ATC1200-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1200-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2021-00403-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 27 de julio de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hern\u00e1n de Jes\u00fas Estrada Ortega contra Datacr\u00e9dito Experian S.A. y Transuni\u00f3n CIFIN S.A.S., tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa ciudad, la Corte advierte que el asunto se encuentra viciado de nulidad como pasa a desarrollarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al habeas data y al debido proceso, presuntamente vulnerados por las entidades convocadas al mantener su reporte negativo en las referidas centrales de riesgo. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que en el tr\u00e1mite de \u00abinsolvencia de persona natural no comerciante\u00bb, adelantado ante el Centro de Conciliaci\u00f3n, Arbitraje y Amigable Composici\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda de Barranquilla, \u00abmediante auto del 7 de febrero de [2020] se orden\u00f3 en el numeral doce lo siguiente: \u201cINFORMAR a las entidades que administran base de datos de car\u00e1cter financiero, crediticio, comercial y de servicios, sobre esta aceptaci\u00f3n de solicitud de negociaci\u00f3n de deudas, seg\u00fan lo dispuesto del art\u00edculo 573 del C\u00f3digo General del Proceso. No obstante, los operadores de informaci\u00f3n no hicieron las respectivas actualizaciones en sus bases de datos, por lo que hice la reclamaci\u00f3n, as\u00ed como a las entidades financieras y crediticias que hicieron el reporte negativo, sin embargo, no accedieron a la petici\u00f3n de rectificar la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que seg\u00fan sentencia de tutela proferida por el Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla el 9 de marzo de 2021, confirmada por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma capital el 21 de abril de la presente anualidad, se orden\u00f3 al centro de conciliaci\u00f3n \u00abque notificara a los operadores de informaci\u00f3n sobre el acuerdo de pago celebrado con todos mis acreedores\u00bb, y pese a que se libraron las \u00f3rdenes de rigor, \u00ablos operadores de informaci\u00f3n persisten en mantener el reporte negativo en sus bases de datos, afect\u00e1ndome gravemente mi historial crediticio, sin que, a la fecha, hayan actualizado mi informaci\u00f3n financiera\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se proceda a \u00abORDENAR a los operadores de informaci\u00f3n DATACR\u00c9DITO EXPERIAN S.A. y TRANSUNION CIFIN S.A., que dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la sentencia, corrijan su base de datos de tal forma que eliminen los reportes negativos y reflejen la informaci\u00f3n veraz, con relaci\u00f3n al acuerdo de pago celebrado con mis acreedores en el centro de conciliaci\u00f3n de la Fundaci\u00f3n Liborio Mej\u00eda de la ciudad de Barranquilla\u00bb. <\/p>\n
4. El tribunal a-quo desestim\u00f3 el amparo, al encontrar que en atenci\u00f3n al lapso de \u00abpermanencia de la informaci\u00f3n por mora o por incumplimiento\u00bb, con base en la normativa aplicable e informaci\u00f3n proporcionada, \u00abexiste un t\u00e9rmino contabilizado frente a la calificaci\u00f3n del historial en las centrales de riesgos el cual se cuenta a partir del pago total de la deuda y al evidenciarse que efectivamente la parte no ha cancelado la totalidad de sus obligaciones, (\u2026) no encuentra ninguna vulneraci\u00f3n\u00bb a los derechos invocados por el actor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De la atribuci\u00f3n de competencia en materia de amparo constitucional. <\/p>\n
No obstante ser la tutela un mecanismo preferente y sumario, no es ajena -como no lo es ninguna acci\u00f3n judicial- a las reglas del debido proceso, por lo que su conocimiento debe corresponder al juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo ha explicado la jurisprudencia, en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la debida integraci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/96). <\/p>\n
El factor de competencia de la acci\u00f3n de tutela se encuentra previsto en el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, sin embargo, esa disposici\u00f3n solo se ocup\u00f3 de la \u00abpreventiva y territorial\u00bb, de ah\u00ed que el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, que modific\u00f3 el ordinal 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, predetermin\u00f3 el conocimiento de los asuntos entre los diferentes funcionarios judiciales y corporaciones, dependiendo de diferentes aspectos, tales como el nivel de la autoridad o calidad del funcionario demandado. <\/p>\n
En el presente caso se configura la nulidad por falta de competencia prevista en el art\u00edculo 133-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la cual, por ser funcional, seg\u00fan el canon 138 \u00eddem (aplicable a la acci\u00f3n de tutela en raz\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991), implica que \u00ablo actuado conservar\u00e1 su validez y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidar\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2. De la definici\u00f3n de competencia y vinculaci\u00f3n aparente. <\/p>\n
Al revisar el diligenciamiento de este asunto, la Corte encuentra que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla carece de competencia para resolver en primera instancia la presente acci\u00f3n, al advertirse que la pretensi\u00f3n se circunscribe a censurar de manera \u00fanica y exclusiva la omisi\u00f3n de las centrales de riesgo Datacr\u00e9dito Experian S.A. y Transuni\u00f3n Cif\u00edn S.A.S., quienes indistintamente de su funci\u00f3n de registrar el comportamiento crediticio, financiero y comercial de las personas, son particulares. <\/p>\n
Ciertamente, la tutela se encamina a criticar el que las personas jur\u00eddicas en comento no hayan levantado el reporte negativo del accionante, pese a la existencia de un acuerdo de pago celebrado con sus acreedores en el marco de un proceso de \u00abinsolvencia de persona natural no comerciante\u00bb, por lo que siguiendo la primera regla de reparto contenida en el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021, la competencia estar\u00eda atribuida a los jueces municipales. <\/p>\n
No obstante, por cuanto contra las centrales de riesgo ya hubo un pronunciamiento en sede de tutela emitido por el Juzgado Octavo de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Barranquilla, la vinculaci\u00f3n que en esta acci\u00f3n podr\u00eda mantenerse es la de dicho funcionario judicial, quien deber\u00eda hacer cumplir las \u00f3rdenes por \u00e9l emitidas; en tales circunstancias, el llamado a conocer del actual amparo ser\u00eda su superior jer\u00e1rquico habida cuenta la regla 5\u00aa del citado art\u00edculo 2.2.3.1.2.1, al establecer que \u00ab[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada\u00bb. Se subraya. <\/p>\n
As\u00ed, aunque en este caso para efectos del conocimiento por parte del tribunal se tuvo como querellado al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Barranquilla, por ser la autoridad que resolvi\u00f3 en segunda instancia la tutela contra las centrales de riesgo, es claro que la pretensi\u00f3n de la salvaguarda es obtener la ejecuci\u00f3n de ese fallo, aspecto que solo concierne verificarlo al juzgador de primer grado. <\/p>\n
Lo anterior significa que la vinculaci\u00f3n del mencionado Juzgado Noveno Civil del Circuito de dicha ciudad, resulta apenas aparente, figura respecto de la cual esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abno puede asumirse (\u2026), por el simple hecho de accionar en contra de los nombrados, se torna competente un determinado funcionario, pues en cuanto no se les atribuya hecho u omisi\u00f3n que soporte su vinculaci\u00f3n a ese tr\u00e1mite, ni se precise de modo claro y directo c\u00f3mo ellos se encuentran comprometidos con el hecho endilgado, es infundada su convocatoria\u00bb (CSJ ATC, 24 jul. 2007, rad. 00156-01, citado entre otros en ATC1052-2021, 22 jul. 2021, rad. 00105-01). <\/p>\n
3. De la actuaci\u00f3n que se invalida. <\/p>\n
De conformidad con lo antes se\u00f1alado, se impone declarar la falta de competencia de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla para conocer en primera instancia la presente acci\u00f3n, en tanto desconoce las reglas de reparto y, en consecuencia, como se ha dictado fallo bajo dicha irregularidad vulneradora del debido proceso, se decretar\u00e1 su nulidad, ordenando, para lo pertinente, el env\u00edo del expediente al reparto de los juzgados civiles del circuito de esa ciudad. <\/p>\n
De esta forma, en cumplimiento del inciso final del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, seg\u00fan el cual \u00ab[e]l auto que declare una nulidad indicar\u00e1 la actuaci\u00f3n que debe renovarse\u00bb, se precisa que al invalidarse el fallo proferido por la colegiatura a-quo, se dispondr\u00e1 que el funcionario habilitado para tal fin conforme a la ley, dicte uno nuevo que defina en primer grado el amparo, sin perjuicio de lo que estime necesario complementar como practicar otras pruebas o realizar notificaciones omitidas. <\/p>\n
4. De la facultad para decretar nulidades. <\/p>\n
En cuanto a esa potestad, esta Sala ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) hace suya la preocupaci\u00f3n de la Honorable Corte Constitucional expresada en el auto 124 de 2009 (exp. I.C.C.1404) sobre la imperiosa necesidad de evitar la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de las acciones de tutela para garantizar su finalidad, eficiencia y eficacia, esto es, la protecci\u00f3n efectiva e inmediata de los derechos fundamentales (\u2026). <\/p>\n
(\u2026) empero, no comparte su posici\u00f3n respecto a que los jueces no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018\u2026en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto\u201d. <\/p>\n
\u201cEn efecto, el Decreto 1382 de 2002, reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 2001 relativo a la competencia de los jueces para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes (\u2026)\u00bb (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 00083-01, citado en ATC295-2021,11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, ha dejado sentado que: \u00abEl fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo1, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 19922\u00bb (CSJ ATC1396-2016, 10 mar. 2016, rad. 00028-01, citado en ATC1218-2020, 9 dic. 2020, rad. 00327-01). <\/p>\n
5. De la imposibilidad del conflicto de competencia frente a la orden que se impartir\u00e1. <\/p>\n
Al respecto una vez m\u00e1s se advierte que: <\/p>\n
\u00abno cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley. (\u2026) En esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia\u00bb (CSJ ATC, 16 jul. 2010, rad. 00022-01, citado en ATC295-2021, 11 mar. 2021, rad. 00019-01, entre otros). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia de tutela de primera instancia, proferida en el asunto de la referencia por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el 27 de julio de 2021, sin perjuicio de la validez de las pruebas legalmente practicadas. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la remisi\u00f3n del presente expediente al Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla \u2013 reparto, para que asuma en primer grado el conocimiento de esta acci\u00f3n. Of\u00edciese. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto al tribunal que conoci\u00f3 en primera instancia, as\u00ed como a los interesados a trav\u00e9s de medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 16. PRORROGABILIDAD E IMPRORROGABILIDAD DE LA JURISDICCI\u00d3N Y LA COMPETENCIA. La jurisdicci\u00f3n y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petici\u00f3n de parte, la falta de jurisdicci\u00f3n o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservar\u00e1 validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que ser\u00e1 nula, y el proceso se enviar\u00e1 de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia ser\u00e1 nulo\u00bb. [Se subray\u00f3]. <\/p>\n
2\u0002 Ese aparte normativo fue incluido en el canon 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015 (Por medio del cual se expide el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho), precisando que antes ense\u00f1aba que, \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991\u2026, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto\u00bb, se aplicar\u00edan los principios generales del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pero ahora hace referencia no a este estatuto sino al C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
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