ATC1210-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1210-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00198-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del dieciocho de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Corresponder\u00eda decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 21 de julio de 2021, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decidi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Guillermo Pazos \u00c1ngel contra Bancoomeva S.A, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y Catorce Civil Municipal, ambos de Cali, si no fuera porque se observa que en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afecta lo actuado, como pasa a examinarse. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por autoridad convocada, al no haberle contestado la petici\u00f3n que elev\u00f3 a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el pasado 12 de mayo. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene a la entidad convocada, dar inmediata respuesta a la mentada solicitud. <\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que de conformidad a lo normado en el canon 23 de la Carta Pol\u00edtica, solicit\u00f3 al Banco Coomeva S.A. \u00absuspender la medida de embargo\u00bb que solicit\u00f3 en el marco del juicio ejecutivo que en su contra adelant\u00f3 tal sociedad, la cual se encuentra a cargo del Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali, por ser la misma improcedente ante la apertura del juicio de liquidaci\u00f3n patrimonial de la que trata la Ley 1564 de 2012, del que conoce el Juzgado 14 Civil Municipal de Cali, identificado con el consecutivo No. 2018-00743, sin que a la fecha de interposici\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional se hubiera brindado alguna respuesta. <\/p>\n
3. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 el resguardo suplicado, tras advertir, en suma, que \u00ab[e]n este caso se evidencia que el accionante interpuso una petici\u00f3n ante una entidad financiera para obtener la suspensi\u00f3n de una medida de embargo decretada por una autoridad judicial, pues estima que la misma es improcedente por hallarse \u00e9l inmerso en tr\u00e1mite concursal. <\/p>\n
De ah\u00ed se extrae que tal mecanismo no es el id\u00f3neo para obtener el fin deseado por el peticionario, pues aunque el proceso judicial en que se decret\u00f3 el embargo haya sido promovido por la entidad financiera, la vigencia de las medidas 8 cautelares y sus efectos son de resorte de la autoridad judicial y es a trav\u00e9s de ella que debe gestionarse lo pedido para obtener un pronunciamiento v\u00e1lido al respecto. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n no simboliza que la entidad financiera pueda esquivar el deber de dar respuesta a lo auscultado, sino que est\u00e1 llamado a contestar lo que est\u00e9 a su alcance y especificar de forma clara, completa y de fondo, las razones que impiden acceder a lo pedido por el peticionario. Siendo as\u00ed, se verifica que, en efecto, la entidad financiera en el curso de esta acci\u00f3n contest\u00f3 la petici\u00f3n del accionante y ah\u00ed explic\u00f3 las razones del por qu\u00e9 no es de su cargo suspender la medida cautelar, teniendo en cuenta la temporalidad en que se decret\u00f3 y acat\u00f3, adem\u00e1s de los efectos de la promoci\u00f3n del proceso concursal. <\/p>\n
En tal sentido, a pesar de que la respuesta a la solicitud se dio tan solo por el inicio de esta acci\u00f3n, se entiende que la vulneraci\u00f3n al derecho de petici\u00f3n ces\u00f3 y por ello ocurre aqu\u00ed la carencia actual del objeto por hecho superado. Por ende, frente a este derecho, reluce la improcedencia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, y aun cuando ninguna queja expuso el actor constitucional ni en los hechos ni en las pretensiones enlistados en el escrito inicial, motu proprio, dijo el a quo constitucional que, \u00abpara definir si existe una vulneraci\u00f3n que habilite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, se advierte que al revisar las actuaciones desplegadas en el proceso judicial, se observa que en \u00e9l se decret\u00f3 la medida de embargo que gener\u00f3 la deducci\u00f3n monetaria y el mismo se encuentra suspendido desde julio de 2018 en raz\u00f3n al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante; sin embargo, tal medida cautelar fue decretada en diciembre de 2017 y acatada antes de que se decretara la mencionada suspensi\u00f3n del proceso. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, no puede dejarse de lado que la legislaci\u00f3n adjetiva, en el marco de los procesos concursales, no impone que la suspensi\u00f3n de los procesos ejecutivos conduzca impl\u00edcitamente al levantamiento de medidas cautelares para que queden a disposici\u00f3n de la parte demandada, sino que el producto de tales cautelas queda sometido a la definici\u00f3n del tr\u00e1mite concursal para honrar el acuerdo o pago que se suscite en ese contexto. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la suspensi\u00f3n de los procesos no afecta los actos relacionados con las medidas cautelares (inciso final del art\u00edculo 159 del C.G.P., en consonancia con el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 162 ejusdem). Adem\u00e1s, obs\u00e9rvese que si bien tan solo hasta ahora oper\u00f3 la deducci\u00f3n de una cuenta bancaria, eso ocurri\u00f3 porque su embargo se acat\u00f3 desde antes de la suspensi\u00f3n del proceso y, por tanto, no es incorrecto que as\u00ed haya sucedido. <\/p>\n
Ahora bien, como quiera que est\u00e1 suspendido el proceso para el cual se remiti\u00f3 el producto embargado, siendo la raz\u00f3n de la suspensi\u00f3n un tr\u00e1mite concursal, lo propio es remitir dicho producto embargado a \u00f3rdenes del juez del concurso para que el recaudo se emplee para honrar el pago a la totalidad de acreedores, conforme los par\u00e1metros all\u00e1 determinados. <\/p>\n
Bajo ese entendido, la Sala observa que la conducta del Juzgado 10 Civil del Circuito de Cali es acertada, en la medida en que ya destin\u00f3 el t\u00edtulo judicial producto del aludido embargo a la cuenta del Juzgado 14 Civil Municipal de Cali, por ser el juez que adelanta la liquidaci\u00f3n patrimonial. Siendo as\u00ed, se evidencia que las actuaciones relacionadas con la queja constitucional se encuentran ajustadas a derecho y no provocaron la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, lo cual se traduce en la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
4. Impugnada la sentencia por la parte accionante, fue remitida a esta Corte para lo pertinente, a trav\u00e9s del correo institucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De lo anteriormente relatado, y comoquiera que esta Corporaci\u00f3n ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que son los cargos esbozados en el escrito de tutela los que permiten dilucidar cu\u00e1l o cu\u00e1les son las autoridades contra quienes se dirige la acci\u00f3n constitucional, se desprende la falta de competencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para desatar el resguardo rogado en primera instancia, por cuanto el reclamo involucra exclusivamente la actividad de la sociedad Bancoomeva S.A., m\u00e1s no una actuaci\u00f3n de los juzgados que decidi\u00f3 vincular. <\/p>\n
2. De all\u00ed que dada la naturaleza del se\u00f1alado ente, y lo preceptuado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 1983 de 2017 vigente, que modific\u00f3 lo dispuesto en el canon 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, esta demanda constitucional debi\u00f3 ser definida en primer grado por los Juzgados Municipales de Cali, por ser \u00e9stos los llamados a conocer de los amparos promovidos contra los particulares1, m\u00e1xime cuando la vinculaci\u00f3n efectuada por la Colegiatura que conoci\u00f3 en primer grado es aparente, en cuanto la pretensi\u00f3n concreta del tutelante se cimienta \u00fanica y exclusivamente en que se ordene a la entidad bancaria accionada, dar respuesta al derecho de petici\u00f3n que present\u00f3 el pasado 12 de mayo. <\/p>\n
Sobre el particular, ha destacado la Sala que, \u00abel fallo dictado por un juzgador carente de competencia funcional para tal efecto, en nuestro ordenamiento procesal actual, esto es, a partir de la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, constituye una decisi\u00f3n \u00abnula\u00bb, la que se torna insubsanable, al establecer el legislador que la competencia por tal factor es \u00abimprorrogable\u00bb, tal como lo dispone el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del referido estatuto adjetivo, por lo que el funcionario que advierta esa anomal\u00eda est\u00e1 obligado a declararla de oficio, como se extrae de la misma norma, la cual resulta aplicable al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 4\u00ba del Decreto 306 de 1992\u00bb (CSJ ATC1228-2020). <\/p>\n
3. En consecuencia, el presente tr\u00e1mite se encuentra viciado de nulidad por falta de competencia funcional, la que es insaneable de acuerdo con el inciso primero del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a los procesos de tutela por remisi\u00f3n del art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, y es menester declarar a partir de la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la validez de las pruebas recaudadas, y, se ordenar\u00e1 remitir el expediente al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali (autoridad a la que inicialmente le fue repartido el asunto), para su conocimiento. <\/p>\n
<\/p>\n
4. En torno a la facultad para declarar \u00abnulidades\u00bb, a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, recientemente esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que <\/p>\n
\u00abLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u2018(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u2019. <\/p>\n
\u2018[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01)\u2019\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
PRIMERO: Declarar la nulidad del fallo dictado el 21 de julio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali en la presente acci\u00f3n de tutela, sin perjuicio de la validez de los medios de prueba existentes, en los t\u00e9rminos del inciso segundo del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar, en consecuencia, la remisi\u00f3n del expediente al Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Cali, con el fin de que se imprima de inmediato el tr\u00e1mite respectivo. <\/p>\n
TERCERO: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados mediante telegrama y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Regla 1\u00aa del art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el canon 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, que a la letra reza: \u00ab1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
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