ATC1171-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1171-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2021-00065-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de once de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta por Andr\u00e9s Felipe Garc\u00eda Monta\u00f1a frente a la sentencia de 2 de julio pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela que aquel impuls\u00f3 contra el Juzgado Segundo de Familia de la misma ciudad, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta rituado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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Y en concreto, que se ordene dejar sin valor la terminaci\u00f3n del juicio n.\u00b0 \u00ab2018-00216\u00bb, as\u00ed como la devoluci\u00f3n de \u00abREMANENTES\u00bb, hasta que no haya un pronunciamiento \u00abDE FONDO\u00bb de cara al recurso de queja intentado por \u00e9l, dentro del referido dossier. <\/p>\n
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2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
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1. Ante el despacho judicial repelido se surti\u00f3, bajo el consecutivo descrito l\u00edneas arriba, demanda ejecutiva de alimentos instaurada por Luz Adriana Monta\u00f1a C\u00e1rdenas, como madre del titular del resguardo (hoy mayor de edad) contra Iv\u00e1n Fernando Garc\u00eda Silva, padre de este \u00faltimo, de cuyo cauce, luego de ejecutoriado el mandato de seguir adelante con el cobro, provino auto el 13 de noviembre de 2020, el cual dispuso improbar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito allegada por el extremo demandante. <\/p>\n
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2. El anterior interlocutorio fue ratificado por el juzgador cognoscente mediante providencia de 22 de enero de 2021, en sede de reposici\u00f3n incoada por el mencionado extremo litigante, a quien se le rechaz\u00f3 la apelaci\u00f3n subsidiariamente propuesta, por improcedente. <\/p>\n
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3. En cumplimiento a un fallo de amparo1, el estrado natural opt\u00f3, a trav\u00e9s de interlocutorio calendado el 12 de febrero siguiente, por modificar de oficio el trabajo liquidatorio aludido a espacio, rebatido en alzada el polo demandante, recurso desechado con determinaci\u00f3n de 12 de marzo posterior, dada su improcedencia. <\/p>\n
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4. El pronunciamiento acabado de memorar se mantuvo en decisi\u00f3n de 9 de abril subsiguiente, en la que tambi\u00e9n se concedi\u00f3 la queja en subsidio formulada, ante el correspondiente superior funcional. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Finalmente, por virtud del auto de 7 de mayo de los corrientes se declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n alimentaria y se conmin\u00f3 a la devoluci\u00f3n de los dineros \u00abREMANENTES\u00bb en favor del enjuiciado, al que se le requiri\u00f3 para que siga cumpliendo con las obligaciones; resoluci\u00f3n confirmada (con modificaciones) en providencia de 11 de junio postrero en senda horizontal promovida por el demandante, desestim\u00e1ndose, una vez m\u00e1s, su apelaci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
6. El tutelante critic\u00f3, en compendio, que se diera por finiquitado el proceso y dispusiera la entrega de dineros al demandado sin encontrarse en firme la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, como corolario de estar pendiente de zanjarse la queja interpuesta contra el auto que la modific\u00f3 de oficio y, por ende, la alzada frente a tal prove\u00eddo, que s\u00ed es procedente acorde al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Discrep\u00f3 tambi\u00e9n de que se modificara la comentada liquidaci\u00f3n, pues se le ha impedido ejercer el derecho a reclamar y recibir \u00abLAS CUOTAS DE ALIMENTOS GENERADAS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2019\u2026\u00bb. <\/p>\n
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3. La medida provisional rogada fue decretada por el tribunal a-quo, al momento de admitir el libelo de resguardo, \u00f3rgano jurisdiccional que, luego de agotadas las etapas de rigor, rehus\u00f3 conceder la salvaguarda, en decisi\u00f3n mayoritaria, por ausencia de arbitrariedad. <\/p>\n
Eso, en tanto que la sede judicial confutada \u00abal disponer la terminaci\u00f3n del proceso, verific\u00f3 (\u2026) el pago de las cuotas alimentarias\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, como se definiera en el auto que no aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abpor las cuotas adeudadas hasta [septiembre de] 2019 se efectu\u00f3 una transacci\u00f3n dentro del proceso tramitado en el [J]uzgado [C]uarto [P]enal [M]unicipal de Tunja\u00bb, fuente de la preclusi\u00f3n all\u00ed declarada. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que pese a no impartici\u00f3n del rito de la reposici\u00f3n al recurso vertical intentado por el tutelante frente a la modificaci\u00f3n de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito no se otea conculcaci\u00f3n alguna a sus garant\u00edas, como consecuencia de la razonabilidad de tal decisi\u00f3n, m\u00e1s all\u00e1 (inclusive) de encontrarse pendiente de pronunciamiento el remedio de queja. <\/p>\n
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4. La impugnaci\u00f3n fue impetrada por el convocante, con persistencia en sus ataques iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Del panorama factual decantado en el escrito de amparo, as\u00ed como de los medios de convicci\u00f3n aportados con el mismo, se desprende, sin asomo de duda, la falta de competencia de esta Sala de la Corte para desatar la impugnaci\u00f3n del presente dossier, puesto que el auxilio constitucional se impetr\u00f3, en s\u00edntesis, a fin de aguardar la resoluci\u00f3n de dar terminaci\u00f3n a la ejecuci\u00f3n alimentaria n.\u00b0 \u00ab2018-00216\u00bb as\u00ed como la entrega de saldos \u00abREMANENTES\u00bb, hasta que no se resuelva el recurso de queja intentado por el pretensor contra la negaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n frente a la modificaci\u00f3n oficiosa de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, al estimar este que la misma s\u00ed es apelable a voces del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Circunstancia bajo la cual, de consuno con los eventos que acaban por acreditarse, es claro que las censuras se hacen extensivas al mismo Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia (juez tutelar de primer rango), que a su vez conoci\u00f3 del mentado remedio de queja y, por cuya virtud, a trav\u00e9s del prove\u00eddo calendado el 29 de julio pasado, estim\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que (\u2026) modific\u00f3 la liquidaci\u00f3n [del cr\u00e9dito], dictado el 12 de febrero\u00bb2 anterior, refiri\u00e9ndose as\u00ed al fondo de la controversia supralegal suscitada (procedencia o no de la alzada). <\/p>\n
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2. En ese sentido, debi\u00f3 conocer de la demanda tutelar materia de estudio esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en primera instancia, acorde a lo previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015 (modificado por el canon 1\u00ba del decreto 333 de 2021). <\/p>\n
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3. Por consiguiente, el fallo que profiri\u00f3 en este tr\u00e1mite el anteriormente referido tribunal se halla viciado de nulidad, por falta de competencia, de acuerdo con el precepto 16 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Al respecto ha se\u00f1alado esta alta Colegiatura que: <\/p>\n
\u2026El fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo3, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992… (Criterio expuesto en CSJ ATC1396-2016; reiterado, entre muchos otros, en ATC1684-2016, ATC1686-2016 y ATC2521-2016). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Por otro lado, en torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el otrora decreto 1983 de 2017 (aplicable mutatis mutandis al hoy decreto 333 de 2021), se tiene precisado que: <\/p>\n
(\u2026)3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) respecto a que los jueces \u201cno est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u201d el cual \u201c(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u00ab[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u201cseg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u201cel cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u00bb\u2026 (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01). <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 la remisi\u00f3n de la queja a la Presidencia de esta Sala de Casaci\u00f3n para que sea asignada de acuerdo con el reparto, por ser la competente a efectos de resolver, en primera instancia, el reclamo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, dentro de la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se dispone la remisi\u00f3n inmediata del expediente tutelar a la Secretar\u00eda de esta Sala de Casaci\u00f3n, para que efect\u00fae el reparto respectivo, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
3. Notif\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Proferido por el mismo tribunal a-quo, el 9 de febrero de la anualidad en curso, en punto a conceder el resguardo pedido por el aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2\u0002 Subrayado ajeno. <\/p>\n
3\u0002 \u00abart\u00edculo 16. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la jurisdicci\u00f3n y la competencia. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u2026\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
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