ATC1192-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1192-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 50001-22-30-000-2021-00023-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de abril de 2021 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Sof\u00eda Carrillo G\u00f3mez, quien dice actuar en calidad de agente oficiosa de Jessica Yuricsa Ca\u00f1averal Carrillo, contra el Consejo Nacional Electoral, Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, Secretar\u00eda de Gobierno Municipal y Alcald\u00eda Municipal, ambos de esa misma ciudad; si no fuera por la circunstancia que pasa a explicarse. <\/p>\n
2. Del diligenciamiento de este juicio surge notorio que el a-quo incurri\u00f3 en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los asuntos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 19921. <\/p>\n
En efecto, no vincul\u00f3 al tr\u00e1mite a Jessica Yuricsa Ca\u00f1averal Carrillo, en nombre de quien se dijo interponer la solicitud de resguardo y se suplic\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, a fin de que pudiera ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, pues con la presente solicitud de amparo se pretende habilitar un puesto de votaci\u00f3n en el Colegio Juan B Caballero Medina, del barrio Llano Lindo, en la ciudad de Villavicencio, toda vez que, si bien aqu\u00e9lla \u00abtiene una limitaci\u00f3n f\u00edsica severa, intelectualmente tiene un eficiente cognitivo excelente\u00bb, de ah\u00ed que se debe garantizar su ejercicio del derecho al voto, como en otras ocasiones lo ha hecho en dicho establecimiento educativo; de ah\u00ed que le asista un inter\u00e9s directo con las resulta de la salvaguarda. <\/p>\n
3. El art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas \u00aba las partes o intervinientes\u00bb, con lo que se garantiza la citaci\u00f3n al tr\u00e1mite de los terceros determinados o determinables con inter\u00e9s leg\u00edtimo en \u00e9l, con el fin de que puedan ejercer su defensa y, por ende, se d\u00e9 cumplimiento al debido proceso. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional enfatizando la necesidad de enterar de la iniciaci\u00f3n de la tramitaci\u00f3n a todos los directamente interesados en sus resultas, ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u2026lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal\u2026 Si bien es cierto que esta Corporaci\u00f3n ha afirmado que la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otros medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n, el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces\u2026 <\/p>\n
La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019, y adicionalmente, vali\u00e9ndose de una radiodifusora e incluso, como recurso \u00faltimo, mediante la designaci\u00f3n de un curador\u2026 (CC A-018\/05). <\/p>\n
4. La anterior circunstancia, como ya se dijo, genera la nulidad de todo lo actuado a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n de Jessica Yuricsa Ca\u00f1averal Carrillo, toda vez que al omitirla le fue impedido intervenir en ese particular escenario, exponer sus argumentos y, de ser el caso, aportar las pruebas que pretendieran hacer valer. <\/p>\n
5. Por lo consignado, se dispondr\u00e1 devolver el expediente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, para que adelante nuevamente la actuaci\u00f3n que por esta v\u00eda se declara nula. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, el Despacho resuelve: <\/p>\n
1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en la tutela del ep\u00edgrafe, a partir del momento en que, admitida la acci\u00f3n, debi\u00f3 producirse la notificaci\u00f3n Jessica Yuricsa Ca\u00f1averal Carrillo, sin perjuicio de la validez de las pruebas en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y C\u00famplase, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el Art\u00edculo 2.2.3.1.1.3. del Decreto Nro. 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 (\u2026), en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a \u00e9ste estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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