ATC1262-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
ATC1262-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 85001-22-08-000-2021-00107-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C, veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
1. Respecto de la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal el 4 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carmen Rosa G\u00f3mez contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, la Corte advierte que se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable a estas tramitaciones por remisi\u00f3n del art\u00edculo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 (que contiene el canon 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991). <\/p>\n
Ello, porque seg\u00fan los fundamentos de hecho y pretensiones, corroborados con documentos y pronunciamientos de otros intervinientes, el bien objeto de la sucesi\u00f3n cuya actuaci\u00f3n se censura (rad. 2009-00430), posiblemente corresponde a un \u00abbald\u00edo\u00bb, cuya defensa jur\u00eddica est\u00e1 a cargo de la entidad antes referida, habida cuenta que dentro de las funciones que se\u00f1ala el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 2363 de 2015, est\u00e1 la de \u00ab11. Administrar las tierras bald\u00edas de la naci\u00f3n, adelantar los procesos generales y especiales de titulaci\u00f3n y transferencias a las que haya lugar, delimitar y constituir reservas sobre \u00e9stas, celebrar contratos para autorizar su aprovechamiento y regular su ocupaci\u00f3n sin perjuicio de lo establecido en los par\u00e1grafos 5\u00b0 y 6\u00b0 del art\u00edculo 85 de la Ley 160 de 1994\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese que la demandante es enf\u00e1tica en manifestar que el accionado \u00abno ejerci\u00f3 el control de legalidad para verificar la tradici\u00f3n del inmueble\u00bb y por ello en la sucesi\u00f3n se solicitaron \u00abembargos y secuestros sobre bienes bald\u00edos\u00bb, frente a los cuales no se le dio oportunidad a la accionante de \u00abejercer una oposici\u00f3n\u00bb o \u00abactuar dentro del liquidatorio de sucesi\u00f3n de forma directa\u00bb pese a \u00abestar en proceso de adjudicaci\u00f3n ante la ANT\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en postura acogida por esta Corporaci\u00f3n, ha sostenido que \u00abdonde no se tenga claridad de la calidad del bien objeto del litigio, se debe vincular a la Agencia Nacional de Tierras, incluso en aquellos regidos por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Igualmente deber\u00e1 llevar a cabo un proceso de pedagog\u00eda sobre esta sentencia y la T-488 de 2014, con el fin de evitar una escalada de acciones de amparo por parte del Incoder (en liquidaci\u00f3n), hoy Agencia Nacional de Tierras, en contra de decisiones de pertenencia adoptadas por jueces de la Rep\u00fablica\u00bb (CC T-548\/16). <\/p>\n
3. En materia de notificaci\u00f3n de las actuaciones surtidas en la acci\u00f3n de tutela, el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 dispone: \u00ab[l]as providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 5\u00ba del Decreto 306 de 1992 establece: \u00ab[d]e conformidad con el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten en el tr\u00e1mite de una acci\u00f3n de tutela se deber\u00e1n notificar a las partes o a los intervinientes. Para este efecto son partes la persona que ejerce la acci\u00f3n de tutela y el particular, la entidad o autoridad p\u00fablica contra la cual se dirige la acci\u00f3n de tutela de conformidad con el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, y a\u00f1ade que \u00ab[e]l juez velar\u00e1 porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notificaci\u00f3n aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 consagra que el fallo proferido en el resguardo, \u00abse notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
Sobre la necesidad de notificar la iniciaci\u00f3n del auxilio a todos los directamente interesados en sus resultas, la jurisprudencia constitucional ha destacado que dicho acto: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) constituye un elemento estructural del derecho fundamental al debido proceso, en cuanto que, por su intermedio, m\u00e1s que pretender formalizar la comunicaci\u00f3n del inicio, desarrollo o agotamiento de una determinada actuaci\u00f3n procesal, lo que busca es asegurar la legalidad de las determinaciones que se adopten al interior de la misma, permitiendo que los distintos sujetos procesales puedan ejercer los derechos de defensa, contradicci\u00f3n e impugnaci\u00f3n, utilizando oportunamente los instrumentos o mecanismos de defensa que se hayan previsto para la protecci\u00f3n de sus intereses. <\/p>\n
(\u2026) Conforme con ello, ha puntualizado este Tribunal que recae en las autoridades judiciales o administrativas, la obligaci\u00f3n de notificar o comunicar sus decisiones no solo a las partes, sino tambi\u00e9n a los terceros que tengan un inter\u00e9s jur\u00eddico en ellas, pues unos y otros son titulares del derecho al debido proceso y, por tanto, a todos se les debe brindar la oportunidad de expresar sus opiniones, de presentar y controvertir las pruebas allegadas en su contra, y de recurrir, a trav\u00e9s de los recursos previamente instituidos, las decisiones adoptas que le sean contrarias. <\/p>\n
(\u2026) Trat\u00e1ndose de la acci\u00f3n de tutela, la Corte ha dejado sentado que la garant\u00eda constitucional de la publicidad del proceso, materializada en el acto de notificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, tanto a las partes como a los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo, mantiene plena vigencia, e incluso adquiere mayor relevancia, debido a que en ella se debate la protecci\u00f3n constitucional derivada de la amenaza o vulneraci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales\u00bb (CC A-364\/10). <\/p>\n
Ahora, sobre la consecuencia jur\u00eddica por omitir esa gesti\u00f3n, de vieja data precis\u00f3 que: \u00abla falta de notificaci\u00f3n a la parte demandada y la falta de citaci\u00f3n de los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo en el proceso de tutela, genera una nulidad saneable de toda la actuaci\u00f3n surtida, en aras de lograr con ello el respeto y la garant\u00eda de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa judicial, al igual que la plena vigencia del principio de publicidad de las actuaciones de las autoridades del Estado\u00bb (CC A-054\/06). <\/p>\n
4. En este orden, atendiendo las disposiciones legales y los precedentes jurisprudenciales anteriormente referidos, con observancia en los incisos 2\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 138 del estatuto adjetivo, que tratan sobre los efectos de la nulidad declarada y la renovaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, ser\u00e1 menester invalidar exclusivamente la sentencia de primera instancia, en tanto es el \u00fanico acto procesal que puede calificarse como \u00abposterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este\u00bb, lo cual supone la conservaci\u00f3n de la eficacia de los dem\u00e1s sucesos procesales previos y del acervo probatorio en los t\u00e9rminos de ley. <\/p>\n
En consecuencia, para la reanudaci\u00f3n del tr\u00e1mite se le ordenara al a-quo, vincular y por ende notificar a la Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT, quien no fue convocada pese a su inter\u00e9s dentro de la querella, habida cuenta su calidad de garante de los bienes que conforman parte del patrimonio de la naci\u00f3n como son los bald\u00edos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar la nulidad de la sentencia proferida por la Sala \u00danica del Tribunal Superior de Yopal el 4 de agosto de 2021, dentro de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Ordenar que por Secretar\u00eda se devuelva el expediente a la colegiatura de origen para que conforme a lo dicho en precedencia, proceda a realizar la correspondiente vinculaci\u00f3n y a renovar lo actuado. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados por un medio expedito y l\u00edbrense las dem\u00e1s comunicaciones pertinentes. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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