ATC1182-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1182-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-13-000-2021-00149-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecisiete (17) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda proveer sobre la impugnaci\u00f3n interpuesta por Shirley Paola Correa Sarmiento frente a la sentencia de 16 de junio pasado, emitida desde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela que aquella impuls\u00f3 contra el Juzgado Civil del Circuito de Los Patios, si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo constitucional incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de amparo por remisi\u00f3n del canon 4\u00b0 del decreto 306 de 1992.1 <\/p>\n
Ello, porque no vislumbra la Corte que se haya enterado del inicio del presente tr\u00e1mite supralegal al municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), con el fin de que pudiera ejercer sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n, m\u00e1xime cuando dicho ente fue comisionado2 dentro del proceso reivindicatorio objeto de queja para efectuar, por conducto de su alcalde, la entrega material de los inmuebles objeto de ese litigio verbal y, el descrito punto es uno de los ahora criticados por la censora. <\/p>\n
Se advierte que el involucramiento conminado debe efectuarse de manera directa y cuando al fallador le resulte imposible emprenderlo, como \u00faltimo remedio incluso puede acudir al llamado edictal, en los t\u00e9rminos que reiteradamente ha sido expuesto en este nivel. <\/p>\n
3. Entretanto, el art\u00edculo 16 del decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, a fin de que puedan defenderse y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el t\u00f3pico, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
…lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal…. Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces… <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse el enteramiento aqu\u00ed echado de menos, toda vez que al omitirlo se trunc\u00f3 la posibilidad de que el llamado a intervenir concurriera en este particular escenario, pregonara sus argumentos y, de ser el caso, aportara las pruebas que pretendiera hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se devolver\u00e1 el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, Sala Civil-Familia, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. En consecuencia, se ordena regresar el expediente a la colegiatura de origen, para que renueve la actuaci\u00f3n, conforme a lo anotado en la parte motiva de este pronunciamiento. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s notificaciones pertinentes. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del decreto n.\u00ba 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2\u0002 Con auto de 28 de abril pasado. <\/p>\n
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