SC3255-2021 (2014-00116-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
SC3255-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-31-03-003-2014-00116-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del ocho de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cuatro (04) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante LUZ AMPARO GAVIRIA V\u00c9LEZ frente a la sentencia proferida el 23 de abril de 2018 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en el proceso verbal que ella y PEDRO RAM\u00d3N KERGUEL\u00c9N RICARDO adelantaron contra el BANCO DE BOGOT\u00c1 S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el libelo rector de este juicio1, los accionantes solicitaron declarar que el demandado es civil y extracontractualmente responsable por el desv\u00edo ilegal y arbitrario de fondos de propiedad de Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez, girados por FINAGRO a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito de destinaci\u00f3n espec\u00edfica, y como consecuencia, pidieron condenar al convocado a pagarles los perjuicios causados, materiales (da\u00f1o emergente y lucro cesante) en la cifra estimada bajo juramento de sesenta y un mil trescientos seis millones cuatrocientos dos mil novecientos seis pesos con veinte centavos ($61.306.402.906,20), y los morales en un monto equivalente a cien (100) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, adujeron lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Siendo clientes del Banco de Bogot\u00e1 y para salir de una situaci\u00f3n econ\u00f3mica dif\u00edcil en los a\u00f1os 1995 y 1996, el gerente de esa entidad en la ciudad de Monter\u00eda les propuso gestionar un cr\u00e9dito de FINAGRO, para invertir en nuevos cultivos. <\/p>\n
2.2. El pr\u00e9stamo de ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000) fue aprobado a Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez, y su destinaci\u00f3n fue para actividades agr\u00edcolas, proviniendo el capital de FINAGRO y la intermediaci\u00f3n de la demandada. <\/p>\n
2.3. Esa entidad financiera dispuso de manera arbitraria e ilegal de esos dineros, mediante nota d\u00e9bito, para el pago de \u201csobregiros, fianzas y otras obligaciones\u201d a cargo de los demandantes y a favor de aquella. <\/p>\n
2.4. Por esos hechos, la demandante present\u00f3 denuncia por hurto contra el gerente del banco, acci\u00f3n penal que culmin\u00f3 el 30 de septiembre de 2011, con declaraci\u00f3n de cesaci\u00f3n por parte del Tribunal de Monter\u00eda. <\/p>\n
2.5. Todo lo anterior dio lugar a que los demandantes, que tienen v\u00ednculo de matrimonio, soportaran considerables p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y perjuicios sicol\u00f3gicos y da\u00f1os morales. <\/p>\n
2.6. Dentro del detrimento econ\u00f3mico est\u00e1n los gastos de abogado para el proceso penal, y las sumas dejadas de recibir por negocios que estaban previstos con lo recibido en pr\u00e9stamo. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Monter\u00eda, al que correspondi\u00f3 por reparto el conocimiento del asunto, lo admiti\u00f3 con auto del 16 de mayo de 20142, que notific\u00f3 por aviso a la accionada, quien enterada de la demanda, contest\u00f3 a cada uno de los hechos, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 como excepciones de m\u00e9rito las de \u201cinexistencia de conducta antijur\u00eddica por parte del Banco de Bogot\u00e1\u201d, \u201cpreclusi\u00f3n de la oportunidad procesal\u201d, \u201causencia del da\u00f1o indemnizable-ausencia de relaci\u00f3n de causalidad\u201d, \u201cenriquecimiento sin causa\u201d, \u201ctemeridad\u201d, \u201cprescripci\u00f3n\u201d, \u201cculpa de la v\u00edctima\u201d, \u201clegitimaci\u00f3n en la causa por activa\u201d y \u201cgen\u00e9rica\u201d3. <\/p>\n
4. El juzgador de conocimiento declar\u00f3 probada \u201cla excepci\u00f3n previa de prescripci\u00f3n extintiva\u201d respecto del demandante Pedro Ram\u00f3n Kerguel\u00e9n Ricardo, determinaci\u00f3n ratificada por el ad-quem4. <\/p>\n
5. La primera instancia culmin\u00f3 con la sentencia dictada en audiencia del 27 de julio de 2017, que desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a la accionante5. <\/p>\n
6. Para resolver la apelaci\u00f3n de la parte demandante, el Tribunal dict\u00f3 en audiencia el fallo de 23 de abril de 2018, que confirm\u00f3, por otros motivos, lo decidido por el a-quo6. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sus fundamentos se compendian, as\u00ed: <\/p>\n
1. Las pretensiones buscan que se declare al banco demandado civil y extracontractualmente responsable por las conductas antijur\u00eddicas e inmorales desplegadas al desviar arbitraria e ilegalmente fondos de propiedad de la demandante, conseguidos como producto de un cr\u00e9dito de destinaci\u00f3n espec\u00edfica otorgado por Finagro, a sabiendas de la imposibilidad de hacerlo. <\/p>\n
2. El a-quo debi\u00f3 abordar su estudio, independientemente del tipo de responsabilidad que los hechos pudiesen entra\u00f1ar, siendo desacertado afirmar que lo ac\u00e1 esgrimido incumb\u00eda exponerlo por v\u00eda de excepci\u00f3n en el proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el banco contra la se\u00f1ora Gaviria V\u00e9lez. <\/p>\n
3. Que entre las partes existiera un contrato de cuenta corriente, no implica per se, que las s\u00faplicas debieran encaminarse por la v\u00eda del incumplimiento contractual, pues lo que se interpreta de los hechos del libelo, es que siendo la demandante clienta del banco sufri\u00f3 un presunto menoscabo por el actuar arbitrario del mismo al descontar mediante nota d\u00e9bito unos recursos con destinaci\u00f3n espec\u00edfica. <\/p>\n
Por eso se estudian de fondo las pretensiones del pliego introductor y el origen de las obligaciones que se reclaman, teniendo en cuenta que la demanda est\u00e1 montada por la v\u00eda extracontractual, que seg\u00fan doctrina y jurisprudencia presupone un da\u00f1o, una relaci\u00f3n de causalidad entre aqu\u00e9l y el comportamiento de quien se le imputa su producci\u00f3n y un resultado consecuente que no es otra cosa que el perjuicio. <\/p>\n
4. En el proceso, la demandada acept\u00f3 que a la demandante, a trav\u00e9s de la l\u00ednea Finagro, le fue aprobado un cr\u00e9dito por ciento sesenta millones de pesos ($160.000.000), y tambi\u00e9n asinti\u00f3 sobre la nota d\u00e9bito que efectu\u00f3 a la cuenta corriente de su cliente, que constituye un hecho antijur\u00eddico, porque el banco conoc\u00eda el origen de los recursos girados a la cuenta corriente de la accionante, esto es, para el fomento agropecuario. <\/p>\n
Sab\u00eda la entidad financiera demandada, que conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 9 de la ley 16 de 1990, no pod\u00eda disponer de los recursos desembolsados en la cuenta corriente de la actora, muy a pesar de que contaba con autorizaci\u00f3n expresa para realizar notas d\u00e9bito. <\/p>\n
5. Est\u00e1 probado el nexo de causalidad entre el hecho y el da\u00f1o, por cuanto el resultado de la maniobra del banco no fue otra que la imposibilidad absoluta de la demandante de acceder a los recursos del cr\u00e9dito desembolsados y al incentivo ICR con fines espec\u00edficos. <\/p>\n
6. Con la demanda se reclama da\u00f1o emergente (pagos de honorarios de abogados en el proceso penal y las sumas que pidi\u00f3 prestado la demandante en negocios hechos con premura por la necesidad), lucro cesante (160 millones dejados de percibir con actualizaci\u00f3n e intereses) y lucro cesante consolidado (utilidad de 3 cosechas de arroz por a\u00f1o; desde el a\u00f1o 1998 que dej\u00f3 de producir la hacienda La Vitrina y los cultivos de ma\u00edz y algod\u00f3n). <\/p>\n
7. El da\u00f1o emergente no est\u00e1 acreditado en el proceso, esto es, que la demandante hubiera erogado 25 millones de pesos por concepto de honorario de abogados en un proceso penal, menos que hubiese triunfado en este la acci\u00f3n civil que se\u00f1ala. Tampoco est\u00e1 demostrado el presunto pr\u00e9stamo por la suma de 300 millones de pesos para atender negocios, ni que est\u00e9 relacionado con el hecho de no haber accedido a los recursos desembolsados por el concepto del cr\u00e9dito l\u00ednea Finagro, ni mucho menos que estos dineros hubiesen sido aplicados a reemplazar los 160 millones del cr\u00e9dito Finagro. <\/p>\n
8. El lucro cesante no se demuestra con la sola ocurrencia del hecho antijur\u00eddico, y adem\u00e1s no est\u00e1n acreditadas las ganancias presuntamente dejadas de percibir por la parte demandante, al no tener acceso a las sumas descontadas por el banco, pues tales rendimientos no pueden ser hipot\u00e9ticos ni eventuales, ni basta que se afirmen como sucede con las cosechas que se dice se llevar\u00edan a cabo sobre la hacienda la vitrina y dem\u00e1s predios que la componen. <\/p>\n
9. De la prueba pericial no se pueden extraer de forma cierta y real los perjuicios presuntamente sufridos por da\u00f1o emergente y lucro cesante y tampoco su monto, ya que solo se basan en estimaciones hechas en la demanda que a su vez carecen de soporte probatorio como se explic\u00f3 anteriormente. <\/p>\n
10. La documental sobre los procesos ejecutivos seguidos contra la demandante (1991-068-33 y 1996-00-144), da cuenta de que el primero se inici\u00f3 mucho antes de la ocurrencia del hecho da\u00f1oso, y el segundo, corresponde a una demanda presentada con base en un pagar\u00e9 suscrito el 3 de noviembre de 1995, por lo que tampoco puede tenerse como relacionado con el hecho antijur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed, entonces, no est\u00e1 corroborado el da\u00f1o como elemento concurrente para la declaratoria de la responsabilidad extracontractual, y en consecuencia, se confirmar\u00e1 la sentencia apelada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Cinco ataques se propusieron en ella, de los cuales, se admitieron el primero y el segundo. Los restantes no se aceptaron, por las razones plasmadas en la providencia AC1492-2019. <\/p>\n
En consecuencia, el examen se circunscribir\u00e1 a los dos embates admitidos, cuyo an\u00e1lisis se acometer\u00e1 en el orden propuesto, por ser el que en l\u00f3gica corresponde, toda vez que en el inicial se pidi\u00f3 la nulidad del fallo impugnado, mientras que en el segundo se denunci\u00f3 el quebranto indirecto de la ley sustancial, de lo que se sigue que debe comenzarse con el estudio de la invalidaci\u00f3n deprecada, por corresponder a un error in procedendo, y continuarse, en el supuesto de que tal reproche no merezca acogimiento, con el an\u00e1lisis de la otra acusaci\u00f3n, relativa a un yerro in judicando. <\/p>\n
Es del caso advertir, que si bien este proceso inici\u00f3 estando vigente el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la impugnaci\u00f3n extraordinaria de que se trata est\u00e1 sometida a las normas del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que cuando se formul\u00f3, esto es, el 30 de abril de 2018, este \u00faltimo estatuto ya hab\u00eda empezado a regir, incluso para esta clase de opugnaciones, ya que seg\u00fan lo dispuso el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 625 de la Ley 1564 de 2012, \u201clos recursos\u201d se \u201cregir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u201d. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con sustento en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, se le enrostra al Tribunal la nulidad del fallo de segunda instancia, por haber omitido completamente la exposici\u00f3n de las razones por las cuales desestim\u00f3 la pretensi\u00f3n por da\u00f1o moral. <\/p>\n
El ataque se desarrolla en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
1. La obligaci\u00f3n de fundamentar las sentencias emerge de los art\u00edculos 279 y 280 del C\u00f3digo General del Proceso, y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y su inobservancia vulnera el canon 29 superior. <\/p>\n
2. Dentro de las consideraciones expuestas por el ad-quem en el fallo reprochado, no hay siquiera una breve rese\u00f1a de los motivos por los que se deneg\u00f3 el da\u00f1o extrapatrimonial reclamado por Luz Amparo Gaviria, sin que se pueda decir que la simple desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, haga presumir que las razones para ello fueron las mismas que sirvieron para desechar los da\u00f1os patrimoniales. <\/p>\n
3. Es incuestionable que el sentenciador de segunda instancia incurri\u00f3 en el vicio de actividad que se denuncia, ante la ausencia radical y absoluta de razones para no aceptar el da\u00f1o moral, yerro que no ha sido saneado por cuanto surgi\u00f3 de la providencia atacada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Planteamiento del problema jur\u00eddico en este ataque y esquema para su resoluci\u00f3n <\/p>\n
Corresponde determinar en este cargo, si la alegada falta de motivaci\u00f3n de la sentencia de segunda instancia, en lo que se refiere a los perjuicios morales deprecados, es viable atacarla por el camino de la causal quinta de casaci\u00f3n, relativa al enviciamiento de un proceso por haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en la ley. <\/p>\n
Para cumplir, entonces, con ese objetivo, preciso es recordar lo que sobre el particular ha construido la doctrina de la Corte, y luego, a partir del criterio vigente, establecer los hallazgos pertinentes para el caso concreto, y al final, presentar las conclusiones de rigor. <\/p>\n
2. El encaje de la falta de motivaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n del fallo en la causal quinta de casaci\u00f3n <\/p>\n
2.1. La motivaci\u00f3n de las providencias judiciales se constituye en los ordenamientos jur\u00eddicos modernos en una garant\u00eda fundamental derivada o vinculada con el debido proceso, el acceso a la administraci\u00f3n de justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos, y que opera como un campo de protecci\u00f3n en el que los ciudadanos o justiciables obtengan una respuesta en derecho a la situaci\u00f3n jur\u00eddica que los convoca en un litigio determinado, y adem\u00e1s, es una prerrogativa que ofrece publicidad, transparencia y legitimidad a la actividad jurisdiccional, en el marco de un estado democr\u00e1tico, social y de derecho. <\/p>\n
La raz\u00f3n \u00faltima, entonces, que subyace al mandato de fundamentar las resoluciones judiciales, es la de, por un lado, permitir un control a las decisiones que se adoptan, pues la explicitaci\u00f3n de las razones por las que ellas se adoptan facilita la interposici\u00f3n adecuada de recursos o remedios procesales, y del otro, prevenir la arbitrariedad o capricho en los administradores de justicia, quienes al tener que incorporar en sus providencias los necesarios razonamientos sobre las normas y sobre las pruebas, no pueden eludir el camino que les marca el derecho vigente. <\/p>\n
No es gratuito, de esta forma, que se indique que la motivaci\u00f3n de una decisi\u00f3n judicial es algo m\u00e1s que una \u201ccortes\u00eda para con las partes\u201d, habida cuenta que con aquella se hace palpable que lo decidido es fruto de la raz\u00f3n, representada en argumentos de orden jur\u00eddico. <\/p>\n
De la importancia de fundamentar las decisiones judiciales, por supuesto que se ha ocupado la Corte Constitucional, que con la paulatina evoluci\u00f3n de su jurisprudencia ha se\u00f1alado que \u201cen el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia\u201d, porque, trat\u00e1ndose de las pruebas o de la determinaci\u00f3n de los hechos, por ejemplo, \u201cla \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez\u201d. De manera que, para dicha Corporaci\u00f3n, \u201cLa motivaci\u00f3n [\u2026] es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa\u201d7. <\/p>\n
A su turno, desde la perspectiva convencional tambi\u00e9n se encuentra como imperativo el deber de motivar, siendo la base de esta afirmaci\u00f3n los art\u00edculos 8\u00b0 y 25 del Pacto de San Jos\u00e9. En cuanto al concreto deber de fundamentar las resoluciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indic\u00f3, en su momento, que \u201clas decisiones que adopten los \u00f3rganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario ser\u00edan decisiones arbitrarias\u201d8, a la vez que ha se\u00f1alado que \u201cla motivaci\u00f3n es la exteriorizaci\u00f3n de la justificaci\u00f3n razonada que permite llegar a una conclusi\u00f3n\u201d9. Debe mencionarse, asimismo, que para la Corte IDH, la sola invocaci\u00f3n de un precepto legal que una entidad estima aplicable a un caso, no es suficiente para satisfacer la exigencia de motivaci\u00f3n, sino que es preciso se\u00f1alar las razones por las que la norma subsume los hechos concretos10. <\/p>\n
De la universalizaci\u00f3n de la exigencia de motivar los fallos judiciales da cuenta, por ejemplo, la Corte de Estrasburgo, para la que en el contexto del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, la obligaci\u00f3n de fundamentar o motivar las resoluciones permite cumplir, entre otras funciones, la de servir como oportunidad para que las autoridades nacionales justifiquen sus actos; la de demostrar que las partes han sido o\u00eddas; la de permitir ejercer de manera efectiva el derecho de impugnaci\u00f3n, ante un organismo que revise la decisi\u00f3n; y la de viabilizar el examen del p\u00fablico11. <\/p>\n
2.2. La Corte en las diferentes sedes a que se ve afrontada en su tarea continua de administrar justicia, esto es, casaci\u00f3n, revisi\u00f3n y tutelas, no ha soslayado el papel fundamental de la motivaci\u00f3n en la confecci\u00f3n de las providencias judiciales, y mucho menos su estrecho v\u00ednculo con los derechos fundamentales al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. <\/p>\n
Mas a pesar de esa relevancia, la doctrina actual de la Corte es de la idea de que la falta absoluta o parcial de motivaci\u00f3n no constituye un motivo estructurante de nulidad procesal, y por lo mismo, no encaja dentro de la hip\u00f3tesis abstracta consagrada en la causal quinta de casaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, los eventos de invalidaci\u00f3n que recoge el estatuto adjetivo actual, as\u00ed como el anterior, se corresponden con supuestos de invalidaci\u00f3n de actos procesales jurisdiccionales, y la motivaci\u00f3n de la sentencia es tema sustancial, porque no significa ausencia de una formalidad en el andamiaje del proceso. <\/p>\n
Hoy, entonces, la jurisprudencia de la Corte se ha inclinado por no conferir la naturaleza de vicio procesal a la falta absoluta o parcial de motivaci\u00f3n de las sentencias, postura que, claramente recogen los pronunciamientos m\u00e1s recientes de la Sala, como el de 7 de diciembre de 2020, SC4857-2020, en el cual se record\u00f3 que <\/p>\n
\u2026 esta Corporaci\u00f3n, en desarrollo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, admiti\u00f3 en \u00e9poca pret\u00e9rita que la carencia de fundamentos de los fallos judiciales entra\u00f1aba la nulidad de los mismos y que tal vicio, por ende, pod\u00eda plantearse a la luz de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, enfatizando siempre que la configuraci\u00f3n de ese defecto exig\u00eda que la \u201cfalta de motivaci\u00f3n (\u2026) sea total o radical\u201d, sin que en tal concepto quepan los razonamientos \u201cescasos o incompletos\u201d, puesto que \u201cl\u00f3gicamente se est\u00e1 en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivaci\u00f3n insuficiente y otra la ausencia de motivaci\u00f3n)\u201d y porque \u201cen la pr\u00e1ctica no habr\u00eda luego c\u00f3mo precisar cu\u00e1ndo la cortedad en las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cu\u00e1ndo no lo puede ser\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, destac\u00f3 ese fallo que <\/p>\n
\u201c\u2026 la fundamentaci\u00f3n de las sentencias, corresponde a un componente de su esencia, y no a un requisito meramente formal de ellas, pues es all\u00ed donde el encargado de su proferimiento reconstruye, con base las pruebas de que dispone, los hechos que integran la controversia; donde realiza la labor de subsunci\u00f3n de los mismos, en las normas legales, a efecto de determinar las aplicables al caso; donde extracta de los preceptos as\u00ed identificados, los efectos jur\u00eddicos que prev\u00e9n; y donde adopta, respaldado en esa diagnosis jur\u00eddica, las determinaciones con las que fulmina el proceso\u201d. <\/p>\n
Por lo que, al hilo de las anteriores premisas, estim\u00f3 la referida sentencia, que <\/p>\n
\u201c\u2026 es en la motivaci\u00f3n donde se concentra la labor de juzgamiento efectuada por el respectivo sentenciador y, por lo mismo, la carencia de fundamentos o las graves deficiencias de los mismos, son defectos que conciernen con ese labor\u00edo de los jueces y no con la forma o la construcci\u00f3n de los juicios\u201d. <\/p>\n
Y trasladando lo deducido al campo de la casaci\u00f3n, apunt\u00f3 finalmente que en este <\/p>\n
\u201c\u2026 como se sabe, s\u00f3lo existen dos tipos de yerros, los de juzgamiento y los de actividad, correspondiendo los primeros al desacierto de los fundamentos jur\u00eddicos y\/o f\u00e1cticos que sirven de apoyatura a las decisiones adoptadas, que desembocan en la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, y los segundos, a la indebida hechura del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que lo regulan, es obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son desatinos de la primera clase se\u00f1alada, cuyo an\u00e1lisis puede hacerse a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, ahora, de las dos iniciales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. Propio es a\u00f1adir que cuando es total la carencia de fundamentos o los esgrimidos carecen de sentido y, por lo mismo, son incomprensibles, es obvio que mal podr\u00eda exigirse al recurrente en casaci\u00f3n cuestionar unos argumentos que no existen o que, por vac\u00edos, ambiguos e inextricables, no pueden determinarse. En esas hip\u00f3tesis, basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. Es que en los supuestos de que se trata, ausencia total de motivaci\u00f3n o aducci\u00f3n de unos argumentos indescifrables, lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto del capricho del respectivo juzgador, estado de cosas que trasluce que \u00e9l resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y que, por ende, hizo o dej\u00f3 de hacer actuar la ley de forma igualmente antojadiza. En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, o por la indirecta, si las razones aducidas comprometen la apreciaci\u00f3n que de la plataforma f\u00e1ctica efectu\u00f3 el administrador de justicia, ya sea que se configure un error de hecho o uno de derecho\u201d. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis concreto del cargo y conclusi\u00f3n <\/p>\n
Sentado lo anterior, se impone la desestimaci\u00f3n del cargo que se viene analizando, por ser evidente su inapropiado planteamiento, toda vez que la alegada falta absoluta de motivaci\u00f3n en la sentencia de segunda instancia respecto de los perjuicios morales solicitados en la demanda no es, a la luz de la vigente codificaci\u00f3n adjetiva civil (art. 133), motivo de nulidad procesal, por lo que, el desatino que se le endilga al Tribunal debe, como lo ense\u00f1a la jurisprudencia actual, expresarse por el camino de la infracci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Se acusa la sentencia del Tribunal de violar, indirectamente, los art\u00edculos 1613, 1614, 2341 y 2343 del C\u00f3digo Civil, y 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de errores de hecho al preterir algunos testimonios, con lo que se probaba el da\u00f1o moral. <\/p>\n
Al desarrollar el embate, explic\u00f3: <\/p>\n
1. En su decisi\u00f3n de segunda instancia, el ad-quem asegur\u00f3 que los elementos de la responsabilidad alegada estaban estructurados, pero cuando emprendi\u00f3 el estudio del da\u00f1o concluy\u00f3 que no estaba demostrado, y ah\u00ed anida el desatino, porque en lo concerniente al extrapatrimonial, existen suficientes pruebas en el plenario. <\/p>\n
2. El da\u00f1o moral es la afectaci\u00f3n inmaterial infligida a la v\u00edctima y dadas sus condiciones particulares, su establecimiento y tasaci\u00f3n est\u00e1 sometida a requisitos especiales. <\/p>\n
En el expediente hay elementos de juicio que prueban esa \u201cafectaci\u00f3n interna\u201d de la demandante, como el interrogatorio de parte que ella absolvi\u00f3, en donde se\u00f1al\u00f3: \u201cA nosotros nos cerraron las puertas, ya no nos fiaban nada, la finca que ten\u00edamos, la finquita que ten\u00edamos en Bellatriz que se llamaba El Amparo, nos toc\u00f3 venderla tambi\u00e9n, vivimos all\u00e1 cuando salimos de la casa que entregamos, la casa del banco, nos toc\u00f3 irnos para all\u00e1 a vivir, lo que yo ten\u00eda ah\u00ed me toc\u00f3 entreg\u00e1rselo a muchas personas, las cortinas, las camas de mis hijos, todo eso yo lo entregu\u00e9, porque como yo en la finquita no ten\u00eda en [qu\u00e9] dormir se las entregu\u00e9\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido aparece el testimonio de Pedro Ram\u00f3n Kerguelen Ricardo, quien al declarar manifest\u00f3: \u201c\u00bfC\u00f3mo es posible que el Banco de Bogot\u00e1 haya acabado con la vida de una persona que le hab\u00eda rendido tantos beneficios? Lo mismo con mi esposa, usted no alcanza a imaginar doctora lo que nosotros hemos vivido, \u00bfusted sabe lo que es construir la subsistencia de uno en la penumbra, en el ostracismo, en el rechazo?\u201d. <\/p>\n
3. Con el interrogatorio y el testimonio citados, quedaron en evidencia el dolor, sufrimiento, aflicci\u00f3n y zozobra padecidos por la accionante a consecuencia del actuar antijur\u00eddico de la demandada. <\/p>\n
4. El Tribunal tambi\u00e9n cometi\u00f3 error de hecho al ignorar varias pruebas documentales, que acreditaban el da\u00f1o emergente solicitado, particularmente los honorarios pagados a un abogado contratado para clarificar la conducta de la entidad bancaria. <\/p>\n
En los folios 562, 563, 564 y 565 del cuaderno principal aparecen cuatro recibos de pagos por nueve millones ochocientos mil pesos ($9.800.000) al abogado que gest\u00f3 los intereses de la demandante en una causa criminal, y que hacen parte de un dictamen pericial rendido para este proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n jur\u00eddica que se formula en el cargo y esquema para resolverlo <\/p>\n
La Sala encuentra que, de acuerdo con el objeto de este segundo cargo, cumple establecer si en la sentencia censurada se cometieron los errores de hecho denunciados, al omitir pronunciarse sobre las pruebas con las cuales se asegura est\u00e1 demostrado en el proceso el perjuicio causado a la demandante Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez con el actuar antijur\u00eddico de la entidad financiera convocada, en la modalidad de da\u00f1o moral y da\u00f1o emergente. <\/p>\n
En tal marco y para dilucidar esa problem\u00e1tica, (i) se recordar\u00e1 en qu\u00e9 consiste el desatino f\u00e1ctico en la ponderaci\u00f3n de las pruebas, como motivo fundante del recurso de casaci\u00f3n; (ii) despu\u00e9s se relacionar\u00e1 el contenido material de las pruebas en las que recae la censura; y (iii) por \u00faltimo, se evaluar\u00e1 el asunto concreto y se presentar\u00e1n las conclusiones pertinentes, que vienen a ser la respuesta al problema jur\u00eddico que ac\u00e1 concierne. <\/p>\n
2. El error de hecho en la valoraci\u00f3n de las pruebas <\/p>\n
En m\u00faltiples ocasiones ha destacado la Sala, que en la determinaci\u00f3n que el juzgador haga de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica a fin de subsumir la voluntad abstracta de la ley, es posible que cometa errores en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, que cuando son de hecho, se materializan en el evento en el que el fallador cree equivocadamente en la existencia o inexistencia del medio de acreditaci\u00f3n en el proceso, o cuando al existente le da una \u201cinterpretaci\u00f3n ostensiblemente contraria a su contenido\u201d12, o cuando simplemente se pasan por alto las pruebas que de un determinado aspecto f\u00e1ctico obra en el proceso. <\/p>\n
El error de hecho que posibilita el rompimiento del fallo impugnado en casaci\u00f3n, presupone como requisitos que sea evidente y trascendente; lo primero tiene que ver con su notoriedad y gravedad, esto es, que \u201ca simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte absolutamente contrario a la evidencia del proceso\u201d13; y lo segundo, ata\u00f1e a que haya sido determinante en el sentido de la decisi\u00f3n confutada, \u201cvale decir, en la medida que haya sido determinante de la decisi\u00f3n final, en una relaci\u00f3n necesaria de causa a efecto\u201d14. <\/p>\n
En definitiva, como lo ha dicho la Corte, tambi\u00e9n en tiempos recientes15, <\/p>\n
\u201c(\u2026) el error de hecho ocurre cuando el juzgador supone, omite o altera el contenido de los medios de convicci\u00f3n, siempre y cuando dicha anomal\u00eda influya en la forma en que se desat\u00f3 el debate, de tal manera que de no haber ocurrido otro fuera el resultado, por lo que quien lo formula tiene la severa tarea argumentativa de acreditar lo que aparece palmario o demostrado con contundencia, la protuberante inconsistencia entre lo que objetivamente se desprende de tales pruebas y las conclusiones de aqu\u00e9l, as\u00ed como la trascendencia del dislate sobre lo resuelto, amen que no cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda la del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u201d. <\/p>\n
3. Las pruebas sobre las que recae el error de hecho <\/p>\n
El contenido material de los medios de acreditaci\u00f3n que se dicen omitidos por el Tribunal, es el siguiente: <\/p>\n
3.1. Documentos: se trata de cuatro \u201ccomprobantes de egreso\u201d aportados junto con el dictamen pericial que se rindi\u00f3 en el proceso para \u201cdeterminar los perjuicios materiales\u201d16. <\/p>\n
3.1.1. En el primero de ellos se deja constancia de un pago en la ciudad de Monter\u00eda, el primero de diciembre de 2008, por tres millones setecientos mil pesos ($3.700.000), por concepto de honorarios al \u201cDr. Lesmes Corredor Prins\u201d17. <\/p>\n
3.1.2. En el segundo de un pago en la ciudad de Monter\u00eda, el veintiuno de diciembre de 2007, por setecientos mil pesos ($700.000), por concepto de honorarios al \u201cDr. Lesmes Corredor Prins\u201d18. <\/p>\n
3.1.3. En el tercero de un pago en la ciudad de Monter\u00eda, el primero de diciembre de 2008, por dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000), por concepto de honorarios al \u201cDr. Lesmes Corredor Prins\u201d19. <\/p>\n
3.1.4. En el cuarto y \u00faltimo de un pago en la ciudad de Monter\u00eda, el veinticinco de febrero de 2008, por dos millones setecientos mil pesos ($2.700.000), por concepto de honorarios al \u201cDr. Lesmes Corredor Prins\u201d20. <\/p>\n
3.2. Declaraci\u00f3n de parte de Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez <\/p>\n
En el segmento destacado en el embate, y que se afirma como omitido, la demandante relat\u00f3 en audiencia: <\/p>\n
\u201cA nosotros nos cerraron las puertas, ya no nos fiaban nada, la finca que ten\u00edamos, la finquita que ten\u00edamos all\u00e1 en Bellatriz, que se llamaba El Amparo, nos toc\u00f3 tambi\u00e9n venderla, vivimos all\u00e1 cuando salimos de la casa que entregamos, la casa del Banco, nos toc\u00f3 irnos para all\u00e1 a vivir, lo que yo ten\u00eda ah\u00ed me toc\u00f3 entreg\u00e1rselo a muchas personas, las cortinas, las camas de mis hijos, todo eso lo entregu\u00e9, porque como yo en la finquita no ten\u00eda d\u00f3nde dormir se las entregu\u00e9, mire, yo no tengo con qu\u00e9 pagarles, les entregamos esto\u201d21. <\/p>\n
3.3. Declaraci\u00f3n de parte de Pedro Ram\u00f3n kerguel\u00e9n Ricardo <\/p>\n
En el fragmento que se destaca en el cargo, el otro accionante dijo en el interrogatorio que absolvi\u00f3 en audiencia: <\/p>\n
\u201cC\u00f3mo es posible que el Banco de Bogot\u00e1 haya acabado con la vida de una persona que le hab\u00eda rendido tantos beneficios, lo mismo con mi esposa, usted no se alcanza a imaginar doctora lo que nosotros hemos vivido, \u00bfusted sabe lo que es construir la subsistencia de uno en la penumbra, en el ostracismo, en el rechazo, en que ya yo no ten\u00eda deseos ni de vivir, donde me tocaba hacer permanentemente presencia en los Despachos judiciales para atender requerimientos de embargos, de remates, me sacaron los muebles de mi casa, en cualquier cantidad de oportunidades, el Banco me quita mi casa con la figura de la daci\u00f3n en pago, para terminar de pagarse, porque era para terminar de pagarse el Banco, con la amenaza de que si no lo hac\u00edamos, nos la remataba, esa fue la estrategia intimidatoria del Banco\u2026\u201d22. <\/p>\n
4. Estudio concreto del cargo <\/p>\n
Partiendo de la base -indisputada ahora en sede de casaci\u00f3n- de que en la sentencia del Tribunal se dieron por sentados los presupuestos de la responsabilidad civil reclamada, con excepci\u00f3n de uno de ellos, el da\u00f1o, la censura sostiene que se cometi\u00f3 error de hecho al preterir los medios con los que se acredita el perjuicio moral y el material, este \u00faltimo, en la modalidad de da\u00f1o emergente. <\/p>\n
4.1. Frente al desatino f\u00e1ctico, en lo que ata\u00f1e al da\u00f1o moral, se tiene: <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el da\u00f1o moral, entendido en su sentido estricto, esta Corporporaci\u00f3n ha se\u00f1alado, con suficiente claridad, que \u201cest\u00e1 circunscrito a la lesi\u00f3n de la esfera sentimental y afectiva del sujeto, \u2018que corresponde a la \u00f3rbita subjetiva, \u00edntima o interna del individuo\u2019 (sentencia de 13 de mayo de 2008), de ordinario explicitado material u objetivamente por el dolor, la pesadumbre, perturbaci\u00f3n de \u00e1nimo, el sufrimiento espiritual, el pesar, la congoja, aflicci\u00f3n, sufrimiento, pena, angustia, zozobra, desolaci\u00f3n, impotencia u otros signos expresivos\u201d, que se concretan \u201cen el menoscabo de los sentimientos, de los afectos de la v\u00edctima y, por lo tanto, en el sufrimiento moral, en el dolor que la persona tiene que soportar por cierto evento da\u00f1oso\u201d23. <\/p>\n
Por lo tanto, cuando el an\u00e1lisis de la responsabilidad que se invoca, se centra en el examen del da\u00f1o causado a la v\u00edctima (ll\u00e1mese patrimonial o extrapatrimonial, econ\u00f3mico o moral), lo que al final de cuentas se examina es si hay o no prueba del mismo, sin perjuicio de los casos, bien limitados y definidos, en los que opera una presunci\u00f3n de su causaci\u00f3n, como por ejemplo, en el da\u00f1o moral producido por la muerte de un familiar pr\u00f3ximo <\/p>\n
En cuanto hace a la prueba del da\u00f1o en general, y ah\u00ed encaja el moral en particular, es indiscutible que para su determinaci\u00f3n acuden en ayuda de la parte que los reclama y sobre quien pesa la carga de demostrarlo, \u201ctodos los medios de convicci\u00f3n que, l\u00edcitos y conducentes ofrezcan directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, un panorama tal que persuada al juzgador de la clara configuraci\u00f3n de este elemento esencial del d\u00e9bito aludido\u201d25. <\/p>\n
En ese orden y teniendo en cuenta el sistema de libertad probatoria que consagra el ordenamiento, dentro de las pruebas que es posible aportar para la corroboraci\u00f3n del da\u00f1o moral que se esgrime dentro de un proceso, bien puede estar la declaraci\u00f3n de parte, que seg\u00fan el art\u00edculo 165 del C\u00f3digo General del Proceso es uno de los medios de acreditaci\u00f3n, y que de acuerdo con el inciso final del 191 del mismo estatuto, se debe valorar conforme a \u201clas reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d. <\/p>\n
Pues bien, entrada en materia la Corte, advierte que el Tribunal, en la providencia censurada en casaci\u00f3n, no hizo ning\u00fan pronunciamiento sobre el da\u00f1o moral cuyo resarcimiento se solicit\u00f3 en la demanda, y de contera tampoco lo efectu\u00f3 en relaci\u00f3n con los dos medios de prueba que, seg\u00fan la aqu\u00ed accionante, demuestra ese perjuicio extrapatrimonial. <\/p>\n
La omisi\u00f3n en valorar en el fallo confutado las declaraciones de parte de Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez y de Pedro Ram\u00f3n Kerguel\u00e9n Ricardo, dan para considerar, entonces, que el ad-quem ciertamente cometi\u00f3 el error de hecho que se denuncia, pues es ostensible que nada se dijo respecto de esos medios que militan en el plenario. <\/p>\n
Sin embargo, ese yerro no trasciende en casaci\u00f3n, porque al entrar a examinar el contenido de tales pruebas, en el fragmento indicado por la impugnante, nada con entidad suficiente se extrae de all\u00ed como para inferir, en verdad, la causaci\u00f3n de perjuicios morales a Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez, en virtud de la conducta que se le reproch\u00f3 al Banco y que el Tribunal acept\u00f3 como censurable civilmente, consistente en el d\u00e9bito de dineros consignados en cuenta corriente por un pr\u00e9stamo de Finagro, y que se aplicaron para el pago de otras deudas contra\u00eddas por los accionantes para con la accionada. <\/p>\n
En efecto, esas pruebas no otorgan certidumbre absoluta del dolor, padecimiento, congoja o menoscabo de los derechos inherentes a la persona de la recurrente en casaci\u00f3n, como consecuencia de la afirmada actuaci\u00f3n culposa del Banco, pues, Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez apenas relat\u00f3 en su declaraci\u00f3n algunas vicisitudes materiales a las que se vi\u00f3 abocada, siendo ellas, que no le fiaban, y la venta de una finca que ten\u00eda, junto con los enseres con que estaba provista; y Pedro Ram\u00f3n Kergul\u00e9n Ricardo se limit\u00f3 a relatar las dificultades personales por las que pas\u00f3 \u00e9l (subsistir en la penumbra, en el ostracismo, en el rechazo), y de forma muy general, esto es, sin ahondar en detalles, dijo que lo mismo sucedi\u00f3 con \u201csu esposa\u201d. <\/p>\n
En consecuencia de lo expuesto, el yerro f\u00e1ctico denunciado, en lo tocante a la prueba de los perjuicios morales, resulta intrascendente, y, en ese orden, no cumple unos de los requisitos para romper el fallo cuestionado. <\/p>\n
No sobra agregar, que si bien el ordenamiento vigente le otorga m\u00e9rito demostrativo a las declaraciones de la parte vertidas en su interrogatorio y que no constituyen confesi\u00f3n, su fuerza parte de contrastar lo que relatan los contendientes o con otras probanzas, pues de no ser as\u00ed, bastar\u00eda lo aseverado por uno de ellos para tener por demostrado el derecho cuyo reconocimiento persiguen, dejando de lado el cardinal principio de la carga de la prueba. <\/p>\n
Y aplicado lo anterior, a este caso, se tiene que am\u00e9n de que las declaraciones de parte no contienen, en estricto orden, menci\u00f3n sobre verdaderos aspectos constitutivos del da\u00f1o moral, en el cargo no se relaciona otra prueba que, preterida por el Tribunal, complementara lo aseverado por los demandantes, o que por s\u00ed diera una pista o se\u00f1al del detrimento de orden subjetivo peticionado. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo que se acaba de anotar sobre la simple declaraci\u00f3n de parte, esta Sala ya ha indicado, que como medio probatorio es \u00fatil, entre varios efectos, para \u201ccaminar hacia la certeza judicial de los hechos acaecidos y objeto de juzgamiento\u201d26, pero sin ignorar que <\/p>\n
\u201cLa aplicaci\u00f3n del ordenamiento adjetivo consagrado en el C\u00f3digo General del Proceso, en aras de dar valor probatorio a la simple declaraci\u00f3n de parte (art. 191 in fine), no impone al juez el acogimiento, sin m\u00e1s, de tal versi\u00f3n; por el contrario se previ\u00f3 en dicha regla que \u2018[l]a simple declaraci\u00f3n de parte se valorar\u00e1 por el juez de acuerdo con las reglas generales de apreciaci\u00f3n de las pruebas\u2019. Esto traduce que la estimaci\u00f3n del juzgador acerca del acervo probatorio sigue siendo conjunta, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. En otros t\u00e9rminos, la declaraci\u00f3n de parte no tiene valor de plena prueba, pues esta no fue la intenci\u00f3n del legislador de 2012, de all\u00ed que la versi\u00f3n dada por el demandante en el sub lite no pudiera ser acogida, per se, como pareciera implorarlo en su embate casacional, siendo menester confrontarla con los restantes elementos suasorios, a lo que se sigue\u201d27. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, m\u00edrenseles por donde se le quiera mirar, las declaraciones de los demandantes no ofrecen certeza sobre el perjuicio moral impetrado, circunstancia que, se reitera, hace intrascedente el yerro f\u00e1ctico denunciado. <\/p>\n
4.2. Frente al desatino f\u00e1ctico, en lo que ata\u00f1e al da\u00f1o patrimonial por el rubro de pagos a un profesional del derecho, se observa que en su sentencia de segunda instancia, el Tribunal consider\u00f3 respecto de ese punto, que \u201csobre el da\u00f1o emergente solicitado se tiene que no est\u00e1 acreditado en el proceso que la demandante hubiese erogado la suma de veinticinco millones de pesos por concepto de honorarios de abogado del proceso penal, tampoco que hubiese triunfado la acci\u00f3n civil que se\u00f1ala, puesto que el tr\u00e1mite procesal culmin\u00f3 con preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n por muerte del enjuiciado se\u00f1or Jairo Pe\u00f1a Zibaja, y el resultado de la presente acci\u00f3n de responsabilidad es diferente\u201d. <\/p>\n
Por su parte, en el cargo se aduce que el ad-quem cometi\u00f3 error de hecho al ignorar varias pruebas documentales, que acreditan los honorarios pagados a un abogado contratado para clarificar la conducta de la entidad bancaria, siendo estos, los escritos que aparecen a folios 562, 563, 564 y 565 del cuaderno principal, que corresponden a recibos de erogaciones por nueve millones ochocientos mil pesos ($9.800.000), y que hacen parte de un dictamen pericial rendido para este proceso. <\/p>\n
As\u00ed pues, se advierte al contrastar lo considerado en el fallo censurado con lo argumentado en el embate, que uno de los fundamentos esenciales para desestimar el reconocimiento del aludido da\u00f1o emergente, esto es, el relativo a que \u201cel tr\u00e1mite procesal culmin\u00f3 con preclusi\u00f3n de la acci\u00f3n por muerte del enjuiciado se\u00f1or Jairo Pe\u00f1a Zibaja, y el resultado de la presente acci\u00f3n de responsabilidad es diferente\u201d, no fue combatido o desviertuado por la casacionista. <\/p>\n
En esas condiciones, el ataque luce incompleto, y por lo mismo, carente de virtud para derruir la sentencia de segunda instancia, defecto en relaci\u00f3n con el cual, la Corte ha dicho que <\/p>\n
\u201c[\u2026] habida cuenta del car\u00e1cter eminentemente dispositivo y restringido de la casaci\u00f3n, anteriormente advertido, cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, con lo que se quiere significar que ellas deben combatir las genuinas razones, jur\u00eddicas o f\u00e1cticas, que soportan el fallo impugnado, y no unas extra\u00f1as a \u00e9l, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginaci\u00f3n, o inventiva; y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (\u2026). En pocas palabras: el cargo fundado en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso] debe estar debidamente enfocado y ser completo o, lo que es lo mismo, debe controvertir directamente la totalidad de los aut\u00e9nticos argumentos que respaldan la decisi\u00f3n combatida\u201d28. <\/p>\n
Siendo patente entonces que el embate es incompleto por no haber fustigado todos los argumentos que llevaron a no acoger el reclamo por da\u00f1o emergente, en cuanto a los mentados honorarios, esta acusaci\u00f3n est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
Al margen de lo anterior, y estrictamente no se encuentra error de hecho en el razonamiento del Tribunal que se\u00f1al\u00f3, que \u201cno est\u00e1 acreditado en el proceso que la demandante hubiese erogado la suma de veinticinco millones de pesos por concepto de honorarios de abogado del proceso penal\u201d, pues, visto el contenido de cada uno de los cuatro comprobantes de egreso en los que se centra la acusaci\u00f3n, es decir, los que militan a folios 562, 563, 564 y 565, en ninguno de ellos se dice o deja constancia que el pago efectuado al abogado Lesmes Corredor Prins proviniera del patrimonio de Luz Amparo Gaviria V\u00e9lez, demandante y recurrente en casaci\u00f3n, cuya recomposici\u00f3n es la que ac\u00e1 se persigue, habida cuenta que muy temprano, este proceso civil culmin\u00f3 para el otro accionante, Pedro Ram\u00f3n Kerguel\u00e9n Ricardo. <\/p>\n
En definitiva, el cargo escrutado est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 23 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, en el proceso que se dej\u00f3 plenamente identificado al inicio de este prove\u00eddo. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. Como la demanda con la que se sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n, fue replicada oportunamente por el accionado, se fija como agencias en derecho la suma de $6.000.000.oo. La correspondiente liquidaci\u00f3n de costas, se elaborar\u00e1 de forma integrada, atendiendo los par\u00e1metros dispuestos en el C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala me permito presentar los argumentos por los cuales, a pesar de tener la convicci\u00f3n de que las deficiencias graves de motivaci\u00f3n deben dar lugar a la prosperidad del remedio casacional por la senda de la causal quinta, lo cierto es que la doctrina probable de la Corporaci\u00f3n me impone abandonar mi posici\u00f3n y asumir la mayoritaria. <\/p>\n
1. La motivaci\u00f3n como elemento de las sentencias. <\/p>\n
1.1. Las sentencias, conforme al art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, son manifestaciones judiciales \u00abque deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de m\u00e9rito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien\u00bb, las cuales, seg\u00fan el canon 55 de la ley 270 de 1996, deben referirse a \u00abtodos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
Estructuralmente, adem\u00e1s del encabezado y la firma del funcionario judicial, se compone de (I) una motivaci\u00f3n breve y precisa (art\u00edculo 279 del CGP), acotada \u00abal examen cr\u00edtico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, con indicaci\u00f3n de las disposiciones aplicadas\u00bb, y (II) una \u00abparte resolutiva\u2026 [que] deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios\u2026 y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir\u00bb (art\u00edculo 280 del CGP). <\/p>\n
La sentencia, en suma, se compone de (I) una fundamentaci\u00f3n, (II) una decisi\u00f3n y (III) el acto de asentimiento del funcionario judicial. Por motivaci\u00f3n se entiende la sumatoria de razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que el juez esgrime para soportar su resoluci\u00f3n; total, \u00abya no es suficiente el argumento de autoridad, que en alg\u00fan momento residi\u00f3 en la personalidad del juez y despu\u00e9s se traslado a la ley; ahora son m\u00e1s importantes las razones que justifican la decisi\u00f3n adoptada\u2026 que exponga las razones que le han llevado a dicho fallo, pero que justifique, tambi\u00e9n, por qu\u00e9 ha tomado esa decisi\u00f3n entre distintas alternativas\u00bb29. El decisum es la soluci\u00f3n que, frente al problema jur\u00eddico particular, adopta el sentenciador; dicho de otra forma, es \u00abla resoluci\u00f3n concreta del caso\u00bb que \u00abaparece de manera expl\u00edcita identificado luego de la expresi\u00f3n \u2018Resuelve\u2019\u00bb (CC, T-292\/06). Por \u00faltimo, la aquiescencia del juez se expresa en el acto de exteriorizar su decisi\u00f3n, ora por fuerza de la suscripci\u00f3n del documento que la contiene, o por su proferimiento de viva voz. <\/p>\n
Los dilucidados ingredientes deben concurrir en el veredicto, so pena de que carezca de uno de sus componentes esenciales y, por ende, est\u00e9 llamado a perder sus efectos jur\u00eddicos. Tendr\u00eda \u00abuna especie de vida artificial hasta el d\u00eda de su efectiva invalidaci\u00f3n; pero la gravedad de su defecto impide que sobre \u00e9l se eleve un acto v\u00e1lido\u00bb30. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina especializada asevere, en punto a la ausencia de fundamentaci\u00f3n, que la sentencia \u00abdebe revocarse\u2026 pues le falta un elemento inherente a su existencia\u00bb (negrita fuera de texto)31. Lo mismo sucede frente a la falta de ac\u00e1pite resolutivo, por omitir el ingrediente central de la actividad judicial. Por \u00faltimo, como la expresi\u00f3n de voluntad del funcionario judicial le otorga existencia a la providencia, la carencia de firma o de manifestaci\u00f3n p\u00fablica en audiencia deba conducir a la \u00abnulidad o inexistencia del acto\u00bb32. <\/p>\n
1.2. El valor superlativo que actualmente se concede a la motivaci\u00f3n tiene explicaci\u00f3n en las exigencias propias del estado democr\u00e1tico de derecho, el cual excluye la admisibilidad de actos de simple poder, por cuanto todos ellos deben satisfacer condiciones de legitimidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que: <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad como medio para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado constitucional (negrilla fuera de texto, SC10223, 1\u00b0 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2005-01034-01) <\/p>\n
Como la motivaci\u00f3n es el mecanismo fundamental para legitimar la actuaci\u00f3n de los funcionarios judiciales, en tanto descarta que sus determinaciones sean fruto del capricho, subjetividad u otras razones espurias, deviene inexcusable que todas las providencias cuenten con ella; en consecuencia, motivar dej\u00f3 de ser una prerrogativa, para convertirse en un verdadero deber en cabeza de todos los jueces. <\/p>\n
La Sala, siguiendo las ense\u00f1anzas de Michele Taruffo, ha doctrinado: <\/p>\n
[L]a motivaci\u00f3n es una condici\u00f3n de \u2018jurisdiccionalidad\u2019 de los mandatos del juez \u2018en el sentido de que los mismos constituyen la expresi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n cuando se encuentran motivados\u00bb y se vincula coherentemente con la naturaleza de esa funci\u00f3n del Estado democr\u00e1tico \u00aben la medida en la que presupone la posibilidad de controlar, de una manera amplia y externa, las modalidades de ejercicio del poder que se le confiere al juez\u2019 (SC5408, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00691-000). <\/p>\n
Expresado de otra forma, s\u00f3lo ante la revelaci\u00f3n de las razones que sirvieron para fallar es posible que las providencias judiciales se sometan al escrutinio p\u00fablico, permitiendo su contrastaci\u00f3n con el derecho vigente, los precedentes vinculantes y dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente, condici\u00f3n necesaria para que adquieran legitimaci\u00f3n entre los asociados. <\/p>\n
No en vano la Sala ha dicho que la motivaci\u00f3n \u00abes inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u00bb (SC5408, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00691-00). <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional asegur\u00f3: <\/p>\n
La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u2026 (T-214\/2012). <\/p>\n
Este escenario, distante de los sistemas de juzgamiento basados en actos de autoridad y no de justificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, explica que la motivaci\u00f3n haya alcanzado la condici\u00f3n de requisito esencial de la sentencia, raz\u00f3n por la que su inexistencia deba reprocharse con toda severidad. <\/p>\n
2. Defectos de motivaci\u00f3n y su invocaci\u00f3n como causal de nulidad. <\/p>\n
2.1. La falta de un elemento de la esencia, trat\u00e1ndose de cualquier declaraci\u00f3n que pretende alcanzar efectos jur\u00eddicos, incluyendo las providencias judiciales, conduce a su ineficacia, por las deficiencias del proceso de formaci\u00f3n. Total, \u00abas\u00ed como la existencia jur\u00eddica de un negocio privado, que la ley reconoce cuando se verifican determinados elementos constitutivos, no puede concebirse cuando falte la presencia de estos elementos, que son presupuestos esenciales de la misma, del mismo modo un pronunciamiento del juez, al que falte alguno de los caracteres que la ley considera necesarios para constituir el concepto de sentencia, no puede nunca comenzar a existir en el mundo jur\u00eddico como sentencia: en tal hip\u00f3tesis, el pronunciamiento del juez, que sin embargo tiene vida en el mundo real como estado de hecho, no produce cambio alguno en el mundo jur\u00eddico, frente al cual es inexistente\u00bb33. <\/p>\n
En nuestro sistema procesal la nulidad de los actos procesales es la sanci\u00f3n m\u00e1s gravosa y, por tanto, debe recaer sobre aquellos veredictos que est\u00e1n ayunos de uno de sus elementos estructurales, como es la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
El car\u00e1cter esencial de la motivaci\u00f3n de las sentencias se verifica en las funciones que cumple, pues no s\u00f3lo permite a las partes conocer las razones que llevaron al fallador a resolver como lo hizo, tambi\u00e9n abre paso a que la decisi\u00f3n pueda ser controlada mediante los recursos ordinarios y extraordinarios que resulten procedentes. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoci\u00f3 esta Sala, trat\u00e1ndose de negocios jur\u00eddicos privados, en palabras que son aplicables mutatis mutandi a las providencias judiciales: \u00abel sistema procesal colombiano no ofrece para declarar judicialmente la inexistencia un camino peculiar y distinto del establecido para la nulidad, por lo que resulta en verdad inoficioso, al menos desde el punto de vista puramente pr\u00e1ctico, insistir en la disimilitud de tales dos fen\u00f3menos\u00bb (SC4428, 12 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004-00076-01). <\/p>\n
Bien se ha dicho que \u00ab[e]n la actualidad podr\u00eda se\u00f1alarse que la motivaci\u00f3n de las sentencias se ha erigido en una verdadera garant\u00eda inherente al debido proceso que despliega efectos incluso fuera del proceso, constituy\u00e9ndose de esta manera en su contenido m\u00e1s importante y superando la tradicional posici\u00f3n que la identificaba como un mero requisito formal de las sentencias, entendi\u00e9ndoselo como un concepto comprensivo tanto de la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica como de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de aquellas\u00bb, de all\u00ed que \u00ab[t]anto doctrina como jurisprudencia coinciden en se\u00f1alar que una motivaci\u00f3n inexistente provoca la nulidad de la sentencia\u00bb34. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, en este punto, lo dicho por la Corte Constitucional: <\/p>\n
Es evidente que una exigencia de racionalidad m\u00ednima de toda actuaci\u00f3n judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la decisi\u00f3n correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso\u00bb, de suerte que \u00abla falta de argumentaci\u00f3n decisoria, convierta la providencia en un mero acto de voluntad del juez\u00bb (negrilla fuera de texto, CC, SU-635\/15). <\/p>\n
2.2. A partir del anterior entendimiento, la Corte Suprema de Justicia abri\u00f3 la posibilidad de alegar, como fundamento de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, la nulidad de los veredictos que carezcan absolutamente de argumentaci\u00f3n o presenten deficiencias graves de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
Es cierto que la nulidad procesal puede originarse en la sentencia, conforme se desprende del art\u00edculo 154 del C. de p. C. Y es, asimismo, cierto que una de las causas de la aludida invalidez viene a estar constituida por la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
Mas de otro lado, tampoco es posible perder de vista que, seg\u00fan lo han ense\u00f1ado concorde y un\u00e1nimemente doctrina y jurisprudencia, para que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio del proceso, se requiere que sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal raz\u00f3n sea dable concluir que la sentencia carece de fundamentaci\u00f3n\u2026 (negrita fuera de texto, S128 de 1988). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, en este momento inicial, que la invalidez se acot\u00f3 a los casos de carencia total de fundamentaci\u00f3n, con lo cual se propendi\u00f3 por evitar que por esta senda se incluyeran cuestionamientos sobre la forma en que se aplic\u00f3 el derecho vigente a la controversia. <\/p>\n
Postura reiterada prontamente con los veredictos S502 de 12 de diciembre de 1988, S374 de 8 de noviembre de 1989, S217 de 23 de septiembre de 1991, SC de 1\u00b0 de septiembre de 1995 (exp. n.\u00b0 4219), SC de 24 de agosto de 1998 (exp. n.\u00b0 4821) y SC de 23 de enero de 2006 (exp. n.\u00b0 5969). <\/p>\n
En el a\u00f1o 2014 se ensanch\u00f3 el campo de aplicaci\u00f3n del mencionado motivo de nulidad, de acuerdo con los precedentes emitidos en revisi\u00f3n, en el sentido de incluir, junto a la ausencia de motivaci\u00f3n, sus defectos garrafales; se dijo de forma literal: <\/p>\n
En el escenario del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por el camino de la causal quinta, se ha reconocido que es posible invocar como motivo de nulidad la ausencia de motivaci\u00f3n en la sentencia\u2026 <\/p>\n
[A]dvierte la Corte que, a la luz del ordenamiento vigente, el requisito de motivar las sentencias, para no incurrir en la nulidad de que aqu\u00ed se trata, la satisfacen los jueces no con raciocinios aparentes o puramente formales, sino con aquellos que jur\u00eddica y probatoriamente ofrezcan una contestaci\u00f3n al objeto del litigio, compuesto por lo perseguido en la demanda y lo solicitado en los escritos de r\u00e9plica, excepciones, reconvenci\u00f3n, llamamiento en garant\u00eda, etc.; exigencia que, menester es registrarlo, armoniza con las previsiones del art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a cuyo tenor: \u201cLa motivaci\u00f3n deber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, y citando los textos legales que se apliquen\u201d (negrita fuera de texto, SC5631, 8 may. 2014, rad. n.\u00b0 2012-00036-01). <\/p>\n
Por el contrario, \u00abcuando la sentencia est\u00e1 motivada, as\u00ed sea en medida m\u00ednima, lac\u00f3nica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, it\u00e9rase, el hecho de que el sentenciador se haya sustra\u00eddo rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n\u00bb (SC10223, 1\u00b0 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2005-01034-01). <\/p>\n
Tesis repetida en los prove\u00eddos SC10223 de 1\u00b0 de agosto (rad. n.\u00b0 2005-01034-01) y SC14018 de 18 de noviembre de 2014 (rad. n.\u00b0 2000-00784-01). <\/p>\n
Sin embargo, esta apertura produjo una reacci\u00f3n contraria, pues las aclaraciones y los salvamentos de voto terminaron por alcanzar la mayoritaria decisoria, lo que condujo a que la Sala, con fallo SC343 de 19 de octubre de 2020, negara los defectos de motivaci\u00f3n como causal de invalidez de la sentencia, am\u00e9n del principio de especificidad de las nulidades; literalmente se dijo: <\/p>\n
Es verdad que la Corte durante un amplio per\u00edodo de tiempo, en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, admiti\u00f3 que la total carencia de fundamentaci\u00f3n de un fallo judicial, mas no la motivaci\u00f3n precaria o desafortunada, daba lugar a la nulidad del mismo\u2026 <\/p>\n
Pero hoy, en materia de nulidad opera, y as\u00ed lo ha aceptado la doctrina, el principio de especificidad\u2026 <\/p>\n
Aunadas las premisas que se dejan sentadas, forzoso es concluir, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son yerros que por versar, como viene de decirse, sobre el juzgamiento de la cuesti\u00f3n litigada, s\u00f3lo pod\u00edan y pueden proponerse en casaci\u00f3n a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, hoy en d\u00eda, de los motivos inicial y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
Desde ning\u00fan punto de vista es admisible pensar que la fundamentaci\u00f3n de las sentencias es cuesti\u00f3n de mera forma y que, por ello, su alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n proced\u00eda y procede por una de las restantes causales de las precitadas normas, alusivas todas a los defectos de construcci\u00f3n del proceso (vicios de actividad)\u2026 <\/p>\n
En esos supuestos, basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
Es que en los supuestos de que ahora se trata, la ausencia total de motivaci\u00f3n o la ininteligibilidad de la fundamentaci\u00f3n dada, lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto de la sinraz\u00f3n, estado de cosas que trasluce que el sentenciador de instancia resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y, por ende, aplic\u00f3 o hizo actuar la ley sustancial de manera igualmente antojadiza y caprichosa. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, ora indirecta, en los casos que comprometa la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (negrilla fuera de texto, rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
Cambio jurisprudencial que recibi\u00f3 apoyo, aunque con algunas disidencias, en los fallos SC4656 de 30 de noviembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2009-00186-01) y SC4857 de 7 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
Trasluce que, no sin dubitaciones, la Corte recientemente abandon\u00f3 la consolidada jurisprudencia que comenz\u00f3 en 1988, con el fin de rehusar que la ausencia de motivaci\u00f3n o sus deficiencias notorias puedan dar lugar a la nulidad del fallo confutado. <\/p>\n
2.2.2. Frente al recurso de revisi\u00f3n, el primer veredicto publicado que da cuenta de la posibilidad de invalidar una sentencia definitiva por defectos superlativos de motivaci\u00f3n fue el de 29 de agosto de 2008, con soporte en la causal octava del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil36, a saber: <\/p>\n
[R]esulta indiscutible que la motivaci\u00f3n de las sentencias es inherente al debido proceso, lo cual a su vez explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u2026 <\/p>\n
Si esta exigencia no es atendida cabalmente, se resiente el derecho fundamental al debido proceso, pues, como es sabido y aceptado, la afirmaci\u00f3n de existencia de los hechos, con pretensiones de verdad, debe ajustarse a las pruebas legal y oportunamente producidas en el juicio\u2026 <\/p>\n
En sede del recurso de casaci\u00f3n, al amparo de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se ha previsto como motivo de nulidad las carencias inadmisibles en la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales\u2026 <\/p>\n
S\u00edguese de todo ello, que no basta con la existencia objetiva de argumentos como apoyo de la sentencia, sino que el fallo debe estar soportado en consideraciones que superen el simple acto de voluntad del juez, pues el ideal de un sistema jur\u00eddico evolucionado hace de la sentencia el instrumento de la voluntad concreta de todo el ordenamiento jur\u00eddico, que en el fallo encuentra el momento de realizaci\u00f3n estelar, y no la expresi\u00f3n de aquel sentido de la sentencia que dar\u00eda cuenta apenas de la elecci\u00f3n personal del juez y de sus preferencias, hecha bajo el manto de unos motivos cuya presencia objetiva no impide el vac\u00edo argumentativo en atenci\u00f3n a lo intolerable de dicha forma de justificar (rad. n.\u00b0 2004-00729-01). <\/p>\n
Esta postura se reiter\u00f3 en las sentencias SC12377 de 12 de septiembre de 2014 (rad. n.\u00b0 2010-02249-00) y SC12948 de 15 de septiembre de 2016 (rad. n.\u00b0 2012-01064-00); aunque prontamente se moriger\u00f3, con el fin de excluir como motivo de revisi\u00f3n \u00abla indebida motivaci\u00f3n o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente\u00bb (SC16843, 23 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2012-00981-00). <\/p>\n
No obstante, al a\u00f1o siguiente la Sala recogi\u00f3 sus precedentes y excluy\u00f3, como soporte de la invalidez de la sentencia, las tem\u00e1ticas relativas a las falencias de motivaci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a Sala, en decisiones mayoritarias aunque no un\u00e1nimes, viene haciendo cr\u00edtica de ella para no acoger como causal de nulidad originada en la sentencia la que tiene \u201cdeficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d que ser\u00edan objeto de otros recursos\u2026 <\/p>\n
[E]s el momento para dejar esclarecido que para el caso de la nulidad invocada no resulta procedente alegar como fuente la indebida motivaci\u00f3n o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente, pues esta acusaci\u00f3n no solo es inexistente como causal de nulidad, sino que est\u00e1 prevista para otros recursos y no como causal de nulidad, por lo que resulta ajena al recurso de revisi\u00f3n (SC20187, 1\u00b0 doc. 2017, rad. n.\u00b0 2014-02139-00). <\/p>\n
Esta \u00faltima fue desmentida por los veredictos SC3751 de 7 de septiembre de 2018 (rad. n.\u00b0 2016-03585-00) y SC5408 de 11 de diciembre de 2018 (rad. n.\u00b0 2014-00691-00); aunque despu\u00e9s se insisti\u00f3 en su valor jur\u00eddico en los prove\u00eddos SC674 de 3 de marzo de 2020 (radicaci\u00f3n n.\u00b0 2015-00713-00) y SC3892 de 19 de octubre de 2020 (rad. n.\u00b0 2017-03567-00), a la postre cuestionados por el fallo SC3368 de 21 de septiembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2012-01051-00 y 2013-02188-00). <\/p>\n
La variabilidad jurisprudencial en esta materia llev\u00f3 a que, en los veredictos SC4339 de 5 de diciembre de 2019 (rad. n.\u00b0 2015-00081-00) y SC3362 de 14 de septiembre de 2020 (radicaci\u00f3n n.\u00b0 2019-00717-00), se reconociera la existencia de dos (2) tesis jur\u00eddicas, ninguna de las cuales puede privilegiarse. <\/p>\n
3. La doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia por deficiencias de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. La Corte Suprema de Justicia es \u00abel m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y tiene la funci\u00f3n de \u00abactuar como tribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 235 idem); en ejercicio de este \u00faltimo rol ha cumplido el encargo de unificar la jurisprudencia nacional (arts. 365 del CPC y 333 del CGP) respecto de los c\u00e1nones legales relativos a las materias que est\u00e1n bajo su conocimiento. <\/p>\n
En cumplimiento de este deber, la Corte \u00abha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea\u2026 de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad\u00bb (negrilla fuera de texto, SC10304, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2006-00936-01). <\/p>\n
Se entiende por doctrina probable la conjunci\u00f3n de \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho\u00bb, caso en el cual los dem\u00e1s jueces est\u00e1n obligados a aplicarla \u00aben casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb (art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 169 de 1896). <\/p>\n
Labor de reconocido valor constitucional, como se asegur\u00f3 en la declaratoria de exequibilidad de la norma trascrita: <\/p>\n
La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla y de su funci\u00f3n como \u00f3rgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligaci\u00f3n de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que dicha autoridad ha construido, confront\u00e1ndola continuamente con la realidad social que pretende regular. <\/p>\n
Este \u00faltimo fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, muestra porqu\u00e9 la norma dispone que la doctrina probable est\u00e1 constituida por un n\u00famero plural de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho). Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al confrontar reiteradamente la doctrina judicial con un conjunto m\u00e1s o menos amplio de situaciones sociales concretas, pueda formular adecuadamente el alcance de los principios que fundamentan su decisi\u00f3n. Aun as\u00ed, dada la complejidad de la realidad social, tres decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza a los jueces respecto del alcance de los principios formulados, y de ah\u00ed que la doctrina dictada por la Corte como juez de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, se repute probable. Sin embargo, el car\u00e1cter probable de la doctrina no debe interpretarse como una facultad omn\u00edmoda para desconocer las interpretaciones del ordenamiento jur\u00eddico hechas por la Corte Suprema (negrilla fuera de texto, C836\/01). <\/p>\n
M\u00e1ximas como la igualdad, seguridad jur\u00eddica y buena fe37, imponen reconocer fuerza vinculante a la doctrina probable y, dadas las condiciones legales, al precedente. \u00abEsto por cuanto los administrados no pueden estar al vaiv\u00e9n de los cambios de postura de los juzgadores, pues hace inciertos sus derechos y los convoca a un estado permanente de incertidumbre, lo cual puede conducir a que casos similares se resuelvan de forma dis\u00edmil, situaci\u00f3n indeseable en un estado social de derecho, m\u00e1s trat\u00e1ndose del \u00f3rgano de cierre, pues sus posiciones irradian verticalmente a los dem\u00e1s administradores de justicia\u00bb (SC2930, 14 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00542-01). <\/p>\n
3.2. El peso normativo reconocido a las decisiones judiciales, en el contexto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, encuentra soporte en el art\u00edculo 230, seg\u00fan el cual la jurisprudencia es una fuente del derecho de la actividad judicial. <\/p>\n
La Corte Constitucional tiene dicho que: <\/p>\n
A diferencia de la forma en que se abordaba en el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la Constituci\u00f3n de 1886, la doctrina probable en la Constituci\u00f3n de 1991 tiene el valor de fuente normativa de obligatorio cumplimiento, tal como claramente lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia\u2026 <\/p>\n
la Corte Constitucional procur\u00f3 darle a la doctrina probable un valor jur\u00eddico explicito, fundamentando para ello su fuerza normativa en \u201cel derecho de los ciudadanos a que las decisiones judiciales se funden en una interpretaci\u00f3n uniforme y consistente del ordenamiento jur\u00eddico.\u201d <\/p>\n
Para la Corte, el derecho a la igualdad ante la Ley e igualdad de trato por parte de las autoridades obliga especialmente a los jueces y supone que: \u2018Una decisi\u00f3n judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonom\u00eda judicial, en realidad est\u00e1 desconoci\u00e9ndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional\u2019… <\/p>\n
Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y la Corte Constitucional, como \u00f3rganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligaci\u00f3n de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como \u00f3rganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificaci\u00f3n jurisprudencial en el \u00e1mbito correspondiente de actuaci\u00f3n; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jur\u00eddica del ciudadano respecto de la protecci\u00f3n de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resoluci\u00f3n de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza leg\u00edtima en la autoridad judicial (CC, C-621\/15). <\/p>\n
Tal reconocimiento es natural en la modernidad, en tanto \u00ab[e]l fundamento del uso de los precedentes lo constituye el principio de universalidad, la exigencia que subyace a toda concepci\u00f3n de la justicia, en cuanto concepci\u00f3n formal, de tratar de igual manera a lo igual\u00bb38. <\/p>\n
De all\u00ed que se afirme que \u00ab[e]l uso del precedente se justifica, desde el punto de vista de la teor\u00eda del discurso, porque el campo de lo discursivamente posible no podr\u00eda llenarse con decisiones cambiantes e incompatibles entre s\u00ed; el uso del precedente significa aplicar una norma y, en este sentido, es una extensi\u00f3n del principio de universalidad\u00bb39. <\/p>\n
3.3. Decantada la obligatoriedad de la doctrina probable y los argumentos que le sirven de apoyadura, deviene irrefutable el deber que tienen todos los operadores judiciales de respetarla, sin perjuicio de los casos leg\u00edtimos en que resulte posible alejarse de ella; huelga decirlo, salvo que existan circunstancias f\u00e1cticas relevantes en el caso concreto o un cambio significativo de las condiciones sociales, los jueces deben respetar la doctrina probable, sin que una disputa de criterios pueda justificar su inobservancia; regla similar se aplica en materia de precedente. <\/p>\n
Y es que las discrepancias interpretativas, por razonables que aparezcan, no justifican un apartamiento de la jurisprudencia decantada del \u00f3rgano de cierre, so pena de que reine la inseguridad jur\u00eddica y la desigualdad, por cuanto los asociados se ver\u00edan sometidos a respuestas diferentes frente a casos an\u00e1logos; por tanto, una vez la m\u00e1xima cabeza de la jurisdicci\u00f3n fija la hermen\u00e9utica de los c\u00e1nones legales, los dem\u00e1s integrantes de la jurisdicci\u00f3n deben sujeci\u00f3n, de suerte que los interesados puedan pronosticar la respuesta que los jueces brindar\u00e1n a sus controversias, lo que traduce seguridad y confianza. <\/p>\n
La Corte Constitucional no ha sido extra\u00f1a a este entendimiento: \u00abno solo reconoce la constitucionalidad de la doctrina probable de la Corte Suprema, sino que fortalece su rigurosidad, exigiendo que el apartamiento de la misma por parte de los jueces de instancia, no sea caprichoso, sino que requiere una justificaci\u00f3n de acuerdo con la seguridad jur\u00eddica, en concordancia con los principios de la buena fe y la igualdad frente a la ley\u00bb (C-621\/2015), de all\u00ed que \u00abpara justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretaci\u00f3n actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jur\u00eddico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no s\u00f3lo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisi\u00f3n en el pasado sino, adem\u00e1s, sobre las consideraciones de seguridad jur\u00eddica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho\u00bb (C-400\/98). <\/p>\n
Por la anterior raz\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha acudido insistentemente a la doctrina probable para resolver los problemas jur\u00eddicos sometidos a su decisi\u00f3n; as\u00ed, recientemente, este instituto sirvi\u00f3 para definir el alcance de preceptos legales como el 520 (SC2500, 23 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00168-01) y 1080 del C\u00f3digo de Comercio (SC1947, 26 mayo. 2021, rad. n.\u00b0 2009-00171-01), 2\u00b0 de la ley 54 de 1990 (SC2502, 23 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2014-01811-01; SC006, 25 en. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00475-01; SC003, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00682-01), 946 (SC2351, 23, ag. 2019, rad. n.\u00b0 2012-00139-01), 1766 (SC5191, 18 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00001-01), 2060 (SC563, 1\u00b0 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00639-01) y 2531 del C\u00f3digo Civil (SC2415, 17 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00097-01), 29-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (SC4257, 9 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00514-01), y 355-7 del C\u00f3digo General del Proceso (SC550, 26 feb. 2010, rad. n.\u00b0 2016-00894-00), entre muchos otros casos. <\/p>\n
3.4. Por fuerza de las razones antes expuestas deviene imperativo que, una vez establecida una doctrina probable por la Corporaci\u00f3n, deba ser considerada para el an\u00e1lisis de casos sucesivos, sin perjuicio de la facultad de disentir de forma razonada y motivada, como veh\u00edculo dinamizador del ordenamiento jur\u00eddico que, adem\u00e1s, se ajusta a las realidades sociales constantemente cambiantes. <\/p>\n
Esto es lo que sucede precisamente en materia de nulidad por falta o insuficiente motivaci\u00f3n, en tanto la Corte defini\u00f3 una nueva doctrina probable para la materia casacional, a la cual debo plegarme, en aras de respetar los valores \u00ednsitos en la doctrina del precedente, con independencia de que mis convicciones jur\u00eddicas sean diferentes. <\/p>\n
3.4.1. En el fallo 19 de octubre de 2020 se fij\u00f3 como norte que los motivos de nulidad que pueden alegarse al abrigo de la causal quinta de casaci\u00f3n no incluyen aspectos tocantes a la motivaci\u00f3n, tesis reiterada el 30 de noviembre y el 7 de diciembre del mismo a\u00f1o; por tanto, se consolid\u00f3 una nueva doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
Deviene que, a partir de este \u00faltimo veredicto, los defectos del talante denunciado deben enarbolarse con apoyo en las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, siempre que se refieran a cuestiones de derecho sustancial. <\/p>\n
Precisamente, en la precursora de las sentencias invocadas se manifest\u00f3: <\/p>\n
En esos supuestos [la ausencia total de motivaci\u00f3n o la ininteligibilidad de la fundamentaci\u00f3n dada], basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
Es que en los supuestos de que ahora se trata\u2026 lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto de la sinraz\u00f3n, estado de cosas que trasluce que el sentenciador de instancia resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y, por ende, aplic\u00f3 o hizo actuar la ley sustancial de manera igualmente antojadiza y caprichosa. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, ora indirecta, en los casos que comprometa la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (SC3943, 19 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
Noci\u00f3n reiterada prontamente: \u00abEs obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, constituyen yerros de juzgamiento, cuyo an\u00e1lisis en casaci\u00f3n se presenta y as\u00ed resulta adecuado hacerlo, a la luz de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb (SC4656, 30 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2009-00186-01). <\/p>\n
Y remarcada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Trasladado ese entendimiento de la cuesti\u00f3n al plano del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que, como se sabe, s\u00f3lo existen dos tipos de yerros, los de juzgamiento y los de actividad, correspondiendo los primeros al desacierto de los fundamentos jur\u00eddicos y\/o f\u00e1cticos que sirven de apoyatura a las decisiones adoptadas, que desembocan en la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, y los segundos, a la indebida hechura del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que lo regulan, es obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son desatinos de la primera clase se\u00f1alada, cuyo an\u00e1lisis puede hacerse a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, ahora, de las dos iniciales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso (SC4857, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
La regla precedente carece de aplicaci\u00f3n trat\u00e1ndose de problemas de motivaci\u00f3n -ausencia, desconexi\u00f3n o marcada insuficiencia- asociados a aspectos procesales, pues en estos casos resulta del todo inadmisible que deba acudirse a las causales primera o segunda de casaci\u00f3n, como una lectura literal de los veredictos transcritos pudiera dar a entender. <\/p>\n
Y es que, afirmar que los defectos garrafales de fundamentaci\u00f3n en materias procesales deben izarse en sede de casaci\u00f3n a trav\u00e9s de los dos (2) motivos iniciales, significar\u00eda convertir un yerro procesal en sustancial, algo contrario a la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, para esta hip\u00f3tesis, la parte recurrente tendr\u00e1 que acudir a la causal de incongruencia, bajo el entendido de que no existi\u00f3 realmente una decisi\u00f3n sobre los temas procesales de los cuales se duele, por faltar uno de los componentes esenciales para que haya una determinaci\u00f3n judicial sobre los mismos, como es la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho en otras palabras, aunque el sentenciador de segundo grado adopte una decisi\u00f3n sobre una materia adjetiva, en raz\u00f3n de su invocaci\u00f3n en la alzada, en completo olvido de su justificaci\u00f3n, deber\u00e1 considerar que realmente no existi\u00f3 tal determinaci\u00f3n, por fuerza de la ausencia de uno de sus elementos esenciales, de all\u00ed que la cr\u00edtica en casaci\u00f3n deba encausarse por la senda del motivo tercero. <\/p>\n
3.4.2. Las conclusiones precedentes no pueden hacerse extensivas al recurso de revisi\u00f3n, pues la l\u00ednea jurisprudencia fijada por la Sala no ha sido modificada, aunque se haya propendido por hacerlo. <\/p>\n
Para dilucidar, conviene recordar la mencionada l\u00ednea: <\/p>\n
<\/p>\n
Los defectos graves en la motivaci\u00f3n de una sentencia judicial, \u00bfconstituyen motivo de nulidad susceptible de alegaci\u00f3n en revisi\u00f3n? <\/p>\n
Todas las deficiencias graves de motivaci\u00f3n <\/p>\n
S\u00f3lo la ausencia absoluta de motivaci\u00f3n <\/p>\n
Existen dos (2) posiciones, ninguna de las cuales prevalece <\/p>\n
No <\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
29 de agosto de 2008 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
12 de septiembre de 2014 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
15 de septiembre de 2016 <\/p>\n
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7 de septiembre de 2018 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
11 de diciembre de 2018 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
21 de septiembre de 2020 (revisi\u00f3n) <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
23 de noviembre de 2016 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
5 de diciembre de 2019 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
14 de septiembre de 2020 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
1\u00b0 de diciembre de 2017 <\/p>\n
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\u2666 <\/p>\n
3 de marzo de 2020 <\/p>\n
<\/p>\n
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<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
19 de octubre de 2020 <\/p>\n
Descuella que, con los veredictos de 2008 (rad. n.\u00b0 2004-00729-01), 2014 (SC12377, rad. n.\u00b0 2010-02249-00) y 2016 (SC12948, rad. n.\u00b0 2012-01064-00), se fij\u00f3 una subregla que no ha logrado ser alterada, a pesar de la pretensi\u00f3n de hacerlo, la cual no ha logrado materializarse. <\/p>\n
De all\u00ed que en revisi\u00f3n se mantenga la tesis seg\u00fan la cual \u00abla falta de motivaci\u00f3n\u2026 es susceptible de an\u00e1lisis por este extraordinario medio de contradicci\u00f3n como se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en CSJ SC5408-2018 al traer a colaci\u00f3n la tesis \u2018por virtud de la cual la Corte reconoci\u00f3 que la nulidad originada en la sentencia pod\u00eda obedecer a defectos graves de argumentaci\u00f3n, siendo ese un evento subsumible en la causal octava de revisi\u00f3n\u2019\u00bb (SC3368, 21 sep. 2020, rad. n.\u00b0 2012-01051-00 y 2013-02188-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Para recapitular, el compromiso que he profesado a la jurisprudencia, expresada en la doctrina probable, me impone emplear este medio para en materia de casaci\u00f3n, respecto a la procedencia de alegar como causal de nulidad la ausencia de motivaci\u00f3n u otros defectos remarcables de la misma, para unirme a la tesis vigente. <\/p>\n
Si bien he expuesto las razones por las que estimo que la nueva postura no es la que mejor consulta los elementos del acto jurisdiccional y los efectos de su desatenci\u00f3n, lo cierto es que una vez se profirieron tres (3) pronunciamientos en el mismo sentido se ha consolidado una doctrina probable a la que procede subordinarse, hasta tanto sea modificada por la Corporaci\u00f3n o se presente alguno de los motivos leg\u00edtimos para separarse de la doctrina jurisprudencial. <\/p>\n
En algunos de mis disensos he sostenido que la \u00abobligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta \u00fanicamente en la posici\u00f3n jer\u00e1rquica ostentada por la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la igualdad y la confianza leg\u00edtima de los usuarios\u00bb de la jurisdicci\u00f3n, donde es insuficiente que una nueva interpretaci\u00f3n sea mejor o m\u00e1s elaborada para que se imponga sobre la contenida en la jurisprudencia (salvamento de voto a la STC12660, 18 sep. 2019, rad. n.\u00ba 2019-01830). Lo anterior me lleva a dar cuenta de mi perspectiva sobre el asunto y, de ahora en adelante, aplicar el precedente consolidado de la Sala. <\/p>\n
Frente al recurso de revisi\u00f3n, como no ha operado una sustituci\u00f3n de la tesis fijada desde 2008, deber\u00e1 observarse con todo celo, en el sentido de admitir que constituye motivo de nulidad de la sentencia la ausencia de motivaci\u00f3n o los defectos may\u00fasculos en la misma. <\/p>\n
5. En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 a 33 del c.1. <\/p>\n
2\u0002 Folio 47 del c. 1. <\/p>\n
3\u0002 Folios 75 a 112 ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 19 a 25 del c. de apelaci\u00f3n de auto. <\/p>\n
5\u0002 Folio 687 del c. 1. <\/p>\n
6\u0002 Folios 11 a 13 del c. de apelaci\u00f3n de sentencia. <\/p>\n
7\u0002 Corte Constitucional, T-214 de 2012. <\/p>\n
8\u0002 Caso Yatama vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, p\u00e1rrafos. 144, 153 y 164. <\/p>\n
9\u0002 Caso Chaparro \u00c1lvarez y Lapo \u00cd\u00f1iguez vs. Ecuador. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. <\/p>\n
10\u0002 Palamara Iribarne vs. Chile y Trist\u00e1n Donoso vs. Panam\u00e1. <\/p>\n
11\u0002 Caso Suominen vs. Finlandia. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC de 18 de mayo de 1983, GJ CLXXII, p\u00e1gs. 64 a 71. <\/p>\n
13\u0002 GJ, CXLVIII, p. 54. <\/p>\n
14\u0002 CSJ SC5186-2020 <\/p>\n
15\u0002 CSJ SC2768-2019, que reiter\u00f3 lo expuesto en CSJ SC. 9 ago. 2010, Rad. 2004-00524-01. <\/p>\n
16\u0002 Folios 557 a 561 del c. 1. <\/p>\n
17\u0002 Folio 562 del c. 1. <\/p>\n
18\u0002 Folio 563 del c. 1. <\/p>\n
19\u0002 Folio 564 ib. <\/p>\n
20\u0002 Folio 565 ib. <\/p>\n
21\u0002 Minuto 24:40 a 25:17, CD. 1, Parte 3 <\/p>\n
22\u0002 Minuto 1:17:28 a 1:19:07, CD 2, parte 6. <\/p>\n
23\u0002 CSJ SC de 18 de septiembre de 2009, Rad. 2005-00406-01. <\/p>\n
24\u0002 CSJ SC de 25 de noviembre de 1992, rad. 3382, G.J. CCXIX, n\u00b0. 2458, p\u00e1gs. 670 y 671 <\/p>\n
25\u0002 CSJ SC de 19 de diciembre de 2018, Rad. 2004-00042-01. <\/p>\n
26\u0002 CSJ SC5185-2020 <\/p>\n
28\u0002 CSJ, Auto de 19 de diciembre de 2012, Rad. 2001-00038-01. <\/p>\n
29\u0002 Omar V\u00e1squez S\u00e1nchez, De lo que la teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica puede hacer por la pr\u00e1ctica de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. En Revista Telem\u00e1tica de Filosof\u00eda del Derecho, n.\u00b0 12, 2009, p. 106. <\/p>\n
30\u0002 Jos\u00e9 Ovalle Favela, Teor\u00eda General del Proceso, Oxford, M\u00e9xico, 2015, p. 325. <\/p>\n
31\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Bogot\u00e1, 1991, p. 515. <\/p>\n
32\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, p. 461. <\/p>\n
33\u0002 Piero Calamandrei, La Casaci\u00f3n Civil, Tomo I, Vol. 1, Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina, 1945, p. 40. <\/p>\n
34\u0002 Gast\u00f3n Fernando Valenzuela Pirotto, Enfoque actual de la motivaci\u00f3n de las sentencias. Su an\u00e1lisis como componente del debido proceso. En Rev. Derecho n.\u00b0 21, Montevideo jun. 2020 Epub 01-Jun-2020. <\/p>\n
35\u0002 Art\u00edculo 368. Causales. Son causales de casaci\u00f3n: (\u2026) 5.- Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 152, siempre que no se hubiere saneado. <\/p>\n
36\u0002 Art\u00edculo 380. Causales. Son causales de revisi\u00f3n: (\u2026) 8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. <\/p>\n
37\u0002 Cfr. Robert Alexy, Teor\u00eda de la Argumentaci\u00f3n Jur\u00eddica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 264. <\/p>\n
38\u0002 Robert Alexy, Teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 262. <\/p>\n
39\u0002 Rober Alexy, La argumentaci\u00f3n jur\u00eddica como discurso racional. En Manuel Atienza, Las razones del derecho. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 19991, p. 199. <\/p>\n
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