Mart\u00ednez Uparela de la sentencia dictada el pasado 4 de mayo\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. El 15 de julio de 2021, el promotor instaur\u00f3 incidente de desacato contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, habida cuenta que no le hab\u00eda sido notificada la sentencia del 4 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
5. Esta Colegiatura, previo requerimiento a la autoridad judicial encargada de atender la orden constitucional, por auto de 30 de julio de los cursantes, dispuso tramitar el incidente previsto en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, surtir el traslado de rigor a la mencionada sede judicial y con prove\u00eddo del pasado 5 de agosto pasado, tuvo como pruebas la totalidad de los documentos allegados a la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, \u00abla sanci\u00f3n por desacato ser\u00e1 impuesta por el mismo juez\u00bb que profiri\u00f3 la orden, mediante tr\u00e1mite incidental, por lo que: <\/p>\n
\u2026 no existe duda de que la competencia para resolver el incidente propuesto est\u00e1 radicada en cabeza del mismo juzgador o sentenciador que resolvi\u00f3 la tutela a favor de su promotor, salvedad hecha de las \u00f3rdenes de protecci\u00f3n impartidas con ocasi\u00f3n de la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo denegatorio del amparo, porque en tal caso, la resoluci\u00f3n de la actuaci\u00f3n incidental corresponde al juzgador de la primera instancia. (CSJ ATC, 13 jun. 2012, rad. 2011-02468-04) <\/p>\n
2. Adicionalmente, se ha dicho que la orden dictada en el \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela adem\u00e1s de estar revestida del car\u00e1cter imperativo que le da su condici\u00f3n de decisi\u00f3n judicial, tiene una relevancia especial al estar ligada con la salvaguarda de garant\u00edas de primer orden. Al respecto se ha expuesto que: <\/p>\n
\u2026 no s\u00f3lo goza de la fuerza vinculante propia de toda decisi\u00f3n judicial, sino que, al encontrar fundamento directo en la Carta Pol\u00edtica y estar consagrada aqu\u00e9lla de modo espec\u00edfico para la guarda y protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de rango constitucional, se reclama la aplicaci\u00f3n urgente e integral de lo ordenado, comprometiendo a partir de su notificaci\u00f3n, la responsabilidad del sujeto pasivo de ese mandato judicial, por lo que est\u00e1 obligado a su cumplimiento\u2026 (Ib\u00eddem) <\/p>\n
Igualmente, por su especial connotaci\u00f3n, al juez que conoce del desacato no le es permitido analizar nuevamente los t\u00f3picos que fueron objeto de debate en el tr\u00e1mite constitucional, pues de aceptarse tal proceder revivir\u00eda una controversia concluida. Es por ello que \u00absu actuaci\u00f3n se encuentra delimitada por la parte resolutiva de la decisi\u00f3n que se acusa incumplida, limitaci\u00f3n con la que, entonces, le corresponde constatar los aspectos relacionados con el destinatario de la orden de protecci\u00f3n, su contenido y el t\u00e9rmino otorgado para su cumplimiento\u00bb. (\u00cddem) <\/p>\n
En el examen inicial, cumple al juzgador verificar no s\u00f3lo el aspecto objetivo, traducido en constatar el acatamiento del fallo de tutela, sino tambi\u00e9n el factor subjetivo, toda vez que la conducta censurada corresponde a la que proviene de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien deb\u00eda cumplir el mandato judicial. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, conviene precisar que no es posible en este escenario fijar una postura sobre el litigio como si se tratara de una extensi\u00f3n del proceso, habida cuenta de que ello escapa a la finalidad del presente tr\u00e1mite, cuyo objeto consiste principalmente en verificar si la autoridad destinataria de la orden de tutela cumpli\u00f3 o no con sus designios. <\/p>\n
3. Con el prop\u00f3sito de establecer si en el sub examine la autoridad judicial convocada atendi\u00f3 la orden constitucional y comoquiera que el alcance de la protecci\u00f3n brindada constituye la base para ello, es preciso remitirse a la sentencia que otorg\u00f3 el amparo (CC SU217\/19). <\/p>\n
En esa providencia, se orden\u00f3 a la enjuiciada que \u00abadelante las diligencias necesarias para notificar a Mart\u00ednez Uparela de la sentencia dictada el pasado 4 de mayo\u00bb (CSJ STC8345-2021). <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto \u00ab\u2026 la autoridad censurada ha incumplido lo mandatos consagrados en los art\u00edculos 161 y 302 del Decreto 2591 de 1991 (por el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela), toda vez que tan trascurrido casi dos meses desde que se dict\u00f3 el fallo de segunda instancia, sin que se le hubiese notificado al accionante tal decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. A partir de lo dispuesto en el mencionado fallo tutelar es que esta Corte debe cotejar si la convocada ha cumplido el mandato dispuesto por esta Colegiatura, pues de encontrar una respuesta positiva, como es apenas natural decaer\u00eda la aspiraci\u00f3n del promotor del presente incidente. <\/p>\n
De tal labor prontamente se desprende que dicha autoridad ha obedecido lo determinado por la jurisdicci\u00f3n constitucional en el caso concreto, habida cuenta que, examinados los elementos de juicio aportados a esta tramitaci\u00f3n, se observa que el 2 de agosto de 2021, se notific\u00f3 a Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela la prenotada providencia de 4 de mayo de la anualidad que avanza. <\/p>\n
5. En consecuencia, se declarar\u00e1 impr\u00f3spero el incidente formulado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Segundo. Abstenerse de imponer las sanciones a que se contrae el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Tercero. Ordenar la terminaci\u00f3n y archivo del presente incidente. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y dem\u00e1s intervinientes, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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