SC3254-2021 (2014-00084-01)<\/p>\n
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\u00c1LVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
SC3254-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 15322-31-03-001-2014-00084-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintitr\u00e9s de abril de 2021) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Derrotado el proyecto inicialmente presentado por el Magistrado Ponente, se resuelve por la Sala, el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Guillermo Quintero Colmenares y Ligia Esperanza S\u00e1nchez de Quintero frente a la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia promovido por los recurrentes contra Dora In\u00e9s Chaparro de Quintero, \u00c1ngela Paola Quintero Casta\u00f1eda, Martha Luc\u00eda Quintero Chaparro, Dora Clemencia Quintero Chaparro y Ruth Stella Quintero Chaparro, en sus calidades de c\u00f3nyuge sobreviviente e hijas del causante Nelson Jairo Quintero Colmenares, y adem\u00e1s contra de sus herederos indeterminados y contra personas interesadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Se solicit\u00f3 en la demanda con la que se inici\u00f3 el presente proceso, que se declare que los actores adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria, el derecho de dominio sobre el predio urbano ubicado en la carrera 7\u00aa, No 9-31 a 9-39 del municipio de Guateque (Boyac\u00e1), debidamente descrito, identificado y alinderado. <\/p>\n
2. En respaldo de esas solicitudes, se adujeron los hechos que pasan a rese\u00f1arse: <\/p>\n
Que el demandante, se\u00f1or Guillermo Quintero Colmenares, adquiri\u00f3 el inmueble objeto de usucapi\u00f3n, por compra efectuada mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 81 del 29 de marzo de 1973 de la Notar\u00eda Segunda de Tunja, seg\u00fan consta en el certificado No 079-21062 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Guateque. <\/p>\n
El 5 de junio de 1996, Guillermo Quintero Colmenares presta en confianza a Nelson Jairo Quintero Colmenares, el t\u00edtulo de la casa realizando ellos una escritura de compraventa simulada. <\/p>\n
La mencionada compraventa, N\u00ba 1360 de la Notar\u00eda Segunda de Tunja, se hizo a petici\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares, de manera \u00absimulada\u00bb con el fin de presentarla como garant\u00eda hipotecaria para obtener un pr\u00e9stamo de dinero en la Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda \u201cCorpavi.\u201d <\/p>\n
Que el inmueble en ning\u00fan momento fue entregado por los esposos Guillermo Quintero Colmenares y Ligia Esperanza S\u00e1nchez de Quintero a su comprador Nelson Jairo Quintero Colmenares. <\/p>\n
Que el precio tampoco fue cancelado a su vendedor ni a su esposa quienes han pose\u00eddo materialmente la casa sin soluci\u00f3n de continuidad desde el a\u00f1o 1973 en forma quieta, pac\u00edfica p\u00fablica e ininterrumpida, siendo ese el sitio de crianza de sus hijos y de llegada de toda su familia. <\/p>\n
Que adem\u00e1s, por el sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble en uno de los costados del parque principal de Guateque, que adem\u00e1s consta de unos locales comerciales, les consta a todas las personas guatecanas y a otros que no lo son, que a los esposos Quintero Colmenares y S\u00e1nchez de Quintero se les ha reconocido como propietarios del bien porque siempre han residido all\u00ed con su familia y porque adem\u00e1s lo explotan econ\u00f3micamente ejerciendo actos positivos de dominio como arriendo de los locales comerciales, al se\u00f1or Edgar Valdo Quintero desde el a\u00f1o 1995 y a la empresa Apuestas e Inversiones JER S.A. desde el 1\u00ba de febrero de 2006, as\u00ed como un garaje para guardar un cami\u00f3n, al se\u00f1or Luis \u00c1lvaro G\u00f3mez desde el a\u00f1o 2005. As\u00ed mismo es el se\u00f1or Guillermo Quintero Colmenares quien figura como titular de los servicios p\u00fablicos y es quien cancela sus cuentas, en las cuales se encuentra al d\u00eda. <\/p>\n
El se\u00f1or Guillermo Quintero Colmenares ha hechos reparaciones y pintado el inmueble y con su propio peculio ha adquirido los materiales para esas mejoras. <\/p>\n
Nelson Jairo Quintero Colmenares falleci\u00f3 el 14 de julio de 2001, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de haber celebrado la compraventa simulada, sin que hubiera solicitado nunca la entrega del bien al supuesto vendedor ni pagado su precio. <\/p>\n
Por tal motivo, su hermano Guillermo Quintero promovi\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n donde hizo valer su condici\u00f3n de acreedor hereditario, en particular, para obtener el pago de la venta del bien objeto de litigio, sin obtener remuneraci\u00f3n alguna hasta la fecha. <\/p>\n
La sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares fue abierta mediante providencia del 3 de agosto de 2001 en el Juzgado Civil del Circuito de Guateque y se traslad\u00f3 por competencia a Bogot\u00e1, donde se reparti\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia, donde se hizo presente como acreedor hereditario el se\u00f1or Guillermo Quintero Colmenares con siete letras de cambio, giradas unas como respaldo a la escritura de confianza y otras por diferentes negocios con su hermano. <\/p>\n
Aducen que el actor, Guillermo Quintero Colmenares, reconoci\u00f3 dominio ajeno, pues hizo gala de la propiedad del causante y de sus herederos compareciendo a la sucesi\u00f3n del propietario inscrito en calidad de acreedor hereditario, de manera especial al solicitar y practicar medidas cautelares sobre el predio, en el cual se le design\u00f3 en calidad de depositario. <\/p>\n
En igual sentido, la otra demandante y c\u00f3nyuge del actor, se\u00f1ora Ligia Esperanza S\u00e1nchez de Quintero, estando presentes en la diligencia de aprehensi\u00f3n material del inmueble, no se opusieron a ella reconociendo as\u00ed el dominio ajeno, en particular del causante deudor. <\/p>\n
El 22 de julio de 2015, el Juzgado Civil del Circuito de Guateque (Boyac\u00e1) dict\u00f3 sentencia de primer grado en la cual acogi\u00f3 las pretensiones, considerando demostrada la posesi\u00f3n de los convocantes sobre el bien ra\u00edz y plenamente acreditado el tiempo exigido por la ley para ganar el predio por usucapi\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Apelada esa decisi\u00f3n por los actores, el Tribunal Superior de Tuna en su Sala Civil-Familia, al resolver el recurso de alzada, revoc\u00f3 lo decidido por el a quo, y en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Como el recurso reclama en contra del reconocimiento que hizo el Juzgado respecto de los requisitos exigidos por la ley para declarar la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, basta en lo que hace al compendio del fallo de segundo grado, se\u00f1alar que el Tribunal tuvo por cumplidos los presupuestos procesales, y en su estudio verific\u00f3 y reconoci\u00f3 que brillaba por su ausencia uno de los elementos de la posesi\u00f3n como requisito de la acci\u00f3n de pertenencia, pues hall\u00f3 probado que los actores no acreditaron el \u00ab\u00e1nimus\u00bb, pues al comparecer al juicio de sucesi\u00f3n del causante y propietario inscrito del bien ra\u00edz objeto del proceso, Nelson Jairo Quintero Colmenares, reconocieron dominio ajeno, pues no solo intentaron cobrar el precio del bien sino que denunciaron como de propiedad del causante el bien a embargar que es el pretendido en usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Se dijo que partiendo de mirar la posesi\u00f3n, seg\u00fan el art\u00edculo 762 del c\u00f3digo civil como \u00abla tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o\u00bb, se entiende que en ella se involucran dos elementos esenciales: el \u00abcorpus\u00bb y el \u00abanimus\u00bb. <\/p>\n
En el primero de ellos, de orden netamente f\u00edsico, visible y material, se enumeran los hechos externos de ese fen\u00f3meno jur\u00eddico, de lo cual encontr\u00f3 demostrado, seg\u00fan afirmaciones de la demanda y declaraci\u00f3n de los testigos Araminta Sandoval, Jos\u00e9 Mar\u00eda Cala, y Gloria Eugenia Prieto, quienes dijeron que conoc\u00edan con suficiencia el inmueble y a quienes lo habitaban \u00abdesde 1973\u00bb por haberlo comprado a Cecilia Useche de Ram\u00edrez, y que adem\u00e1s le han hecho mejoras, mantenimiento y lo han explotado mediante su uso, arriendo de los locales comerciales y un parqueadero anexos, por lo que consideran que son sus poseedores con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os. Igualmente se verific\u00f3 que los convocantes figuran como suscriptores de las cuentas de pago de impuestos y de las conexiones y suministro servicios p\u00fablicos de agua, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica, seg\u00fan certifica la Alcald\u00eda Municipal de Guateque y las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
Respecto del otro elemento, el \u00abanimus\u00bb, se ha dicho que corresponde al fuero interno o subjetivo de quien aduce la calidad de poseedor, pero que necesariamente debe manifestarse en sus comportamientos y situaci\u00f3n frente al bien, pues se trata del comportamiento del poseedor \u00abcomo se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. Es el comportamiento de acuerdo con su creencia de ser el propietario y por eso se manifiesta en no reconocer otro propietario o poseedor diferente a s\u00ed mismo. <\/p>\n
Mientras que el comportamiento contrario, reconociendo dominio ajeno, implica la \u00abmera tenencia\u00bb o la calidad de tenedor sin \u201canimus domini\u201d, que como lo establece el art\u00edculo 775 del c\u00f3digo civil es \u00abla que se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene derecho de habitaci\u00f3n, son meros tenedores de la cosa empe\u00f1ada, secuestrada, o cuyo usufructo, uso o habitaci\u00f3n les pertenece (\u2026) Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno\u00bb. <\/p>\n
Concluye en Tribunal que, en este caso, no solamente qued\u00f3 claro que no se demostr\u00f3 el \u00abanimus\u00bb frente al caso, sino que, por el contrario, se acredit\u00f3 que, en realidad, al reconocer dominio del causante qued\u00f3 probada la existencia de una \u00abmera tenencia\u00bb sobre el inmueble. <\/p>\n
Los demandantes realizaron ciertos actos dentro del proceso de sucesi\u00f3n del propietario del bien Nelson Jairo Quintero Colmenares, que indudablemente ponen en duda su calidad de \u00abse\u00f1ores y due\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
Qued\u00f3 demostrado que Guillermo Quintero Colmenares concurri\u00f3 a la sucesi\u00f3n de su hermano Nelson Jairo en calidad de acreedor hereditario, exigiendo el pago de unos t\u00edtulos valores de los cuales afirma desde la demanda que unos pertenecen al negocio de compraventa que \u00e9l califica de simulada, pero adem\u00e1s pidi\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares sobre el inmueble objeto de pertenencia, a fin de asegurar con \u00e9ste el cumplimiento de las obligaciones insolutas. En la diligencia de secuestro, estando presentes no se opusieron ni alegaron la calidad de poseedores, y por el contrario, Guillermo Quintero acept\u00f3 ser designado como \u00abdepositario gratuito\u00bb, y en esa calidad, se present\u00f3 como administrador de la heredad, rindiendo cuentas al secuestre, seg\u00fan su informe presentado al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 (fl. 397) donde afirm\u00f3 carecer de motivos para \u00ab(\u2026) rendir cuentas sobre una cosa que esta[ba] bajo esa modalidad [dep\u00f3sito gratuito], y en tales condiciones, la renta producida la consume el pago de servicios y de mantenimiento (\u2026) Espero haber cumplido su prop\u00f3sito (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Observa el Tribunal que se dan otras actuaciones en la sucesi\u00f3n del propietario del bien, donde el convocante act\u00faa como simple tenedor y no como verdadero y aut\u00e9ntico due\u00f1o, lo que necesariamente impide, que se pueda verificar con ella la existencia de \u00abanimus domini\u00bb. Por ejemplo, en ese mismo litigio ocurren varios cambios de secuestre y \u00e9stos, una vez posesionados, le manifiestan sin recibir reparos, que \u00abes con \u00e9l con quien debe entenderse (sic)\u00bb. <\/p>\n
Se observa tambi\u00e9n que Guillermo Quintero y su esposa Ligia Esperanza S\u00e1nchez de Quintero en su condici\u00f3n de \u00abdepositarios\u00bb o \u00abmeros tenedores\u00bb, y en todo caso, desde el secuestro del predio, e incluso antes, se rehusaron a pagar impuestos y realizar mejoras al predio, solamente percibieron ingresos por los arriendos de los locales y el parqueadero. Por ese motivo, los herederos promovieron juicio de rendici\u00f3n de cuentas contra el actor Guillermo Quintero, haciendo ver su calidad de \u00abdepositario gratuito\u00bb, y fue vencido en ambas instancias, por lo que fue obligado a presentar cuentas de su gesti\u00f3n frente al inmueble objeto de medidas cautelares que es el mismo que se pretende en usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n como ausencia del requisito subjetivo, el aqu\u00ed demandante acudi\u00f3 a la etapa de inventarios y aval\u00faos en el proceso de sucesi\u00f3n, para pedir la adjudicaci\u00f3n de la casa, de propiedad del causante, con el fin de servir de pago a sus cr\u00e9ditos personales. <\/p>\n
Por esas razones se concluye que hubo una contradicci\u00f3n por los actores frente al bien, pues, aunque pudieron comportarse frente a los habitantes del pueblo due\u00f1os exclusivos del inmueble, ante los jueces, particularmente ante la jurisdicci\u00f3n en la especialidad de familia, la conducta fue de \u00absimples tenedores\u00bb, situaci\u00f3n que impide reconocerlos como poseedores y por tanto reconocerle la calidad de propietarios por haber ganado por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, los recurrentes plantearon dos cargos frente a la sentencia de segunda instancia, soportados en la causal segunda del art\u00edculo 336 de dicho estatuto, v\u00eda indirecta, el primero aduciendo error de derecho y el otro por error de hecho. <\/p>\n
Como se solicit\u00f3 por los opositores que se dejara sin efectos la admisi\u00f3n de la demanda porque el inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir no alcanza de acuerdo con la ley , pues su valor real, de acuerdo con indicaci\u00f3n de su precio realizada por los actores recurrentes en otro proceso resulta inferior a \u00ab1000 s.m.l.m.v.\u00bb, se niega lo pretendido porque dicha petici\u00f3n no se hizo oportunamente ya que las decisiones se encuentran en firme y cualquier discusi\u00f3n al respecto qued\u00f3 superada con las actuaciones del Tribunal y de la misma Corte al resolver sobre el tema de la cuant\u00eda, la concesi\u00f3n del recurso extraordinario y su admisi\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas por parte del Tribunal, se acusa la sentencia de vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 254, 268 del C.P.C., 762, 2512, 2518 y 2531 del C.C. <\/p>\n
Alegan que se le otorg\u00f3 valor probatorio en el proceso de pertenencia, a las \u00abcopias simples\u00bb procedentes del juicio de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares que curs\u00f3 ante el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1, y que la apreciaci\u00f3n de esas \u00abcopias simples\u00bb que no deb\u00edan tener ning\u00fan valor demostrativo, fue la raz\u00f3n que dio lugar a que el Tribunal profiriera la decisi\u00f3n que se impugna extraordinariamente, primero porque se tuvo en cuenta la presentaci\u00f3n misma de la demanda de sucesi\u00f3n, y segundo, por el valor que se dio a la solicitud de embargo del inmueble ubicado en la carrera 7\u00aa n\u00ba. 9-35\/9-31\/9-33 y a su diligencia de secuestro y los comportamientos de los actores en ella, practicada el 5 de enero de 2002; adem\u00e1s, por lo dicho en el escrito de rendici\u00f3n de cuentas del 22 de julio de 2009 (fl. 397), y en el acta de entrega al nuevo secuestre de 5 de octubre de 2011 (fl. 449); como tambi\u00e9n en el contenido de la diligencia de inventarios y aval\u00faos del proceso de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares realizada el 1\u00ba. de septiembre de 2003. <\/p>\n
Se dice que el error de derecho surge de haber tenido en cuenta y valorado unos medios probatorios que fueron aportados sin que se cumplieran las formalidades legales de las pruebas, por lo que se tornan ilegales. Que se desconocieron los mandatos de los art\u00edculos 254 y 268 del c\u00f3digo de procedimiento civil y la Ley 1395 de 2010, que se encontraban vigentes en el momento del decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas, siendo exigencia para la eficacia probatoria de las \u00abcopias\u00bb que hubieran sido autenticadas ante notario, o secretario judicial, previa orden del juez donde se encontraba el original, y tampoco fueron compulsadas del original o copia aut\u00e9ntica de una inspecci\u00f3n judicial, como lo exig\u00edan los se\u00f1alados preceptos normativos procesales. <\/p>\n
Que, si bien es cierto que las \u00abcopias simples\u00bb fueron puestas en conocimiento de los actores para darles la oportunidad de controvertirlas, y estos guardaron silencio, no por esa raz\u00f3n cobraban m\u00e9rito probatorio, pues ello conllevar\u00eda a concluir equivocadamente que en todos los procesos en donde se corre traslado a la contraparte, las copias adquirir\u00edan \u00abel car\u00e1cter de aut\u00e9nticas\u00bb (CSJ SC, nov 4 de 2009, exp. 00127, entre otras). <\/p>\n
Finalmente aducen, que, al aceptar los medios de prueba mencionados en su forma, es decir, en \u00abcopia simple\u00bb, se modific\u00f3 la percepci\u00f3n del juez ileg\u00edtimamente, ya que no habiendo existido ese error se habr\u00eda podido conducir a la declaraci\u00f3n de pertenencia que no alcanzo la parte actora. Por eso reclaman que se case la sentencia impugnada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Bien se ha dicho que, en la determinaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica planteada en un asunto espec\u00edfico, el juzgador puede incurrir en errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, siendo estos de hecho y de derecho. Los primeros se relacionan con la existencia f\u00edsica de la prueba del proceso o con la objetividad que ella demuestra, mientras que los segundos se dan \u201ccuando el juez interpreta erradamente las normas legales que regulan la producci\u00f3n o eficacia de la prueba, o su evaluaci\u00f3n, es decir, cuando el juez interpreta dichos preceptos en forma distinta al verdadero alcance de ellos\u201d1. <\/p>\n
El error de derecho se da cuando el fallador da a una prueba un alcance demostrativo no reconocido por la ley o cuando le niega el fijado en \u00e9sta, y cuando se equivoca en torno a su regularidad en las fases del acto probatorio. <\/p>\n
El error de derecho incorpora, asimismo, lo atinente a no sopesar conjuntamente las pruebas, como lo exige el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -ahora 176 del C\u00f3digo General del Proceso-, precepto, seg\u00fan el cual, \u201cLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. <\/p>\n
Dicho en otras palabras y abreviando, el yerro de derecho en materia de apreciaci\u00f3n de las pruebas se estructura cuando a un elemento demostrativo ilegal, extempor\u00e1neo, irregular o no id\u00f3neo, se le otorga eficacia demostrativa; o cuando se le niega esa eficacia a un medio oportuna y regularmente allegado, o cuando se omite el deber de valoraci\u00f3n conjunta de las pruebas, prescindiendo de los puntos que las enlazan o relacionan. <\/p>\n
Se configura, seg\u00fan lo tiene afirmado la doctrina invariable de la Corte, cuando el Tribunal se equivoca \u00ab(\u2026) en la aplicaci\u00f3n de las normas legales que regulan la aducci\u00f3n, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable para comprobarlo (\u2026)\u00bb2. <\/p>\n
El anotado razonamiento, reiterado en otros fallos3; supone que el desacierto se presenta en cualquiera de los cuatro momentos que integran la actividad probatoria: (i) en la incorporaci\u00f3n o conformaci\u00f3n del conjunto de pruebas; (ii) durante el acto de su decreto, pr\u00e1ctica o evacuaci\u00f3n; (iii) en la asunci\u00f3n, calificaci\u00f3n o la valoraci\u00f3n; o (iv) en la etapa decisional sobre los hechos comprobados4. <\/p>\n
Los impugnantes critican la decisi\u00f3n del ad quem de reconocer fuerza persuasiva a las piezas procesales tra\u00eddas del proceso de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares, aportadas en \u00abcopias simples\u00bb y no \u00abaut\u00e9nticas\u00bb, en contradicci\u00f3n con lo ordenado en los art\u00edculos 254 y 268 del c\u00f3digo de procedimiento civil, es decir, documentos no autenticados ante notario o secretario judicial, previa orden del juez donde se encontraba el original, o producto de la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Ha sostenido la Corte reiteradamente, interpretando el art\u00edculo 254 del citado estatuto, que las copias simples no ten\u00edan valor probatorio5; esto dentro del \u00e1mbito en que est\u00e1 planteada la discusi\u00f3n. Y por regla general, quien pretenda hacer valer dentro de un proceso documentos que se encuentran en su poder, debe allegarlos en las etapas procesales pertinentes, se\u00f1aladas en los art\u00edculos 77, numeral 6\u00ba, y 92, numeral 5\u00ba, inciso 2\u00ba, que en la normatividad actual aparece en los art\u00edculos 84, numeral 3\u00ba, y 96 numeral 5\u00ba, inciso 2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso. Es decir, que las copias o reproducciones solo pod\u00edan tenerse en cuenta \u00ab(\u2026) cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de polic\u00eda, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada (\u2026)\u00bb. Y en el art\u00edculo 268 de esa normatividad se establecen las excepciones que autorizan a las partes para probar en documentos aportados \u00aben copia\u00bb. Son ellos, los que han sido protocolizados, los que formen parte de otro proceso de donde no pueden desglosarse, siempre y cuando la reproducci\u00f3n se expida por orden de un juez, y aqu\u00e9llos cuyo original no se encuentra en poder de quien lo aporta, caso en el cual, ser\u00e1 necesario que su autenticidad haya sido certificada por notario o secretario de oficina judicial, o reconocida por la parte contraria o demostrada mediante cotejo. <\/p>\n
Pero debe tenerse en cuenta que en ciertos casos la conducta de los sujetos procesales da lugar a la certeza sobre la creaci\u00f3n y contenido de los documentos aportados en copias informales. <\/p>\n
En sentencia SC4792 del 7 diciembre de 2020, la Corte refiri\u00e9ndose a este tema dijo: <\/p>\n
\u201cLa Sala ha sostenido que las copias sin autenticar tanto de los instrumentos privados como de los p\u00fablicos \u00abcarecen de valor probatorio\u00bb, inclusive en vigencia de la Ley 1395 de 20106. La doctrina, sin embargo, ha sido morigerada. En \u00faltimas, con relaci\u00f3n al C\u00f3digo de Procedimiento Civil y sus reformas, le ha conferido a las copias simples valor demostrativo. <\/p>\n
\u201cLo primero, al asentar que \u00abcuando un documento es aportado por la parte que, ex ante, lo elabor\u00f3 y firm\u00f3, sin ser tachado de falso por ella o por la parte contra quien se presenta, ello es importante, no es menester detenerse a examinar si se trata de original o de copia y, en esta \u00faltima hip\u00f3tesis, si cumple con las exigencias del art\u00edculo 254 del C. de P.C., pues la autenticidad, en ese evento, se deduce o emerge de su aportaci\u00f3n, sin protesta\u00bb7. <\/p>\n
\u201cLo segundo, al decir que en la hora de ahora la \u00abdirectriz jurisprudencial debe entenderse en un marco donde no exista certeza sobre la procedencia o el contenido del instrumento de que se trate, pero no cuando la conducta de los sujetos en contienda, trat\u00e1ndose de copias informales de documentos p\u00fablicos, cejan la incertidumbre\u00bb8. <\/p>\n
\u201cLa anterior posici\u00f3n no hab\u00eda sido aislada. Para el Consejo de Estado, \u00absi bien en principio las copias simples de un documento p\u00fablico (\u2026) carecen de valor probatorio dentro del proceso, una vez conocidas por la contraparte sin que \u00e9sta efect\u00fae manifestaci\u00f3n negativa o cuestionamiento alguno en su contra respecto de su legitimidad, \u00e9stas adquieren plena validez dentro del proceso\u00bb9. <\/p>\n
\u201cEn el mismo sentido la Corte Constitucional. En su entender, cuando la \u00abcopia informal de la prueba documental es de pleno conocimiento de la contraparte sin que sea cuestionada en alg\u00fan momento, total o parcialmente su autenticidad y contenido, \u00e9sta adquiere plena eficacia jur\u00eddica para militar dentro del proceso bajo la presunci\u00f3n de autenticidad que le otorga el art\u00edculo 252 del C.P.C., como quiera que el \u00f3bice para su revisi\u00f3n -que se concreta en la salvaguarda del derecho de contradicci\u00f3n de la contraparte- queda manifiestamente superado\u00bb10. <\/p>\n
\u201cComo corolario, para la \u00e9poca, las copias simples de los documentos privados provenientes de las partes o de terceros que no sean dispositivos, as\u00ed como de los p\u00fablicos, se encontraban libradas de allegarse con la constancia de coincidir con los originales o con una copia autenticada\u201d. <\/p>\n
O sea que cuando los documentos aportados en copia no son controvertidos, o si\u00e9ndolo salen vencedores, que no es el caso, \u00e9stos alcanzan autenticidad, (inciso 1\u00ba del art\u00edculo 252 del C.P.C.) es decir, valor procesal probatorio y certeza sobre su existencia y contenido. Lo mismo ocurre de conformidad con el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del inciso 4\u00ba del canon 252 del c\u00f3digo de procedimiento civil para los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, cuando son allegados en copia para servir como prueba, claro est\u00e1 que aqu\u00ed admitiendo prueba en contrario mediante el procedimiento respectivo, o sea que no se garantiza la veracidad de su contendido sino la certeza de su existencia y deb\u00eda demostrarse la autor\u00eda del documento, mientras que el art\u00edculo 244 del C.G.P. trae esa presunci\u00f3n para todos los \u00abdocumentos p\u00fablicos y privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo antes se\u00f1alado, es posible predicar que el ataque a la sentencia impugnada no puede salir avante, pues a pesar de que se dio por demostrado que los actores no probaron el elemento subjetivo de la posesi\u00f3n y para ello allegaron documentos que ven\u00edan del proceso de sucesi\u00f3n del propietario del bien, se\u00f1or Nelson Jairo Quintero Colmenares, y que a pesar de que eran \u00abcopias simples\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 11 de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del inciso 4\u00ba del canon 252 del C.P.C. lograron plena autenticidad y no se demostr\u00f3 lo contrario por los interesados, pues guardaron silencio frente a ellos en las oportunidades que ten\u00edan para reclamar en su contra, lo que adem\u00e1s era concordante con lo manifestado por los actores desde la demanda misma de iniciaci\u00f3n del proceso en la cual confesaron sobre el intento de ejecuci\u00f3n y cobro del precio y la solicitud y pr\u00e1ctica de medidas cautelares, frente a las cuales han debido manifestar bajo la gravedad del juramento que el bien le pertenec\u00eda al causante, lo que se entiende con la sola petici\u00f3n de tales cautelas. Estos hechos constituyen la destrucci\u00f3n del \u00e1nimus d\u00f3minus, elemento esencial en la posesi\u00f3n alegada como estructurante de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que se pretendi\u00f3 en la demanda. O sea que la interpretaci\u00f3n conjunta de las pruebas le sirvi\u00f3 al fallador para dar validez y certeza a lo expresado por los documentos aportados como pruebas. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que los mismos actores reconocen no haber controvertido los documentos en la oportunidad procesal que correspond\u00eda, dando lugar a su autenticidad y fuerza legal probatoria, y frente a esta certeza solamente adujeron que su silencio no pod\u00eda suponer la autenticidad desconociendo las formas procesales, las cuales solo se exigen reconocimiento de documentos, cuando se desconoce su origen, naturaleza, contenido, autor o el prop\u00f3sito del documento de que se trate. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a esos documentos, y verificando en el auto de pruebas, se da cuenta que se exhort\u00f3 para que se allegara \u00ab(\u2026) copia de[l] (\u2026) [expediente] (\u2026) de la sucesi\u00f3n del causante Nelson Jairo Quintero Colmenares (\u2026) a m\u00e1s tardar el d\u00eda de la diligencia prevista en el art. 432 del C.P.C. (\u2026)\u00bb, lo cual se hizo en \u00abcopia simple\u00bb. Lo anterior se hizo sin que los aqu\u00ed demandantes objetaran o reclamaran sobre su autenticidad. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el Tribunal no incurri\u00f3 en error de derecho cuando le dio valor a lo informado por los documentos alegados y provenientes de la sucesi\u00f3n del propietario inscrito, actuaci\u00f3n en la cual, los actores se comportaron de manera contraria a la de un propietario, es m\u00e1s, reconocieron con su actuar la propiedad del causante. Por eso se considera que es inexistente el error de derecho invocado como causal de casaci\u00f3n. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se reclama por los impugnantes extraordinarios la violaci\u00f3n indirecta de los preceptos contenidos en los art\u00edculos 762, 2512, 2518 y 2531 del C.C. a ra\u00edz de la comisi\u00f3n de errores de hecho probatorios. <\/p>\n
Se\u00f1alan que el Tribunal prescindi\u00f3 de los testimonios de Araminta Sandoval, Jos\u00e9 Mar\u00eda Cala, y Gloria Eugenia Prieto, los cuales dicen, son demostrativos no solo del elemento \u00abcorpus\u00bb sino tambi\u00e9n del \u00abanimus\u00bb. <\/p>\n
Se dice que los mencionados testigos reconocieron a los actores como \u00ab\u00fanicos due\u00f1os y poseedores del inmueble\u00bb desde el momento en que lo adquirieron en el a\u00f1o 1973 y lo han mantenido en esa condici\u00f3n hasta la fecha, en forma quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida, sin constarles alguna interrupci\u00f3n o alteraci\u00f3n. <\/p>\n
Se alega que no se observ\u00f3 que el inmueble ten\u00eda en 1996, fecha de la venta simulada, un valor comercial de $436\u00b4365.000,oo y no de $31\u00b4033.000,oo, cifra \u00faltima indicada como \u00abprecio\u00bb de la compra seg\u00fan la escritura p\u00fablica 1360 de 5 de junio de ese a\u00f1o, con lo que se demuestra un precio irrisorio y ficticio. <\/p>\n
Que se pas\u00f3 por alto lo que se dijo en la contestaci\u00f3n de los hechos cuarto, sexto, d\u00e9cimo y trece de la demanda, al no advertir la confesi\u00f3n de los demandados, quienes aceptaron la posesi\u00f3n de los actores se\u00f1alando que estos \u00abnunca entregaron el predio\u00bb al comprador. <\/p>\n
Y que se tergivers\u00f3 el verdadero sentido de la demanda de sucesi\u00f3n, de la diligencia de secuestro, de la rendici\u00f3n de cuentas y de la diligencia de inventarios y aval\u00faos, actos que, contrario a lo que dedujo el fallador ad quem, reafirmaron el \u00abanimus domini\u00bb de los actores sobre el predio, que se vio amenazado con la muerte del propietario del bien Nelson Jairo Quintero Colmenares, pues en la demanda se demostr\u00f3 la intenci\u00f3n del demandante Guillermo Quintero Colmenares de no perder la posesi\u00f3n del bien, y por el contrario, de consolidar su dominio exigiendo el cobro de unas acreencias que estaban insolutas. <\/p>\n
Respecto del secuestro realizado el 5 de enero de 2002, alegan que, aunque en estricto sentido ese acto no interrumpe la posesi\u00f3n (CSJ SC 13 jun. 1999, rad. 1999-01248), su pr\u00e1ctica no conlleva reconocer dominio ajeno en cabeza del causante, pues sirvi\u00f3 de \u00abestrategia y medio jur\u00eddico de poder recuperar la propiedad formal del predio con base en unos t\u00edtulos valores\u00bb. Todo ello explica el silencio de los convocantes en la diligencia de aprehensi\u00f3n material, pues no se les arrebat\u00f3 la posesi\u00f3n, manteni\u00e9ndose intacto su \u00abstatus quo\u00bb. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la rendici\u00f3n de cuentas, se dice que se deform\u00f3 el contenido del informe ya que supuso que el actor se comport\u00f3 como un depositario o mero tenedor, cuando en realidad se demuestra en \u00e9l su intenci\u00f3n de desconocer esa calidad, al afirmar que \u00ab(\u2026) no encuentro el motivo por el cual deba rendir cuentas de una cosa que est\u00e1 bajo tal modalidad (\u2026) la poca renta que genera la consume el pago de servicios, y mantenimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Lo mismo ocurre en la diligencia de inventarios y aval\u00faos, donde simplemente se exigi\u00f3 que el inmueble quedara en cabeza del poseedor a t\u00edtulo de \u00abhijuela de deudas\u00bb. <\/p>\n
Reclama que el mencionado proceso de rendici\u00f3n provocada de cuentas, supuestamente promovido por los interpelados, nunca se aport\u00f3 como prueba ni fue controvertido, pero que el juzgador supuso su existencia con el fin de dar por probada la falta del elemento \u00abanimus\u00bb de los actores en la posesi\u00f3n alegada. <\/p>\n
Que los errores de hecho probatorios llevaron al Tribunal a concluir equivocadamente, que era imposible para los actores obtener la propiedad del inmueble por prescripci\u00f3n al desconocer la existencia de la intenci\u00f3n subjetiva de ser se\u00f1or y due\u00f1o, y se\u00f1alan que, de no haber cometido esos errores, la conclusi\u00f3n hubiera sido diferente, acogiendo las pretensiones. <\/p>\n
Por lo dicho, reclaman que se case la sentencia recurrida y en sede de instancia se confirme la del a-quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Constituye el problema jur\u00eddico de este recurso de casaci\u00f3n y de esta cuasal en particular, determinar si el Tribunal incurri\u00f3 en el error de hecho denunciado, por no tener en cuenta todas las pruebas que se mencionan en la demanda de casaci\u00f3n, y que dicho yerro dio al traste con las pretensiones, porque otra hubiera sido la decisi\u00f3n, favorable a la parte actora si se hubieran valorado correctamente. <\/p>\n
Para absolver tal cuestionamiento, la Sala se referir\u00e1 en concreto a la falta de prueba, o mejor a la prueba en contra de la existencia del animus dominis o elemento subjetivo de la posesi\u00f3n, es decir a la tenencia de la cosa con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o requerida por la ley para que pudiera declararse la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio alegada. <\/p>\n
Desde la presentaci\u00f3n de la demanda, como expresi\u00f3n que es del derecho de acci\u00f3n e instrumento que facilita el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, se hicieron algunas afirmaciones que estudiadas en conjunto con las dem\u00e1s pruebas orientaron la decisi\u00f3n del fallador de segunda instancia, pues es necesario tener en cuenta que el objeto del proceso no se individualiza \u00fanicamente con la pretensi\u00f3n, sino que est\u00e1 formado asimismo por los fundamentos de hecho o presupuestos f\u00e1cticos de las normas sustantivas cuyos efectos se reclaman en las s\u00faplicas. <\/p>\n
Los hechos \u201c\u2026 son, pues, las afirmaciones que hace el demandante respecto al conocimiento de situaciones f\u00e1cticas que est\u00e1n destinadas y son adecuadas por su naturaleza a determinar la sentencia pedida [\u2026] En los hechos o afirmaciones se contiene b\u00e1sicamente la causa petendi, o sea la invocaci\u00f3n de una concreta situaci\u00f3n de hecho de la que se deriva determinada consecuencia jur\u00eddica, por lo cual se compone de dos elementos, esto es los hechos afirmados y las normas jur\u00eddicas en que ellos se subsumen. La causa para pedir explica el porqu\u00e9 del petitum; la raz\u00f3n de ser de la pretensi\u00f3n generalmente consistente en el hecho violatorio del derecho ejercido o la falta de actuaci\u00f3n espont\u00e1nea por parte del obligado del contenido de la declaraci\u00f3n solicitada, esto es las razones personales o reales, mobiliarias o inmobiliarias, sustanciales o aun procesales que justifican aquella. Sobre los hechos de la pretensi\u00f3n va a girar todo el debate judicial y el di\u00e1logo probatorio, como quiera que son los que sirven de fundamento al derecho invocado, y es sobre la comprobaci\u00f3n de su existencia y de las circunstancias que los informan sobre la que habr\u00e1 de rodar la controversia\u2026\u201d11. <\/p>\n
Por eso cuando existen falencias en la apreciaci\u00f3n de las pruebas se puede llegar a eventuales errores de hecho, censurables en sede casaci\u00f3n, por la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Pero los errores deben ser trascendentes, o sea que determinen de manera eficaz la decisi\u00f3n final. En efecto, es posible que tal desatino f\u00e1ctico ocurra, pero que el hecho indebidamente valorado o la prueba mal entendida no constituyan la raz\u00f3n central de la decisi\u00f3n, y por tal motivo el error no resulte trascendente porque ese hecho no fue precisamente el fundamento de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
En este caso, se reclam\u00f3 en la demanda la declaraci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio sobre el bien urbano ubicado en la carrera 7\u00aa, No 9-31 a 9-39 del municipio de Guateque (Boyac\u00e1), debidamente descrito, identificado y alinderado, para lo cual resulta trascendente la prueba de todos los requisitos que la ley exige para que el fen\u00f3meno de la usucapi\u00f3n se concrete: Primero, la posesi\u00f3n material por parte de quien pretende ganar por prescripci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 762 del c\u00f3digo civil, es decir, que concurran dos elementos: el \u00e1nimus y el corpus, entendido el primero, como elemento interno, psicol\u00f3gico, esto es, la intenci\u00f3n de ser due\u00f1o; y el segundo, el componente externo, la detentaci\u00f3n f\u00edsica o material de la cosa. La posesi\u00f3n debe cumplirse de manera p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, derivada de hechos ostensibles y visibles ante los dem\u00e1s sujetos de derecho. Se trata de la aprehensi\u00f3n f\u00edsica directa o mediata que ostente el demandante ejerciendo actos p\u00fablicos de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, de uso, transformaci\u00f3n acorde con la naturaleza del bien en forma continua por el tiempo exigido por la ley. Segundo, que esa posesi\u00f3n hubiere durado el tiempo exigido por la ley, en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida. Tercero, que exista identidad del bien pose\u00eddo con el que se pretende. Y por \u00faltimo, que sea susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. Pero adem\u00e1s como es l\u00f3gico, debe demandarse a quien figura como propietario del bien porque es frente e \u00e9ste que se gana el dominio. <\/p>\n
La posesi\u00f3n material, o poder de hecho sobre la cosa es el puto de partida de la prescripci\u00f3n, pero no basta \u00e9sta, porque sola puede aparecer equ\u00edvoca. Por ello requiere que est\u00e9 acompa\u00f1ada de un elemento subjetivo, consistente en la convicci\u00f3n interna, de ser propietario, conocido como animo de se\u00f1or y due\u00f1o, o simplemente el \u00e1nimus, que finalmente es lo que diferencia a la posesi\u00f3n de la mera tenencia, definida por la ley civil como \u00ab(\u2026) la que se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o (\u2026)\u00bb, <\/p>\n
La Sala Civil de la Corte ha desarrollado suficiente jurisprudencia alrededor de esta figura importante en el desenvolvimiento de las relaciones civiles con respecto a las cosas. En cuanto al tema dice: <\/p>\n
(\u2026) reclama para su tipificaci\u00f3n la concurrencia de dos elementos con fisonom\u00eda propia e independiente: el corpus, o sea el elemento material u objetivo; y el animus, elemento intencional o subjetivo. (\u2026) Seg\u00fan la teor\u00eda subjetiva o cl\u00e1sica, que fue la acogida en el punto por los redactores de nuestro estatuto civil, de los dos elementos que la integran es el animus el caracter\u00edstico y relevante de la posesi\u00f3n y por tanto el que tiene la virtud de trocar en posesi\u00f3n la mera tenencia. Para que \u00e9sta exista es bastante la detentaci\u00f3n material; aqu\u00e9lla, en cambio, exige no s\u00f3lo la tenencia sino el \u00e1nimo de tener para s\u00ed la cosa\u201d (G. J., t. CLXVI, p\u00e1g. 50) (\u2026)\u00bb 12. <\/p>\n
As\u00ed, partiendo de su doctrina legal, entra en el estudio de la providencia impugnada para verificar si efectivamente se advierte en la decisi\u00f3n del Tribunal el error de hecho invocado, partiendo de las acusaciones presentadas por los recurrentes, en las que se afrenta por motivar la sentencia dejando de lado lo dicho por los testigos Araminta Sandoval, Jos\u00e9 Mar\u00eda Cala, y Gloria Eugenia Prieto, las cuales sostuvieron que los actores fueron poseedores del bien pretendido durante mucho tiempo durante el cual se comportaron como se\u00f1ores y due\u00f1os, cuyo comportamiento denotaba permanente el animus de poseedores. <\/p>\n
No obstante, lo alegado, el Tribunal si apreci\u00f3 lo dicho por los testigos, por lo cual dio por sentado que el predio fue ocupado por los demandantes desde que se hizo el contrato de compraventa en 1973 por parte de Guillermo Quintero Colmenares a Cecilia Useche de Ram\u00edrez. No se desconoce por el juzgador la tenencia con todas las caracter\u00edsticas que los testimonios le endilgan, por lo tanto el error en cuanto a su apreciaci\u00f3n no existe y mucho menos por preterici\u00f3n como se reclama en la demanda, pues la providencia impugnada observ\u00f3 que los declarantes dijeron haber visto en el inmueble a los actores y su familia habit\u00e1ndolo desde la fecha se\u00f1alada, as\u00ed como tambi\u00e9n arrendar los locales comerciales y el parqueadero y posar p\u00fablicamente como propietarios reales del bien. <\/p>\n
Y es que a simple vista, de acuerdo a lo afirmado por los testigos y como se afirma que fue apreciado por todos los vecinos y habitantes del pueblo, como los esposos Quintero S\u00e1nchez, aqu\u00ed actores, siempre habitaron la casa, hicieron su mantenimiento sin que en apariencia tuvieran que pedir autorizaci\u00f3n par ello, y adem\u00e1s de usar el bien lo explotaron econ\u00f3micamente arrendando sus dependencias, tambi\u00e9n pueden colegir de esos hechos que existe el \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os, y aunque el juzgador de segunda instancia pudo o no observar y reconocer ese elemento subjetivo por las manifestaciones externas tal como lo afirmaron los testigos, no puede decirse que yace aqu\u00ed el error, porque los comportamientos del due\u00f1o, del poseedor o del tenedor hacia el exterior pueden resultar equ\u00edvocos, y si bien pueden conducir a reconocer todos los elementos de la posesi\u00f3n, no fue esta la prueba que con la que motiv\u00f3 el ad quem su decisi\u00f3n finalmente criticada de negar la prescripci\u00f3n por la ausencia del animus. Pudo ser que el Tribunal no dedujera el animo de se\u00f1or y due\u00f1o de las declaraciones y que en ello pudiera aparecer un error probatorio, pero como dicha deducci\u00f3n sostiene en otras pruebas que no necesitan reconocer o negar la forma en que los testigos vieron la relaci\u00f3n posesoria sino que surge de la voluntad de los actores de reconocer dominio ajeno, es \u00e9sta la que debe imponerse, pues no se est\u00e1 negando que los actores se hubieran comportado con total autonom\u00eda frente al bien y en ese sentido podr\u00edan haber sido calificados como poseedores, si no hubiera sido porque de algunos de sus comportamientos, como lo explic\u00f3 el juzgado atacado con el recurso extraordinario, dieron al traste con esa intenci\u00f3n de dominio al actuar en forma contraria a un verdadero due\u00f1o, o sea reconociendo que otro era el titular de ese derecho real. <\/p>\n
La misma conclusi\u00f3n puede sacarse del an\u00e1lisis hecho por el Tribunal respecto de las dem\u00e1s pruebas cuya omisi\u00f3n o tergiversaci\u00f3n acusa la parte recurrente, primero, porque en relaci\u00f3n con la existencia de la tenencia de los actores y de las caracter\u00edsticas que se le endilgan para ser \u00fatil a la usucapi\u00f3n, en principio no existe error alguno, o si llegara presentarse ser\u00eda intrascendente, pues resulta cierto que la mayor\u00eda de esas prueba llevan a la convicci\u00f3n de que los actores realmente se comportaron como due\u00f1os y que de sus actuaciones incluso podr\u00eda concluirse que pod\u00edan tener la convicci\u00f3n de actuar como tales, sin embargo, como se analizar\u00e1 a continuaci\u00f3n, no basta ese comportamiento cuando en el camino se produce uno o varios actos que desvirt\u00faan esa calidad, pues basta un solo reconocimiento de domino ajeno para que se enerve la consecuencia que se esperaba de una sucesi\u00f3n de comportamientos. <\/p>\n
En cuanto a la acusaci\u00f3n de haber desconocido el Tribunal el dictamen pericial rendido en el proceso, mediante el cual se comprob\u00f3 la explotaci\u00f3n comercial del predio por los convocantes, donde se materializaba su convencimiento pleno de creerse propietarios, e ignor\u00f3 de la experticia sobre la existencia de mejoras realizadas en 2008 por $4\u00b4500.000,oo, reforzando de esa manera su se\u00f1or\u00edo o dominio, es evidente que no se prescindi\u00f3 de su an\u00e1lisis y que lo deducido de aquel fue \u00fatil para lo definido, aunque de tal prueba no pod\u00eda obtenerse la contradicci\u00f3n frente a los actos de reconocimiento de dominio ajeno, pod\u00eda demostrarse con estos medios de convicci\u00f3n la detentaci\u00f3n material, la calidad de los actos materiales, la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, incluso hasta las mejoras con cierto inter\u00e9s, como se aleg\u00f3 por los demandantes, que \u00abnadie invierte un presupuesto de esa magnitud para mejorar o guarnecer un bien ajeno\u00bb. Pero de ninguna manera sirven para convencer frente a una manifestaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de reconocimiento de dominio ajeno. O sea que si alg\u00fan error hubo frene a estas pruebas, se torna intrascendente porque no rompe la conclusi\u00f3n central del fallador y el medio usado para obtener la conclusi\u00f3n a que se lleg\u00f3. <\/p>\n
Como se aleg\u00f3 que no se observ\u00f3 que el inmueble ten\u00eda en 1996, fecha de la venta simulada, un valor comercial de $436\u00b4365.000,oo y no de $31\u00b4033.000,oo, cifra \u00faltima indicada como \u00abprecio\u00bb de la compra seg\u00fan la escritura p\u00fablica 1360 de 5 de junio de ese a\u00f1o, con lo que se demuestra un precio irrisorio y ficticio, basta se\u00f1alar que esta prueba aunque fuera desconocida u olvidada, resultaba inconducente para los efectos de este proceso, en el que no se trataba de demostrar la simulaci\u00f3n del contrato sino una posesi\u00f3n \u00fatil. Por eso tambi\u00e9n ser\u00eda intrascendente cualquier error que llagara a demostrarse. <\/p>\n
Que se present\u00f3 error al pasar por alto lo que se dijo en la contestaci\u00f3n de los hechos cuarto, sexto, d\u00e9cimo y trece de la demanda, al no advertir la confesi\u00f3n de los demandados, que supuestamente admiten que los actores no entregaron el bien a su due\u00f1o o sus sucesores, es necesario se\u00f1alar que dicho error no se configura porque en dicha afirmaci\u00f3n se refieren a la detentaci\u00f3n material del inmueble, lo cual no ofrece discusi\u00f3n en las conclusiones del Tribunal. El hecho de no haber entregado el bien da lugar a la detentaci\u00f3n por parte del vendedor, lo que afirm\u00f3 como demandante y se acept\u00f3 por los demandados, lo que no es objeto de discusi\u00f3n. Sin embargo, no puede hablarse de confesi\u00f3n de los demandados porque ellos, a pesar de aceptar que no hubo entrega, son certeros en se\u00f1alar que la detenci\u00f3n por parte de los actores no es a t\u00edtulo de posesi\u00f3n, la cual abiertamente desconocen y reclaman que ellos reconocieron al fallecido Nelson Jairo Quintero Colmenares como titular del dominio. <\/p>\n
Y sobre la respuesta que dieron a los numerales cuarto y sexto del libelo demandatorio, acusan a la parte demandante de que \u00ab(\u2026) inventa cosas para justificar su negativa a entregar el inmueble y rendir las cuentas de los frutos civiles a que est\u00e1 obligado seg\u00fan acta de secuestro del inmueble que ahora reclama, donde se oblig\u00f3 a hacerlo y reconoci\u00f3 un propietario (\u2026)\u00bb. Y adem\u00e1s agregan que los actores han explotado el bien, pero en calidad de tenedores y nunca como poseedores, principalmente invocan su calidad de depositarios a partir del secuestro. <\/p>\n
Ahora, no estando en discusi\u00f3n la detentaci\u00f3n material del bien ra\u00edz, as\u00ed como tampoco el tiempo desde el cual ella se ha dado, resulta esencial para la soluci\u00f3n del recurso, establecer si el fundamento toral de la sentencia del Tribunal, para negar las pretensiones, el haber reconocido dominio en cabeza del causante Nelson Jairo Quintero Colmenares, surgi\u00f3 de un error en la apreciaci\u00f3n de las pruebas en cualquiera de las modalidades se\u00f1aladas por la doctrina de la Corte, o si por el contrario ese hecho se acepta probado con medios eficaces y lejos de cualquier error para que la sentencia conserve su validez legal. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el Tribunal, fundament\u00f3 la revocatoria de la sentencia de primera instancia en los hechos y actos de los actores para reconocer dominio ajeno, en particular de la calidad de propietario de su hermano fallecido Nelson Jairo Quintero Colmenares y ahora sus herederos y demandados, por lo que es procedente el estudio de los medios de convicci\u00f3n que adujo el fallador para hacer esas valoraciones. <\/p>\n
Al respecto, se parte de ubicar como argumento central de esa decisi\u00f3n la inexistencia del elemento \u00ab\u00e1nimus\u00bb o elemento sicol\u00f3gico y subjetivo de la posesi\u00f3n, lo que estableci\u00f3 a partir de varias pruebas, de las cuales, aunque no todas resistieran la cr\u00edtica, existen por lo menos algunas que sirven de fundamento de esa decisi\u00f3n y que no pueden ser desconocidas porque evidentemente no surgen de un error de hecho como se pretende en este recurso extraordinario. Al respecto debe partirse de una verdad concreta, que si no se eliminan todos los medios de convicci\u00f3n y subsiste siquiera uno de tanta envergadura que sirva para sustentar la decisi\u00f3n, la sentencia no puede ser casada. <\/p>\n
El fallador ad quem dedujo de un grupo de pruebas que vienen atacadas en este embate, que los demandantes, a partir de unos hechos y actos, principalmente de contenido judicial o procesal, perdieron el \u00abanimus domini\u00bb que deb\u00eda acompa\u00f1ar a su tenencia para mantener la calidad de poseedores que seg\u00fan las dem\u00e1s pruebas del proceso ven\u00edan sosteniendo. Obs\u00e9rvese c\u00f3mo, desde los hechos de la demanda se hicieron unas manifestaciones que, sin necesidad de una calificaci\u00f3n probatoria especial, orientan la interpretaci\u00f3n de esas actuaciones que si tienen consecuencias dentro del proceso. <\/p>\n
Si se da credibilidad a los hechos expuestos, y no hay razones para no hacerlo, m\u00e1xime cuando est\u00e1n soportados con otras pruebas, este proceso tiene como objetivo la recuperaci\u00f3n de un inmueble que fue vendido por el demandante Guillermo Quintero Colmenares a su hermano Nelson Jairo Quintero Colmenares mediante contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica N\u00ba 1360 celebrada en la Notar\u00eda Segunda de Tunja el 5 de junio de 1996, hecho probado en el proceso, del cual se afirma que fue \u00absimulado\u00bb y con el fin de presentarlo como garant\u00eda hipotecaria para obtener un pr\u00e9stamo de dinero en la Corporaci\u00f3n Popular de Ahorro y Vivienda \u201cCorpavi.\u201d <\/p>\n
Sin entrar en valoraciones sobre las razones de la parte actora para buscar nuevamente el dominio y la v\u00eda escogida para ello, a partir de la muerte del propietario del bien, Nelson Jairo Quintero Colmenares, el actor adujo que al no haber entregado nunca el inmueble vendido, no se ha desprendido de la posesi\u00f3n y que por lo tanto ha vuelto a adquirir la propiedad mediante prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Se sostiene que a pesar de que la pretensi\u00f3n de los actores era reafirmar el \u00abanimus domini\u00bb sobre el predio al pretender la pertenencia, pero antes se trat\u00f3 de consolidar su dominio exigiendo el cobro de unas acreencias que estaban insolutas. Para el efecto se afirm\u00f3 en la demanda que el demandante, Guillermo Quintero Colmenares \u201cpromovi\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n donde hizo valer su condici\u00f3n de acreedor hereditario, en particular, para obtener el pago de la venta del bien objeto de litigio, sin obtener remuneraci\u00f3n alguna hasta la fecha.\u201d <\/p>\n
Esta actuaci\u00f3n en particular constituye un reconocimiento de dominio ajeno, pues la apertura de la sucesi\u00f3n la hizo el actor en calidad de acreedor y para obtener el precio de venta del bien cuya posesi\u00f3n pretende defender como tal para encaminarla hacia el dominio mediante la usucapi\u00f3n. Con el cobro del precio, obt\u00e9ngase o no su pago, se est\u00e1 confirmando el negocio jur\u00eddico que se reclama simulado. <\/p>\n
Igualmente, y en el mismo proceso de sucesi\u00f3n, el aqu\u00ed actor y recurrente, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares sobre el bien que dice poseer, hecho mediante el cual, se entiende afirmado bajo la gravedad del juramento con la sola presentaci\u00f3n de la solicitud de las medidas, que el bien a cautelar es de propiedad del causante, lo cual igualmente constituye reconocimiento de dominio en otra persona y por lo tanto el rompimiento del \u00e1nimus domini, elemento necesario para la consolidaci\u00f3n de la posesi\u00f3n invocada para usucapir. <\/p>\n
Con la diligencia de inventarios y aval\u00faos de bienes del causante Nelson Jairo Quintero Colmenares, que hace parte del proceso de sucesi\u00f3n y cuya validez como prueba ya se anot\u00f3 en el cargo primero, se enunci\u00f3 el bien como de propiedad del causante, y aunque no hay certeza de que esa inclusi\u00f3n la hubiera hecho el actor, si est\u00e1 demostrado que acept\u00f3 esa calidad para el inmueble y trat\u00f3 de que le fuera adjudicado en la \u00abhijuela de deudas\u00bb, de modo que en ese momento no actu\u00f3 como poseedor del bien sino pretendiendo que se le adjudicara por las deudas del causante, o sea de quien era propietario y a quien reconoc\u00eda como tal. <\/p>\n
Se acogi\u00f3 como cierto en la sentencia de segunda instancia por el contenido de las copias de la sucesi\u00f3n y no se ha demostrado que hubiera en ello un error, siendo esa una carga del recurrente extraordinario, que en la diligencia de secuestro, estando presentes los dos demandantes, no se opusieron ni alegaron la calidad de poseedores, y por el contrario, Guillermo Quintero acept\u00f3 ser designado como \u00abdepositario gratuito\u00bb, y en esa calidad, se present\u00f3 como administrador de la heredad, rindiendo cuentas al secuestre, seg\u00fan su informe presentado al Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 (fl. 397) donde afirm\u00f3 carecer de motivos para \u00ab(\u2026) rendir cuentas sobre una cosa que esta[ba] bajo esa modalidad [dep\u00f3sito gratuito], y en tales condiciones, la renta producida la consume el pago de servicios y de mantenimiento (\u2026) Espero haber cumplido su prop\u00f3sito (sic) (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del recurso se dice que el proceso de rendici\u00f3n de cuentas no aparece probado y que no se aport\u00f3 su prueba en este juicio, pero ambas partes se refirieron a \u00e9l en diferentes escritos, lo que evidentemente le da existencia procesal al menos a los hechos mencionados para hacer evidencia en contra de quien lo menciona. <\/p>\n
Por todo lo anterior, se puede concluir que a pesar de que se dijo en la demanda que lo decidido por el Tribunal se fund\u00f3 en errores de hecho probatorios que lo llevaron a concluir equivocadamente, que era imposible para los actores obtener la propiedad del inmueble por prescripci\u00f3n por la inexistencia de la intenci\u00f3n subjetiva de ser se\u00f1or y due\u00f1o, y que de no haber cometido esos errores, la conclusi\u00f3n hubiera sido diferente, acogiendo las pretensiones, para la Sala Civil de la Corte, es evidente que existieron varios actos y hechos que demuestran el reconocimiento de dominio ajeno por parte de la parte actora, lo que desvirt\u00faa la calidad de poseedores de los esposos Quintero- S\u00e1nchez al dar al traste con uno de los elementos esenciales de la posesi\u00f3n, el animus dominis, sin el cual, a pesar de ostentar la tenencia material y realizar toda clase de actividades de disfrute y a\u00fan de explotaci\u00f3n comercial del inmueble, no puede la justicia reconocer a los actores una calidad que ellos mismos han renunciado. <\/p>\n
En consecuencia, no puede salir avante el cargo propuesto. <\/p>\n
Lo expuesto con relaci\u00f3n a los dos cargos presentados y la decisi\u00f3n de no darlos por probados, lleva a no casar la sentencia recurrida extraordinariamente por la parte actora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida, proferida el 11 de noviembre de 2016 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso de pertenencia que se dej\u00f3 plenamente identificado al comienzo de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Para el efecto se fija la suma de $6.000.000.oo como agencias en derecho. Por la Secretar\u00eda de la Sala, efect\u00faese la respectiva liquidaci\u00f3n en el momento procesal correspondiente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AUSENCIA JUSTIFICADA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n: 15322-31-03-001-2014-00084-01 <\/p>\n
Habiendo sido derrotado el proyecto que originalmente present\u00e9 con el objeto de restablecer el derecho y la justicia, abogando por casar integralmente la sentencia recurrida, procedo a presentar el salvamento de voto con respecto a la sentencia finalmente aprobada por la mayor\u00eda. <\/p>\n
Por supuesto, lo hago, con todo el respeto para la Sala, en el marco del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Guillermo Quintero Colmenares y Ligia Esperanza S\u00e1nchez de Quintero, contra la sentencia de 11 de noviembre de 2016, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil-Familia, en el proceso de pertenencia promovido por los recurrentes contra Dora In\u00e9s Chaparro de Quintero, \u00c1ngela Paola Quintero Casta\u00f1eda, y Martha Luc\u00eda y Dora Clemencia Quintero Chaparro, c\u00f3nyuge sobreviviente e hijas del causante Nelson Jairo Quintero Colmenares, y los herederos indeterminados de \u00e9ste y dem\u00e1s personas interesadas. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los antecedentes <\/p>\n
1.1. El petitum. Los poseedores aqu\u00ed vencidos ante el Tribunal y la Corte, impetraron la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria del predio urbano ubicado en la carrera 7\u00aa n\u00ba 9-31 a 9-39 del municipio de Guateque (Boyac\u00e1). Como causa petendi adujeron un irrefutable hecho, debidamente comprobado y aceptado en las instancias, consistente en venir ejerciendo en forma pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida la posesi\u00f3n material del predio desde el 5 de junio de 1996. En adici\u00f3n, que el bien se hab\u00eda adquirido desde 1973, siendo ese el domicilio y residencia de los demandantes hasta la fecha; pero que en 1996, lo enajenaron simuladamente a Nelson Jairo Quintero Colmenares, hermano de Guillermo, uno de los usucapientes, porque aqu\u00e9l, requer\u00eda el t\u00edtulo de dominio para acreditar solvencia patrimonial con el fin de obtener un cr\u00e9dito bancario. El fingido, nuevo titular, falleci\u00f3 sin retornar el bien a los primigenios propietarios. <\/p>\n
A\u00f1aden, la venta fue ficticia, no entreg\u00f3 la tenencia, ni la posesi\u00f3n, ni se recibi\u00f3 como contraprestaci\u00f3n el precio pactado, todos hechos tambi\u00e9n debidamente probados. Empero, la demandada, Dora Clemencia Quintero Chaparro, c\u00f3nyuge de Nelson Jairo Quintero Colmenares por hallarse el bien ahora a nombre de \u00e9ste, para apropi\u00e1rselo y sabiendo que no era del haber social ni del patrimonio de su marido, promovi\u00f3 proceso de separaci\u00f3n de bienes, en 1998, juicio que culmin\u00f3 en el a\u00f1o 2000, sin liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, pero it\u00e9rase, incluyendo como activo social el se\u00f1alado inmueble. <\/p>\n
Nelson Jairo Quintero Colmenares, el adquirente ficticio, para completar la tragedia que analizo, falleci\u00f3 el 14 de julio de 2001, cinco a\u00f1os despu\u00e9s de haber celebrado la compraventa simulada; por tal motivo, Guillermo Quintero promovi\u00f3 el proceso de sucesi\u00f3n para hacer valer su condici\u00f3n de acreedor hereditario. <\/p>\n
1.2. La contestaci\u00f3n de la demanda. Los interpelados resistieron lo pretendido, excepcionaron y expresaron que Guillermo Quintero Colmenares reconoci\u00f3 la propiedad del causante y de sus herederos al comparecer a la sucesi\u00f3n de su hermano como acreedor hereditario, en particular, cuando practic\u00f3 el secuestro sobre el predio que \u00e9ste afirmaba poseer, y en donde se le design\u00f3 en calidad de depositario. <\/p>\n
1.3. El fallo de primer grado. El 22 de julio de 2015, el Juzgado Civil del Circuito de Guateque (Boyac\u00e1) acogi\u00f3 las s\u00faplicas, al hallar probada la posesi\u00f3n. La decisi\u00f3n de segundo grado revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, y en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones al no encontrar acreditados los elementos de la posesi\u00f3n porque reconocieron dominio ajeno en el juicio de sucesi\u00f3n del causante y propietario inscrito, Nelson Jairo Quintero Colmenares, actos que ponen en duda su calidad de \u00abse\u00f1ores y due\u00f1os\u00bb. Se solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares en el inmueble objeto de pertenencia, a fin de asegurar con \u00e9ste el cumplimiento de las obligaciones insolutas. Se asumi\u00f3 la calidad administrativa como regente y no de due\u00f1o. Todo ese es el compendio y busilis de la controversia jur\u00eddica, fallada a juicio de este disenso, muy injustamente cual lo demuestro. <\/p>\n
1.4. La demanda de casaci\u00f3n present\u00f3 los cargos denunciando yerros facti in iudicando en la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
2. Razones y motivos de mi disenso: <\/p>\n
El fallo recurrido ante la Corte debi\u00f3 casarse por cuanto estaban reunidos los elementos para quebrar tan err\u00f3nea decisi\u00f3n. Dej\u00f3 el Tribunal de contemplar los testimonios de Araminta Sandoval, Jos\u00e9 Mar\u00eda Cala, y Gloria Eugenia Prieto, demostrativos del elemento \u00e1nimus de la parte demandante sobre el inmueble. Esa posesi\u00f3n la ejerc\u00edan desde el a\u00f1o 1973 cuando adquirieron el inmueble por compra a Cecilia Useche de Ram\u00edrez. Los testimonios acreditan que han utilizado el predio \u00abtoda la vida\u00bb, y que han arrendado el primer piso a una empresa de apuestas y para otros negocios. <\/p>\n
Los hechos posesorios permanentes igualmente fueron demostrados por medio del dictamen pericial. La misma contestaci\u00f3n de la demanda, especialmente con los hechos cuarto, sexto, d\u00e9cimo y trece, entra\u00f1an confesi\u00f3n porque admiten que los actores no entregaron el bien al due\u00f1o ficticio o sucesores, sino que continuaron en su detentaci\u00f3n o aprehensi\u00f3n material. A ello se suman los contratos de arrendamiento, las mejoras y la explotaci\u00f3n del bien ra\u00edz, con el alquiler de la planta baja: en la fachada principal, dos locales comerciales; y en la parte posterior, en el solar, un \u00abparqueadero\u00bb. La certificaci\u00f3n de la Alcald\u00eda Municipal de Guateque y de las empresas de servicios p\u00fablicos domiciliarios comprueban que los actores figuran como titulares de la cuenta de los pagos de impuestos y conexiones y suministro de agua, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica. <\/p>\n
El tribunal incurre en patente yerro, y de ese modo, la Corte lo replica al determinar que de las pruebas tra\u00eddas del proceso de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero Colmenares, se infer\u00eda la ausencia del \u00abanimus\u00bb en los actores, para reputarlos tenedores. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de la que me aparto, contiene un colosal error que contamina toda la sentencia siguiendo los yerros del ad quem, al inferir que la parte demandante renunci\u00f3 a la condici\u00f3n interna de poseedora, ante la gesti\u00f3n de la usucapiente en la sucesi\u00f3n de la parte demandada en pertenencia, al concurrir a ella y aperturarla como \u00abacreedor hereditario\u00bb con el prop\u00f3sito de exigir el pago de unos t\u00edtulos valores, pidiendo a la vez, la pr\u00e1ctica de medidas previas sobre el inmueble, porque daba al traste con su calidad de \u00abse\u00f1or y due\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
La Corte iterando al Tribunal incurre en el mismo yerro, al deducir que la ejecuci\u00f3n se encaminaba a \u201c(\u2026) obtener el pago de la venta del bien objeto del litigio, sin obtener remuneraci\u00f3n alguna hasta la fecha\u201d. Desde ese desacierto la Sala pasa err\u00f3neamente a asentar \u201cesta actuaci\u00f3n en particular constituye un reconocimiento de dominio ajeno, pues la apertura de la sucesi\u00f3n la hizo el actor en calidad de acreedor y para obtener el precio de venta del bien cuya posesi\u00f3n pretende defender como tal para encaminarla hacia el dominio mediante la usucapi\u00f3n. Con el cobro del precio, obt\u00e9ngase o no su pago, se est\u00e1 confirmando el negocio jur\u00eddico que se reclama simulado\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade la sentencia \u201cIgualmente, y en el mismo proceso de sucesi\u00f3n, el aqu\u00ed actor y recurrente, solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de medidas cautelares sobre el bien que dice poseer, hecho mediante el cual, se entiende afirmado bajo la gravedad de juramento con la sola presentaci\u00f3n de medidas cautelares, que el bien a cautelar es de propiedad del causante, lo cual igualmente constituye reconocimiento de dominio en otra persona y por lo tanto el rompimiento del \u00e1nimus domini, elemento necesario para la consolidaci\u00f3n de la posesi\u00f3n invocada para usucapir\u201d13. <\/p>\n
Luego, la sentencia censura en forma infundada que con la diligencia de inventarios y aval\u00faos, se haya denunciado por la parte demandante, el bien como de propiedad del causante, a pesar de la duda sobre el particular, puesto que a continuaci\u00f3n se\u00f1ala \u201c(\u2026) aunque no hay certeza de que esa inclusi\u00f3n la hubiera hecho el actor, si est\u00e1 demostrado que acept\u00f3 esa calidad para el inmueble\u201d14; sin embargo, como si un acreedor no pudiera pedir el pago del cr\u00e9dito de un deudor que a la vez es propietario demandado en pertenencia, asienta \u201c(\u2026) y trat\u00f3 de que le fuera adjudicado en la \u201chijuela de deudas\u201d, de modo que en ese momento no actu\u00f3 como poseedor del bien sino pretendiendo que se le adjudicara por las deudas del causante, o sea de quien era propietario y a quien reconoc\u00eda como tal\u201d15. <\/p>\n
Luego reprocha el silencio y no oposici\u00f3n a la designaci\u00f3n de uno de los demandantes como \u201cdepositario gratuito\u201d, para luego concluir \u201c(\u2026) es evidente que existieron varios actos y hechos que demuestran el reconocimiento de dominio ajeno por parte de la parte actora, lo que desvirt\u00faa la calidad de poseedores (\u2026) al dar al traste con uno de los elementos esenciales de la posesi\u00f3n, el animus dominis, sin el cual a pesar de ostentar la tenencia material y realizar toda clase de actividades de disfrute y a\u00fan de explotaci\u00f3n comercial del inmueble, no puede la justicia reconocer a los actores una calidad que ellos mismos han renunciado\u201d16. <\/p>\n
3. Los errores m\u00e1s patentes en el juzgamiento, y el porqu\u00e9 deb\u00eda declararse la prescripci\u00f3n adquisitiva <\/p>\n
La Corte y el Tribunal por causa de tales hechos consideran que hubo admisi\u00f3n del dominio ajeno, obligando a los acreedores a renunciar a sus derechos personales frente a los deudores propietarios demandados. Siendo esa la tesis que edifica la decisi\u00f3n, no explica la paradoja de la demanda que entabla el poseedor contra el propietario en la acci\u00f3n de pertenencia, cuando el ordenamiento le exige que demande a quien aparece como propietario. No explica esa diferencia entre el poseedor acreedor y el propietario deudor, cuando la \u00fanica garant\u00eda del deudor es la cosa pose\u00edda. <\/p>\n
3.1. Las medidas cautelares no interrumpen la posesi\u00f3n. En punto de las medidas cautelares la Corte hace inferencias contrarias a la vigente doctrina jurisprudencial, la cual, de vieja data, ha dicho que la pr\u00e1ctica de las se\u00f1aladas medidas no imposibilitan ejercer conductas de due\u00f1o sobre determinado bien. En esa l\u00ednea jurisprudencial ignorada es c\u00f3mo debe interpretarse el dep\u00f3sito gratuito as\u00ed como la funci\u00f3n del secuestre, quien es tenedor precario por ley en calidad de administrador y jam\u00e1s poseedor. En consecuencia, si la Corte hubiese observado esa aquilatada doctrina, no habr\u00eda rasurado derechamente la posesi\u00f3n de los demandantes. <\/p>\n
No advierte, que la iniciativa de pedir la apertura de la sucesi\u00f3n pretendi\u00f3 obtener la soluci\u00f3n de unos cr\u00e9ditos con existencia real a favor del poseedor, que de ninguna manera correspond\u00edan al pago del precio de la venta, sino a las sumas debidas en el negocio conjunto de compraventa de cerveza y ganado entre los consangu\u00edneos, y adem\u00e1s, una l\u00edcita y permisible \u00ab(\u2026) estrategia (\u2026)\u00bb de los poseedores para \u00ab(\u2026) recuperar (\u2026) la propiedad formal del predio con base en unos t\u00edtulos valores (\u2026)\u00bb, amparada por la buena fe. <\/p>\n
3.2. La interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n adquisitiva. No la hubo. Es equivocado considerar la p\u00e9rdida del se\u00f1or\u00edo de los convocantes por desistir de la oposici\u00f3n y aceptar uno de ellos, la condici\u00f3n de depositario, pues esa circunstancia nunca les impidi\u00f3 continuar ejecutando actos posesorios. Corte y Tribunal, al un\u00edsono, suponen la configuraci\u00f3n de la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n (C.C., art. 2523). Practicada la cautela, con independencia de la designaci\u00f3n del t\u00edtulo de tenencia que de ella eman\u00f3, es patente, los poseedores jam\u00e1s se desprendieron del inmueble, pues lo mantuvieron bajo su poder y autoridad, conservando el status quo o relaci\u00f3n hist\u00f3rica con \u00e9l. <\/p>\n
A prop\u00f3sito, el art\u00edculo 2523 del C.C. esgrime dos supuestos para estructurar el mencionado instituto. El inicial, \u00ab(\u2026) [c]uando sin haber pasado la posesi\u00f3n a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada (\u2026)\u00bb; y el final, al perderse \u00ab(\u2026) [l]a posesi\u00f3n por haber entrado en ella otra persona (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, precept\u00faa: \u00ab(\u2026) [l]a interrupci\u00f3n natural de la primera especie no produce otro efecto que el de descontarse su duraci\u00f3n; pero la interrupci\u00f3n natural de la segunda especie hace perder todo el tiempo de la posesi\u00f3n anterior; a menos que se haya recobrado legalmente la posesi\u00f3n, conforme a lo dispuesto en el t\u00edtulo \u2018De las acciones posesorias\u2019, pues en tal caso no se entender\u00e1 haber existido interrupci\u00f3n para el despose\u00eddo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el sub-ex\u00e1mine, y en relaci\u00f3n con la segunda hip\u00f3tesis normativa, cuyo evento aplic\u00f3 el Tribunal, el poseedor pierde la posesi\u00f3n de la cosa \u00abpor haber entrado en ella otra persona\u00ab, circunstancia que se presenta siempre y cuando al poseedor inicial se le relegue de la detentaci\u00f3n del bien, exigi\u00e9ndose a quien luego lo tome, entrar en exclusiva posesi\u00f3n, no a otro t\u00edtulo distinto a esa calidad jur\u00eddica. <\/p>\n
As\u00ed, para la aplicaci\u00f3n de la comentada interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n, es requisito sine qua non que el nuevo detentador de la cosa la tenga bajo su poder de hecho, y con la intenci\u00f3n de hacerla propia, esto es, \u00abcon \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u00bb (C.C., art. 762). <\/p>\n
En igual sentido, el precepto 786 ej\u00fasdem dispone: \u00ab(\u2026) [e]l poseedor conserva la posesi\u00f3n, aunque trasfiera la tenencia de la cosa, d\u00e1ndola en arriendo, comodato, prenda, dep\u00f3sito, usufructo, o cualquiera otro t\u00edtulo no traslaticio de dominio (\u2026)\u00bb; y a su vez, la regla 787 ib\u00eddem se\u00f1ala: \u00ab(\u2026) [s]e deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella, con \u00e1nimo de hacerla suya (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3.3. La medida cautelar de secuestro y menos la del provisional en el tr\u00e1mite sucesorio, no interrumpe la prescripci\u00f3n. Debe recordarse, la medida de secuestro, seg\u00fan lo tiene explicado esta Corte, no origina necesariamente la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n que alguien tenga sobre la cosa17; o por lo menos, durante su vigencia; en tanto que la aprehensi\u00f3n material del secuestre, lo es con la calidad jur\u00eddica de tenedor, y debe entenderse que la ostent\u00f3 a nombre de los poseedores, pues en palabras de esta Sala el \u00abtiempo del secuestro aprovecha al poseedor\u00bb18. <\/p>\n
Con mayor raz\u00f3n, por cuanto la medida en el caso, no fue del todo eficaz para los causahabientes convocados, ante las persistentes quejas de que el secuestre no cumpl\u00eda ni el depositario rend\u00eda cuentas. <\/p>\n
El secuestro consiste en la entrega del bien al auxiliar de la justicia designado, con miras a custodiarlo, conservarlo o administrarlo. Su relaci\u00f3n con la cosa es de \u00abmero tenedor\u00bb, pues reconoce dominio ajeno (C.C., art. 775). <\/p>\n
Inaceptable es, que secuestres judiciales, en su condici\u00f3n jur\u00eddica asimilable a la de los mandatarios, como tenedores y depositarios de la cosa que se disputa y, como auxiliadores de la labor de la judicatura, tornen y se muten en titulares del derecho de dominio, en poseedores, pues su tarea es meramente de guardian\u00eda responsable y de transitoriedad en el tiempo, con la perenne obligaci\u00f3n jur\u00eddica y moral de \u201c(\u2026) restituirla al que obtenga una decisi\u00f3n a su favor\u201d (C.C., art. 2373). <\/p>\n
Infi\u00e9rese rectamente que la se\u00f1alada medida previa no tiene la eficacia jur\u00eddica de interrumpir la prescripci\u00f3n, pues no se ajusta en ninguna de las hip\u00f3tesis contempladas en el art\u00edculo 2523 ej\u00fasdem, por cuanto, no surge, necesariamente, el despojo del se\u00f1or\u00edo que el poseedor tiene sobre el respectivo bien, ni mucho menos, \u00ab(\u2026) origina una nueva posesi\u00f3n en cabeza del secuestre (\u2026)\u00bb20. <\/p>\n
Al respecto, la posici\u00f3n jurisprudencial de la Corte es un\u00e1nime y m\u00e1s que centenaria, en afirmar que el secuestro no interrumpe la prescripci\u00f3n, porque no extingue ni releva de la posesi\u00f3n a quien la detenta. <\/p>\n
Inicialmente, expuso que \u00ab[e]l embargo no interrumpe ni la posesi\u00f3n ni la prescripci\u00f3n, porque la ley no ha reconocido esto como causa de interrupci\u00f3n natural o civil, como puede verse en los art\u00edculos 2523 y 2524 del C\u00f3digo Civil\u00bb21. <\/p>\n
Luego, refiri\u00e9ndose al depositario, afirm\u00f3 que este \u00abno adquiere la posesi\u00f3n, desde luego que su t\u00edtulo es de mera tenencia, conforme el art\u00edculo 775 del C\u00f3digo Civil. Si el poseedor de la cosa antes de ser depositada en un juicio ejecutivo es el deudor, por el hecho del dep\u00f3sito no pierde \u00e9ste la posesi\u00f3n, y lo mismo acontece respecto de un tercero, si es \u00e9ste el poseedor. El \u00e1nimo de dominio, que es uno de los elementos de la posesi\u00f3n, no pasa al depositario, y \u00e9ste tiene en nombre de la persona de cuyo poder se sac\u00f3 la cosa mientras \u00e9sta no sea rematada. Si as\u00ed no fuera, bastar\u00eda para arrebatar la posesi\u00f3n de terceros, denunciar sus bienes en juicios ejecutivos y obtener el dep\u00f3sito de ellos\u00bb\u00bb22. <\/p>\n
Luego, consolid\u00f3 la doctrina y se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[e]l embargo y dep\u00f3sito de una finca ra\u00edz no impide que se consume la prescripci\u00f3n adquisitiva de ella. Por el embargo no se traslada ni se modifica el dominio ni la posesi\u00f3n de la cosa depositada; y si bien es cierto que la enajenaci\u00f3n de los bienes embargados est\u00e1 prohibida por la ley, bajo pena de nulidad, el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n es cosa muy distinta de la enajenaci\u00f3n. Si la posesi\u00f3n no se pierde por el hecho del embargo, no hay disposici\u00f3n alguna en el C.C., que se oponga a la usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva, la cual, por ser t\u00edtulo originario de dominio, difiere esencialmente de la enajenaci\u00f3n (Casaci\u00f3n, 4 de julio de 1932, XL, 180)\u00bb23. <\/p>\n
Posteriormente, expuso que \u00abel secuestro es un t\u00edtulo de mera tenencia, como se sigue de los art\u00edculos citados en el cargo: 762, que define la posesi\u00f3n como \u2018la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o\u2019, relaci\u00f3n de hecho esencialmente distinta de la que se origina entre el secuestre y la cosa, en la cual \u00e9ste tiene a nombre del propietario; del 775 ib., que llama \u2018mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como due\u00f1o, sino en lugar o a nombre del due\u00f1o\u2019; y el 786 ib., seg\u00fan el cual \u2018el poseedor conserva la posesi\u00f3n, aunque transfiera la mera tenencia\u2019\u00bb24. <\/p>\n
Y m\u00e1s adelante, precis\u00f3: \u00ab[s]on inexplicables estas palabras de la Sala sentenciadora: Es inadmisible por ser contraria a la l\u00f3gica y a la naturaleza de la instituci\u00f3n, la coexistencia en una misma cosa de dos posesiones distintas y contrapuestas\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces que \u00ab[e]l secuestre, por ello, tiene la cosa en lugar y a nombre del poseedor; \u00e9ste sigue posey\u00e9ndola a trav\u00e9s de aqu\u00e9l, y el tiempo del secuestro aprovecha al poseedor, como si \u00e9ste ejecutase sobre la cosa los actos materiales que integran el estado posesorio\u00bb. <\/p>\n
En id\u00e9ntico sentido, esta Sala expuso en otra decisi\u00f3n que \u00abel secuestro de bienes no tiene de suyo la virtualidad para actuar indefectiblemente como causa determinante de la interrupci\u00f3n natural o civil de una prescripci\u00f3n en curso, ello por cuanto puede existir plena compatibilidad con la posesi\u00f3n del prescribiente y el \u2018animus rem sibi habendi, por efecto del dep\u00f3sito judicial, no lo asume el secuestre, sigui\u00e9ndose de ello, entonces, que recibida del mentado auxiliar la tenencia f\u00edsica por parte de quien ven\u00eda poseyendo con anterioridad, la respectiva situaci\u00f3n posesoria se reputa subsistente durante todo el tiempo en que la medida tuvo efectiva vigencia\u00bb25. <\/p>\n
En oportunidad m\u00e1s reciente, esta Corte reafirm\u00f3 el criterio sostenido durante la centuria, al se\u00f1alar que \u00ab[l]a situaci\u00f3n que aflora del secuestro tampoco se acomoda a las previsiones de los referidos numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 2523 del C\u00f3digo Civil, pues en frente de esta medida cautelar, no surge, necesariamente, la cesaci\u00f3n del poder o se\u00f1or\u00edo que el poseedor tiene sobre el respectivo bien, ni, lo que resulta cardinal, se da origen a una nueva posesi\u00f3n en cabeza del secuestre o depositario\u00bb26. <\/p>\n
La postura es reiterada \u00faltimamente, al decir \u00abel ad quem, que el poder de se\u00f1or\u00edo de la precitada se\u00f1ora, se interrumpi\u00f3 el 22 de febrero de 1999, estaba significando, en primer lugar que la \u201cmedida de secuestro no origina per se o necesariamente la interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n que alguien ejerce\u201d, lo tiene explicado la Corte, y en segundo t\u00e9rmino, que esa cautela no fue eficaz para que el propietario ejecutado recuperara, al menos durante su vigencia, la aprehensi\u00f3n material, por lo que el secuestre, as\u00ed sea en teor\u00eda continu\u00f3 ostent\u00e1ndola a nombre de la poseedora, en consideraci\u00f3n a que, en palabras de la sala, \u2018el tiempo del secuestro aprovecha al poseedor\u2019. <\/p>\n
\u2018La anterior conclusi\u00f3n, por supuesto, no pod\u00eda ser de otra \u00b4manera, porque en lo que concierne al caso, si bien la poseedora contaba en el proceso ejecutivo (\u2026) con la posibilidad de reclamar la posesi\u00f3n material al momento del secuestro, o dentro de los veinte d\u00edas siguientes, de conformidad con los art\u00edculos 686, n\u00fam. 2\u00ba, y 687 n\u00fam. 6\u00ba del art\u00edculo 687 del C.P.C., debe entenderse, en garant\u00eda del derecho de defensa, que ello ten\u00eda lugar cuando la diligencia de secuestro le era oponible, pero si no, los t\u00e9rminos ten\u00edan que computarse a partir de la \u00e9poca en que se enter\u00f3 de su existencia\u2019\u00bb27. <\/p>\n
Lo expuesto, claro, no implica debilitar ni prescindir los efectos de la medida cautelar de secuestro, pues \u00e9sta conserva su vigor y funci\u00f3n. El juez que la decret\u00f3, luego de perfeccionada esta, puede despu\u00e9s ordenar la entrega del bien, en actuaci\u00f3n que no admite oposici\u00f3n ni derecho de retenci\u00f3n (C.G.P., art. 481, in fine; arts. 596, n\u00fam. 2\u00ba). <\/p>\n
La entrega, por tanto, debe realizarse al margen de la posesi\u00f3n o del derecho de dominio en tales casos, y en el caso del titular del dominio puede acudir al juicio reivindicatorio y derrotar al poseedor, cuando no haya sido vencido respecto del mismo. <\/p>\n
3.4. Oponerse o no a diligencia de secuestro o ser vencido en el tr\u00e1mite correspondiente no frustra la posibilidad de debatir en un declarativo posterior el derecho a obtener la pertenencia o la reivindicaci\u00f3n. Tambi\u00e9n el poseedor cuando formula oposici\u00f3n en la diligencia de la pr\u00e1ctica del secuestro, y esta le resulta adversa, la decisi\u00f3n no tiene la virtud de dirimir la controversia sobre el derecho a conservar el \u00abcorpus\u00bb y el \u00abanimus\u00bb, as\u00ed como de prescribir el dominio, al punto que este puede contar con la posibilidad de promover la acci\u00f3n de pertenencia de contar con los requisitos para ello. Pero tambi\u00e9n el reivindicatorio cuando sea del caso para el propietario. <\/p>\n
As\u00ed lo dijo esta Corte, al pronunciarse sobre la providencia que resolvi\u00f3 una oposici\u00f3n frente al secuestro, donde desestim\u00f3 la posesi\u00f3n: \u00abse trata de un prove\u00eddo interlocutorio, fundado, en principio, con pruebas sumarias, dictado en un tr\u00e1mite expedito de naturaleza accesoria, y sin la virtud sustancial de declarar, con efectos de cosa juzgada material, si el opositor, ac\u00e1 prescribiente, goza de un poder de facto exclusivo, p\u00fablico e ininterrumpido sobre el predio cuestionado. No obstante, el incidente, aun cuando se relaciona con la posesi\u00f3n, tiene una finalidad distinta: resolver sobre la materializaci\u00f3n de una medida cautelar\u00bb28. <\/p>\n
No es entonces, la se\u00f1alada orden previa, la llamada a definir la posesi\u00f3n del predio, pues la misma solo transfiere la mera tenencia, y porque en todo caso, al margen de todo, el secuestre sustantivamente es un mero depositario o tenedor. <\/p>\n
3.5. La rendici\u00f3n de cuentas y su obligaci\u00f3n de rendirlas no significa declinamiento del \u00e1nimus domini. Sobre la rendici\u00f3n de cuentas y la audiencia de inventarios y aval\u00faos, el Tribunal, frente al primero, dijo que el actor Guillermo Quintero Colmenares daba por hecho la \u00abmera tenencia\u00bb; y respecto al segundo, expuso que solicit\u00f3 la adjudicaci\u00f3n del inmueble con el fin de servir de pago a sus cr\u00e9ditos personales. <\/p>\n
El contenido del informe, por s\u00ed mismo, al margen de la resistencia del demandante en ofrecer explicaciones claras sobre su gesti\u00f3n frente al predio, al afirmar \u00ab(\u2026) no encuentro el motivo por el cual deba rendir cuentas de una cosa que est\u00e1 bajo tal modalidad (\u2026)\u00bb, y de paso sostener \u00ab(\u2026) la poca renta que genera la consume el pago de servicios, y mantenimiento (\u2026)\u00bb, no refleja, ni remotamente, la intenci\u00f3n clara o espont\u00e1nea del demandante de la declinaci\u00f3n de su posesi\u00f3n, o por lo menos, de someterse a la ejercida por otro, en tanto que consisti\u00f3 en el acatamiento a un requerimiento judicial. Estos hechos alterados por el Tribunal con la misma tesitura aparecen en el fallo del cual me separo. <\/p>\n
En la diligencia de inventarios y aval\u00faos nada se dijo sobre los pormenores de la detentaci\u00f3n material del predio, pues en raz\u00f3n a la finalidad procesal que conlleva su pr\u00e1ctica, se pidi\u00f3 incluir las obligaciones personales contra\u00eddas en su momento por el causante en la \u00abhijuela de deudas\u00bb. <\/p>\n
De todos modos cuanto aflora de la declaraci\u00f3n de parte y de la causa mortuoria consiste en que Guillermo Quintero Colmenares, lo hizo no con miras a reconocer dominio ajeno en cabeza del causante o sus herederos, sino como estrategia jur\u00eddica para \u00abunir la propiedad a su posesi\u00f3n\u00bb con base en el pago de unos t\u00edtulos valores. <\/p>\n
A pesar de reconocerse la acreencia en la providencia aprobatoria de la partici\u00f3n, y creada la \u00abhijuela de deudas\u00bb en cabeza de los causahabientes, incluy\u00e9ndose dos inmuebles, entre ellos el bien a prescribir, se dijo que \u00absu producto cancelar\u00eda la deuda\u00bb; no obstante, el remate jam\u00e1s se realiz\u00f3. Tal situaci\u00f3n condujo a los demandantes a instaurar la acci\u00f3n de pertenencia. <\/p>\n
En s\u00edntesis, despojo de la posesi\u00f3n, en realidad, no lo hubo. Para que existiera deb\u00eda privarse a los convocantes del se\u00f1or\u00edo pleno del inmueble. La pr\u00e1ctica de la mencionada medida previa, en especial, cuando se profiere en el curso de la causa mortuoria, no extingui\u00f3 el \u00abanimus domini\u00bb, pues lejos de desconocerlo o arrebat\u00e1rselo a quien lo ejerce, en realidad transmite \u00fanicamente la mera tenencia al auxiliar de la Justicia con los designios del mandato para el mandatario. <\/p>\n
Lo expuesto, claro, porque a\u00fan en el evento de que el tercero o a quien este designe para detentar esa \u00abtenencia\u00bb, ello jam\u00e1s suprime la posesi\u00f3n ni sus efectos, sobre todo, porque esta no se la restaur\u00f3 al propietario o a sus causahabientes, en tanto que solo determin\u00f3 en el bien, la cuesti\u00f3n sobre qui\u00e9n y c\u00f3mo se ejerce su administraci\u00f3n, a fin de \u00abprecaver controversias sobre participaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de frutos\u00bb29. <\/p>\n
Para la doctrina de la Corte, como se anot\u00f3, \u00ab(\u2026) el secuestro, en esencia, se contrae a la entrega del bien al auxiliar de la justicia que se designe, para que lo custodie, conserve o administre, y, posteriormente, lo entregue a quien obtenga una decisi\u00f3n judicial a su favor (art. 2273 del C.C.), detentaci\u00f3n que realiza como un mero tenedor, reconociendo dominio ajeno (art. 775 del C.C.) (\u2026)\u00bb30. <\/p>\n
La raz\u00f3n de ello estriba en que fijada la posesi\u00f3n por quien la practica, el efecto de la cautela es permitir su continuidad a trav\u00e9s del secuestre, el cual la ejercer\u00e1 por los poseedores (posesi\u00f3n intermedia), pues seg\u00fan lo indic\u00f3 esta Sala, \u00abes contrario a la l\u00f3gica y a la instituci\u00f3n de la posesi\u00f3n, (\u2026) suponer que el secuestro -que es t\u00edtulo precario- sea posesi\u00f3n\u00bb31. <\/p>\n
En efecto, \u00ab[e]l secuestre, por ello, tiene la cosa en lugar y a nombre del poseedor; \u00e9ste sigue posey\u00e9ndola a trav\u00e9s de aqu\u00e9l, y el tiempo del secuestro aprovecha al poseedor, como si \u00e9ste ejecutase sobre la cosa los actos materiales que integran el estado posesorio\u00bb32. <\/p>\n
4. La Sala no analiz\u00f3 integralmente el comportamiento de los poseedores en el sucesorio. Las incidencias del juicio de sucesi\u00f3n despu\u00e9s de realizado el secuestro provisional, advierten que el comportamiento de los demandantes no fue propiamente de meros tenedores o simples \u00abdepositarios\u00bb, pues fueron renuentes a actuar como tales. <\/p>\n
As\u00ed lo establecen varias comunicaciones de los convocados dirigidas al juez de la sucesi\u00f3n, donde reiteradamente acusan al secuestre y al depositario de no rendir cuentas. <\/p>\n
Por ejemplo, el 10 de agosto de 200433 indicaron que \u00abdesde la fecha del secuestro -5 de enero de 2002- (\u2026) el secuestre (\u2026) ni el depositario Guillermo Quintero Colmenares han consignado o rendido cuentas de la rentabilidad del inmueble secuestrado\u00bb. <\/p>\n
El 14 de agosto de 200634 vuelven a insistir en la petici\u00f3n, al afirmar que en caso de negarse a presentar el informe se proceda a su relevo, pues el secuestre \u00abnunca ha presentado informes mensuales\u00bb, exigiendo a su vez \u00abordenar el dep\u00f3sito de los t\u00edtulos de los c\u00e1nones de arrendamiento del inmueble y de los locales comerciales los cuales se encuentran arrendados y que (\u2026) est\u00e1 recibiendo quien no tiene ning\u00fan derecho leg\u00edtimo para ello (sic)\u00bb. <\/p>\n
Despu\u00e9s de requerirlos el Juzgado Sexto de Familia de Bogot\u00e1 el 27 de mayo de 200935; de un lado, el secuestre en escrito de 22 de julio de ese a\u00f1o, adujo que \u00abno hay cuentas para rendir (sic)\u00bb36; y del otro, el supuesto depositario, dijo \u00ab(\u2026) no encuentro el motivo por el cual deba rendir cuentas de una cosa que est\u00e1 bajo tal modalidad (\u2026)\u00bb, indicando luego \u00ab(\u2026) la poca renta que genera la consume el pago de servicios, y mantenimiento (\u2026)\u00bb37. <\/p>\n
La protesta de los demandados ante los actos posesorios de los usucapientes no se hizo esperar. La Sala no contempl\u00f3 tampoco esta prueba. El 9 de agosto de 2009 denunciaron: \u00ab(\u2026) el se\u00f1or Guillermo Quintero Colmenares lleva siete a\u00f1os y siete meses administrando el inmueble, que siempre ha estado arrendado por personas que no dan informaci\u00f3n de la renta por que con el \u00fanico que se entienden es con el administrador del bien, durante todo ese tiempo nunca ha presentado informes al despacho de su gesti\u00f3n como se comprometi\u00f3 a firmar el acta de la diligencia de embargo\u00bb38. <\/p>\n
Y luego comentaron, \u00abse desconoce el mantenimiento del inmueble pues no se permite el ingreso al mismo\u00bb. <\/p>\n
Removido el secuestre el 4 de julio de 201039, y designado Asacob S.A.S.40 en su reemplazo, acus\u00f3 inconvenientes en la entrega formal y material del bien, pues el anterior auxiliar de la justicia y su depositario \u00abno manifiestan voluntad para hacer el respectivo empalme\u00bb, situaci\u00f3n que finalmente ocurri\u00f3 el 5 de octubre de 201141. <\/p>\n
El anterior examen del expediente de sucesi\u00f3n, y al margen de las contingencias de la litis y de la obligaci\u00f3n legal del secuestre en rendir cuentas seg\u00fan lo prescriben los art\u00edculos 2181, 2279 del C.C., lo cierto es, demuestra la actitud renuente y reiterada de los actores de negarse a presentar informe detallado de su administraci\u00f3n frente al inmueble, insubordin\u00e1ndose material y voluntariamente a asumir el rol de depositarios. <\/p>\n
5. La persecuci\u00f3n del derecho de cr\u00e9dito por un poseedor en la sucesi\u00f3n del deudor de ning\u00fan modo anega el \u00e1nimus domini. Las pruebas dejan claro que el actor Guillermo Quintero Colmenares cuando promovi\u00f3 la apertura de la sucesi\u00f3n de su hermano Nelson Jairo, lejos de doblegar su calidad de poseedor del comentado inmueble, cuanto hizo en realidad fue hacer valer su condici\u00f3n de acreedor quirografario, exigiendo el pago de unos t\u00edtulos valores, consignados en unas letras de cambio con fuente diversa en el pago del precio del negocio de compraventa del bien pose\u00eddo. <\/p>\n
Lo anterior, con claridad se colige de la foliatura. Contrario a lo expuesto por el ad-quem y por los interpelados, quienes se\u00f1alaban que la intervenci\u00f3n del demandante en la causa mortuoria tuvo como \u00fanico prop\u00f3sito hacer valer unos t\u00edtulos ap\u00f3crifos para hacerse equ\u00edvocamente al dominio no es la raz\u00f3n determinante, y as\u00ed sea, una estrategia l\u00edcita de actuaci\u00f3n judicial, no prohibida por el ordenamiento y mediada por la buena fe. Esa conclusi\u00f3n no es cierta porque los t\u00edtulos no eran ap\u00f3crifos ni representativos del precio del bien. El material probatorio allegado a la primera instancia da cuenta de que entre el demandante y su fraterno existi\u00f3 un innegable y verdadero v\u00ednculo obligatorio que los gener\u00f3. <\/p>\n
En efecto, el convocante, seg\u00fan declar\u00f3 en el interrogatorio, promovi\u00f3 el tr\u00e1mite sucesorio para exigir el pago unas obligaciones quirografarias representadas en \u00abcuatro letras de cambio\u00bb, las cuales correspond\u00edan a prestaciones dinerarias que el de cuius contrajo a su favor, cuya constituci\u00f3n y origen se remontaba a la administraci\u00f3n com\u00fan de una otrora distribuidora de licores, y la \u00abentrega de una camioneta\u00bb. Una de las letras por $100\u00b4000.000,oo emitida el 15 de marzo de 2001 cuya exigibilidad data del 15 de diciembre de ese a\u00f1o, y tres por $30\u00b4000.000,oo cada una, emitidas el 5 de enero de 1998 y que venc\u00edan el 15 de diciembre de 1998, el 15 de junio de 1999 y el 15 de diciembre de 1999, respectivamente42. <\/p>\n
Empero, reitero, como la Corte y el Tribunal al un\u00edsono, ignoraron esos hechos patentes, y concluyeron err\u00f3neamente que los t\u00edtulos ejecutivos presentados al sucesorio correspond\u00edan al cobro del precio del bien, vuelvo a plantear aqu\u00ed ese aserto, para graficarlo en su verdadera dimensi\u00f3n: <\/p>\n
\u201cEsta actuaci\u00f3n en particular constituye un reconocimiento de dominio ajeno, pues la apertura de la sucesi\u00f3n la hizo el actor en calidad de acreedor y para obtener el precio de venta del bien cuya posesi\u00f3n pretende defender como tal para encaminarla hacia el dominio mediante la usucapi\u00f3n. Con el cobro del precio, obt\u00e9ngase o no su pago, se est\u00e1 confirmando el negocio jur\u00eddico que se reclama simulado\u201d. <\/p>\n
La sentencia de la Corte en este punto, por ninguna parte explica la diferencia entre el valor de los t\u00edtulos objeto de cobro en cuant\u00eda muy superior a $190.000.000 millones, cifra superior al precio consignado en la escritura de compraventa simulada por valor de $31\u00b4033.000,oo, suma que \u00ab(\u2026) el vendedor [poseedor] declar\u00f3 recibir a su entera satisfacci\u00f3n de parte del comprador en la fecha. Tampoco explica que las autoridades penales cerraron la causa absolviendo a la parte poseedora con respecto a la existencia de este cr\u00e9dito, donde se concluy\u00f3 con plena certidumbre que los t\u00edtulos exigidos en la sucesi\u00f3n eran reales y correspond\u00edan a sumas que por concepto de negocio de compraventa de cerveza ten\u00edan los hermanos Quintero, pero que de ning\u00fan modo correspond\u00eda al pago del precio del bien, porque respecto de este elemento precio, el Tribunal de Bogot\u00e1, concluy\u00f3 que era simulado. <\/p>\n
5.1. Certidumbre del derecho de cr\u00e9dito, el cual no constituye pago del precio del bien simulado. La certidumbre de la existencia real de ese cr\u00e9dito qued\u00f3 al descubierto, si se tiene en cuenta, con elementos probatorios que, igualmente all\u00ed se hallan, como la decisi\u00f3n de la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, que se abstuvo de condenar al acreedor, por el contrario lo absolvi\u00f3, de la investigaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la denuncia que por falsedad y otros punibles le formularon los convocados al acreedor hereditario por acudir a la sucesi\u00f3n para exigir la obligaci\u00f3n, y que por tanto, les obstaculizaba a los herederos del fallecido hacerse al bien. El colegiado penal dio por inexistente la imputaci\u00f3n criminal en su contra. <\/p>\n
La existencia en el caso en la relaci\u00f3n obligatoria como sujetos del v\u00ednculo obligacional enfrentados deudor-propietario como ejecutado y acreedor-poseedor como ejecutante, no implica per se desconocer el tipo dual, espec\u00edfico y final\u00edstico de las relaciones jur\u00eddicas que ambos mantuvieron, o en su defecto, suponer la aniquilaci\u00f3n o la absorci\u00f3n del v\u00ednculo real y f\u00e1ctico de quien es poseedor por el nexo crediticio de naturaleza cambiaria de quien es acreedor, y por tanto, asumir que el \u00e1nimus domini que el acreedor ejerc\u00eda sobre uno de los bienes de la herencia, sucumb\u00eda o se esfumaba. Al inferir el juzgamiento de la Sala que el cobro de la acreencia en la sucesi\u00f3n comprend\u00eda en realidad una forma de liquidar y de disolver su inter\u00e9s posesorio y su condici\u00f3n de tal, para mutarse en tenedor del inmueble, dobleg\u00f3 al acreedor para no exigir su cr\u00e9dito y menospreci\u00f3: 1. El intento del actor de hacer respetar y de obtener su derecho exclusivo de acreedor, 2. La condici\u00f3n de poseedor, confundiendo la naturaleza de los derechos subjetivos de cr\u00e9dito con los derechos reales y concretamente el de la posesi\u00f3n como hecho hist\u00f3rico y material. 3. Confundi\u00f3 los derechos de dominio y de posesi\u00f3n; de tenencia y posesi\u00f3n. <\/p>\n
Ante el incumplimiento del deudor, el acreedor ten\u00eda a su alcance ejercitar la ejecuci\u00f3n forzosa en la sucesi\u00f3n, con miras a lograr la efectividad de la prestaci\u00f3n pecuniaria debida. <\/p>\n
5.2. Dicha acci\u00f3n, como se recuerda, se emprendi\u00f3 sobre la totalidad del patrimonio del causante, y no solo frente al inmueble objeto de la litis, pues seg\u00fan se observa de las diligencias de la sucesi\u00f3n, adem\u00e1s del mencionado bien, se pidi\u00f3 y practic\u00f3 el embargo y secuestro de otra heredad. Este evento, demuestra, contrario a lo inferido por la Sala, la intenci\u00f3n de hacer efectiva la garant\u00eda universal o \u00abprenda general\u00bb del deudor (C.C., art. 2488). <\/p>\n
Procur\u00f3 la parte acreedora y poseedora, con la muerte del deudor, conservar el patrimonio herencial al impetrar medidas conservatorias encaminadas a proteger la integridad del mismo, asegurando as\u00ed el pago de sus cr\u00e9ditos, pues adem\u00e1s de las cautelares, exhort\u00f3 a los herederos a ejercer el derecho de opci\u00f3n (C.C., arts. 1289 y 1303), a exigir el beneficio de la separaci\u00f3n (C.C., art. 1435) e intervino en los inventarios y aval\u00faos (C.C., art.1312). <\/p>\n
En consecuencia, la relaci\u00f3n obligatoria entre los hermanos Quintero Colmenares, no solo era aut\u00f3noma e independiente sino excluyente respecto de la situaci\u00f3n de posesi\u00f3n del actor con el bien materia de usucapi\u00f3n, pues su pretensi\u00f3n de ver satisfecha o cumplida la prestaci\u00f3n convenida, no implicaba, prima facie, irradiar consecuencias adversas a la posesi\u00f3n que este detentaba sobre el inmueble, al ser inconfundibles derechos reales y personales a pesar de sus variadas intersecciones. <\/p>\n
En otras palabras, en el asunto, las prerrogativas del demandante como acreedor en nada pueden afectar ni mucho menos confundirse con su estatus de poseedor del bien, pues las primeras incumben a derechos crediticios, y los segundos a un derecho real de car\u00e1cter provisional. De ah\u00ed que al exigir el pago de un cr\u00e9dito al deudor, quien a su vez es el due\u00f1o del predio pose\u00eddo por el acreedor, no aniquila o renuncia a la relaci\u00f3n de se\u00f1or y due\u00f1o. <\/p>\n
6. El ordenamiento no proh\u00edbe la posibilidad de ejecuci\u00f3n por el poseedor de una cosa contra quien funge como propietario y es deudor del cr\u00e9dito y titular del dominio de la cosa que ocupa el acreedor a t\u00edtulo de se\u00f1or y due\u00f1o. Tampoco en el juicio ejecutivo cuando el acreedor es vencido por el tercero poseedor con el levantamiento de medidas cautelares sobre un bien, se le esquilma a aqu\u00e9l, la facultad a perseguir los derechos que a\u00fan le restan contra el verus domini. Ello es frecuente en el incidente de levantamiento de embargo y secuestro entablado por un poseedor; porque ante la decisi\u00f3n que beneficie al opositor, el acreedor demandante esta facultado por ley para perseguir los derechos que le resten al propietario deudor sobre esa cosa, para hacerse a la nuda propiedad. <\/p>\n
Tampoco le est\u00e1 vedado al acreedor poseedor intervenir en la masa de la sucesi\u00f3n en la diligencia de inventarios para hacer incluir los cr\u00e9ditos que ostenta contra el causante, de cuya sucesi\u00f3n se trata, ni mucho menos est\u00e1 restringido, para impetrar que su cr\u00e9dito se le adjudique sobre la cosa que ocupa o posee, porque significar\u00eda que tampoco podr\u00eda hacer exigibles las obligaciones contra el deudor, respecto del cual ocupa un bien que forma parte del patrimonio real o aparente del mismo deudor. El ordenamiento tampoco proh\u00edbe al acreedor la gesti\u00f3n de la acci\u00f3n oblicua, indirecta o subrogatoria frente al deudor poseedor renuente. <\/p>\n
7. La simulaci\u00f3n no impide el ejercicio de la prescripci\u00f3n adquisitiva del derecho de dominio. El hecho de que un propietario haya simulado su t\u00edtulo con respecto al bien, el cual, contin\u00faa ostent\u00e1ndolo materialmente con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, y que por cualquier circunstancia frustre su recuperaci\u00f3n no torna deleznable su pretensi\u00f3n de obtener su dominio o de demandar la prescripci\u00f3n si logra demostrar los elementos sustanciales que integran la acci\u00f3n de dominio. En el fondo, se trata de la reafirmaci\u00f3n de la conducta y de su condici\u00f3n de due\u00f1o. <\/p>\n
La relaci\u00f3n material o posesoria del actor Guillermo Quintero no se alter\u00f3 ni se perdi\u00f3 con la participaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de su hermano, y tampoco con la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, en particular, por su aparente car\u00e1cter espurio seg\u00fan se colige del contenido mismo del documento y la conducta exterior de los contratantes. <\/p>\n
Al respecto, las cl\u00e1usulas tercera y cuarta de la escritura contienen varios indicios que advierten el car\u00e1cter fingido de la negociaci\u00f3n. En la primera, se pact\u00f3 como precio de venta $31\u00b4033.000,oo, suma que \u00ab(\u2026) el vendedor [poseedor] declar\u00f3 recibir a su entera satisfacci\u00f3n de parte del comprador en la fecha (\u2026)\u00ab; y en la segunda, se estipul\u00f3 \u00ab(\u2026) que desde esta misma fecha, el vendedor le hace entrega real y material del inmueble vendido al comprador, con las acciones legales consiguientes (\u2026)\u00ab43. <\/p>\n
Revelador es el precio de la pretendida venta: por $31\u00b4033.000,oo, respecto de un inmueble cuyo valor comercial era para entonces, $436\u00b4365.000,oo, -la catorceava parte del justo precio del predio-. Al rompe da cuenta del car\u00e1cter irrisorio de la prestaci\u00f3n. En el punto recu\u00e9rdese que \u201c[c]uando la prestaci\u00f3n de una las partes sea irrisoria, no habr\u00e1 contrato conmutativo\u201d (art. 872 C.Co.). <\/p>\n
7.1. Existencia de simulaci\u00f3n en el caso concreto. La realidad. Confrontada con el comportamiento de los contratantes es evidente: lo pactado en el documento no se cumpli\u00f3, todo era fingido. No existe contraindicio del cual se pueda inferir lo opuesto. Precio y entrega no los hubo. <\/p>\n
El acervo da cuenta que el pago del precio, adem\u00e1s de simb\u00f3lico, no se realiz\u00f3, y las letras de cambio suscritas por el comprador se giraron para garantizar unos cr\u00e9ditos comerciales, con causa muy diferente al pago y a la cuant\u00eda del precio simulado. Tampoco lo fueron para asegurar que el comprador, a futuro, le regresara el derecho de dominio al vendedor. La entrega, el vendedor jam\u00e1s la realiz\u00f3, ni mucho menos, el comprador, ni sus causahabientes la exigieron. <\/p>\n
Un cuarto elemento indicativo surge del contexto de la negociaci\u00f3n, realizada en un tejido de confianza producto del parentesco de hermanos, y de relaciones comerciales rec\u00edprocas de varios a\u00f1os. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dase que el comprador Nelson Jairo Quintero Colmenares, tres a\u00f1os antes de fallecer, al contestar la demanda de separaci\u00f3n de bienes formulada por su esposa, hoy asidua reclamante del bien, resalt\u00f3 que el comentado predio no pertenec\u00eda a la sociedad conyugal porque la compra a su hermano Guillermo era \u00absimulada\u00bb45. <\/p>\n
Finalmente, en el acervo se observa que el se\u00f1alado actor fue absuelto en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por los punibles de \u00abfraude procesal y falsedad documental\u00bb46 por causa de la denuncia entablada por los convocados, respecto de la supuesta falta de autenticidad de las letras de cambio suscritas por el causante, las cuales hizo valer en la sucesi\u00f3n que dio origen a la cautela, err\u00f3neamente apreciada por el Tribunal. <\/p>\n
7.2. Las autoridades penales concluyeron la autenticidad de las letras ejecutadas y la existencia de simulaci\u00f3n. Al respecto, expuso la Corporaci\u00f3n en lo penal \u00ab(\u2026) que entre los hermanos Guillermo Antonio y Nelson Jairo Quintero Colmenares existieron fuertes lazos comerciales pues uno y otro se dedicaban a actividades particulares como la comercializaci\u00f3n de cerveza, el transporte y la compraventa de ganado, y se colaboraban rec\u00edprocamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y aludiendo a la compraventa del bien objeto de esta usucapi\u00f3n adujo que \u00ab(\u2026) fue simulada [pues] no existe constancia alguna de que se haya pagado el precio, el inmueble sigui\u00f3 en poder del supuesto vendedor, \u00e9ste afirma que fue una transacci\u00f3n aparente orientada a facilitarle la adquisici\u00f3n de un cr\u00e9dito a su hermano Nelson Jairo (\u2026)\u00ab. <\/p>\n
Ha de agregarse que al fallecer el hermano del convocante el 14 de julio de 2001, este formul\u00f3 demanda de apertura de la sucesi\u00f3n del difunto, indicando (\u2026) como constitutivos de la masa herencial (\u2026) dos inmuebles: el que Guillermo Antonio le hab\u00eda vendido a Nelson Jairo y otro que \u00e9ste hab\u00eda comprado en 1970 con un pr\u00e9stamo de la Caja Agraria\u00bb. <\/p>\n
7.3. El simulador y poseedor a la vez puede obtener por prescripci\u00f3n la cosa materia de la simulaci\u00f3n. De tal manera que siendo patentes las evidencias simulatorias, no deviene contrario a derecho, que si el presunto simulador tradente contin\u00faa ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre la cosa cuyo contrato se dice simulado, ello no obsta, para que ejerza la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio. <\/p>\n
Tanto antes y despu\u00e9s del otorgamiento del t\u00edtulo contaminado por la simulaci\u00f3n, no aparece m\u00e1cula de existencia de relaci\u00f3n meramente tenencial, sino de un aut\u00e9ntico \u00e1nimus domini, de la parte actora ejerciendo la posesi\u00f3n sin que se demostrara tolerancia de quien pas\u00f3 a ostentar el t\u00edtulo registralmente, o de que la permanencia del poseedor fuera a t\u00edtulo de tenencia gratuita u onerosa. Desde cuando el actor adquiri\u00f3 la cosa en 1973 y en el entretanto hasta la presentaci\u00f3n de la pertenencia, en el entramado social y relacional se reconoci\u00f3 que ese \u00e1nimus no era rec\u00f3ndito, clandestino o soterrado sino p\u00fablico seg\u00fan narraron los testigos. A m\u00e1s de los testimonios, hay pruebas inequ\u00edvocas, como la pericia de las mejoras (por $4\u00b4500.000,oo), su explotaci\u00f3n econ\u00f3mica (arriendo de dos locales comerciales y parqueadero), que son expresi\u00f3n de la voluntad libre e independiente para aprovechar econ\u00f3micamente el inmueble. Asimismo, est\u00e1n los certificados de los pagos de impuestos, y conexiones y suministro de agua, alcantarillado y energ\u00eda el\u00e9ctrica. Adem\u00e1s de la confesi\u00f3n de los interpelados, quienes aceptaron que los convocantes \u00abnunca entregaron el predio\u00bb al comprador. <\/p>\n
Ahora, si un t\u00edtulo es simulado, al margen de que sea justo o no, o de que sea poseedor de buena o mala fe, es indudable que la \u00fanica prescripci\u00f3n que exige justo t\u00edtulo y buena fe, es la regular como fundamento de la prescripci\u00f3n ordinaria; de modo tal que, quien ostenta un bien en calidad de poseedor que ha simulado el t\u00edtulo, y demanda la prescripci\u00f3n adquisitiva, puede acogerse, sin discusi\u00f3n, a la extraordinaria de acuerdo a la regla 2531 del C.C. que exige exclusivamente para su consecuci\u00f3n \u201c(\u2026) el lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripci\u00f3n de diez (10) a\u00f1os contra toda persona (\u2026)\u201d demostrando por supuesto, los requisitos del poseedor de ese talante. <\/p>\n
Ello es de esa manera, por cuanto la extraordinaria, no exige justo t\u00edtulo ni buena fe, aunado al hecho de \u00e9sta se presume de derecho por disposici\u00f3n legal, seg\u00fan el n\u00fam. 2do. del art. 2531 ej\u00fasdem, cuando ense\u00f1a que para la prescripci\u00f3n extraordinaria no es necesario t\u00edtulo alguno y \u201c(\u2026) se presume en ella de derecho la buena fe\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, s\u00famase a ello, que de conformidad con el canon 780 del C.C. el demandante se halla en posesi\u00f3n de la cosa desde cuando la adquiri\u00f3 por escritura p\u00fablica. A su favor milita otra presunci\u00f3n no desvertebrada, consistente en que se presume su posesi\u00f3n en el tiempo intermedio, cuando dispone: \u201cSi se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesi\u00f3n ha continuado hasta el momento en que se alega\u201d, porque desde cuando adquiri\u00f3 el bien hasta la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n, no ha sido despojado de su posesi\u00f3n material. Precisamente, los deponentes Araminta Sandoval, Jos\u00e9 Mar\u00eda Cala, y Gloria Eugenia Prieto, afirman que quienes habitan hoy el inmueble \u00abdesde 1973\u00bb son los convocantes, por compra realizada a Cecilia Useche de Ram\u00edrez. <\/p>\n
7.4. Seg\u00fan la jurisprudencia de esta Sala puede prescribirse adquisitivamente cosas simuladas. En este camino de la pertinencia de acciones prescriptivas o del ejercicio del se\u00f1or\u00edo por parte de quien simula pero ostenta la cosa materialmente como due\u00f1o, tiene dicho la jurisprudencia que el \u201c(\u2026) demandado puede proponer todas las excepciones perentorias que lo favorezcan, inclusive la de simulaci\u00f3n; y que (\u2026) es poseedora, y que no cabe discutir el inter\u00e9s que tiene el poseedor demandado en demostrar que el demandante no es due\u00f1o de los que reivindica, porque el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo\u201d47. <\/p>\n
En un litigio no muy reciente, en sentencia de casaci\u00f3n del 31 de agosto de 2010, en donde se demand\u00f3 la simulaci\u00f3n de un contrato de venta de un bien donde el padre transfiri\u00f3 a uno de sus hijos, el 50% del derecho de dominio sobre el predio el \u201cSuspiro\u201d, el demandado, se opuso y reconvino con prescripci\u00f3n adquisitiva, pero el juzgado de primera instancia declar\u00f3 la simulaci\u00f3n. El Tribunal confirm\u00f3 por cuanto el pretenso poseedor distribu\u00eda el dinero y frutos con sus oponentes, siendo un simple administrador y porque la \u201c(\u2026) declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n apareja la cancelaci\u00f3n del registro de la escritura p\u00fablica, lo que traduce en la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n por el tiempo que la hubiera ejercido\u201d 48. <\/p>\n
La Corte, hall\u00f3 en el demandado en simulaci\u00f3n legitimaci\u00f3n para demandar la pertenencia, pero no cas\u00f3 la sentencia recurrida, esencialmente por cuanto \u201c(\u2026) la conducta del demandado (\u2026) detuvo el t\u00e9rmino consuntivo\u201d49, al compartir las utilidades con los demandantes y firmar un documento donde se compromet\u00eda a otorgar escritura p\u00fabica, expresando su intenci\u00f3n de revertir la propiedad de la cuota a favor de su padre. Infiri\u00f3: \u201c(\u2026) el fracaso de la prescripci\u00f3n vendr\u00eda entonces de los actos positivos de reconocimiento del prescribiente, que la hicieron imposible, y no de la elecci\u00f3n del momento a partir de cual fen\u00f3meno extintivo empez\u00f3 a contarse\u201d 50. La Corte, corrigi\u00f3 al Tribunal al se\u00f1alar: <\/p>\n
\u201cSin embargo, cabe una enmienda sobre los argumentos que tuvo el Tribunal para desechar las pretensiones del reconviniente (\u2026) la verdad es que s\u00ed asist\u00eda legitimaci\u00f3n al reconviniente para pretender la usucapi\u00f3n del predio \u201cEl Suspiro\u201d, a pesar de figurar como propietario inscrito, en tanto la Corte ha reconocido que \u201c\u2026siendo la usucapi\u00f3n ordinaria o extraordinaria, el medio m\u00e1s adecuado para sanear los t\u00edtulos sobre inmuebles, nada se opone a que el due\u00f1o de un predio, quien tiene sobre \u00e9l t\u00edtulo de dominio debidamente registrado, demande luego, con apoyo en el art\u00edculo 413 [hoy 407] del C. de P. Civil, que se haga en su favor la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre el bien respectivo, pues logrando sentencia favorable no s\u00f3lo afirma con solidez su t\u00edtulo de dominio, obteniendo la mejor prueba que de \u00e9l existe, sino que as\u00ed alcanza la limpieza de los posibles vicios que su primitivo t\u00edtulo ostentara y termina con las expectativas y con los derechos que los terceros tuvieran sobre el mismo bien\u201d (Sent. Cas. Civ., de julio 3 de 1979, no publicada, reiterada en Sent. Cas. Civ. de 22 de agosto de 2006, Exp. No. 2000-00081-01). <\/p>\n
\u201cY como la pretensi\u00f3n del reconviniente se refiere al predio del cual es propietario inscrito, efectivamente hubo error del Tribunal al desconocer, por ese solo hecho, la legitimaci\u00f3n de (\u2026) para demandar la declaraci\u00f3n de pertenencia sobre el dicho inmueble, mismo que hab\u00eda adquirido en proporci\u00f3n del cincuenta por ciento (50%) mediante la escritura p\u00fablica No. 1591 del 4 de octubre de 1962 de manos de (\u2026); y la otra mitad, de su padre (\u2026) mediante la escritura p\u00fablica No. 1857 del 28 de agosto de 1970, instrumento que contiene el acto que se acus\u00f3 en este proceso. No obstante, el yerro del Tribunal no trasciende porque, de todos modos, el fracaso de las pretensiones es evidente, por la ausencia de la posesi\u00f3n ejercida durante el tiempo necesario para usucapir\u201d51 (Subrayas ex texto). <\/p>\n
Del tal modo, que existiendo legitimaci\u00f3n en la causa en estas hip\u00f3tesis simulatorias, hall\u00e1ndose demostrados los elementos de la prescripci\u00f3n extraordinaria, tras concurrir el \u00e1nimus y el corpus, pues la parte actora, aunque en el pasado particip\u00f3 en la simulaci\u00f3n; desde la adquisici\u00f3n del bien en 1973, se ha comportado sobre la cosa como due\u00f1o y se\u00f1or, exteriorizando tanto el animus domini, usufruendi, y utendi, sin reconocer dominio ajeno ni doblegar su voluntad posesoria ante los convocados, pues recu\u00e9rdese, siempre se rehus\u00f3 a rendir cuentas, seg\u00fan se dej\u00f3 considerado, en las circunstancias concretas, y con el benepl\u00e1cito de la ley; es indiscutido que el transcurso del calendario acompa\u00f1ado de la posesi\u00f3n, materializ\u00f3 su derecho usucapitivo. De ese modo, el paso del tiempo, san\u00f3 sin sobresaltos, cualquier vicio en el derecho de la propiedad de los demandantes, restaurando y regenerando el derecho subjetivo, as\u00ed como la funci\u00f3n social de la propiedad de quienes con su trabajo transforman la realidad. <\/p>\n
En s\u00edntesis, intervenir en la sucesi\u00f3n y solicitar una medida cautelar por quien es acreedor y al mismo tiempo poseedor de la cosa cautelada no desvirt\u00faa el elemento \u00e1nimus sobre ese bien, porque representa el ejercicio del derecho \u201ccredendi\u201d para interferir la disponibilidad del demandado de la cosa que posee y cautela, y no ejecuta acto contrario a ley. Es ejercicio de los medios que le brinda el Estado para ejercer la tutela judicial efectiva, con mayor raz\u00f3n, cuando posee un cr\u00e9dito leg\u00edtimo en su haber en contra del propietario inscrito. <\/p>\n
El hecho de pedir cautela sobre el bien que posee pero el cual no aparece a nombre suyo en el registro inmobiliario sino de su deudor, no merma ni desdibuja su derecho ni lo contradice porque al ser titular no solamente de la posesi\u00f3n de la cosa sino del cr\u00e9dito, goza de la prerrogativa de escrutar por los medios legales el patrimonio del deudor, por ser prenda general para todos los acreedores, sin exclusi\u00f3n de los poseedores acreedores. En esta condici\u00f3n no les est\u00e1 limitado por ordenamiento alguno, por razones \u00e9ticas o por la mala fe, cautelarlo, pedir el aval\u00fao de la cosa, su remate o adjudicaci\u00f3n para el pago del cr\u00e9dito o la elaboraci\u00f3n de una hijuela a su favor. <\/p>\n
La medida cautelar, mediada en s\u00ed, por la transitoriedad y accesoriedad, apenas busca garantizar los efectos de una sentencia futura ante el peligro que la tardanza del Estado en la rituaci\u00f3n del proceso (periculum in mora), o la propia conducta del obligado, hunda y ponga en riesgo el derecho del titular del cr\u00e9dito por la distracci\u00f3n que pueda hacer el obligado o causahabientes, con mayor raz\u00f3n cuando, el acreedor tiene la apariencia de buen derecho (fumus bonus iuris), ante el convencimiento de que su derecho es leg\u00edtimo. <\/p>\n
De modo que los actos desplegados por el poseedor con fundamento en sus letras de cambio, equivalen a un leg\u00edtimo acto, que no significa renuncia a su \u00e1nimus de poseedor, tampoco es una contradicci\u00f3n, ni desvirt\u00faa su condici\u00f3n de poseedor, cuando denuncia como bien del deudor para ser cautelado, el mismo que posee para que sus derechos no se tornen ilusorios. La presunta antinomia de cautelar la cosa que se posee denunci\u00e1ndola como del deudor propietario igualmente podr\u00eda predicarse cuando el poseedor demanda al propietario para obtener la declaraci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
8. \u00bfEl haber intervenido el poseedor en la sucesi\u00f3n del propietario, frustra su \u00e1nimus usucapiente? Las ant\u00edtesis que puedan surgir por haber intervenido en el sucesorio y por haber cautelado el bien que posee, quedan desvirtuadas ante la prescripci\u00f3n extraordinaria, porque esta tiene la virtualidad de purificar la posesi\u00f3n de todo vicio. Ella borra toda mala fe, con mayor raz\u00f3n, las eventuales contradicciones entre reputarse como due\u00f1o y denunciar en la sucesi\u00f3n el bien, si justamente aspira a su adjudicaci\u00f3n en la correspondiente hijuela, porque cuanto hace as\u00ed, es querer obtener para s\u00ed la cosa y dominarla. Es como lo dice Jos\u00e9 J. G\u00f3mez, \u201cel animus [es] la voluntad decidida de someter la cosa a nuestra dominaci\u00f3n exclusiva\u201d52; am\u00e9n de que todo poseedor, sabe que la cosa que posee desde el comienzo es ajena, pero tiene el convencimiento de que ejerciendo actos positivos por el curso del tiempo la hace suya redimi\u00e9ndola de todo vicio en la extraordinaria. Esta forma prescriptiva, la indulta inclusive de la violencia, del atentado y del atropello a la propiedad ajena, de la clandestinidad, sin que nadie pueda osar desvirtuarla en este \u00faltimo caso, cuando demuestra, adem\u00e1s, posesi\u00f3n desde 1973, \u201cal presumirse de derecho la buena fe\u201d, haci\u00e9ndola invulnerable. Recu\u00e9rdese, la violencia, la clandestinidad, la fuerza dan fundamento a una posesi\u00f3n irregular, que jam\u00e1s puede permitir la prescripci\u00f3n ordinaria, pero si la extraordinaria. <\/p>\n
En el caso, si el poseedor se reputa due\u00f1o, la acci\u00f3n de buscar la adjudicaci\u00f3n en la sucesi\u00f3n de su contradictor de la cosa pose\u00edda en pos de obtener el t\u00edtulo del cual est\u00e1 despojado, es acto l\u00edcito para recuperar la nuda propiedad, y, por tanto, no puede creerse que los causabientes del otro simulador posean mejor derecho, para arrebat\u00e1rselo por la viveza, a quien en verdad lo es. <\/p>\n
9. Injusticia frente a los usucapientes, ahora despojados, verdaderos propietarios pero tambi\u00e9n aut\u00e9nticos acreedores. Resulta totalmente injusto y contrario a la equidad que la Corte y el Tribunal, al un\u00edsono, defiendan y amparen el derecho del m\u00e1s vivo o listo, para arrebatarle el derecho de dominio a una familia, cuando \u00e9sta simplemente, facilit\u00f3 el t\u00edtulo para que un pariente obtuviese un cr\u00e9dito, se simulara la venta, y luego por la avilantez de uno de los simuladores (el falso adquirente), el derecho de la hoy familia prescribiente pierda con la autorizaci\u00f3n de la justicia, todo su patrimonio y sea despojada de su hogar, donde siempre vivi\u00f3 desde el a\u00f1o 1973. <\/p>\n
La cautela de la cosa con un cr\u00e9dito con existencia real por el poseedor material, es conducta en la cual, no puede verse comportamiento destructivo del \u00e1nimus o del elemento sicol\u00f3gico, cuando justamente su voluntad o fuero interno, tiene como finalidad \u00faltima convertir el derecho transitorio del poseedor en derecho definitivo como titular del dominio, buscando que le adjudiquen la cosa que posee a su favor, porque una cosa, es la posesi\u00f3n material, y otra diversa, el derecho de dominio, el cual pretende el acreedor no ap\u00f3crifo como poseedor, para convertirse en verdadero due\u00f1o. Esto con mayor raz\u00f3n cuando la Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, dio por demostrado que los cr\u00e9ditos exigidos no eran espurios sino reales. <\/p>\n
Fecha, ut supra. <\/p>\n
Con todo el respeto, <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CSJ SC de 8 de junio de 1978, GJ CLVIII, p\u00e1g. 106. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC, 24 de junio de 1964, Tomo CVII n.\u00b0 2272, p\u00e1g. 350 a 364. <\/p>\n
3\u0002 CSJ SC 13 de abril de 2005, rad. 1998 0056 02; 24 de noviembre de 2008, rad. 1998-00529 01; 15 de diciembre de 2009, rad. 1999 01651 01, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 CSJ SC3862-2019. <\/p>\n
5\u0002 CSJ SC 4 de noviembre de 2009, exp. 2001-00127-01; 6 de abril de 2011, exp. 2004-00206-01; 18 de diciembre de 2012, rad. 00104; 1 de diciembre de 2015, exp. 00080; y 27 de agosto de 2014, rad. SC 11347. Recientemente se halla la SC4792 de 7 diciembre de 2020. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencias de 4 de noviembre de 2009, expediente 00127; de 18 de diciembre de 2012, radicado 00104; y de 1\u00ba de diciembre de 2015, exp. 00080. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. Civil. Sentencia 291 de 22 de noviembre de 2005, expediente 1325. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de mayo de 2018, expediente 00274. <\/p>\n
9\u0002 Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda \u2013 Subsecci\u00f3n \u201cA\u201d. Sentencia de 4 de marzo de 2010 (radicaci\u00f3n 00015), reiterando doctrina contenida en el fallo de 22 de mayo de 2008 (expediente 1371) de la misma Secci\u00f3n y Subsecci\u00f3n. <\/p>\n
10\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-113 de 20 de febrero de 2012. <\/p>\n
11\u0002 MORALES MOLINA, Hernando, Ob. cit., p\u00e1gs. 318 y 319. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC. Sentencia 064 de 21 de junio de 2007, rad. 7892. <\/p>\n
13\u0002 Sentencia de casaci\u00f3n de la que disido. p. 36. <\/p>\n
14\u0002 Ib\u00edd. p. 36. <\/p>\n
15\u0002 Ib\u00edd. p. 36. <\/p>\n
16\u0002 Ib\u00edd. p. 38. <\/p>\n
17\u0002 CSJ SC. Sentencia 100 de 23 de noviembre de 1999, exp. 5259 (CCLXI-1107, Volumen II). <\/p>\n
18\u0002 CSJ SC. Sentencia de 28 de agosto de 1973, citada en fallo de julio de 2009, exp. 01248. <\/p>\n
19\u0002 CSJ SC. G.J., T. LXIV, sentencia de 11 de marzo de 1948, p\u00e1gs. 68 a 70. <\/p>\n
20\u0002 CSJ SC. Sentencia de 13 de julio de 2009, exp. 11001-3103-031-1999-01248-01. <\/p>\n
21\u0002 CSJ SC. G.J. T. XXII, sentencia de 8 de mayo de 1890, p\u00e1g. 376. <\/p>\n
22\u0002 CSJ SC. G.J. T. XXI, sentencia del 16 de abril de 1913, p\u00e1gs. 372 a 377. <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC. G.J., T. LXXVIII, sentencia del 30 de septiembre de 1954 p\u00e1gs. 709 y 710. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC. Sentencia de 28 de agosto de 1973. <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC. Sentencia del 22 de enero de 1993, exp. n\u00ba. 3524. <\/p>\n
26\u0002 CSJ SC. Sentencia de 13 de julio de 2009, exp. n\u00ba 1999-01248-01. <\/p>\n
27\u0002 CSJ SC. Sentencia de 13 de diciembre de 2010, exp. n\u00ba. 2003-00103-01. <\/p>\n
28\u0002 CSJ SC 19903 de 29 de noviembre de 2017. <\/p>\n
29\u0002 CSJ SC. G.J., T. LXIV, sentencia de 11 de marzo de 1948, p\u00e1gs. 68 a 70. <\/p>\n
30\u0002 CSJ SC. Sentencia del 28 de agosto de 1973. <\/p>\n
31\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
32\u0002 \u00eddem. <\/p>\n
33\u0002 Fl, 147, cdno. pruebas del demandante. <\/p>\n
34\u0002 Fl, 215, \u00eddem. <\/p>\n
35\u0002 Fl, 339, ib\u00eddem. <\/p>\n
36\u0002 Fl, 393, \u00eddem. <\/p>\n
38\u0002 Fl, 402, cdno. pruebas del demandante. <\/p>\n
39\u0002 Fl, 407, ib\u00eddem. <\/p>\n
40\u0002 Asesor\u00eda y Administraci\u00f3n de Bienes de Colombia -Asacob S.A.S. <\/p>\n
41\u0002 Fl, 449, ib\u00eddem. <\/p>\n
42\u0002 flas. 17 a 23, Cdno. Pruebas parte demandada, copia del expediente de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero. <\/p>\n
43\u0002 Fl. 10, Cdno. pruebas parte demandante n\u00ba. 2. <\/p>\n
44\u0002 Fl. 22, Cdno. pruebas parte demandante n\u00ba. 2. <\/p>\n
45\u0002 Fls. 40 y 41, Cdno. pruebas parte demandante n\u00ba. 2. <\/p>\n
46\u0002 fls. 17 a 23, Cdno. Pruebas parte demandada, copia del expediente de sucesi\u00f3n de Nelson Jairo Quintero. <\/p>\n
47\u0002 CSJ. Civil, Cas. del 30 de mayo de 1931, GJ. No. 1 880, p. 120. <\/p>\n
48\u0002 CSJ. Sent. del 31 de agosto de 2010, expediente 09186 Mg. Pon. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
49\u0002 CSJ. Sent. del 31 de agosto de 2010, exp. 54001-3103-001-1994-09186-01, Mg. Pon. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
50\u0002 CSJ. Sent. del 31 de agosto de 2010, exp. 54001-3103-001-1994-09186-01, Mg. Pon. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
51\u0002 CSJ. Sent. del 31 de agosto de 2010, exp. 54001-3103-001-1994-09186-01, Mg. Pon. Edgardo Villamil Portilla. <\/p>\n
52\u0002 GOMEZ, Jos\u00e9 J. Bienes. Reimpresi\u00f3n. Bogot\u00e1: Universidad Externado de Colombia. 1983, p. 496. <\/p>\n
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SC3254-2021 (2014-00084-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO Magistrado Ponente SC3254-2021 Radicaci\u00f3n: 15322-31-03-001-2014-00084-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual del veintitr\u00e9s de abril de 2021) Bogot\u00e1 D.C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- Derrotado el proyecto inicialmente presentado por el Magistrado Ponente, se resuelve por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}