ATC1199-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
ATC1199-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2021-00198-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 25 de marzo de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Adalberto Escobar Escobar y Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez, a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, los Juzgados Tercero y Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas -Meta-, Primero Penal del Circuito de la precitada localidad, Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, el Centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio de esa ciudad; la Presidencia de la Rep\u00fablica, la C\u00e1mara de Representantes, el Senado de la Rep\u00fablica, los Ministerios de Justicia y el Derecho, de Salud y Protecci\u00f3n Social, as\u00ed como de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el Instituto Nacional Penitenciario -INPEC-, la Unidad de Servicios Carcelarios -USPEC-, el Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019, con ocasi\u00f3n de los juicios penales con radicados n\u00b0 76147-60-00-000-2015-00333-01, 05001-60-00-000-2013-00160-00, 76147-60-00-170-2014-01988-00, 18001-31-00-701-2007-00320-00, 73001-31-07-002-2007-00099-00 y, 2007-00199-001, adelantados contra los gestores, Berney Sierra Castro y C\u00e9sar Augusto Mej\u00eda, por los delitos de \u201cconcierto para delinquir agravado\u201d, \u201cenriquecimiento il\u00edcito de particulares\u201d, \u201cuso de documento falso\u201d, \u201cfalsedad material en documento p\u00fablico\u201d, \u201cobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u201d, \u201cfraude procesal\u201d, \u201cestafa\u201d, \u201csecuestro extorsivo\u201d y \u201churto calificado y agravado\u201d, respectivamente; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los reclamantes imploran la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, \u201cdignidad humana\u201d, igualdad e informaci\u00f3n, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor, Adalberto Escobar Escobar, acept\u00f3 cargos en audiencia de imputaci\u00f3n y, por tal motivo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Buga, en sentencia de 1\u00b0 de Noviembre de 20162, lo conden\u00f3 a ciento noventa y seis (196) meses y quince (15) d\u00edas de prisi\u00f3n, por los delitos de \u201cconcierto para delinquir agravado\u201d, \u201cenriquecimiento il\u00edcito de particulares\u201d, \u201cuso de documento falso\u201d, \u201cfalsedad material en documento p\u00fablico\u201d, \u201cobtenci\u00f3n de documento p\u00fablico falso\u201d, \u201cfraude procesal\u201d, \u201cestafa\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, Escobar Escobar impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la \u201cSala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad del Valle del Cauca\u201d3, quien, en auto del 14 de marzo de 2017, declar\u00f3 inadmisible la alzada por falta de legitimaci\u00f3n, pues el prove\u00eddo protestado se emiti\u00f3 de conformidad con la aceptaci\u00f3n de cargos por parte de aqu\u00e9l. <\/p>\n
La vigilancia del reato fue asignada al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Acac\u00edas, en donde Adalberto Escobar Escobar solicit\u00f3 la redosificaci\u00f3n del qu\u00e1ntum punitivo, pedimento desestimado el 19 de agosto de 2020. <\/p>\n
Contra ese pronunciamiento, el prenombrado formul\u00f3 el mecanismo de defensa vertical, el cual correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, alzada que se encuentra a\u00fan por resolver. <\/p>\n
Escobar Escobar reprocha (i) la imputaci\u00f3n de conductas sin estar soportadas en materiales probatorios; (ii) la ruptura procesal del ritual con el consecutivo 2014-01988-00, originario del tr\u00e1mite con radicado 2015-00033-00, pues sin haber sustento para ello, propici\u00f3 una condena infundada; y (iii) la falta de respuestas frente a las peticiones de informaci\u00f3n acerca del procedimiento espurio que, en su sentir, se le adelant\u00f3 injustamente. <\/p>\n
El precursor Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez celebr\u00f3 un preacuerdo con la Fiscal\u00eda Cuarenta y Ocho Especializada de Medell\u00edn, para solicitar al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, aceptaci\u00f3n cargos por los delitos de \u201cconcierto para delinquir agravado y extorsi\u00f3n agravada\u201d, pedimento acogido por el mencionado despacho, quien, el 23 de diciembre 2013, lo conden\u00f3 a ciento cincuenta y ocho (158) meses de c\u00e1rcel por tales conductas. <\/p>\n
Garc\u00eda Ram\u00edrez cuestiona el incumplimiento de lo convenido, dado que, en su decir, la \u201cextorsi\u00f3n\u201d qued\u00f3 separada del \u201cconcierto para delinquir\u201d, pese a estar vinculada a un mismo proceso, aspecto que incidi\u00f3 en el largo tiempo de la pena impuesta. <\/p>\n
Asimismo, refiere que la fiscal\u00eda le aplic\u00f3 el canon 11 de la Ley 733 de 20024, aunque estaba derogado e, igualmente, el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 20065 y, el precepto 14 de la Ley 890 de 20046, pese a existir prohibici\u00f3n de \u201cdoble incremento\u201d, seg\u00fan la jurisprudencia emitida sobre la materia. <\/p>\n
Para los inicialistas, Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez y Adalberto Escobar Escobar, se lesionaron sus garant\u00edas, as\u00ed como las de Berney Sierra Castro y C\u00e9sar Augusto Mej\u00eda, quienes se encuentran en similar situaci\u00f3n jur\u00eddica a la suya y, en general, las prerrogativas de la poblaci\u00f3n reclusa del pa\u00eds, dado el hacimiento en las prisiones que dio origen a un \u201cestado de cosas inconstitucional\u201d a\u00fan sin superar. <\/p>\n
Asimismo, critican (i) la indebida aplicaci\u00f3n de la normatividad penal sustantiva y adjetiva; (ii) la inepcia de los jueces de ejecuci\u00f3n de penas en su labor; (iii) el defectuoso sistema penitenciario que no permite la resocialicen de los presos; y (iv) la inobservancia de los precedentes de la Corte Constitucional y de la homologa Penal <\/p>\n
Igualmente, reprochan los hechos de violencia acaecidos en la c\u00e1rcel \u201cLa Modelo\u201d7 y algunos C.A.I.8 contra personas privadas de la libertad. <\/p>\n
3. Solicitan, por tanto, (i) anular todas las sentencias y procesos penales adelantados en Colombia a partir del 30 de diciembre de 2016; (ii) decretar la excarcelaci\u00f3n masiva de las personas condenadas desde la enunciada data; (iii) derogar las Leyes 599 de 2000 y 906 de 2004; (iv) cumplir los conceptos favorables relacionados con la resocializaci\u00f3n de los reclusos; (v) aplicar los mandatos de la Corte Constitucional relativos al estado de cosas inconstitucional, declarado por el hacinamiento de las c\u00e1rceles; (vi) ordenar a los jueces de ejecuci\u00f3n de penas tener en cuenta las normas y la jurisprudencia m\u00e1s favorables en los rituales a su cargo; (vii) fallar a su favor en los decursos refutados, as\u00ed como en los de Berney Sierra Castro y C\u00e9sar Augusto Mej\u00eda; y (viii) acatar el precedente relativo a las rebajas de penas por inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004. <\/p>\n
4. La Corte Constitucional, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, la Fiscal\u00eda Cuarenta y Ocho Especializada de Antioquia, la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas del Meta, el Senado de la Rep\u00fablica, la USPEC9, la Fiscal\u00eda Tercera Especializada de Pereira, la Presidencia de la Rep\u00fablica y los Juzgados Penal del Circuito y Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas -Meta- manifestaron, por separado, que no han conculcado las prerrogativas superlativas de los accionantes. <\/p>\n
5. El a quo constitucional neg\u00f3 el auxilio por (i) falta de legitimidad; (ii) desatenderse los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad; y (iii) ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los petentes. <\/p>\n
Impugnada dicha determinaci\u00f3n, se remiti\u00f3 a esta Sala para lo de su cargo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien la acci\u00f3n de tutela instituida por el Constituyente como tr\u00e1mite judicial para la defensa de los derechos fundamentales se caracteriza por su informalidad y sumariedad, no es ajena a las reglas del debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, donde se prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de notificar a las partes o intervinientes las providencias emitidas; as\u00ed lo disponen los mandatos 16 del Decreto 2591 de 1991 y 5\u00aa del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
Esos preceptos cobran mayor relevancia cuando se trata de informar a los interesados respecto de la iniciaci\u00f3n del asunto y desde luego sobre su resultado, pues en esas oportunidades es posible ejercer la prerrogativa a la contradicci\u00f3n o de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
La irregularidad consistente en no convocar en debida forma a los terceros, eventualmente, afectados con la decisi\u00f3n o a quienes incluso puede estar dirigida la orden constitucional, est\u00e1 contemplada como causal de nulidad en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, preceptiva aplicable a este mecanismo extraordinario en virtud de lo normado en el canon 4\u00ba del Decreto 306 de 1992. <\/p>\n
2. Examinado el plenario, se evidencia la falta de vinculaci\u00f3n y enteramiento a Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, respecto de la admisi\u00f3n de la demanda de amparo. Dichas autoridades debieron ser llamadas al debate como litisconsortes necesarios, pues las pretensiones principales del libelo les ata\u00f1en al estar relacionadas con la inadmisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n incoada por el tutelante Adalberto Escobar Escobar y la condena impuesta, por el segundo estrado rese\u00f1ado, a Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez. <\/p>\n
Incluso, en el fallo de primer grado se hizo referencia a los mencionados despachos con el fin de declarar la improcedencia del resguardo solicitado por los censores, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por [el suplicante Adalberto Escobar Escobar,] sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, se abstuvo de resolver sobre el particular, teniendo en cuenta que en el proceso penal en mientes, el implicado acept\u00f3 cargos en la audiencia preliminar de imputaci\u00f3n, por manera que deb\u00eda atacar aspectos relacionados con la pena impuesta y la forma de su ejecuci\u00f3n, quedando vetado debates de fondo, como los enarbolados por el actor relativos a su responsabilidad\u201d. <\/p>\n
\u201cFrente a esa decisi\u00f3n a pesar de indicarse la posibilidad de contar con recurso de reposici\u00f3n, no fue interpuesto por (\u2026) Escobar Escobar, lo cual actualiza la insatisfacci\u00f3n del requisito de subsidiariedad de la tutela\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[A]l igual que en el caso anterior, no se utilizaron los medios de defensa judicial al interior del proceso. Es as\u00ed como, en sentencia de 27 de diciembre de 2013 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, conden\u00f3 [al reclamante] Luis Fernando Garc\u00eda Ram\u00edrez a una pena de prisi\u00f3n de 158 meses, por los delitos de concierto para delinquir y extorsi\u00f3n agravada (3 de ellas consumadas y 2 tentadas)\u201d. <\/p>\n
\u201cDicha determinaci\u00f3n estuvo precedida de preacuerdo celebrado con la fiscal\u00eda, de ah\u00ed el monto de la pena establecido. Contra la misma, no fue interpuesto recurso alguno en esa oportunidad, como tampoco se advierte en la actualidad que de cara a los mecanismos sustitutivos de la pena se haya formulado postulaci\u00f3n ante juez vig\u00eda, para debatir la procedencia de los mismos de cara a una eventual favorabilidad e inaplicaci\u00f3n de exclusi\u00f3n de beneficios que alega el actor se deriva de la Ley 1121 de 2006 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, refulge con nitidez que las prenombradas sedes judiciales ostentan pleno inter\u00e9s en el procedimiento constitucional, por versar los pedimentos y algunos hechos respecto a ellas. <\/p>\n
Al respecto, siguiendo el criterio de la Corte Constitucional, esta Sala <\/p>\n
\u201c(\u2026) ha hecho \u00e9nfasis en la necesidad de notificar a las personas directamente interesadas, la iniciaci\u00f3n del tr\u00e1mite que se origina con motivo de la instauraci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, (\u2026), lo cual, lejos de ser un acto meramente formal o procedimental, constituye la garant\u00eda procesal (\u2026). Si bien es cierto que (\u2026) la obligaci\u00f3n de notificar, naturalmente, en cabeza del Juez de tutela, es una obligaci\u00f3n de medio, la cual no requiere, necesariamente, hacer uso de un determinado medio de notificaci\u00f3n, ello no implica que la imposibilidad de llevar a cabo la notificaci\u00f3n personal al demandado sea \u00f3bice para que el juez intente otro medios de notificaci\u00f3n eficaces, id\u00f3neos y conducentes a asegurar el ejercicio del derecho de defensa y la vinculaci\u00f3n efectiva de aquel contra quien se dirige la acci\u00f3n. La eficacia de la notificaci\u00f3n, en estricto sentido, solo puede predicarse cuando el interesado conoce fehacientemente el contenido de la providencia. Lo anterior no se traduce obviamente, que en el eventual escenario en el cual la efectiva integraci\u00f3n del contradictorio se torne particularmente dif\u00edcil, el juez se encuentre frente a una obligaci\u00f3n imposible. No obstante, en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa (\u2026), el juez deber\u00e1 actuar con particular diligencia; as\u00ed, pues, verificada la imposibilidad de realizar la notificaci\u00f3n personal, el juez deber\u00e1 acudir, subsidiariamente, a otros medios de notificaci\u00f3n que estime expeditos, oportunos y eficaces (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La Corte ha hecho \u00e9nfasis en que lo ideal es la notificaci\u00f3n personal y en que a falta de ella y trat\u00e1ndose de la presentaci\u00f3n de una solicitud de tutela se proceda a informar a las partes e interesados \u2018por edicto publicado en un diario de amplia circulaci\u00f3n, por carta, por telegrama, fijando en la casa de habitaci\u00f3n del notificado un aviso, etc.\u2019 (\u2026) (Auto 018 de 31 de enero de 2005)10(\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Lo discurrido genera, por tanto, la invalidez de lo surtido a partir del auto admisorio, inclusive, conforme al inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C. G. del P., pues se le obstruy\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, la facultad de intervenir en este particular escenario, expresar sus argumentos y, de ser el caso, aportar los elementos de convicci\u00f3n que pretendieran hacer valer12. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto admisorio; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar la remisi\u00f3n del expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, para que reponga la actuaci\u00f3n, disponiendo la vinculaci\u00f3n y la comunicaci\u00f3n de las diligencias a Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. Of\u00edciese <\/p>\n
TERCERO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicado del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas -Meta-. <\/p>\n
2\u0002 Ritual con radicado n\u00b0 76147-60-00-000-2015-00333-01. <\/p>\n
3\u0002 A la apelaci\u00f3n se le asign\u00f3 el consecutivo 76147-60-00-000-2015-00033-02. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 11. Exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n, y conexos, no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n; ni se conceder\u00e1n los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar a ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que \u00e9sta sea efectiva (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 \u201c(\u2026) art\u00edculo 26. Exclusi\u00f3n de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiaci\u00f3n de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsi\u00f3n y conexos, no proceder\u00e1n las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesi\u00f3n, ni se conceder\u00e1n subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecuci\u00f3n condicional o suspensi\u00f3n condicional de ejecuci\u00f3n de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n, ni habr\u00e1 lugar ning\u00fan otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboraci\u00f3n consagrados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en la Parte Especial del C\u00f3digo Penal se aumentar\u00e1n en la tercera parte en el m\u00ednimo y en la mitad en el m\u00e1ximo. En todo caso, la aplicaci\u00f3n de esta regla general de incremento deber\u00e1 respetar el tope m\u00e1ximo de la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 2\u00b0 de la presente ley. Los art\u00edculos 230A, 442, 444, 444A, 453, 454A, 454B y 454C del C\u00f3digo Penal tendr\u00e1n la pena indicada en esta ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Medina Seguridad de Bogot\u00e1 -CPMSBOG- <\/p>\n
8\u0002 Comando de Atenci\u00f3n Inmediata de la Polic\u00eda Nacional. <\/p>\n
9\u0002 Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. Civil. Auto de 17 de febrero de 2015, exp. 11001-22-03-000-2014-02025-01; reiterado el 5 de mayo de 2015, exp. 11001-22-03-000-2014-02025-02 <\/p>\n
11\u0002 CSJ. Civil. Auto de 30 de abril de 2015, exp. 41001-22-14-000-2015-00044-01. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. ATC 5429 de 2015. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. ATC de 1\u00b0 de abril de 2016, exp. 15693-22-08-003-2015-00284-01. <\/p>\n
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