ATC1165-2021 <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1165-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 66001-22-13-000-2021-00268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 13 de junio de 2021, que neg\u00f3 el amparo promovido por Ricardo Antonio Calvo Galvis contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, sino fuera porque se advierte una irregularidad que afecta el tr\u00e1mite. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su prerrogativa fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el estrado judicial convocado al interior del proceso verbal promovido por Edelberto Calvo Trejos contra Ricardo Antonio Calvo Galvis, en el cual, el 15 de octubre de 2020, se declar\u00f3 la nulidad absoluta del contrato de promesa de compraventa y conden\u00f3 en costas1. <\/p>\n
2. Tal determinaci\u00f3n fue apelada por el accionante, y por auto del 13 de enero de 2021, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira admiti\u00f3 el recurso. Posteriormente, mediante auto del 23 de febrero siguiente, declar\u00f3 desierta la alzada por no haberse sustentado en t\u00e9rmino. <\/p>\n
3. Seguidamente, Calvo Trejos el 14 de abril de la presente anualidad, solicit\u00f3 la ejecuci\u00f3n de la condena impuesta en el fallo rebatido. Por auto n\u00ba 118 del 23 de abril siguiente, la autoridad judicial libr\u00f3 mandamiento de pago a favor del demandante por valor de $160.000.000. <\/p>\n
4. Por lo anterior, impetr\u00f3 el amparo constitucional, al estimar que el proceder del estrado convocado incursion\u00f3 en una v\u00eda de hecho, toda vez que se apart\u00f3 de la ley sustancial y procesal al declarar nulo el negocio jur\u00eddico rebatido. Ello pues, no \u00abtuvo en cuenta la ley del territorio del pa\u00eds donde tendr\u00eda que cumplirse el contrato prometido (pa\u00eds de Espa\u00f1a)\u00bb y, \u00ablo ha condenado al pago de unas sumas de dinero injustas ya que la nulidad declarada por el mismo no debe ser una condena en costas sino las restituciones mutuas como lo exige la ley\u00bb. <\/p>\n
5. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, revocar el fallo proferido el 15 de octubre de 2020 y, \u00abordenar al juzgado segundo civil del circuito de Pereira [\u2026] suspender las medidas previas de embargo y secuestros ordenados en el proceso [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales que deben respetarse y verificarse en todo asunto, juicio y actuaciones administrativas, asisti\u00e9ndole el derecho a las partes, y dem\u00e1s personas que tengan inter\u00e9s leg\u00edtimo de intervenir a elevar solicitudes, aducir pruebas y controvertir las allegadas, postulados que est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. De manera que, la tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores, pese a caracterizarse por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las citadas reglas. <\/p>\n
2. En el sub examine, se desprende la falta de competencia de esta Corporaci\u00f3n para decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta, pues el auxilio constitucional involucra, entre otras actuaciones, la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal Superior de Pereira el 23 de febrero de 2021, que declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia del 15 de octubre de 2020. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la supuesta v\u00eda de hecho en que se incurri\u00f3, seg\u00fan el tutelante, tuvo lugar porque se vulner\u00f3 su prerrogativa constitucional al debido proceso, al haberse declarado nulo el contrato de promesa de compraventa celebrado el 22 de septiembre de 2012, es evidente que la queja constitucional envuelve esa \u00faltima decisi\u00f3n del 23 de febrero de 2021, por lo que el colegiado anotado deb\u00eda ser vinculado por pasiva. As\u00ed, dicha circunstancia imped\u00eda que resolviera v\u00e1lidamente la salvaguarda, debiendo conocer de la acci\u00f3n de tutela en primera instancia, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, conforme a lo previsto en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 20152, modificado por el 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de similares contornos, la Sala sostuvo que: <\/p>\n
\u00abNo obstante que la acci\u00f3n va dirigida contra el estrado que conoce del proceso [\u2026] memorado en primer grado, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta se pronunci\u00f3 en ese asunto [\u2026] Por ello, no queda duda alguna que los supuestos sobre los cuales se cimienta la reclamaci\u00f3n comprenden tanto al funcionario del circuito como a su superior funcional, en la medida en que \u00e9ste \u00faltimo Cuerpo Colegiado como se dijo tuvo injerencia en el caso ahora debatido al decidir la suerte de la alzada propuesta por la demandante\u00bb. (CSJ ATC, 7 jun 2012, rad. 00066-01; reiterado en ATC438-2015, 7 feb. 2015, rad. 02190-01). <\/p>\n
3. En consecuencia, el fallo proferido en este tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira est\u00e1 viciado de nulidad por falta de competencia funcional, de acuerdo con el art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb. (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, y de cara a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c[\u2026] aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues [\u2026] la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a lo expuesto, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corte, para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente para resolver en primera instancia el reclamo constitucional. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio proferido el 29 de junio de 2021, inclusive, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela de la referencia, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16, concordante con el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar que estas diligencias sean repartidas a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, para su impulso en primera instancia. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los intervinientes y al Tribunal Constitucional de origen, en la forma prescrita por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Contrato de promesa de compraventa celebrada entre las partes el 22 de septiembre de 2012. <\/p>\n
2\u0002 \u00abArt\u00edculo 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acci\u00f3n de tutela. Para los efectos previstos en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocer\u00e1n de la acci\u00f3n de tutela, a prevenci\u00f3n, los jueces con jurisdicci\u00f3n donde ocurriere la violaci\u00f3n o la amenaza que motivare la presentaci\u00f3n de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: (\u2026) 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u2026\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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